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Título:  España: El derecho a protestar, amenazado
Índice AI:  « EUR4100114 »
Referencia:  EUR4100114-25585
Editor:  EDAI
Autor:  Amnistía Internacional
Fecha publicación:  20140424
Tema principal:  ESPAÑA
Descriptores:  Libertad de expresión · Libertad de asociación · Uso de fuerza excesiva · Tortura y malos tratos · Fuerzas de seguridad · Impunidad
Resumen / Descripción:  Este informe expone los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en torno a las restricciones impuestas al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en el contexto de las manifestaciones celebradas en los últimos años. También incluye algunas conclusiones a las que ha llegado la organización respecto al uso de la fuerza por parte de la policía en este contexto, y concluye que la policía ha utilizado en muchos casos fuerza excesiva, incluido el empleo indebido de material antidisturbios durante manifestaciones, o al practicar detenciones.
Grado de seguridad:  Nivel 1
Subtipo de documentos:  Informe temático
Tipo de documento:  Documentación
Idioma:  Castellano
Enlace:  España
Texto:        Ocultar texto completo)

ESPAÑA: ELDERECHO APROTESTAR, AMENAZADO

AmnistíaInternacionalesunmovimientomundial,formadopormásde3millones desimpatizantes,miembrosyactivistasenmásde150
paísesyterritorios,quehacen
campañaparaacabarconlosabusosgravescontralosderechoshumanos. Nuestravisiónesladeunmundoenelquetodaslaspersonasdis
frutandetodoslos
derechoshumanosproclamadosenlaDeclaraciónUniversaldeDerechosHumanos yenotrasnormasinternacionalesdederechoshumano
s.
Somosindependientesdetodogobierno,ideologíapolítica,interéseconómico ycredoreligioso.Nuestrotrabajosefinanciaengr
anmedidaconlascontribuciones
denuestramembresíaycondonativos.

Publicadoen2014porAmnistíaInternacional SecretariadoInternacional PeterBenensonHouse
1EastonStreet LondonWC1X0DW ReinoUnido

©AmnestyInternationalPublications2014

Ediciónenespañolacargode: CENTRODELENGUASDEAMNISTÍAINTERNACIONAL Valderribas,13
28007Madrid España www.amnesty.org

Índice:EUR41/001/2014Spanish Idiomaoriginal:inglés ImpresoporAmnistíaInternacional
SecretariadoInternacional,ReinoUnido

Reservadostodoslosderechos.Estapublicacióntiene derechosdeautor,sibienpuedeserreproducidalibremente
porcualquiermedioconfineseducativosoparallevaracabo accionesdeprotecciónypromocióndelosderechoshumanos,
peronoparalaventa.Lostitularesdelosderechosdeautor solicitanqueselescomuniquenlosusosmencionadosconel
findeevaluarsuimpacto.Paralareproduccióndeestetexto encualquierotracircunstancia,suusoenotraspublicaciones,
osutraducciónoadaptación,deberáobtenerseelpermiso previoporescritodelaeditorial,quepodráexigirelpago
deuncanon.Sideseansolicitarunpermiso,orealizaruna consulta,pónganseencontactoconcopyright@amnesty.org

Fotografíadeportada: Unmanifestanteesinmovilizadopor agentesantidisturbiosdelCuerpoNacionaldePolicíafrenteal
ParlamentoespañolenMadrid.©REUTERS/SergioPerez amnesty.org

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................
........................
0

2. CONTEXTO: EL ASCENSO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES
ESPAÑOLAS........................................................................................................
....
4

3. ACERCA DE ESTE INFORME........................................................................................
................
7

4. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA EN LA LEGISLACIÓN Y LAS NORMAS
INTERNACIONALES, Y EN LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA ESPAÑOLAS........................................
9

4.1 RESTRICCIONES A LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES.......................................................11

PROHIBICIÓN DE LAS MANIFESTACIONES EN LAS CERCANÍAS DE LOS DOMICILIOS Y LUGARES
DE TRABAJO DE LOS POLÍTICOS.........................................................................12

4.2 LA NOTIFICACIÓN COMO REQUISITO PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES
PÚBLICAS.........................................................................................................
......................13

NORMAS INTERNACIONALES RELATIVAS AL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN........................14

5. SANCIONES A ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES: ¿UNA MANERA DE DISUADIR DE LAS
PROTESTAS?.......................................................................................................
.........................17

5.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUD DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA........................................................................................................
.....................17

5.2 MULTAS ADMINISTRATIVAS PARA LOS ORGANIZADORES DE PROTESTAS...........................19

5.3 MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRA QUIENES PARTICIPAN EN LAS PROTESTAS...............20

5.4 EL “ESCRACHE” A LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO...................................................25

5.5 INTENTO DE CRIMINALIZAR A LOS ORGANIZADORES: EL CASO DE 25S............................26

6. USO DE LA FUERZA DURANTE LAS ACTUACIONES POLICIALES EN LAS MANIFESTACIONES.....29

6.1 NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL USO DE LA FUERZA............................................30

6.2 USO EXCESIVO DE MATERIAL ANTIDISTURBIOS................................................................31

6.3 USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y MALOS TRATOS AL PRACTICAR DETENCIONES................37

6.4 TRATO BAJO CUSTODIA POLICIAL.................................................................................
.....39

6.5 TRATO DEGRADANTEPOR MOTIVOS DE GÉNERO...............................................................43

6.6 ATAQUES CONTRA PERIODISTAS DURANTE MANIFESTACIONES.........................................44

7. INVESTIGACIÓN INADECUADA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY..........................................................48

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES................................................................................
....50

7.2. FALTA DE INVESTIGACIÓN TRANSPARENTE.......................................................................51


FALTA DE INFORMACIÓNSOBRE LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LOS SUCESOS DE LA PLAZA
CATALUÑA DEL 27 DE MAYO DE 2011......................................................................51

SIN RESULTADOS PÚBLICOS DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA ANUNCIADA SOBRE EL PRESUNTO
USO EXCESIVO DE LA FUERZA EL 25DE SEPTIEMBRE DE 2012.......................51

7.3. FALTA DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL ADECUADA...............................................................54

8. REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA..............................
....................................................................................................59

9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES..................................................................................
......63

NOTAS FINALES....................................................................................................
........................70

1. INTRODUCCIÓN

Dos personas me empujan contra lapared y me tiran al suelo. Me sacaron fuera
y se identificaron como policías. Me dijeron que estaba detenido porque había
intentado agredir al consejero de Sanidad. Si no fuera por las imágenes, tendría
serios problemas. [...] La policía sabe que debido asus acusaciones falsas
uno puede pasar todo el día detenido y nadie será responsable por ello. Que
te detengan ha sido una experiencia muy negativa. Estoy tranquilo porque existen
las grabaciones, a nadie le gusta estar detenido, el miedo que pasas, que tus
jefes piensen que has agredido al consejero, que tus amigos piensen que has
agredido a alguien. Tras todo esto vas con mucho miedo, vas con más cuidado,
mis amigos y mi abogado me aconsejan que no vaya a los escraches y que en los
desahucios no esté en primera línea.

Jorge, de 35 años, es auxiliar de enfermería en un centro de salud de Madrid.
Es miembro activo de la "Marea Blanca"1 y también pertenece a la Asamblea Popular
de Carabanchel 15M.2 También ha participado en acciones organizadas por un
grupodenominado STOP Desahucios3 en su barrio. El 25 de marzo de 2013, durante
una protesta en apoyo de la sanidad pública, organizada con motivo de la visita
del consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid a un hospital público
de gestión privada,Jorge fue detenido y acusado de intentar agredir al consejero.
Según el relato de Jorge, él se encontraba en el vestíbulo del hospital junto
con otras personas, coreando lemas contra la privatización del sistema sanitario,
cuando dos personas lo empujaroncontra una columna, lo arrojaron al suelo y
saltaron sobre él. A continuación se identificaron como policías y le dijeron
que estaba detenido por intentar agredir al consejero. Luego lo llevaron a
la comisaría de policía de Móstoles. A la mañana siguientecompareció ante una
jueza, donde negó la acusación de intento de agresión al consejero, y quedó
en libertad en espera de nuevas diligencias.

El 17 de junio, la jueza de instrucción desestimó la causa contra él, “habiendo
procedido al visionado de las imágenes en bruto que a requerimiento de este
juzgado remitió Televisión Española, de las que no resulta creíble la versión
mantenida por los agentes denunciantes".4 De hecho, las imágenes grabadas,
pero no retransmitidas, por un canal de Televisión Española en el interior
del hospital muestran que Jorge coreaba lemas mientras permanecía

España: El derecho a protestar, amenazado 1

de pie a varios metros del consejero, sin intentar en ningún momento agredirlo
o acercarse a él. Pese a ello, los medios de comunicación se hicieron amplio
eco de las acusaciones contra Jorge, y algunos llegaron a acusarlo de intentar
agredir al consejero e informaron sobre su identidad, dando datos como su nombre
(o, en algunos casos, las iniciales de su apellido) y del barrio en el que
vive. No era la primera vez que Jorge era sancionado por ejercer su derecho
a la libertad de reunión pacífica. El 25 de marzo de 2012, él y unos amigos
acudieron a la glorieta de Atocha, en Madrid, para participar en una manifestación
que se iba a celebrar allí a mediodía en protesta por lo que consideraban injusticias
relativas al derecho a la vivienda. Llevaban dos pancartas enrolladas. Mientras
esperaban a que se les uniera más gente, ya que habían llegado antes de que
comenzara la manifestación, unos policías dieron el alto a Jorge para pedirle
sus documentos de identidad. Eso sucedió a las 11.50 de la mañana, conforme
se indica en un informe policial que más tarde le fue entregado, después de
notificársele la sanción. Según afirma Jorge, los policías le pidieron que
desenrollara las pancartasy apuntaron en un cuaderno el texto que llevaban
impreso. Los agentes no dieron ningún motivo para la comprobación de identidad.
Unos minutos después, Jorge recibió una llamada de la policía, sin relación
con ese suceso, en la que le dijeron que fuera a su casa porque se había iniciado
un pequeño incendio en su puerta. Regresó a su casa de inmediato y, tras hablar
con los policías allí presentes, acudió a la comisaría a presentar una denuncia
en relación con el incendio, que al parecer había sido iniciado deliberadamente
por personas desconocidas.

Dos meses después, el 11 de mayo de 2012, recibió una carta de la Delegación
de Gobierno en Madrid en la que le anunciaban la decisión de iniciar procedimientos
por una falta administrativa relacionada con la manifestación del 25 de marzo.
La carta decía que Jorge sería multado por desobedecer órdenes de la policía,5
ya que, en lugar de disolverse cuando le dijeron que la protesta no había sido
notificada de antemano a las autoridades,6 permaneció en la manifestación,
que duró hasta las 13.00 horas. Jorge presentó una alegación en la que explicaba
que era imposible que hubiera actuado de esa manera e incluía pruebas de que
en esos momentos se encontraba en la comisaría de policía denunciando el incendio
de su casa. El 28 de enero de 2013 recibió una carta de la Delegación de Gobierno
en la que le informaban de que las actuaciones en su contra se habían archivado,
ya que habían prescrito. Sin embargo, no se mencionaba el fondo del caso, ni
tampoco el hecho de que Jorge había sido objeto de una acusación incorrecta
por parte de la policía.7

El 27 de diciembre de 2012, Jorge fue sancionado de nuevo por participar, el
27 de junio de ese mismo año, en una concentración no notificada realizada
para impedir un desahucio en la calle Aleixandre de Madrid. Le impusieron una
multa de 301 euros por ocasionar desórdenes graves en la vía pública o causar
daños.8 Según la declaración que Jorge realizó ante Amnistía Internacional,
y según una grabación de vídeo de la protesta a la quela organización ha tenido
acceso,9 los manifestantes se limitaron a permanecer a la entrada del bloque
de pisos hasta que aparecieron los policías, que los empujaron y los apartaron
de la entrada. Los policías empujaron a los manifestantes varios metros alo
largo de la acera, y allí Jorge les explicó el propósito de la concentración,
sin adoptar actitudes agresivas ni levantar la voz. El grupo permaneció allí
hasta que se marcharon los funcionarios judiciales. Índice: EUR 41/001/2014
Amnistía Internacional, abril de 2014

2 España: El derecho a protestar, amenazado

El de Jorge dista de ser un caso aislado. Enlos últimos años y meses, Amnistía
Internacional ha recibido decenas de informes que señalan las restricciones
crecientes, incluido el uso de multas, impuestas por las autoridades españolas
a quienes participan en manifestaciones pacíficas. La crisis económica y financiera
que ha afectado a numerosos países, especialmente en Europa, empezó a sentirse
en España en 2008. La destrucción constante de puestos de trabajo y el elevado
índice de desempleo,10 las medidas de austeridad y los recortes en servicios
sociales básicos,11 unidos a lo que se percibe como falta de transparencia
por parte de las autoridades al adoptar estas medidas, han hecho salir a miles
de personas a la calle a protestar en los últimos años. Según los datos facilitados
por el gobierno, en 2012 se celebraron más de 14.700 manifestaciones en toda
España.12 Según la Delegación de Gobierno en Madrid,13 únicamente en esa ciudad
hubo 3.419 manifestaciones en 2012; en 2013, la cifra ascendió a 4.354. En
Barcelona hubo 3.287 manifestaciones en 2012, yen 2013, a 20 de junio había
habido 1.918.14 La mayoría de estos actos han sido pacíficos, aunque, en algunos
de ellos, grupos concretos o manifestantes individuales han protagonizado incidentes
violentos. Sin embargo, pese al carácter pacífico de la mayoría de estas protestas,
ha habido denuncias frecuentes de uso excesivo de la fuerza y de malos tratos
por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante las actuaciones
policiales relacionadas con las protestas; además, no se han llevado a cabo
investigaciones internas y judiciales adecuadas sobre las denuncias formuladas.
También ha habido noticias de conducta agresiva por parte de policías contra
periodistas y fotógrafos que informaban sobre las manifestaciones, a algunos
de los cuales loshan detenido y les han roto su equipo.

En los últimos meses, se ha recibido información que indica que la policía
ha sometido a comprobaciones colectivas de identidad a manifestantes pacíficos
durante las manifestaciones o incluso antes de ellas, y también se ha informado
de un aumento de las multas administrativas impuestas a personas por asistir
a protestas o reuniones similares. Hay muchas personas que sufren problemas
económicos a causa de la situación económica general y no pueden pagar las
multas. Amnistía Internacional ha encontrado indicios claros de que las sanciones
impuestas a personas por participar en actos de protesta pueden estar teniendo
un efecto disuasorio, desalentando a la gente de participar en protestas públicas
y ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica. Además, las autoridades
han hecho numerosas declaraciones sobre la supuesta necesidad de imponer restricciones
adicionales a la celebración de manifestaciones, por medios que incluyen la
modificación de la legislación pertinente. En 2013, el gobierno inició un procedimiento
para reformar el Código Penal y para introducir un anteproyecto de Ley Orgánica
para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Ambos textos afectan directamente
al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión. Este informe
expone los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en torno a las
restricciones impuestas al derecho a la libertad de expresión y de reunión
pacífica en el contexto de las manifestaciones celebradas en los últimos años.
También incluye algunas conclusiones a las que ha llegado la organización respecto
al uso de la fuerza por parte de la policía en este contexto, y concluye que
la policía ha utilizado en muchos casos fuerza Amnistía Internacional, abril
de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 3

excesiva, incluido el empleo indebido de material antidisturbios durante manifestaciones,
o al practicar detenciones. Asimismo, documenta algunos casos de malos tratos
a detenidos bajo custodia policial, y algunos motivos de preocupación respecto
a lo inadecuado de las investigaciones llevadasa cabo por las autoridades sobre
las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas y
cuerpos de seguridad. Amnistía Internacional ha expresado, desde hace mucho
tiempo y de manera continuada, su preocupación en torno al uso excesivode la
fuerza por parte de agentes de policía en España, y en torno a la inacción
de las autoridades a la hora de garantizar que tanto ese uso excesivo de la
fuerza como la tortura y otros malos tratos a manos de la policía se investigan
de manera exhaustiva y efectiva.15 Muchos de los casos expuestos en este informe
indican que esos problemas aún persisten. Al utilizar ciertas disposiciones
de la legislación española relativas a la celebración de reuniones, y al imponer
de manera generalizada multas a quienes participan en protestas públicas, las
autoridades españolas han restringido el disfrute de los derechos humanos en
España, en especial el derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación
y de expresión, de una manera que es contraria tanto a las normas internacionales
de derechos humanos como a las obligaciones contraídas por España en virtud
del derecho internacional. Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional,
abril de 2014

4 España: El derecho a protestar, amenazado

2. CONTEXTO: EL ASCENSO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES
ESPAÑOLAS

Las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional
en este informe no se producen en un entorno vacío. Tienen lugar en un país
sumido en una profunda crisis económica, con un elevado índice de desempleo,
y donde las medidas adoptadas tanto por el gobierno central como por los gobiernos
autonómicos han dado lugar a recortes en servicios básicos como la sanidad
o la educación que han afectado a la mayoría de la población.Esto ha provocado
una respuesta pública cada vez más organizada, en forma de protestas y de resistencia
de los grupos afectados por decisiones que, consideran, violan sus derechos.
En algunos casos, estos grupos de ciudadanos han presentado, mediante el mecanismo
de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), alternativas a las iniciativas del
gobierno. Durante los tres últimos años, la mayoría de las protestas y concentraciones
celebradas en España han estado encabezadas por movimientos sociales. Uno de
los más influyentes, el movimiento conocido como 15M,16 emergió como movimiento
social tras una manifestación organizada el 15 de mayo de 2011, tras las elecciones
locales y autonómicas celebradas ese mismo mes. Se trataba de un grupo de personas
que se organizaba a través de Internet y las redes sociales y que, espontáneamente,
decidió acampar en la plaza de la Puerta del Sol, en Madrid. Pedían una democracia
más participativa y el abandono del tradicional sistema bipartidista. El 15M
pronto se extendió por toda España, dando lugar a una serie de concentraciones,
protestas y acampadas en distintas plazasde todo el país; las acampadas más
grandes fueron las de la Puerta del Sol, en Madrid, y la de la Plaza de Cataluña,
en Barcelona. En estos momentos, el movimiento 15M cuenta con alguna forma
de presencia en 58 ciudades de España. Otro grupo destacado de la red de movimientos
sociales es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),17 que surgió
en Barcelona durante 2009 y ahora cuenta con presencia en toda España. La PAH
está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.
Agrupa a personas que tienen dificultades para pagar su hipoteca o se encuentran
en proceso de ejecución hipotecaria, y a personas solidarias con su causa.
Después de que la Iniciativa Legislativa Popular que presentó para modificar
la Ley Hipotecaria sediluyera notablemente antes de ser aceptada en noviembre
de 2012, la PAH emprendió una serie de acciones de protesta cuyo objetivo directo
eran políticos y miembros del partido en el gobierno. En ellas les pedían que
representaran los intereses de las personas afectadas por las ejecuciones hipotecarias.
Aunque estas acciones, conocidas como Amnistía Internacional, abril de 2014
Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 5

"escraches" y llevadas a cabo ante las sedes del Partido Popular o cerca de
los domicilios de sus políticos, eran de carácter pacífico, provocaron una
respuesta feroz por parte del Partido Popular y de varios representantes del
gobierno. Hay otros movimientos sociales relacionados con el movimiento 15M
que también se oponen a las medidas de austeridad y los recortes impuestos
por el gobierno, como por ejemplo la Marea Blanca, contra los recortes en la
sanidad pública, o la Marea Verde, contra los recortes en la educación pública.
Bajo el paraguas del movimiento 15M, ha habido otras plataformas que también
han organizado manifestaciones y concentraciones, como la Plataforma ¡En Pie!,
o la Coordinadora 25S, un grupo de personas que, en agosto de 2012, emitió
a través de las redes sociales un llamamiento para celebrar una concentración
masiva en Madrid el 25 de septiembre de 2012, delante del Congreso, con el
fin de manifestar directamente a los diputados su protesta.

Otros movimientos sociales han hecho frente de forma activa y pacífica y han
denunciado las prácticas discriminatorias de la policía. Por ejemplo, las Brigadas
Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) son grupos de vecinos
de Madrid que observan, documentan y denuncian los controles de identidad dirigidos
a personas pertenecientes a minorías étnicas, informan a éstas y otras personas
sobre sus derechos, e informan también sobre otras organizaciones que pueden
prestar asesoramiento. Las Brigadas Vecinales fueron creadas por residentes
de barrios concretos en respuesta a los constantes controles de identidad realizados
por la policía en su zona, unos controles que, en su opinión, restringían a
determinadas personas el uso del espacio público a causa de su perfil étnico,
y discriminaban racialmente a las personas consideradas inmigrantes. Tras recibir
formación, los miembros de las Brigadas reciben unos chalecos naranjas con
las palabras "Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos" y "Vigilando
a los vigilantes", y se sitúan en grupos pequeños en plazas o calles o a la
salida de las estaciones de metro, tomando nota de las operaciones policiales
que presencian.

La respuesta de las autoridades a la movilización generada por estas organizaciones
se ha caracterizado por el uso innecesario o excesivo de la fuerza durante
las manifestaciones, la imposición de multas a organizadores y participantes,18
y las propuestas legislativas para imponer restricciones adicionales a la libertad
de reunión. Otro rasgo característico de la retórica del Partido Popular sobre
esta cuestión ha sido la estigmatización de los movimientos sociales que promueven
las protestas. Por ejemplo, la delegada de Gobierno en Madrid, en respuesta
a una pregunta de los medios de comunicación poco después del segundo aniversario
de la acampada del 15M, dijo que "el 15M ha sido un movimiento muy importante
en nuestra vida política y social" pero "ha ido sufriendo una evolución" para
convertirse en un movimiento "más radical" y por eso ha ido perdiendo "apoyos
sociales".19

En un programa de radio local, un concejal y portavoz del Partido Popular en
Logroño, una ciudad en el norte de España, defendió las nuevas restricciones
del acceso públicoa los plenos municipales refiriéndose a grupos que, con una
estrategia violenta, llevaban desde el 11 de junio "agrediendo" al Partido
Popular.20 En respuesta a esa acusación, el movimiento 15M publicó un vídeo
en YouTube en el que mostraba el carácter pacífico de su manifestación, con
manifestantes de todas las edades, incluidos niños.21

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

6 España: El derecho a protestar, amenazado

En un informe en el que se presentaba el Plan de Mejora de la Seguridad y la
Convivencia del Barrio de Lavapiés 2012-201522 (Lavapiés es un barrio de gran
tamaño de Madrid con un elevado índice de población inmigrante), las autoridades
decían que el aumento de la actividad policial en el barrio es consecuencia
de los incidentes organizados por los grupos "antisistema".23 El informe manifestaba
la preocupación de las autoridades por los intentos, promovidos por el 15M,
de desacreditar las acciones policiales, en los que "grupos de jóvenes, bastante
relacionados con grupos antisistema de todo tipo [...] quieren convertir Lavapiés
en un referente de su protesta, con lo que esto supone”.24 El informe hacía
también referencia a "grupos antisistema" que dificultan "las acciones policiales
contra el tráfico de drogas, llevadas a cabo por ciudadanos de raza negra,
y enmascararlas como represión contra ciudadanos inmigrantes”,25 en clara alusión
a la actividad desarrollada por las BVODH. En Gandía (Valencia), el alcalde,
según la información publicada, declaró que la PAH copiaba métodos "nazis"
cuando 50 miembros de la Plataforma se manifestaron pacíficamente ante la sede
del Partido Popular en la zona para pedir apoyo a la ILP sobre los desahucios.
El alcalde compareció ante los medios de comunicación y declaró: “Cuando he
visto que iban a hacer un 'escrache', después de ver todo lo que han hecho
con los políticos, he pensado que por ahí no vamos a pasar. No vamos a permitir
que nos amenacen. Los 'escraches' lo que hacen es utilizar métodos que han
sido utilizado por dictaduras, estos métodos han sido utilizado los nazis para
señalar a los judíos”.26

Especialmente preocupante fue la declaración de la delegada de Gobierno en
Madrid cuando se refirió personalmente a la portavoz de la PAH, Ada Colau,27
vinculándola a "grupos filoetarras" y acusándola de apoyar a dichos grupos.
La delegada comparó las acciones de protesta de la Plataforma con acciones
de lucha callejera (kale borroka). “No es solamente un grupo que esté apoyando
a las personas desahuciadas, sino que están siguiendo una estrategia política
[...] radical”.28 Por su parte, el consejero de Justicia y portavoz del Gobierno
de La Rioja publicó el 4 de abril de 2013 el siguiente tuit: "Nazis, comunistas,
franquistas….Ahora…Ada Colau".29

Cuando se le preguntó por la protesta de la PAH, el presidente de la Comunidad
de Madrid dijo a los medios de comunicación que confiaba en que “las fuerzas
ycuerpos de seguridad del Estado actúen con rotundidad en estos casos”. La
presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido
Popular declaró también que “no se consigue nada acosando”, y califico esa
forma de protesta de “nazismo puro”.30

En Cataluña, el presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en
Sant Cugat, miembro también del equipo dirigente del partido en Cataluña, publicó
el 6 de mayo de 2013 el siguiente tuit: "Hasta que la PAH no se desvincule
de grupos radicales y partidos del entorno de ETA su mensaje no tendrá la validez
que buscan. Van por mal camino."

La expresión reiterada de ese tipo de opiniones ha sido el discurso que ha
impulsado las propuestas legislativas presentadas por el Partido Popular para
restringir el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 7

3. ACERCA DE ESTE INFORME

La investigación para este informe se llevó a cabo principalmente durante 2013.Desde
2011, Amnistía Internacional ha estado observando de manera continuada la respuesta
de las autoridades públicas y las acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad
en el contexto de las manifestaciones. Para ello ha recopilado declaraciones
verbales de personas que estuvieron presentes en las manifestaciones, y ha
examinado vídeos y fotografías proporcionados por esas personas o disponibles
en Internet. Algunos de los casos descritos en este informe, como el uso excesivo
de la fuerza por parte de la policía durante la dispersión de manifestantes
de la Plaza de Cataluña en mayo de 2011, ya se han incluido en publicaciones
previas de Amnistía Internacional.31

En su trabajo de investigación para este informe, Amnistía Internacional entrevistó
a unas 30 víctimas y sus familiares, periodistas, abogados y representantes
de organizaciones de derechos humanos, así como representantes de las algunas
de las ONG y los movimientos sociales citados en este informe. Algunas de las
personas cuyos casos se exponen en este informe han pedido que no se las identifique
por el nombre. En estos casos, en el informe se utiliza un nombre ficticio,
conforme se indica en el texto. En muchos casos, en comunicaciones con Amnistía
Internacional, los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad han
negado las denuncias de malos tratos. En algunos casos, los manifestantes han
apelado contra las sanciones administrativas que les han sido impuestas. Estos
y algunos otros de los casos documentados en este informe están aún sin resolver.
Cuando es posible, Amnistía Internacional sigue observando estos casos.

El informe refleja información obtenida por Amnistía Internacional, en el transcurso
de la investigación, en reuniones y comunicaciones con autoridades gubernamentales
y representantes políticos de grupos parlamentarios, así como con representantes
del Defensor del Pueblo. También refleja intervenciones pertinentes de autoridades
del Ministerio del Interior en el Congreso. La organización entrevistó asimismo
a representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el principal sindicato
policial.

En los últimos años, la organización se ha puesto en contacto en varias ocasiones
con autoridades estatales y comunitarias en las comunidades autónomas de Cataluña32
y del País Vasco,33 así como con autoridades del gobierno central, en relación
con denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas
y cuerpos de seguridad. Aparte de las excepciones mencionadas más abajo, la
organización no ha recibido hasta la fecha respuesta de las autoridades nacionales
a los motivos de preocupación que les ha expuesto. Tras las acciones policiales
llevadas a cabo durante una manifestación celebrada el 25 de septiembre de
2012, Amnistía Internacional dirigió tres cartas al ministro del Interior para
pedirle una investigación independiente. Finalmente, en noviembre de 2013,
el secretario de Estado de Seguridad respondió a la organización diciendo que
se había llevado a cabo una investigación interna sobre la actuación de la
policía aquel día y no se habían encontrado irregularidades. Índice: EUR 41/001/2014
Amnistía Internacional, abril de 2014

8 España: El derecho a protestar, amenazado

En la elaboración de este informe, Amnistía Internacional no ha abarcado todas
las manifestaciones que han tenido lugar en España en los últimos años. Los
motivos de preocupación expuestos en el informe se aplican también a otras
manifestaciones no mencionadas en él. Los incidentes específicos expuestos
con detalle en este informe tuvieron lugar en manifestaciones y concentraciones
de Madrid, como la celebrada en la Puerta del Sol el 27 de abril de 2012 en
protesta por la detención de varias personas acusadas de interrumpir el servicio
de metro de Madrid; la manifestación del 12 de mayo de 2012, convocada para
celebrar el primer aniversario del 15M; la manifestación celebrada el 11 de
julio de 2012 ante el Ministerio de Industria (la conocida como “Marcha Negra”
que congregó a miles de mineros y sus familias); la manifestación del 25 de
septiembre de 2012, denominada “Rodea el Congreso”; la concentración del 4
de octubre de 2012 ante la Audiencia Nacional para protestar por la imputación
de los organizadores de “Rodea el Congreso”; la marcha convocada el 23 de febrero
de 2013 bajo el lema “Marcha Ciudadana”, organizada por varios movimientos
de protesta no violentos; y la concentración organizada por la PAH cerca de
la casa de la vicepresidenta de gobierno el 6 de abril de 2013. También se
detallan casos ocurridos en Barcelona, como la manifestación celebrada el 14
de noviembre de 2012 tras la jornada de huelga general, o un caso de Guadalajara:
la concentración celebrada delante del Centro de Especialidades de Azuqueca
de Henares el 12 de diciembre de 2012 en protesta por los recortes en sanidad.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 9

4. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA EN LA LEGISLACIÓN Y LAS NORMAS
INTERNACIONALES, Y EN LA LEGISLACIÓN Y LA PRÁCTICA ESPAÑOLAS

El derecho a la libertad de reunión pacífica, junto a los derechos, estrechamente
relacionados, a la libertad de asociación y de expresión, está consagrado en
tratados de derechos humanos en los que España es parte,34 como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)35 y el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo).36
También está contenido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.37
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y realizar estos derechos,
es decir, de garantizar que sus propios agentes no los violan y que estos derechos
no son objeto de restricciones, salvo las que sean demostrablemente necesarias
y proporcionadas para un fin legítimo permitido por el derecho internacional.
También están obligados a proteger el ejercicio de estos derechos frente a
la injerencia de terceros, y a garantizar que las personas dentro de su jurisdicción
pueden ejercer estos derechos en la práctica. Tal como ha subrayado el relator
especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación,
Maina Kiai, esto significa que los Estados tienen una obligación positiva,
en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, no sólo de proteger
activamente las reuniones pacíficas sino también de facilitar el ejercicio
del derecho a la libertad de reunión pacífica.38

En enero de 2013, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un informe para el Consejo de Derechos
Humanos sobre buenas prácticas para garantizar la promoción y protección de
los derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas, que incluía aportaciones
de expertos independientes, entre ellos relatores especiales pertinentes de
la ONU, Estados miembros de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos
y organizaciones de la sociedad civil.39

Tras este informe, en su resolución 22/10, aprobada sin votación (es decir,
sin objeciones), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que España era
miembro en esos momentos, señaló, entre otras cosas, que la participación en
protestas pacíficas puede ser una manera importante de ejercer el derecho a
la libertad de reunión pacífica, de asociación, de Índice: EUR 41/001/2014
Amnistía Internacional, abril de 2014

10 España: El derecho a protestar, amenazado

expresión y de participación en los asuntos públicos. Asimismo, subrayó que
todas las personas deben poder expresar sus quejas o aspiraciones de manera
pacífica mediante, entre otras vías, manifestaciones públicas (que no deben
considerarse una amenaza), y pidió a los Estados, entre otras cosas, que facilitaran
las protestas pacíficas.40

La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), junto con la Comisión
Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión Venecia), ha emitido
un conjunto detallado de Directrices sobre la Libertad de Reunión Pacífica,
con el fin de ayudar a los Estados a garantizar que sus leyes y prácticas sobre
la libertad de reunión pacífica cumplen las normas tanto europeas como internacionales.41
El relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica
y de asociación, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha
manifestado que considera que estas directrices son el conjunto más avanzado
de buenas prácticas que existe.42

El derecho a la libertad de reunión pacífica puede ser ejercido por personas,
grupos y asociaciones, y es uno de los cimientos de una sociedad democrática.
El facilitar la participación en reuniones pacíficas ayuda a garantizar que
la gente tiene la oportunidad de expresar opiniones que tiene en común con
otras personas, y facilita el diálogo tanto dentro de la sociedad civil como
entre la sociedad civil, los líderes políticos y el gobierno,43 además de ser
importante para el pleno disfrute de otrosderechos humanos.44

Tal como ha reiterado en numerosas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, el derecho a la libertad de reunión abarca tanto las reuniones privadas
como las reuniones en la vía pública, y las reuniones pueden ser reuniones
estáticas o marchas públicas. Este derecho puede ser ejercido tanto por los
participantes individuales como por quienes organizan la reunión.45 Puesto
que las reuniones públicas se celebran para transmitir un mensaje a una persona,
grupo u organización en particular, deben tener lugar, como norma general,
de manera que puedan ser vistas y oídas por del público al que se dirigen.46

El artículo 21 de la Constitución española reconoce el derecho de reunión pacífica.47
En línea con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional
ha definido el derecho de reunión como la "manifestación colectiva de la libertad
de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas,
que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio
o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas
y reivindicaciones".También ha reconocido que, para muchos grupos sociales,
este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de expresar públicamente
sus ideas y reivindicaciones.48El ejercicio del derecho a la libertad de reunión
consagrado en el artículo 21 de la Constitución española se realiza mediante
la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión.49 Esta ley contiene
una definición de los distintos tipos de reunión que entran dentro de su ámbito,
y establece los requisitos legales para ejercer este derecho. La Ley Orgánica
1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,50complementa a la Ley 9/1983
reguladora del derecho de reunión en la medida en que capacita a las fuerzas
de seguridad para emprender acciones dirigidas a mantener el orden público
durante manifestaciones o reuniones. El capítulo III de esta ley prevé acciones
de las autoridades para disolver reuniones o manifestaciones o para llevar
a cabo controles de identidad de quienes participan en ellas. En particular,
el artículo 16 establece que las autoridades deben tomar las medidas necesarias
para proteger la celebración de reuniones o Amnistía Internacional, abril de
2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 11

manifestaciones, pero el segundo párrafo de este artículo prevé también la
posibilidad de que las autoridades utilicen las fuerzas y cuerpos de seguridad
para disolver las reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público
que hayan sido prohibidas o restringidas por alguno de los supuestos enumerados
en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983. El artículo 20 establece que los
agentes de policía podrán realizar comprobaciones de identidad en la vía pública
como parte de sus funciones cuando esas comprobaciones sean necesarias para
el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad. El capítulo IV
establece las sanciones para las infracciones de la ley. Los artículos del
23 al 26 enumeran los tipos de infracción clasificándolos como leves, graves
o muy graves. El artículo 28 establece las sanciones para cada infracción.

4.1 RESTRICCIONES A LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES Aunque el derecho internacional
permite que el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica –así
como el de los derechos, estrechamente relacionados, a la libertad de asociación
y la libertad de expresión– sea objeto de ciertas restricciones, esas restricciones
sólo son admisibles si: en primer lugar, están establecidas por ley; en segundo
lugar, tienen como finalidad proteger ciertos intereses públicos (la seguridad
nacional o pública, el orden público, la protección de la salud o la moral
públicas) o los derechos y libertades de otras personas; y, en tercer lugar,
son demostrablemente necesarias para lograr ese fin.51Toda restricción que
no cumpla estos tres requisitosconstituye una violación de ese derecho. El
artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, establece
que las autoridades podrán disolver una manifestación por varios motivos, entre
ellos que se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas
o bienes, o que los asistentes utilicen uniformes paramilitares.52 De igual
modo, el artículo 10 establece que las autoridades, si consideran que existe
riesgo de que se produzcan alteraciones del orden público, con peligropara
personas o bienes, podrán prohibir una reunión o manifestación que se haya
notificado o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración
o itinerario de la reunión o manifestación.53 El artículo 11 prevé que los
organizadores o promotores, si no están de acuerdo con la decisión de las autoridades,
podrán interponer un recurso contencioso-administrativo que se tramitará de
manera prioritaria.54

Según las normas internacionales, toda medida que prohíba o restrinja cualquier
forma pacífica de libertad de expresión o manifestación debe evaluarse caso
por caso. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos han subrayado que las restricciones sólo se pueden imponer
para los fines permitidos por el derecho internacional de los derechos humanos,
es decir, para garantizar la protección de la seguridad nacional o pública,
el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades
de otras personas. Además, las restricciones deben cumplir pruebas estrictas
de necesidad y proporcionalidad para el fin concreto para el que fueron prescritas,
debe asegurarse que una restricción más leve no es suficiente, y debe garantizarse
que no se pone en peligro el derecho en sí.55 Toda restricción debe asimismo
estar claramente basada en una ley que, por ser relativa al ejercicio de los
derechos humanos, debe estar redactada en términos lo suficientemente precisos
para impedir que las autoridades ejerzan un poder indebido a la hora de restringir
la libertad de expresión y de reunión.Corresponde a las autoridades demostrar
la base jurídica de cualquier restricción que se imponga.56 Índice: EUR 41/001/2014
Amnistía Internacional, abril de 2014

12 España: El derecho a protestar, amenazado

El relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica
y de asociación ha destacado la presunción a favor de la celebración de reuniones
pacíficas, subrayada también en las Directrices de la OSCE/OIDDH, que significa
que debe presumirse que una reunión será pacífica y no constituirá una amenaza
para el orden público.57 Las Directrices de la OSCE/OIDDH dejan claro que debe
presumirse que las intenciones de los organizadores de manifestaciones son
pacíficas, a menos que existan pruebas claras y fehacientes de que quienes
organizan ese acto concreto o participan en él tienen intención de usar violencia
inminente, propugnarla o incitar a ella.58 Aunque los Estados tienen la obligación
de garantizar el orden público, es importante que las autoridades muestren
un cierto grado de tolerancia ante la alteración inevitable que las manifestaciones
suponen.59 Las reuniones son un uso tan legítimo del espacio público como las
actividades comerciales o el tráfico de vehículos y personas.60 El derecho
a la libertad de reunión y de manifestación pacífica significa que los manifestantes
deben poder tener una oportunidad real de transmitir pacíficamente su mensaje
a las personas a las que va dirigido, especialmente cuando esas personas son
representantes públicos.Por ello, como norma general, las reuniones deben poder
celebrarse de manera que puedan ser vistas y oídas por el público destinatario.
Si se impone alguna restricción respecto al momento, el lugar o la manera de
celebrar una reunión, deben ofrecerse alternativas razonables.61

El Tribunal Constitucional español ha resuelto que, para prohibir una concentración,
no basta la mera sospecha o posibilidad de que se produzca una alteración.
"[Q]uien adopta esta decisión debe poseer datos objetivos suficientes, derivados
de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los que
cualquier persona en una situación normal pueda llegar racionalmente a la conclusión
[...] que la concentración producirá [...] el referido desorden público [...]
[S]i existen dudas sobre la producción de estos efectos, una interpretación
sistemática del precepto constitucional lleva a la necesaria aplicación del
principio de favor libertatis y a la consiguiente imposibilidad de prohibir
la realización de la concentración”.62 Respecto a las limitaciones que pueden
imponerse al derecho de manifestación, el Tribunal Constitucional ha declarado
que las restricciones no pueden ser absolutas, y tampoco pueden obstruir el
derecho fundamental más allá de lo razonable, pues la fuerza expansiva de todo
derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan
sobre él.63 El Tribunal ha afirmado también repetidamente que la libertad de
expresión y de información abarca no sólo las críticas inofensivas o inmateriales,
sino también las críticas que puedan molestar u ofender, especialmente cuando
se refieren a alguien que ocupa un cargo público.

PROHIBICIÓN DE LAS MANIFESTACIONES EN LAS CERCANÍAS DE LOS DOMICILIOS Y LUGARES
DE TRABAJO DE LOS POLÍTICOS. Cuando el Congreso reformuló la Iniciativa Legislativa
Popular titulada “Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de
paralización de los desahucios y de alquiler social” y la procesó junto con
el Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores,
presentado por el gobierno, la PAH, que consideraba que la iniciativa del gobierno
desvirtuaba la iniciativapopular, empezó a organizar concentraciones pacíficas
para transmitir su mensaje de protesta a los políticos del Partido Popular,
tanto en la sede oficial del partido como cerca de los domicilios particulares
de sus figuras más destacadas. El Ministerio del Interior emitió una circular
urgente a todas las comisarías de policía en la que Amnistía Internacional,
abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 13

les daba instrucciones para que no permitieran concentraciones a menos de 300
metros de las viviendas de políticos y cargos públicos. La Fiscalía General
del Estado distribuyó una circular a los fiscales en la que se refería de manera
genérica a "situaciones de acoso al entorno personal de diversos representantes
parlamentarios y otros cargos institucionales, promovidos por afectados por
procedimientos hipotecarios y otros colectivos similares" y pedía que se informase
a la Secretaría Técnica "de todos los acontecimientos de dicha índole que se
produzcan en el territorio de su Fiscalía". La Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo vasco64 declaró válidas las decisiones del director de
la Ertzaintza (policía autonómica vasca), que propuso modificar el recorrido
de dos manifestaciones notificadas por STOP Desahucios Guipúzcoa y por la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca Bizkaia y prohibir las concentraciones ante el
despacho de abogados de dos políticos del Partido Popular.

Amnistía Internacional considera que las medidas tomadas por las autoridades
para imponer una restricción general de todas las manifestaciones en las cercanías
de las residencias y sedes de políticos clave e instituciones supera lo que
se considera admisible en virtud del derecho internacional de los derechos
humanos. Aunque la justificación esgrimida para la prohibición era proteger
los derechos de otras personas, la prohibición era tan amplia que, en la práctica,
impedía a los manifestantes hacer llegar sus protestas a los políticos a los
que iban dirigidas. Además, una prohibición generalizada no es conforme con
los principios de necesidad y proporcionalidad y restricción mínima.

4.2 LA NOTIFICACIÓN COMO REQUISITO PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES
PÚBLICAS Tal como se mencionó anteriormente, la Ley Orgánica 9/1983, reguladora
del derecho de reunión, establece que toda persona que desee organizar una
manifestación o concentración demás de 20 personas debe cumplir el requisito
de notificarlo previamente a las autoridades responsables del orden público.
El requisito de notificación también está consagrado en la Constitución española.65
La Ley Reguladora del Derecho de Reunión estableceque la notificación debe
realizarse por escrito y debe presentarse con una antelación de al menos 10
días. Sólo en los casos urgentes, que deben justificarse con causas extraordinarias
y graves, podrá aceptarse la notificación con un preaviso de 24 horas.66 No
obstante, la ley no es clara respecto a cuáles pueden ser esas causas excepcionales,
y tampoco permite explícitamente las manifestaciones espontáneas. La notificación
debe incluir la identificación completa de los organizadores, el lugar, fecha,
hora y duración prevista, el objeto de la reunión, el itinerario proyectado
y las medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten
de las autoridades.67

Las autoridades deben responder en un plazo de 72 horas después de presentada
la notificación. Si consideran que existen razones fundadas para que puedan
producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes,
podrán prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación
de la fecha, lugar, duración o itinerario. Si lo hacen, deberán exponer los
motivos para ello.68 Los organizadores podrán interponer recurso contencioso-administrativo
contra esta decisión ante el tribunal competente, mediante un procedimiento
acelerado.69

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

14 España: El derecho a protestar, amenazado

El Tribunal Constitucional ha mantenido que el derecho de manifestación contemplado
en el artículo 21 de la Constitución española está sujeto a un requisito previo:
el deber de comunicarlo con antelación a la autoridad competente, aunque ese
deber no constituye una solicitud de autorización. La notificación debe considerarse
simplemente una declaración de conocimiento a fin de que la autoridad administrativa
pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en
libertad del derecho de los manifestantes como la protección de derechos y
bienes de terceros.70 Sin embargo, el Tribunal Supremo ha resuelto que el incumplimiento
del periodo de preaviso de 10 días (salvo en circunstancias excepcionales y
urgentes) otorga a las autoridades la facultad de prohibir una manifestación.71

Según la información facilitada por la Delegación de Gobierno de Madrid, en
Madrid, en 2012, se denegó el permiso para celebrar 54 manifestaciones que
se habían notificado. En 52 de ellas, el motivo de la denegación fue que no
se habían notificado con antelación suficiente. Sólo en dos de los casos se
alegaron motivos de orden público. En 2013, hasta mayo, se había denegado el
permiso a 72 manifestaciones o concentraciones en Madrid, en todos los casos
porque no se habían notificado dentro del plazo establecido.

En diversas partes de España se ha informado sobre sanciones por asistir a
manifestaciones celebradas sin la notificación previa requerida. En Madrid,
en 2012, se celebraron 734 manifestaciones o concentraciones no comunicadas.
En 2013, hasta mayo, se habían celebrado 197 sin cumplir el requisito de notificación
previa. En ellas, la causa o el motivo de las sanciones impuestas a los participantes
fue la ausencia de notificación o el hecho de celebrar una manifestación no
comunicada, sin que se citaran otros factores adicionales (como que las autoridades
consideraran que la manifestación había provocado una alteración del orden).
NORMAS INTERNACIONALES RELATIVAS AL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN El Comité de
Derechos Humanos de la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han considerado
que el requisito de comunicar previamente la celebración de una reunión es
compatible con las limitaciones admisibles al ejercicio del derecho consagrado
en el PIDCP y en el Convenio Europeo. Sin embargo, el requisito de comunicación
previa no debe ser de tal grado que, en la práctica, constituya un requisito
de obtener autorización.72 El Tribunal Europeo ha señalado repetidamente que
el propósito del requisito de comunicación debe ser permitir que las autoridades
puedan tomar medidas razonables y oportunas para garantizar que la reunión,
manifestación o concentración transcurre sin incidentes,73 y que, aunque las
autoridades pueden utilizar el requisito de comunicación para garantizar la
protección de los derechos de otras personas o para prevenir la alteración
del orden o la comisión de delitos, ese requisito no debe constituir "un obstáculo
oculto a la libertad de reunión pacífica protegida por el Convenio”.74

El relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y
de asociación ha subrayado explícitamente que no debe requerirse autorización
para celebrar una reunión pacífica.75 El ejercicio del derecho a la libertad
de reunión pacífica debe estar sujeto, a lo sumo, a un procedimiento de notificación
previa que no sea excesivamente burocrático y que tenga como finalidad que
las autoridades del Estado faciliten el ejercicio del derecho a la libertad
de reunión pacífica y tomen medidas para proteger la seguridad y el orden públicos
y Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 15

los derechosy libertades de otras personas.76 El relator especial ha recomendado
que la notificación se someta a una evaluación de la proporcionalidad y que
sólo se exija para grandes reuniones o actos que pudieran provocar unas ciertas
alteraciones. También ha recomendado que la notificación se presente con una
antelación máxima, por ejemplo, de 48 horas antes de la fecha prevista para
celebrar la reunión.77 Las Directrices de la OSCE/OIDDH formulan recomendaciones
similares, y subrayan que la notificación previa no esnecesaria en general
y sólo debe requerirse cuando tenga como finalidad permitir que las autoridades
adopten las medidas necesarias; si se requiere, la notificación debe constituir
“una notificación de intención, no una solicitud de permiso”,78y el proceso
de notificación debe dar tiempo suficiente para que, en caso de que se impongan
restricciones, pueda presentarse un recurso acelerado ante un tribunal y éste
pueda resolver al respecto.79

Las reuniones espontáneas pueden en ocasiones celebrarse como una respuesta
inmediata a un evento desencadenante, en el que el organizador (si lo hay)
no puede cumplir el plazo establecido para la notificación previa; el poder
celebrarlas es importante, ya que la demora debilitaría el mensaje que se desea
expresar.80 También pueden producirse reuniones espontáneas que no tienen un
organizador identificable, sino que surgen cuando un grupo de personas se reúne
sin notificación ni invitación previa, a menudo a consecuencia de una información
de dominio público, o de la información sobre un evento concreto difundida
por Internet u otras formas de comunicación instantánea, o cuando a un único
manifestante se le suman otros.81Las Directrices de la OSCE/OIDDH señalan que
las reuniones espontáneas deben ser legales y deben considerarse como un rasgo
previsible (en lugar de excepcional) de una democracia saludable.82 Asimismo,
afirman que las autoridades deben proteger esas reuniones espontáneas y facilitarlas
siempre que sean de carácter pacífico.83 El relator especial ha señalado quela
falta de notificación previa de los organizadores a las autoridades no debe
motivar, por sí sola, la disolución automática de la reunión ni la imposición
a sus organizadores de sanciones penales o administrativas consistentes en
el pago de multas o la privación de libertad.84

En España, sin embargo, en contra de lo establecido por las normas internacionales,
incluidas las recomendaciones del relator especial de la ONU y las Directrices
de la OSCE/OIDDH, no existe ninguna disposición relativa a las reuniones espontáneas.
Sobre esta base, las protestas que no se hayan notificado a las autoridades
dentro de los plazos estipulados pueden ser disueltas y, tal como se describe
con más detalle en las páginas siguientes, quienes participen en ellas pueden
ser sancionados con cuantiosas multas. En vista de ello, Amnistía Internacional
considera que el requisito de notificación previa constituye, en la práctica,
un requisito de autorización. De hecho, esto se refleja en el lenguaje de los
informes policiales y las notificaciones de sanciones a los que Amnistía Internacional
ha tenido acceso, que hacen referencia a reuniones "no autorizadas" –como en
el caso de Sandra descrito más abajo–, y en los comentarios realizados por
el secretario de Estado de Seguridad ante una comisión del Congreso. La legislación
española debe reformarse para incluir expresamente la posibilidad de una exención
del requisito de notificación previa en el caso de las manifestaciones espontáneas.
Los organizadores y los participantes no deben serobjeto de procedimientos
penales o procedimientos administrativos que den lugar a la imposición de multas
por no cumplir el requisito de notificación o por participar en esas protestas.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

16 España: El derecho a protestar, amenazado

Caso de Sandra

Sandra (nombre ficticio), de 32 años y que trabaja ensanidad, participó en
una protesta celebrada el 12 de diciembre de 2012 delante del Centro de Especialidades
de Azuqueca de Henares, durante una visita que realizó el consejero de Sanidad
y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, acompañado
por otras autoridades, para inaugurar el Puesto Médico Avanzado y una ambulancia
medicalizada. El 21 de febrero de 2013, la Delegación de Gobierno de Guadalajara
le notificó la decisión de iniciar procedimientos contra ella por una infracción
dela Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en relación con su participación
en la protesta.

Sandra dijo a Amnistía Internacional que un grupo de personas había protestado
contra los recortes en sanidad durante la anunciada visita del consejero, y
que la protesta había sido un acto espontáneo. El informe de la Guardia Civil
que condujo a la decisión de iniciar procedimientos contra Sandra, y al que
Amnistía Internacional ha tenido acceso, señala como base de la infracción
“participar activamente en una reunión o manifestación no autorizada sin haber
solicitado de la Autoridad competente autorización para su celebración”.85

Sin embargo, posteriormente Sandra recibió una carta de las autoridades en
la que no se planteaba la cuestión de la falta de notificación, sino que se
advertía a Sandra de la imposición de una multa de 600 euros por alterar el
orden, en virtud del artículo 23.n de la Ley sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.86 En el momento de redactarse este informe, Sandra estaba a la espera
de la respuesta al recurso presentado ante la instancia superior (el Ministerio
del Interior) contra la multa.

Hay una incoherencia entre el informe de la Guardia Civil y el delito citado
en la carta enviada por las autoridades a Sandra al iniciarse los procedimientos.
Amnistía Internacional ha tenido acceso a la carta enviada por las autoridades
a Sandra para anunciarle la multa prevista, y también al informe de la Guardia
Civil, que no describe las acciones específicas que motivaron la imposición
de la multa.El informe simplemente dice, de modo general, que, a causa de la
visita del consejero de Sanidad y otras autoridades, “un grupo de al menos
40 personas, algunos al parecer integrantes de diversos colectivos, se reunieron,
manifestándose en contra de los recortes efectuados por el Gobierno, portando
pancartas, utilizando silbatos, bocinas y otros elementos emisores de sonido
de forma continuada. Durante el acto, mientras las autoridades tomaban la palabra,
sufrieron gran cantidad de insultos, intentandoperturbar la oratoria, provocando
con su conducta una grave alteración del orden”.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 17

5. SANCIONES A ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES: ¿UNA MANERA DE DISUADIR DE LAS
PROTESTAS? 5.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN VIRTUD DE LA LEY DE PROTECCIÓN
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Desde que aumentaron las protestas sociales, Amnistía
Internacional ha recibido un número creciente de informes sobre sanciones administrativas
impuestas por las autoridades en relación con la participación en manifestaciones.
En general, las autoridades justifican esas sanciones sobre la base de la alteración
del orden público o la desobediencia a órdenes de la policía: por ejemplo,
desobedecer la orden de abandonar una concentración o manifestación que no
se ha notificado, aunque no se haya producido ninguna alteración del orden
público.

Tal como se señaló anteriormente, la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho
de reunión, se complementa con la Ley Orgánica 1/1992 sobre la Protección de
la Seguridad Ciudadana. En el capítulo IV de esta última se establece como
infracción grave la celebración de reuniones en lugares de tránsito público
o de manifestaciones que incumplan lo preceptuado en Ley Reguladora del Derecho
de Reunión. La Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana permite que
las fuerzas de seguridad emprendan una serie de acciones para mantener o restablecer
la seguridad pública, especialmente en el caso de alteraciones causadas por
grupos de personas o de situaciones de inseguridad pública grave.Por ejemplo,
en el capítulo IIIse establecen las premisas sobre las cuales las fuerzas de
seguridad pueden intervenir. El artículo 16 faculta a las fuerzas y cuerpos
de seguridad a disolver reuniones en lugares de tránsito público en las circunstancias
previstas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho
de reunión (es decir, cuando las reuniones se consideren ilícitas de conformidad
con las leyes penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público,
con peligro para personas o bienes, o cuando los asistentes vistan uniformes
paramilitares). La Ley establece también que, al ejercer sus funciones de indagación
o prevención, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir
a las personas que se identifiquen, y podrán realizar las comprobaciones pertinentes
en la vía pública, si el conocimiento de la identidad de esas personas fuera
necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad
pública.87

Según el artículo 19, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden
limitar o restringir, durante el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia
de personas en las vías o lugares públicos, en casos de alteración del orden,
de la seguridad ciudadana o de la convivencia pacífica, cuando sea necesario
para su restablecimiento.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

18 España: El derecho a protestar, amenazado

La Ley establece asimismo el sistema de sanciones administrativas, con multas
escalonadas que van de 30.050 a 601.000 euros, aproximadamente, para las infracciones
muy graves, de 300 a 30.050 euros para las infracciones graves (que incluirían
lascitadas anteriormente), y de hasta 300 euros para las infracciones consideradas
como leves.88 Las infracciones relacionadas con las manifestaciones y la celebración
de reuniones, por ejemplo celebrar reuniones en la vía pública o manifestaciones
sin cumplir los requisitos dispuestos en la Ley reguladora del Derecho de Reunión
(como el requisito de notificar la celebración a las autoridades dentro del
plazo establecido para ello), entran en su mayoría en el ámbito del artículo
23 y se consideran como graves, por lo que pueden castigarse con multas que
oscilan entre los 300 y los 30.050 euros. En esos casos, los responsables son
aquellos a quienes se considera organizadores. En el caso de las manifestaciones
no notificadas, la Ley sobre Protección de la Seguridad Pública establece que
aquellas personas a las que se pueda identificar razonablemente como cabecillas
de la reunión o manifestación serán consideradas también como organizadoras.89
También se considera como infracción grave la negativa a disolver manifestaciones
o reuniones cuando lo ordena la autoridad competente, por ejemplo cuando se
considera que una manifestación está provocando una alteración del orden público
o está poniendo en peligro a personas o bienes. El artículo 24 establece que
esos mismos actos podrán considerarse infracciones muy graves teniendo en cuenta
la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan
atentado contra la salubridad pública, hubieran alterado el funcionamiento
de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los
abastecimientos, o se hubieran producido con violencia o amenazas colectivas;
en este caso, se sancionarían con multas de entre 30.050 y 601.000 euros. El
artículo 26 enumera las infracciones consideradas como leves, entre las que
se encuentran la negativa a mostrar la documentación de identidad si lo solicita
la policía o la desobediencia a una orden de las autoridades.

Según la información facilitada por la Delegación de Gobierno en Madrid, en
2012 se tomaron medidas para imponer sanciones administrativas en un total
de 1.117 casos. De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión
Legal Sol, entre mayo de 2011 y abril de 2013 este grupo tuvo conocimiento
de 953 casos en los que se tomaron medidas para imponer sanciones administrativas
relacionadas directamente con la participación en protestas en Madrid. La mayoría
de esas medidas se tomaron por participar en manifestaciones no notificadas.90
Otro abogado de la Comisión Legal Sol, que habló con Amnistía Internacional,
dijo que, tanto sólo entre el 12 y el 15 de mayo de 2012 –en torno al primer
aniversario del 15M, cuando miles de personas volvieron a movilizarse en la
calle–, se habían iniciado procedimientos contra más de 314 personas por infracción
de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

La mayoría de las sanciones de las que ha tenido noticia Amnistía Internacional
oscilaban entre los 300 euros por infracciones leves y los 1.500 euros por
infracciones graves. La Delegación de Gobierno en Madrid ha reconocido que,
al permitir una amplia variedad de sanciones para cada tipo de infracción,
el artículo 28 de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana carece
de precisión. Por ello, ha establecido unos criterios que deben tenerse en
cuentapara determinar la cuantía de la multa. Son los siguientes: si se trata
de la Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 19

primera infracción que comete la persona en cuestión o si hay reincidencia,
cuál es la capacidad económica del infractor y cuál es el alcance del daño.
Según dijo un funcionario de la Delegación de Gobierno a Amnistía Internacional,
si la persona en cuestión es uno de los promotores, “la culpabilidad se sobreentiende”.91

En junio de 2012, la preocupación por el incremento de los controles de identidad
y de los procedimientos administrativos iniciados contra personas por asistir
a protestas dio lugar a la presentación de una pregunta parlamentaria en la
que se denunciaba que había habido personas que no tenían nada que ver con
si la concentración en la que participaban había sido notificada, o a las que
la policía no les había pedido sus documentos de identidad, que habían recibido
más tarde una notificación en su domicilio en la que se les informaba de la
imposición de una sanción administrativa por haber participado en una manifestación
no autorizada. El entonces secretario de Estado de Seguridad, en una declaración
ante una comisión del Congreso, declaró que el derecho de manifestación no
era un derecho absoluto, sino que estaba condicionado a la solicitud de autorización;
según él, sólo si la manifestación está autorizada se prioriza el derecho de
reunión sobre los derechos de otras personas.92 De lo contrario, las fuerzas
de seguridad se verían obligadas a actuar. El secretario negó haberse encontrado
con casos de personas que desconocieran que la manifestación en la que participaban
no había sido notificada y hubieran sido multadas por ello. Añadió que “el
que va a una manifestación lo hace porque va convocado o porque va a identificarse
o ejercer su adhesión a un determinado pensamiento o reivindicación”, y negó
que hubiera nada arbitrario en la imposición de esas sanciones.93

5.2 MULTAS ADMINISTRATIVAS PARA LOS ORGANIZADORES DE PROTESTAS El caso de María
Quieren acabar con el liderazgo de los movimientos sociales […] Yo sigo acudiendo
a manifestaciones y otras actividades. Me dijeron que pagaríamos la multa solidariamente,
pero hay mucho miedo porque la mayoría de la gente no puede hacer frente a
las multas. La represión de baja intensidad está haciendo mucho daño, hay mucha
represión y cada vez más. Dicen que los movimientos están perdiendo fuerza,
pero la realidad es que la gente tiene miedo.

María (nombre ficticio), de 49 años, recibió en enero de 2013 una notificación
de la Delegación de Gobierno en Madrid en la que le comunicaban que se habían
iniciado procedimientos contra ella, con una multa de 1.000 euros. El 19 de
octubre de 2012, María y otras dos personas habían participado en un acto informativo
cerca del Congreso de los Diputados, en protesta por los presupuestos presentados
por el gobierno y para anunciar su intención de presentar una iniciativa popular
para que se modificaran. También proporcionaron información sobre una serie
de protestas que iban a celebrarse durante la última semana de octubre. Esta
información era pública, y llevaba desde el 15 de octubre disponible en la
página web de la Coordinadora 25-S.94María explicó a Amnistía Internacional
que la Coordinadora había decidido no notificar directamente las protestas
a la Delegación de Gobierno en Madrid; además, según la información publicada
en los medios Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

20 España: El derecho a protestar, amenazado

de comunicación, la persona que había notificado la protesta del 25 de septiembre
había recibido una notificación en la que le comunicaban que se le iba a imponer
una multa de 6.000 euros por los disturbios ocurridos ese día. Según la notificación
de apertura de procedimientos administrativos, fechada el 21 de enero de 2013,
se consideraba que María había infringido el artículo 23.c de la Ley sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, por haber organizado una protesta no
notificada el 25 de octubre de 2012. María dijo a Amnistía Internacional que,
el día del acto informativo, ningún policía le pidió su documento de identidad.
Sin embargo, el 15 de noviembre, cuando salía de una cafetería antes de acudir
a otro acto informativo en el que no participaba directamente, unos policías
le pidieron la documentación. De las tres personas que participaron en el acto
informativo de octubre de 2012, María fue la única que recibió una multa.

Tal como se explicó anteriormente, en virtud de la Ley sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, que establece el sistema de sanciones, se considera
como infracción grave la celebración de reuniones en lugares de tránsito público
o de manifestaciones que incumplan lo establecido en laLey Orgánica 9/1983,
reguladora del derecho de reunión; la responsabilidad de dicha infracción corresponderá
a los organizadores o promotores.En el caso de reuniones en lugares de tránsito
público y manifestaciones cuya celebración se haya comunicado a las autoridades,
pero no dentro del plazo establecido por la ley, se considerarán organizadores
o promotores las personas físicas o jurídicas que suscriban el correspondiente
escrito de comunicación. Cuando no se haya presentado notificación, también
se considerarán organizadores o promotores las personas que presidan las reuniones,
las dirijan o ejerzan actos semejantes o aquellas de quienes, por publicaciones
o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los
discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan en su transcurso,
por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros
hechos, pueda determinarse razonablemente que son las que han inspirado las
reuniones. A Amnistía Internacional le preocupael grado de poder que la ley
otorga a los agentes de policía para determinar quién es el promotor u organizador
de una protesta, y también el hecho de que cualquier señal que pueda indicar
que una persona encabeza una protesta o es aquella a quien “obedecen” las demás
se considere suficiente para realizar esa determinación.95 5.3 MULTAS ADMINISTRATIVAS
CONTRA QUIENES PARTICIPAN EN LAS PROTESTAS Aunque la Delegación de Gobierno
en Madrid ha aseverado ante Amnistía Internacional que no se inician procedimientos
administrativos contra quienes participan en manifestaciones no notificadas,
sino sólo contra sus promotores u organizadores,96 la organización ha hallado
numerosos casos en los que se han iniciado procedimientos contra personas que
simplemente participaban en manifestaciones, y pese a no haberse producido
ninguna alteración del orden. En esos casos, las autoridades han utilizado
disposiciones de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana relativas
a la desobediencia a las autoridades.97

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 21

Caso de Pablo

El 15 de noviembre de 2012, Pablo Ortiz, de 33 años, recibió una notificación
en la que le comunicaban que se iniciaban contra él procedimientos administrativos,
con una posible sanción de 300 euros, por negarse a cumplir las instrucciones
de un policía.98 Según el expediente de la Delegación de Gobierno en Madrid,
la multa se le había impuesto por participar en una concentración de 80 personas
en la esquina entre las calles de Prim y Recoletos el 4 de octubre de 2012,
entre las 9.30 y las 13.00 horas,para protestar por las detenciones practicadas
por los sucesos del 25 de septiembre de 2012. Según Pablo, se reunió con un
total de 19 personas para manifestar su apoyo a una amiga que había sido acusada
de un delito contra las instituciones supremas del Estado en relación con la
manifestación del 25 de septiembre.99 A su llegada, se encontraron allí con
otras personas, periodistas, policías y los familiares de otras personas que
habían sido también acusadas. No se trató de un acto organizado y, según su
testimonio, la policía no se le acercó durante la concentración. Cuando me
separaba de la concentración, fue cuando se me requirió la documentación. Cuando
pregunté al agente me dijo que era por estar en una concentración no autorizada.

Pablo dijo a AmnistíaInternacional que, en esos momentos, sólo estaban con
él otras dos personas, y ya se estaban marchando. Por tanto, presentó recurso
contra los procedimientos, y en su escrito alegó que había dicho al agente
de policía que en España existe el requisito de notificación, pero no hay que
pedir autorización, y que, puesto que en esos momentos había congregadas menos
de 21 personas, no era necesaria la notificación. Según su escrito, como respuesta,
el policía le dijo que tenía un pie en la calzada, así que él lo puso en la
acera.Pese a ello, el agente le pidió la identificación y tomó nota de sus
datos. A Pablo no le informaron de que la finalidad era imponer una multa.
Él niega haber desobedecido las órdenes de las autoridades, puesto que, cuando
se le aproximó por primera vez un agente, ya se estaba marchando de la manifestación.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que el hecho de que
la policía disuelva reuniones espontáneas pacíficas “exclusivamente por la
ausencia de la notificación previa, sin que los participantes incurran en conducta
ilegal, constituye una restricción desproporcionada de la libertad de reunión
pacífica”.100 Según esto, el mero hecho de que la manifestación no se haya
notificado no otorga a los agentes la autoridad de ordenar a personas que actúan
pacíficamente que abandonen un espacio público, y por tanto la de multarlas
por desobediencia si no cumplen la orden. El Tribunal Europeo ha manifestado
que “la libertad de participar en una reunión pacífica es de una importanciatal
que una persona no puede ser sancionada ni siquiera con el grado más bajo de
sanciones disciplinarias por participar en una manifestación que no ha sido
prohibida, siempre que esa persona no cometa un acto reprensible en esa misma
ocasión”.101

Caso de concentración en la Puerta del Sol, 27 de abril de 2012 El 27 de abril
de 2012 hubo una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, en protesta
por la detención de varias personas acusadas de interrumpir el servicio del
metro de Madrid como parte de una protesta por el aumento de sus tarifas. En
la notificación enviada por la Delegación de Gobierno a uno de los participantes,
con una multa de 300 euros, dice: “Entre Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional,
abril de 2014

22 España: El derecho a protestar, amenazado

las 20 y las 21.45 horas del día 27 de abril, se concentró en las inmediaciones
del intercambiador de la Puerta del Sol de Madrid un grupo formado por unas
150 personas para protestar contra las detenciones de los activistas del colectivo
que participó en la acción ‘Toma el Metro’ el pasado 25 de abril de 2012. Los
agentes del Cuerpo Nacional de Policía allí desplegados, informaron individualmente
a los participantes entre los que se encontraba usted, que dicha concentración
no había sido comunicada a la Delegación de Gobierno de Madrid, por lo que
se les conminó a abandonar el lugar, haciendo caso omiso a los agentes y continuando
su protesta hasta las 21.45 horas”. En su recurso de apelación, al que Amnistía
Internacional ha tenido acceso, una de las personas que recibieron esta notificación
niega que la policía le dijera que abandonara el lugar, sino que, según afirma,
lo que el policía hizo, sin dar explicación alguna, fue simplemente pedirle
su documento de identidad. La Comisión Legal Sol dijo a Amnistía Internacional
que, posteriormente, se iniciaron procedimientos contra 47 personas, de un
total de 76 identificadas, por infracción del artículo 26.h de la Ley sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana (desobedecer órdenes de la policía). Aunque
el artículo 19 de la Ley dispone que los agentes de policía podrán limitar
o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en caso
de que se produzca alteración del orden, la seguridad ciudadana o la convivencia
pacífica, y, por tanto, desobedecer una orden puede constituir una infracción
del artículo 26.h, el informe policial sobre esta concentración, en los expedientes
de los procedimientos administrativos ante los tribunales, no hacía mención
alguna a alteración del orden (véase infra). En su reciente informe sobre España,
elaborado tras su visita al país en junio de 2013,102 el comisario para los
Derechos Humanos del Consejo d Europa manifiesta su preocupación por el creciente
uso de las sanciones administrativas contra participantes en manifestaciones.
El comisario subraya que la imposición de esas medidas a las personas que participan
en manifestaciones espontáneas o no autorizadas puede constituir una vulneración
de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.103 Los abogados
con los que Amnistía Internacional ha hablado también han llamado la atención
hacia el carácter arbitrario de las sanciones, que da lugar a que la misma
conducta por parte de distintas personas o en ocasiones diferentes se sancione
con multas de diferente cuantía.104 También han señalado una serie de irregularidades
en los procedimientos. La organización ha observado que en muchos casos, como
el de la concentración del 27 de abril de 2012 en la Puerta del Sol de Madrid,
citada más arriba, los procedimientos no incluyen la descripción de la conducta
infractora individual que motiva su inicio. Además, tras la presentación del
recurso por parte de la persona afectada para apelar contra la intención de
imponerle la multa, ha habido casos en los que el informe de la presunta infracción,
en lugar de ser ratificado por el mismo agente que formuló la denuncia y presenció
los actos de esa persona –conforme establece la legislación sobre el procedimiento
administrativo–, ha sido ratificado por otro agente, que no presenció los hechos.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 23

La fotografía que aparece a continuación es el informe policial de la manifestación
celebrada el 27 de abril de 2012

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

24 España: El derecho a protestar, amenazado

Amnistía Internacional ha encontrado indicios claros de que las sanciones impuestas
a personas por participar en actos de protesta pueden estar teniendo un efecto
disuasorio, desalentando a la gente de participar en protestas públicas y ejercer
su derecho a la libertad de reunión pacífica. Hay muchas personas que sufren
problemas económicos a causa de la crisis general y no pueden pagar las multas.
Algunas personas que han participado de manera especialmente activa en las
protestas se han encontrado con que han sido objeto de sanciones en varias
ocasiones, hasta el punto de que han acumulado deudas o de que sus propios
abogados les han aconsejado que reduzcan su visibilidad en las actividades
públicas.105 Por ejemplo, algunos miembros de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) han acumulado de esa manera hasta un total de 40.000 euros
en multas, aunque una representante de la Plataforma dijo a Amnistía Internacional
que la suma podría ser mayor, ya que no recopilan información de manera centralizada.
Esta representante señaló que las multas no sólo afectan a las personas que
las reciben, sino también a otras que no han sido sancionadas pero temen serlo
en el futuro si reclaman sus derechos. Esto genera una situación grotesca,
en la que quienes intentan ejercer sus derechos humanos y protestar para reclamarlos
son sancionados por hacerlo. El relator especial sobre los derechos a la libertad
de reunión pacífica y de asociación ha manifestado que “[l]a capacidad de celebrar
reuniones pacíficas es un componente fundamental e integrante del polifacético
derecho a la libertad de reunión pacífica, que debe ser disfrutado por todos.
Esa capacidad es de capital importancia para la labor de los actores de la
sociedad civil, en particular los que promueven la efectividad de los derechos
económicos, sociales y culturales, ya que les permite expresar públicamente
sus ideas […] especialmente en el contexto de la grave crisis económica actual”.106

La imposición de multas cuantiosas a personas que han participado pacíficamente
en reuniones no notificadas señala el incumplimiento, por parte de las autoridades
españolas, de su obligación internacional de respetar y garantizar el ejercicio
del derecho a la libertad de reunión pacífica. Los Estados pueden establecer
el requisito de la notificación previa para facilitar el ejercicio de este
derecho al tiempo que garantizan la protección de los derechos de otras personas.
Aunque el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos permiten
a los Estados imponer ciertas restricciones al ejercicio de este derecho cuando
esas restricciones sean demostrablemente necesarias y proporcionadas para unos
fines específicos, como por ejemplo la protección de los derechos de otras
personas o del orden público, no está claro que la imposición generalizada
de multas sustanciosas a quienes organizan reuniones no notificadas, no digamos
ya a quienes participan en ellas, y la vaguedad y amplitud de los motivos por
los que puede identificarse a alguien como organizador, superen esta prueba
de necesidad y proporcionalidad y de legítimo propósito. Es una práctica que
va directamente en contra de la recomendación explícita del relator especial
sobre los derechos a la libertad de reunión pacíficay de asociación, según
la cual la falta de notificación previa a las autoridades no debe motivar la
imposición de sanciones consistentes en el pago de multas a los organizadores.107
Además, y especialmente en los casos en los que no se ha demostrado que laspersonas
en cuestión hayan cometido infracciones consistentes en alteración del orden
u otras infracciones penales reconocibles, sino que se han limitado a participar
en una reunión no notificada, la imposición de esas sanciones podría constituir
un castigo arbitrario, en la medida en que se impone por ejercer el derecho
a la libertad de reunión pacífica.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 25

5.4 EL “ESCRACHE” A LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO En uno de los actos de protesta
organizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) parareclamar
la reforma de la Ley Hipotecaria, unas 300 personas se congregaron el 6 de
abril de 2013 cerca del domicilio de la vicepresidenta del gobierno.

El 8 de abril de 2013, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid inició un procedimiento
penal a raíz de una denuncia presentada ante la policía por el esposo de la
vicepresidenta contra 27 de los manifestantes a quienes la policía consideraba
los organizadores. Ante la falta de datos en el informe de las autoridades
respecto a los hechos, el juez solicitó una serie de diligencias previas. También
solicitó que se aclararan los motivos por los que se consideraba que esas 27
personas eran los organizadores, cuando muchos de los controles de identidad
que habían conducido a su identificación no se habían realizado ante el domicilio
de la vicepresidenta sino en otros lugares. Finalmente, el juez sobreseyó la
causa al considerar que se había tratado de una manifestación pacífica, de
no más de 20 minutos de duración, celebrada ante el domicilio de la vicepresidentacon
el fin de difundir, en un lugar público, la información y las ideas de un grupo
que hacía campaña sobre el problema de las ejecuciones hipotecarias y que criticaba
lo que consideraba la inacción por parte de los políticos del gobierno, y por
considerar que sus actos no podían considerarse coacciones o amenazas. En su
decisión, el juez de instrucción recordó la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos respecto a las críticas al ejercicio del poder por parte
de los políticos,108y la manera en que, en este caso, debía prevalecer el derecho
a la libertad de expresión.109

En este caso, aunque el juez no apreció delito, la Delegación de Gobierno en
Madrid inició procedimientos administrativos contra estas 27 personas. Al menos
dos de ellas se enfrentan a una multa de 1.500 euros por infracción del artículo
23.c de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, acusadas de organizar
la concentración; otras ocho se enfrentan a multas por acusaciones de alteración
del orden y desobediencia. En surecurso de apelación, al que Amnistía Internacional
ha tenido acceso, uno de los considerados como promotores por uno de los policías
que actuó durante la concentración niega que él fuera uno de los promotores.
Según afirma, él no participa personalmente en la PAH, pero acudió a la concentración
junto con unos familiares para mostrar su apoyo. También ha denunciado que
el informe policial es muy vago y genérico en cuanto a la descripción de su
conducta, lo que le pone en una situación en la que le resulta difícil defenderse.
El relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica
y de asociación, subrayando la importancia de la libertad de reunión pacífica
y la necesidad de garantizar que el requisito de notificación no actúe comobarrera
para el ejercicio de este derecho, ha subrayado reiteradamente que, si los
organizadores no notifican la reunión a las autoridades, no deben ser objeto
de sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas.110

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

26 España: El derecho a protestar, amenazado

5.5 INTENTO DE CRIMINALIZAR A LOS ORGANIZADORES: EL CASO DE 25S Amnistía internacional
siente especial preocupación por el intento de formular cargos, por “delito
contra las altas instituciones del Estado”, contra los organizadores de la
manifestación celebrada el 25 deseptiembre de 2012 en Madrid. Finalmente, en
octubre de 2012, el juez de instrucción archivó el caso, al no apreciar indicios
de que se hubieran cometido dichos actos delictivos. El caso se presentó ante
la Audiencia Nacional, que es competente para juzgar delitos especialmente
graves. En agosto de 2012, un grupo de personas, autodenominadas Coordinadora
25S y Plataforma ¡En Pie!, realizaron a través de las redes sociales un llamamiento
a la celebración de una manifestación masiva en Madrid, delante del Congreso,
bajo el lema “Rodea el Congreso”, con el fin de hacer llegar directamente a
los diputados su protesta contra las injusticias que percibían. El sitio web
de la Coordinadora 25S publicó el siguiente llamamiento, en el que exponía
las intenciones dela manifestación: Llamamiento 25S:

El 25 de agosto de 2012 se ha constituido la Coordinadora 25S formada por distintas
personas, organizaciones, plataformas, asambleas y colectivos, que habiendo
analizado la injusta situación de pérdida de libertades y derechos (Sanidad,
Educación, Servicios Sociales, Empleo, Vivienda,…) actual propone un proceso
que nos lleve a un nuevo modelo social basado en la soberanía popular participativa.

Para lograrlo hacemos este llamamiento a toda la ciudadanía tanto a participar
en la Coordinadora como en la acción concreta: - Rodear el Congreso de Diputados
hasta lograr nuestros objetivos.

- Apoyar e impulsar las iniciativas simultáneas a nivel estatal rodeando otros
órganos institucionales.

Queremos que el 25S sea un día de acción y el punto de partida para que todas
seamos partícipes en la construcción de nuestro futuro.

La coordinadora 25S quiere desmarcarse de cualquier individualidad, grupo u
organización que no respete el espíritu de este llamamiento.Expresiones violentas,
racistas, xenófobas, machistas, homófobas o fascistas quedan fuera de esta
convocatoria.

Madrid, 26 de Agosto de 2012 Coordinadora 25S

Pese al carácter pacífico de este llamamiento de los organizadores, un día
después de la protesta, en la que se habían producido enfrentamientos entre
la policía y algunos manifestantes, el director general de la Policía, en su
comparecencia del 26 de septiembre de 2012 ante la Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados, dijo, para justificar la Amnistía Internacional,
abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 27

carga policial que se había saldado con heridas a más de 60 personas (entre
ellas algunos agentes de policía) y la detención de 35 manifestantes:

“En el día de ayer, 25 de septiembre de 2012 [...] Sin perjuicio de los delitos
contra el orden público, lesiones o daños se cometió un delito contra las Cámaras,
que son competencia de la Audiencia Nacional, y así se han instruido los atestados
correspondientes. […] son competencia de la Audiencia Nacional los delitos
cometidos contra los altos organismos de la nación y la forma de gobierno.
[…] delitos contra las instituciones recoge en su artículo 493,111 la invasión
de las sedes de los órganos legislativos, en su artículo 494112 promover manifestaciones
ante órganos legislativos, en su artículo 495113 intentar perpetrar en las
sedes de los órganos legislativos para presentar peticiones, llegando a cometerse
un delito tipificado en el art. 494 del Código Penal.” En su respuesta a las
preguntas de los representantes de otros grupos de oposición en el Congreso,
el director general de Policía se refirió a la existencia de movimientos, organizaciones
y llamamientos que están desacreditados porque recurren a la violencia, “como
es el caso del 25 de septiembre”, e hizo también referencia a los procedimientos
ya iniciados por la Audiencia Nacional por un presunto delito contra las instituciones
del Estado. Según se manifestaba en la subsiguiente decisión judicial de archivar
el caso, el 14 de agosto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la
Policía Nacional (UDEF Central) había iniciado procedimientos sobre la base
de un llamamiento conocido como “Ocupa el Congreso”, repetido en numerosos
sitios web, en el que se planeaba una manifestación para el 25 de septiembre,
fecha en que se celebraría sesión parlamentaria. Según la solicitud presentada
por la policía al juez de instrucción, el objetivo de este llamamiento era
“ocupar una de las Instituciones públicas más importantes del Estado […] que
la convocatoria tiene carácter nacional incluso puede afirmarse que, ante el
carácter global de Internet, alcanzaría el ámbito internacional [...]”.114
Ante la gravedad de las acusaciones hechas por la policía, el juez de instrucción
autorizó el 20 de septiembre una serie de controles de identidad a 30 personas,
y sometió a interrogatorio formal a ocho de ellas, a las que se citó como imputadas
(aunque, como se explica en el auto judicial de archivo de la causa, el motivo
de citarlas como imputadas era que pudieran contar con asistencia letrada durante
el interrogatorio).115 Desde el 21 de septiembre, varios medios de comunicación
difundieron información sobre la detención e imputación de los organizadores
en relación con la denuncia de la existencia de planes de atacar altos organismos
del Estado.116

Finalmente, el 4 de octubre de 2012, el juez archivó la causa porque los hechos
denunciados no constituían delito penal. El juez explicó asimismo su decisión
de no someter a investigación adicional a personas concretas, identificadas
también por la policía, diciendo:

La razón es obvia, pues visto lo razonado en el acuerdo de la Sra. Delegada
de Gobierno del que se sigue que realmente la convocatoria no pretendía ocupar
el Congreso, sino que ‘la verdadera intención de la convocatoria era permanecer
de forma indefinida en el Paseo del Prado, en las proximidades del Congreso
de los Diputados’, la gravedad aventurada por la policía no era tal, (ocupar
realmente el Congreso). (El subrayado es del original.)

En su auto, y también relacionado con las palabras del director general de
Policía, que en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados había
señalado que los hechos, dada su Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional,
abril de 2014

28 España: El derecho a protestar, amenazado

gravedad, eran competencia de la Audiencia Nacional, el juez hizo referencia
a que, el 27 de septiembre, “[l]a Brigada Provincial de Información de Madrid
en un breve oficio participa genéricamente a este juzgado que a partir de las
19 horas del día 25 se produjeron altercados, lanzamiento de objetos e intentos
de traspasar el perímetro de seguridad del Congreso, por lo que la policía
tuvo que actuar para impedir la invasión en masa que intentaba llegar al Congreso,
[…] habiéndose detenido a 35 personas por atentado, lesiones, resistencia y
desobediencia y desórdenes públicos, sin especificar en concreto lo imputado
a cada detenido”. El 28 de septiembre se entregó una copia del informepolicial
en la que “no se alude […] al delito contra las altas instituciones del Estado”.
El auto judicial señala que, el 1 de octubre, el juez solicitó las actas del
diario de sesiones del Congreso correspondientes al día de la manifestación:

[E]n el acta, no consta alteración alguna del normal funcionamiento de la sesión.Es
más un diputado, en turno de fijación de posiciones, llegó a manifestar que
“el Congreso de los Diputados ha podido mantener su actividad hasta el momento
con absoluta normalidad (…..) por lo que sabemos todos los diputados han podido
acceder a la Cámara sin ningún problema”.

Tal como se ha indicado anteriormente, el 4 de octubre de 2012 el juez archivó
la causa al no poder determinar que se hubieran cometido infracciones de los
artículos 493, 494 y 495 del Código Penal, señalando que ese día no se había
producido alteración alguna de las actividades normales de la Cámara, que,
en contra de lo manifestado en el informe policial, no existía intención previa
de asaltar violentamente el Congreso, y que no se podía decir que los acusados
en esos procedimientos fueran los promotores o lideraran un grupo (calificado
en el informe policial como “radical”) con el propósito aducido por la policía,
sino que actuaban como individuos separados “y para ello baste ver que son
detenidos en distintos lugares sin cohesión en los hechos”.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 29

6. USO DE LA FUERZA DURANTE LAS ACTUACIONES POLICIALES EN LAS MANIFESTACIONES

A medida que, desde principios de 2011, el número y la frecuencia de las manifestaciones
han ido en aumento en toda España, se han recibido numerosas noticias sobre
uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en el contexto de esas manifestaciones.
Amnistía Internacional ha entrevistado a personas que resultaron heridas a
consecuencia de las acciones policiales y a otras que presenciaron incidentes
en los que la policía utilizó lo que parece haber sido fuerza excesiva para
dispersar a manifestantes pacíficos. También ha examinado grabaciones de vídeo
de esos incidentes disponibles en Internet, como una en la que se ve a la policía
golpeando repetidamente con sus porras a manifestantes la mañana del 27 de
mayo de 2011 en la Plaza Cataluña, en Barcelona, cuando evacuaron con violencia
a las personas que llevaban varios días ocupando pacíficamente la plaza. Las
grabaciones de vídeo disponibles en Internet muestran también una serie de
incidentes ocurridos cuando los manifestantes se congregaron en Madrid el 25
de septiembre de 2012 para “rodear el Congreso”.117 Según la información publicada
en los medios de comunicación, en diversos momentos a lo largo del día se desplegaron
30 unidades antidisturbios con 1.300 agentes. La mayoría de los manifestantes
eran pacíficos, aunque hubo algunos enfrentamientos entre la policía y los
manifestantes y agresiones físicas de algunos manifestantes a la policía.Resultaron
heridas más de 60 personas, entre ellas 27 policías. Treinta y cinco manifestantes
fueron detenidos.

Las imágenes de estos sucesos difundidas en diversos medios de comunicación
y las múltiples imágenes captadas y grabadas por personas que estaban allí
y publicadas en Internet muestran a la policía cargando con porras y utilizando
otro tipo de fuerza contra manifestantes pacíficos. En concreto, las imágenes
del 25 de septiembre de 2012 muestran a agentes antidisturbios golpeando con
sus porras, algunos en la cara y el cuello, a manifestantes pacíficos que no
estaban agrediendo ni amenazando a nadie. Uno de los heridos recibió varios
golpes de porra mientras yacía en el suelo gritando que era un policía de paisano.
Esas imágenes muestran también a los agentes disparando pelotas de goma directamente
contra la multitud. En ellas se ve asimismo que los policías no parecen llevar
insignias o números visibles que permitan identificarlos individualmente, conforme
establece la legislación española. Amnistía Internacional ha identificado tres
áreas específicas de preocupación respecto a la actuación policial durante
manifestaciones y reuniones: uso excesivo e indiferenciado de la fuerza y uso
indebido de material antidisturbios para hacer frente a manifestantes; uso
excesivo de la fuerza al detener a manifestantes; y malos tratos a detenidos
puestos bajo custodia policial. Además, la organización ha recibido información
sobre periodistas que han Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril
de 2014

30 España: El derecho a protestar, amenazado

sufrido malos tratos o han sido objeto de otras medidas de obstrucción por
parte de la policía mientras realizaban su trabajo durante las manifestaciones.

6.1 NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL USO DE LA FUERZA Aunque la labor policial
durante las manifestaciones esdifícil y compleja, y en ocasiones los agentes
pueden tener que utilizar la fuerza para cumplir con la responsabilidad del
Estado de mantener el orden y la seguridad y evitar la delincuencia, al realizar
su trabajo los agentes deben cumplir las obligaciones contraídas por el Estado
en virtud del derecho internacional. En concreto, los agentes de las fuerzas
y cuerpos de seguridad deben garantizar que todas las personas pueden disfrutar
del derecho de reunión pacífica, y que el derecho a la vida y a la integridad
física y mental se respeta en todo momento. Las normas internacionales relativas
a las labores de cumplimiento de la ley establecen claramente que todo uso
de la fuerza por parte de la policía debe ser excepcional y debe cumplir las
obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de derechos
humanos, en especial la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida,
a la integridad física y a la seguridad de la persona. Esto se expone claramente
en el artículo 3 del Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley, que manifiesta que dichos funcionarios “podrán usar
la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera
el desempeño de sus tareas”.118 Los principios de legítimo propósito y estricta
necesidad y proporcionalidad englobados en esta disposición se exponen con
detalle en los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
que también incluyen medidas prácticas que los gobiernos y los cuerpos de seguridad
deben adoptar para garantizar el cumplimiento tanto del artículo 3 del Código
de Conducta como del derecho y las normas internacionales de derechos humanos
en general. La policía, en la medida de lo posible, debe utilizar medios no
violentos antes de recurrir al uso de la fuerza119 y, cuando el uso de fuerza
legítima sea inevitable, debe utilizarla con moderación y en proporción a la
gravedad y al objetivo legítimo que se persiga, y debe proceder de modo que
se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas
o afectadas. Los Principios Básicos subrayan el derecho a participar en reuniones
pacíficas, de acuerdo con los principios de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y establecen
que, al disolver reuniones que sean ilegales pero no violentas, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley deben evitar el uso de la fuerza o, si no
es posible, deben limitarlo al mínimo necesario.120 Los Principios Básicos
establecen también que todo uso de la fuerza que dé lugar a lesiones deberá
comunicarse a las autoridades superiores; asimismo, estipulan que esos incidentes
deben ser sometidos a un proceso de revisión eficaz, que debe haber autoridades
administrativas o judiciales independientes que estén dotadas de competencia
a este respecto, y que las personas afectadas deben tener acceso a un proceso
independiente, incluido un proceso judicial.121 El uso arbitrario o abusivo
de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
debe castigarse como delito.122

Esto significa que, incluso aunque los manifestantes actúen de manera violenta,
la policía debe reaccionar de forma proporcionada, utilizando únicamente la
fuerza mínima necesaria para contener la situación y restablecer el orden.
Al hacerlo, deben distinguir entre quienes actúan de forma violenta y quienes
no. Si sólo una minoría de los manifestantes actúa con Amnistía Internacional,
abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 31

violencia, el hecho de que la policía utilice la fuerza contra los manifestantes
en general contraviene el principio de proporcionalidad y uso mínimo de la
fuerza. Tampoco es legítimo disolver una manifestación simplemente porque algunos
manifestantes están cometiendo actos violentos. En esos casos, toda acción
policial debe ir dirigida contra esas personas en particular.123

Tal como ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, la promoción y protección de los derechos humanos
requiere no sólo un marco jurídico adecuado sino también esfuerzos constantes
para garantizar su aplicación efectiva.124 El diálogo entre los organizadores
de la protesta, las autoridades administrativas y la policía, junto con una
formación adecuada para la policía en materia de derechos humanos, que incluya
formación sobre el uso de la fuerza durante las protestas, puede contribuir
a proteger los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas.125

En España, la Ley Orgánica 1/1992 sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana
permite que las fuerzas y cuerpos de seguridad emprendan una serie de acciones
para restablecer la seguridad pública, especialmente en el caso de alteraciones
causadas por grupos de personas o de situaciones de inseguridad pública grave.
En general, las acciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están
reguladas por la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aparte
de esta ley general, hay otras normativas emitidas por el Ministerio del Interior,
como la Instrucción 12/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la
conducta requerida a las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el
derecho de las personas detenidas o bajo custodia policial, o la Instrucción
3/2009 sobre la forma en la que ha de practicarse la detención. La Instrucción
13/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad regula el uso del número de
identificación personal en los uniformes de los agentes. Las policías autonómicas
del País Vasco y Cataluña cuentan con normativas específicas.

En España, la responsabilidad de hacer cumplir la ley se divide entre una serie
de cuerpos de ámbito nacional, autonómico y municipal. En el ámbito nacional,
están la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Nacional es responsable
de hacer cumplir la ley principalmente en las grandes ciudades, mientras que
la Guardia Civil actúa en zonas rurales, y es responsable del control del tráfico
y las fronteras. Cataluña y el País Vasco cuentan con sus propias policías
autonómicas (los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, respectivamente), que han
asumido las competencias que antes correspondían a la Policía Nacional y la
Guardia Civil. 6.2 USO EXCESIVO DE MATERIAL ANTIDISTURBIOS Los casos que se
destacan más abajo, relativos al uso de la fuerza, mediante porras, por parte
de la policía y al disparo de pelotas de goma, suscitan preocupación respecto
a si las autoridades españolas han establecido normas adecuadas y otras salvaguardias
para prevenir el uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte de los agentes
de las fuerzas y cuerpos de seguridad y para minimizar las lesiones no justificadas.

Cuando se utilizan porras, es crucial que existan una formación periódica y
unas normas de uso estrictas para reducir al mínimo las lesiones no intencionadas.
Se trata de algo especialmente importante, ya que algunas partes del cuerpo
son especialmente vulnerables a Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional,
abril de 2014

32 España: El derecho a protestar, amenazado

las lesiones por golpes de porra, y los distintos tipos de porra tienen distinta
capacidad de infligir daño. Los golpes en la cabeza, el cuello y la garganta,
la columna vertebral, la zona lumbar y el plexo solar pueden provocar lesiones
importantes con contusiones y rotura de órganos internos, incluidos el corazón,
el hígado, el bazo o los riñones, o una lesión en la cabeza, mientras que losgolpes
en huesos y articulaciones, como las rodillas o los tobillos, pueden causar
dislocaciones y fracturas, así como lesiones de tejido blando.126 El disparo
de proyectiles “menos letales” ha provocado en ocasiones lesiones graves, e
incluso mortales. El diseño, el despliegue y el uso de esas armas deberían
someterse a una regulación muy estricta, similar a las armas de fuego. Algunos
estudios han demostrado que los proyectiles “menos letales”, ya estén fabricados
de plástico, goma, tejido o una mezcla de materiales, tienden a compartir una
serie de características peligrosas. A corta distancia, dependiendo del tipo
de propulsor utilizado, muchos de esos proyectiles pueden matar o causar lesiones
graves.127Los estudios médicos han mostrado un mayor riesgo de muerte o lesiones
graves si los proyectiles impactan en la cabeza o la parte superior del cuerpo;
incluso aunque no penetren en la cavidad corporal, pueden provocar otras lesiones
importantes.128Algunos datos sugieren que las mujeres corren un mayor riesgo
de sufrir lesiones por proyectiles de goma que los hombres, especialmente en
el cráneo, los ojos, el cerebro, los pulmones, el hígado y el bazo; los niños
y adolescentes también corren un riesgo mayor.129 La probabilidad de que esos
proyectiles causen lesiones graves se ve incrementada por la inexactitud y
poca fiabilidad general de la mayoría de los propulsores y proyectiles. Un
estudio llevado a cabo en 2001 en Estados Unidos sobre una diversidad de proyectiles
de impacto cinético concluyó que, en más de la mitad de los casos, la dispersión
a una distancia de 23 metros era superior a 45 centímetros, es decir, superior
a la anchura de una persona de tamaño medio.130 Este grado de inexactitud aumenta
considerablemente el riesgo de alcanzar a personas no implicadas, o de alcanzar
al objetivo deseado en zonas en las que se pueden causar la muerte o lesiones
graves.

ESTER QUINTANA

Tras una protesta celebrada en Barcelona después de una jornada de huelga general,
el 14 de noviembre de 2012, Ester Quintana, de 43 años y sin empleo, fue alcanzada
por una pelota de goma disparada por la policía,131 y perdió el ojo izquierdo
a consecuencia de ello. Durante la protesta hubo enfrentamientos entre la policía
y algunos manifestantes, en el transcurso de los cuales la policía antidisturbios
cargó contra los manifestantes. Según el relato de un representante de Amnistía
Internacional que observó la manifestación, la actuación policial fue tan indiferenciada
que provocó el pánico entre los manifestantes, en su mayoría pacíficos. Muchas
personas sufrieron lesiones al caer al suelo cuando la multitud, asustada,
huía de los policías. Según la información publicada en la prensa, que citaba
fuentes gubernamentales, 29 personas resultaron heridas, 12 de ellas mossos
d’Esquadra (agentes de la policía catalana). Veintidós manifestantes fueron
detenidos.132

Ester133 dijo a Amnistía Internacional que, al terminar la manifestación, ella
y sus amigos decidieron regresar a casa caminando. De repente llegaron varios
furgones de la policía antidisturbios, cuando la gente se estaba dispersando
pacíficamente y no se estaban produciendo incidentes en el lugar donde estaban
ella y sus amigos. Ester se giró para mirar Amnistía Internacional, abril de
2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 33

hacia atrás, en busca de uno de sus amigos que iba dos pasos por detrás, cuando
recibióel impacto de una pelota de goma en el lado izquierdo de la cara.

Existen varias imágenes tomadas en torno al momento en que Ester fue alcanzada
por el proyectil, algunas publicadas por la prensa y otras tomadas por participantes
con sus teléfonos móvilesy disponibles en Internet.134 La abogada de Ester
dijo a Amnistía Internacional que, en una de las grabaciones puestas a disposición
del juzgado de instrucción, pueden oírse dos disparos. Las imágenes publicadas
en Internet muestran a policías antidisturbios con lanzadoras de pelotas de
goma, y también hay varios testigos que afirman haberlos visto.135

Varias imágenes muestran a Ester momentos después de recibir el impacto en
la cara. Tuvo que ser llevada al hospital, donde fue operada esa misma noche
y permaneció varios días ingresada. Amnistía Internacional ha tenido acceso
al informe forense, según el cual el objeto que le impactó a Ester en el lado
izquierdo de la cara causó la pérdida del ojo y seccionó el nervio orbital.

Pese a las pruebas sobre la lesiónsufrida por Ester Quintana, el entonces consejero
de Interior del gobierno catalán, al comparecer ante el Parlamento catalán
el 2 de diciembre de 2012 para informar sobre los sucesos del 14 de noviembre,136
negó que los Mossos d'Esquadra hubieran disparado proyectiles antidisturbios
y atribuyó el impacto a una piedra que pudo haber sido arrojada por unos “encapuchados”.
Sin embargo, la abogada de Ester dijo a Amnistía Internacional que, según uno
de los enfermeros que la atendieron, en la herida no se apreciaban restos de
cristal ni tierra. Se trataba de una “herida lisa completamente compatible
con el impacto de una pelota de goma”, tal como corroboró el informe forense
de los médicos que declararon ante el juez encargado de la instrucción iniciada
en diciembre de 2012, tras la querella presentada por Ester, en relación con
una causa penal abierta contra la policía. Unos días después de la sesión en
el Parlamento catalán, las imágenes disponibles y publicadas en Internet que
mostraban a un agente utilizando una lanzadora obligaron al consejero de Interior
a admitir la posibilidad de que se hubieran disparado pelotas de goma. El consejero
dijo que no había recibido un informe completo sobre los sucesos de aquella
noche, y culpó de ello a un error en la cadena de mando, pero aun así siguió
negando que Ester hubiera recibido el impacto de una pelota de goma. A consecuencia
de ello, el entonces comisario del Área de Recursos Operativos de los Mossos
d'Esquadra dimitió.137

En diciembre de 2012, el comisario del Área de Recursos Operativos de los Mossos
D’Esquadra anunció que se llevaría a cabo una investigación interna sobre los
sucesos de ese día. Sin embargo, según la abogada de Ester, cuando cuatro meses
después los dos agentes fueron interrogados (en su presencia)en el contexto
de las diligencias judiciales, ambos declararon que, hasta ese momento, sus
superiores no les habían interrogado sobre aquellos sucesos, algo que normalmente
se consideraría un elemento necesario para una investigación interna.

En el momento de redactar este informe, la instrucción judicial de estos hechos
está en curso, y dos agentes han sido acusados formalmente de causar lesiones
graves. La abogada de Ester dijo a Amnistía Internacional que le decepcionaba
que el juez de instrucción y la Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional,
abril de 2014

34 España: El derecho a protestar, amenazado

fiscal hubieran delegado la investigación en la misma institución policial
a la que pertenecen los dos agentes (Mossos d'Esquadra). En su opinión, esto
pone en duda la fiabilidad de la investigación, y la abogada cuestionaba si
sus resultados reflejarían un relato auténtico y completo de los hechos. A
este respecto, la abogada mencionó el problema del elevado coste de conseguir
informes periciales independientes, algo que da lugar a que no siempre se puedan
obtener segundas opiniones. También expresó preocupación por lo que considera
la vertiente política del caso, es decir, que la imagen pública del consejero
y de la policía podría verse perjudicada si la causa contra los dos agentes
condujera a su condena.138

Ester dijo a Amnistía Internacional:

La víctima se siente sola en un peregrinar donde sólo tus amigos más íntimos
y tu familia te apoya. En los últimos diez meses, he sufrido cuatro operaciones,
no sólo en el ojo. Debido al impacto de la pelota, tengo desviado el tabique
nasal, lesiones en la boca y el oído, y he perdido la sensibilidad en la parte
izquierda de la cara. Sigo en tratamiento psicológico, mi rutina diaria se
ha visto afectada, también la manera en la que me relaciono con la gente, en
cómo me ven. Por otra parte, me han denegado todas las ayudas sociales que
he solicitado.

La Associació STOP Bales de Goma, con sede en Cataluña, ha informado sobre
numerosos casos de lesiones graves sufridas a consecuencia del impacto de pelotas
de goma disparadas por agentes durante las actuaciones policiales en manifestaciones
y concentraciones, y ha pedido que se prohíba su uso.139 Cuando Ester Quintana
perdió el ojo a causa del impacto de una pelota de goma, la asociación lanzó
una campaña sobre el tema. En parte a consecuencia de la lesión sufrida por
Ester y de esa campaña, el 27 de febrero de 2013 el Parlamento catalán aprobó
por mayoría el establecimiento de un comité encargado de estudiar los modelos
de orden público y el uso de material antidisturbios, especialmente pelotas
de goma, por parte de los Mossosd'Esquadra. El comité inició su trabajo el
26 de abril. El 26 de noviembre de 2013 hizo públicas sus conclusiones, que
incluían la recomendación de prohibir el uso de pelotas de goma.140 CONSUELO
BAUDÍN

Consuelo Baudín, de 55 años, ama de casa con un hijo,recibió cerca del riñón
derecho el impacto de una pelota de goma disparada por la policía. Consuelo
había acudido a mostrar su solidaridad con los miles de mineros de la “Marcha
Negra” que, junto con sus familias, se habían concentrado el 11 de julio de
2012 ante el Ministerio de Industria, en Madrid. Esa concentración era la culminación
de una protesta de tres semanas contra los recortes del gobierno que afectaban
a la minería de carbón. La manifestación terminó con un enfrentamiento entre
la policía y algunos de los manifestantes que, según la información, se saldó
con un total de 76 personas heridas, algunas de ellas, como Consuelo, por pelotas
de goma; entre los heridos había 33 agentes de policía.141 Los vídeos y fotografías
publicados en Internet muestran que, aunque algunos manifestantes arrojaron
objetos a la policía, la gran mayoría eran pacíficos. Esos mismos vídeos y
fotografías muestran a policías, sin identificación individual, que portan
lanzadores de pelotas de goma, y que golpean con sus porrasa manifestantes
que yacen en el suelo sin ofrecer resistencia. Consuelo dijo a Amnistía Internacional
que, cuando recibió el impacto, no había disturbios a su alrededor. Recuerda
que dijo gritando a los policías que los recortes sufridos también les Amnistía
Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 35

ibana afectar a ellos. No estaba lejos de ellos (ella calcula que a unos 30
metros) cuando vio que uno de los agentes sacaba su lanzador. Ella se giró
instintivamente, y en ese momento recibió el impacto de una pelota de goma.
Consuelo afirma que vio cómo el policía disparaba directamente contra ella.

Las imágenes de vídeo grabadas por los medios de comunicación y por personas
presentes en la manifestación, disponibles en Internet, muestran los momentos
previos y posteriores al incidente en el que Consuelo resultó herida.142 Tras
ser asistida por los servicios de emergencia en el lugar de los hechos, Consuelo
fue trasladada al Hospital de la Princesa, en Madrid, donde permaneció ingresada
dos meses. Según el informe médico, al que Amnistía Internacional ha tenido
acceso, había recibido un impacto en la espalda que le había causado traumatismo
torácico con fracturas costales en hemitórax derecho, neumotórax, contusión
pulmonar derecha, fractura de vértebras y laceración hepática. El fallo renal
que Consuelo sufríapreviamente se ha agravado desde ese suceso. Consuelo tuvo
que permanecer en cuidados intensivos durante 40 días, y requirió ventilación
mecánica. A consecuencia de sus lesiones, tras recibir el alta hospitalaria
tuvo que quedarse con un familiar porque no podía cuidar de sí misma, y necesitó
20 sesiones adicionales de rehabilitación.

Consuelo dijo a Amnistía Internacional que, aunque se está recuperando de las
lesiones físicas, aún sufre importantes secuelas psicológicas. La investigación
iniciada por la oficina del Defensor del Pueblo sobre el caso de Consuelo tras
la denuncia presentada por la familia a ese organismo continúa abierta en el
momento de redactarse este informe. Según ha dicho personal del Defensor del
Pueblo a Amnistía Internacional, en agosto de 2013 se requirió más información,
ya que, pese al informe médico de la unidad de emergencias (Samur), la respuesta
del Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo negaba que el Samur hubiera
atendido a ninguna persona herida de gravedad por la actuación policial. En
septiembre, el Ministerio del Interior seguía sin aportar respuestas, pero
informó a la oficina del Defensor del Pueblo que estaba estableciendo protocolos
para el uso de material antidisturbios en las manifestaciones.143 La familia
de Consuelo Baudín también presentó una querella contra el policía que causó
las lesiones a Consuelo. El caso ha sido sobreseído provisionalmente por el
juez de instrucción porque, aunque considera que existen pruebas de que “los
hechos investigados son constitutivos de investigación penal”, se desconoce
la identidad del agente responsable. En el momento de redactar este informe,
los abogados de Consuelo han apelado contra esta decisión ante la Audiencia
Provincial de Madrid, que ha ordenado al Juzgado de Instrucción reabrir el
caso con fecha 5 de marzo.144

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego piden
a los gobiernos y a los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley que adopten
una amplia serie de métodos y doten a la policía de diversos tipos de material
para permitir un uso diferenciado de la fuerza, incluido material autoprotector
para reducir la necesidad de utilizar cualquier tipo de armas.145 Amnistía
Internacional siente especial preocupación por el uso de armas antidisturbios,
como las pelotas de goma, que, aunque calificadas de “no letales”, pueden,
tal como demuestra este informe, causar lesiones graves, y en algunos casos
han causado la muerte.El uso Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional,
abril de 2014

36 España: El derecho a protestar, amenazado

excesivo de esas armas constituye una violación grave de derechos humanos,
y su uso arbitrario o abusivo debe tratarse como un delito.146 La legislación
española no regula específicamente el uso de la fuerza por parte de la policía.
El artículo 5.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
expone los principios de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza
por parte de la policía, unos principios reiterados en el artículo 26 del Código
Ético de la Policía Nacional adoptado en mayo de 2013. Amnistía Internacional
pidió al Ministerio del Interior información sobre el contenido de las normas
relativas al uso de la fuerza por la policía y de la formación proporcionada
a los agentes, pero no recibió respuesta. Según la información proporcionada
a Amnistía Internacional por representantes del principal sindicato policial,
no existen protocolos generales sobre el uso de la fuerza, aunque el Ministerio
del Interior publicó recientemente (en septiembre de 2013) un protocolo interno
sobre el uso del material antidisturbios. Amnistía Internacional ha tenido
acceso aese protocolo, un documento de cuatro páginas que no se ha hecho público.
En él se establecen los principios del uso gradual de la fuerza que la policía
debe emplear, y se resumen algunas normas técnicas para el uso de gas lacrimógeno,
granadas de humo y pelotas de goma. También se estipula que hay dos tipos de
cartuchos de pelotas de goma deben dispararse desde una distancia de hasta
15 y 75 metros, respectivamente, y que deben utilizarse dispositivos atenuadores
para reducir su impacto cuando se disparena distancias cortas. Sin embargo,
el protocolo, en algunos aspectos importantes, no es plenamente conforme con
los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Por ejemplo,
establece que "las bolas de caucho se podrán lanzar contra individuos o grupos
de agresores cuya actitud entrañara riesgo para policías u otros ciudadanos,
o causaran daños materiales, con la finalidad de disuadir la actividad de los
mismos, disparando bajo la premisa básica de la menor lesividad posible“.

Los proyectiles “menos letales” no deben utilizarse nunca a menos que sea estrictamente
necesario y, si eso sucede, deben ser utilizados por agentes que hayan recibido
formación completa en el manejo de armas de fuego; además, su uso debe estar
sometido a regulación, supervisión y control efectivos. Sólo deben utilizarse
para evitar el uso de armas de fuego, en defensa propia o de otras personas
ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y sólo cuando los medios
menos extremos sean insuficientes para alcanzar este objetivo. Uno de los atributos
más importantes de estos dispositivos, si se quieren reducir al mínimo las
lesiones no intencionadas, es la exactitud.147 Por ejemplo, como se haseñalado
anteriormente, las ráfagas de pelotas de goma no deben dispararse al suelo,
ya que al hacerlo rebotan de manera impredecible y se aumenta el riesgo de
que impacten en una parte vulnerable del cuerpo, especialmente la cabeza o
el pecho, con fuerzasuficiente para causar una lesión grave. El arma, correctamente
manejada, no debe entrañar el riesgo de que el proyectil impacte en la cabeza,
el pecho o el abdomen de una persona, y no debe dispararse con tanta fuerza
que cause la perforación de la cavidad corporal u otra lesión innecesaria.
Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 37

Además, antes de utilizar proyectiles “menos letales”, los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley deben advertir claramente de su intención de emplear
esas armas, con tiempo suficiente para que la advertencia se tome en cuenta,
salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o se creara un riesgo de muerte
o daños graves a otras personas, o que esa advertencia resultara evidentemente
inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. Cuando, en el desempeño
de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilicen
ese tipo de armas, debe haberse activado un sistema de observación y presentación
de informes.

ElComité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos
o Degradantes (CPT), al comentar el uso de pelotas de goma por parte de los
Mossos d’Esquadra, recomendó que los requisitos para el uso de armas que disparan
proyectiles por parte de los policías deberían reflejar estrictamente los principios
que regulan el uso de armas de fuego, y su empleo debería ser exhaustivamente
regulado y controlado; sólo a los policías debidamente seleccionados y formados
se les debería permitir el uso de tales armas, y es fundamental someter a reconocimiento
médico a todas las personas contra las que se haya empleado este tipo de armas.
Además, debería ser siempre obligatoria la remisión de un informe detallado
y de una evaluación después de cada incidente en el que se hayan usado estas
armas.148

La Defensora del Pueblo, actuando sobre la denuncia presentada por una persona
ante su oficina respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de unidades
de la policía antidisturbios durante los incidentes del 25 de septiembre de
de 2012 en Madrid, recomendó al Ministerio del Interior que considerara la
posibilidad de aprovechar la oportunidad y redactar un protocolo sobre el uso
de la fuerza en las manifestaciones o reuniones masivas celebradas en lugares
públicos, con instrucciones claras y precisas sobre cómo y cuándo deben los
agentes de policía utilizar el material antidisturbios y otras armas reglamentarias.149

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras una visita
realizada a España enjunio de 2013, instó también a las autoridades españolas
a adoptar, con carácter prioritario, unas normas claras y vinculantes sobre
el uso proporcionado de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir
la ley en el contexto de las manifestaciones, incluso sobre la utilización
de armas que disparan proyectiles, en consonancia con las recomendaciones del
CPT y de la Defensora del Pueblo (véase supra), y la jurisprudencia del Tribunal
Europeo. También instó a impartir formación continua a las fuerzasdel orden
sobre cómo utilizar estas armas respetando los principios de oportunidad, proporcionalidad,
limitación y daños mínimos, contenidos en los Principios Básicos sobre el Empleo
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley.150 6.3 USO EXCESIVO DE LA FUERZA Y MALOS TRATOS AL PRACTICAR DETENCIONES
Amnistía Internacional ha recibido varios informes sobre uso innecesario, excesivo
o abusivo de la fuerza por parte de la policía al practicar detenciones. En
particular, la organización ha recibido información fidedigna sobre el uso
excesivo de la fuerza al detener a manifestantes pacíficos que no ofrecían
resistencia. Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

38 España: El derecho a protestar, amenazado

El CPT ha subrayado que no debe utilizarse más fuerza de la estrictamente necesaria
al practicar una detención; además, ha manifestado que, una vez que la persona
detenida está bajo control, no hay nada que justifique que sea golpeada por
agentes encargados de hacer cumplir la ley.151

LEANDRO ACOSTA

Leandro Acosta, músico de 19 años de doble nacionalidad española y uruguaya,
vive con su madre y trabaja en el bar del que ésta es propietaria. Según dice,
nunca había participado en ningún tipo de protesta antes de asistir a la manifestación
de "Rodea el Congreso" celebrada en Madrid el 25 de septiembre de 2012, y a
esta acudió por la indignación que sintió al ver una emisión de televisión
en directo que mostraba a un policía antidisturbios golpeando a un manifestante
pacífico. Estaba cerca del cordón policial cuando gritó que la policía antidisturbios
era una herramienta del sistema que se utilizaba para golpear a la gente. En
ese momento, un agente lo agarró por el brazo y otro por la cabeza y lo arrastraron
al interior del cordón. Unos segundos después, estaba rodeado de policías.
Dijo a Amnistía Internacional: Yo no golpeé, sólo intentaba resistirme para
que no me llevasen. Ni siquiera tuve tiempo de pensarlo, sí que les increpé,
diciendo que si se daban cuenta de lo que estaban haciendo.

Leandro describió cómo lo agarraban desde todas partes, y cómo lo arrojaron
al suelo y le dieron patadas. Después de esposarle, según afirma, empezaron
a golpearlo con más fuerza, incluso en la cara; lo golpeaban también policías
que antes no habían participado directamente. Recuerda a los policías riéndose
y preguntándolesi estaba colocado. Unos fotógrafos captaron el momento en que
era detenido.152 En una de las fotografías se ve a Leandro rodeado por unos
11 agentes que lo agarran por los brazos y las piernas. Desde detrás, otro
le agarra con fuerza la nariz y la cara. Me trataron de apretar los huevos
y la garganta, se veía que disfrutaban de hacerme daño [...]. Había cristales
de botellas rotas, y me tiraron encima de propósito; así me corté en el pecho
y empecé a sangrar.

Leandro sangraba también por la nariz, y tenía un labio roto. Pese a sus heridas,
según contó a Amnistía Internacional, no le proporcionaron asistencia médica
en el lugar de los hechos, donde permaneció esperando durante horas. Otros
manifestantes detenidos esperaban con él. Recuerda que uno de ellos había perdido
tres dientes, y otro se había desmayado a causa de los golpes de la policía.
El grupo fue trasladado más tarde, en un furgón policial, a una comisaría.
En el traslado, como sabían que no teníamos sujeción, dieron varias frenadas
y curvas de manera que nos cayéramos.

Pasaron varias horas antes de que le viera personal médico, pero para ello
hizo falta que otro detenido protestara y avisara de que necesitaba atención
médica. Tras ser examinado por los servicios médicos de emergencia de la comisaría,
lo llevaron al Hospital Infanta Leonor, donde le trataron sus heridas. Según
el informe médico del hospital, sufría traumatismos múltiples en la cabeza
y la cara, el pecho y el cuello (traumatismo craneofacial, traumatismo Amnistía
Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 39

cervical y traumatismo torácico cerrado).Leandro permaneció detenido dos días
antes de comparecer ante un juez, quien, tras tomarle declaración y acusarle
de alteración del orden, desobediencia y resistencia a la autoridad, ordenó
su libertad en espera de juicio (que, en el momento de redactar este informe,
aún no se ha celebrado). Leandro ha denunciado formalmente la agresión que
sufrió, pero todavía no se ha llevado a cabo la instrucción judicial.153 Según
él mismo afirma, no tuvo acceso a su informe médico, y tampoco recibió ningún
tipo de analgésico mientras estuvo detenido, pese a que los médicos lo habían
recomendado. Su abogado dijo a Amnistía Internacional que, para obtener el
informe médico del hospital, tuvo que escribir al departamento de atención
al paciente del centro hospitalario indicando que necesitaba el informe para
iniciar procedimientos judiciales contra la policía.

La Instrucción 3/2009 de la Fiscalía General del Estado sobre el control de
la forma en que ha de practicarse la detención, hace referencia al derecho
a la libertad, consagrado en el artículo 17 de la Constitución española, como
un derecho fundamental. El párrafo IV expone el marco legal y reglamentario
actual sobre la forma en que ha de practicarse la detención, y recuerda que
debe practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su
persona, reputación y patrimonio. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, como principio rector básico de la conducta de la policía, establece
que los policías deben “[i]mpedir, en el ejercicio de su actuación profesional,
cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia
física o moral”, y subraya que, al usar la fuerza, deben actuar de acuerdo
a los principios de proporcionalidad y a la naturaleza excepcional de dicho
uso. Pese a que la Instrucción 3/2009 recuerda que “los traslados de detenidos,
presos y penados se efectuarán de forma que se respeten la dignidad y los derechos
de los internos y la seguridad de la conducción”, tanto Leandro como otras
personas detenidas en días diferentes dijeron a Amnistía Internacional que,
durante su traslado tanto a la comisaría como al juzgado, tenían que sentarse
en bancos en la parte trasera de un furgón sin cinturones de seguridad. Además,
iban esposados, por lo que no podían sujetarse a nada. La conducción era abrupta,
con muchos golpes de freno y giros bruscos que les hacían golpearse o caer.
Algunas personas afirmaron que, en su opinión, esa manera de conducir era deliberada,
para hacerles caer y golpearse. 6.4 TRATO BAJO CUSTODIA POLICIAL Las personas
a las que Amnistía Internacional entrevistó para este informe, y que fueron
detenidas en Madrid en diferentes días en el contexto de manifestaciones, fueron
conducidas a la misma comisaría de policía, en el distrito de Moratalaz, en
la capital. La mayoría afirmaron haber permanecido allí detenidas en torno
a dos días. Al ser entrevistadas por la organización describieron el trato
violento y humillante que recibieron a manos de los agentes de la comisaría,
y las largas horas que tuvieron que permanecer de pie frente a una pared. Algunas
hablaron también del trato y los insultos que recibieron de un agente cuyo
aspecto físico describieron en términos similares. Índice: EUR 41/001/2014
Amnistía Internacional, abril de 2014

40 España: El derecho a protestar, amenazado

MANUEL BUSTAMANTE

Manuel Bustamante, de 20 años, participó en la protesta del 25 de septiembre
de 2012. Según dijo a Amnistía Internacional, llegó a la manifestación hacia
las seis y media de la tarde. Una hora después hubo varios enfrentamientos
entre policías y manifestantes en la zona de la manifestación en la queél se
encontraba. La policía antidisturbios cargó contra los manifestantes, y la
gente corrió hacia los lados de la calle para escapar. Manuel estaba a un lado
de la calle cuando recibió un fuerte golpe en la cabeza, propinado por uno
de los policías. Se chocó contra alguien y cayó al suelo. Cuando caí, varios
agentes me patearon por todo el cuerpo. Me cubrí la cabeza y les grité que
parasen; me golpearon en la cabeza, espalda, codo izquierdo y ambas rodillas.

Lo llevaron a la comisaría de policía de Moratalaz, junto con otros detenidos.
Allí le pusieron, junto con los demás, de pie frente a una pared. Manuel se
empezó a encontrar mal, y una mujer también detenida se lo dijo a la policía.
Cuando uno de los policías le preguntó qué le pasaba, dijo que estaba mareado
y tenía náuseas y dolor de cabeza. Otra policía le gritó, diciéndole que ella
también tenía dolor de cabeza. Como se sentía mal, Manuel apoyó la cabeza contra
la pared. Unos agentes empezaron a gritarle, preguntándole si se iba a dormir;
uno de ellos lo apartó de la pared para que no pudiera apoyarse contra ella.
No recuerda en qué momento perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, había
allí un médico de los servicios de emergencia. Lo llevaron al Hospital Gregorio
Marañón, donde permaneció conun goteo intravenoso hasta las 11 de esa mañana,
momento en que le dieron el alta. El médico le había diagnosticado traumatismo
craneoencefálico. Los médicos le recomendaron que hiciera reposo, que no hiciera
esfuerzos y que tomara analgésicos, si los necesitaba. Sin embargo, fue llevado
de vuelta al calabozo de la comisaría, donde había muchos otros detenidos.

Tenía necesidad de ir al baño, me habían puesto mucho suero en el hospital,
pero no me dejaban ir. En la celda seguía sin encontrarme bien, pedí que me
dieran algo para el dolor de cabeza, pero no pude tomar nada hasta que en el
juzgado, el médico forense me dio algo para el dolor.

Manuel está acusado de cargos penales por agresión a un agente y alteración
del orden (la causa aún estaba pendiente en el momento de redactar este informe).
Ha presentado una querella por el trato recibido de la policía, pero aún no
se ha realizado la investigación judicial.154

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que las personas
a las que entrevistó señalaron que, pese a que tenían lesiones, incluidas heridas
abiertas, causadas por golpes recibidos durante la detención, no recibieron
atención médica lo antes posible. También dijeron que, cuando las llevaron
al hospital o fueron examinadas por personal médico en la comisaría, los exámenes
se realizaron en presencia de policías y, salvo para la realización de pruebas
concretas, estuvieron esposadas todo el tiempo. Esas afirmaciones suscitan
honda preocupación respecto al incumplimiento, por parte de la policía, del
principio de respeto a la privacidad en el contexto del tratamiento médico,
y también respecto a lo inadecuado de mantener a personas inmovilizadas con
esposas en esa situación. Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR
41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 41

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego establecen
claramente que, cuando el uso legítimo de la fuerza sea inevitable, la policía
debe asegurarse de que todas las personas heridas o afectadas reciben asistencia
y servicios médicos lo antes posible.155 Las personas privadas de libertad
tienenderecho a ser examinadas por un médico con la menor dilación posible.156
Este derecho es parte integrante del deber de las autoridades de proteger a
las personas privadas de libertad y respetar su derecho a la salud. El Código
de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
manifiesta explícitamente que los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia
y tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.157
Por su parte, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha subrayado
que siempre debe llamarse a un médico sin demora si una persona lo solicita;
los agentes de policía no deben tratar de filtrar esas peticiones. Las mujeres
tienen derecho a pedir que las examine personal médico de sexo femenino, siempre
que sea posible.158 Para garantizar la confidencialidad, todos los exámenes
médicos a personas bajo custodia policial deben realizarse fuera de la escucha
de los agentesde policía y, a menos que el médico pida lo contrario en un caso
concreto, también fuera de su vista.159En esas situaciones, el uso de esposas
u otros instrumentos de inmovilización probablemente sólo será necesario en
casos excepcionales.160

ELENA Al atardecer del 12 de mayo de 2012, Elena (nombre ficticio), estudiante
de Filología Hispánica de 24 años de edad, asistió a una manifestación para
celebrar el primer aniversario del 15M (la manifestación del 15 de mayo de
2011 en la Puerta del Sol de Madrid). Luego se fue al bar de su padre. Hacia
las cinco de la mañana, regresó con unos amigos a la Puerta del Sol, donde
se quedó a esperar el autobús para volver a su casa. Calcula que en la plaza
había un centenar de personas, la mayoría sentadas en grupos separados, cuando
llegaron varios furgones policiales. Elena fue detenida junto con otras 18
personas.

Me había separado un momento de mis amigos, cuando se me acercó una policía
rubia y me dijo: ‘fuera de la plaza’, y me empujó. Le contesté: 'ahora voy,
antes voy a buscar a mis amigos'. En ese momento, me agarraron, me tiraron
al suelo y me arrastraron. El atestado policial dice que me resistí a la autoridad
y me negué a identificarme, pero no es cierto. Mis amigos intentaron ayudarme,
iban bien vestidos, también lo hizo un chico con cresta, a ellos les empujaron,
al otro chico también le detuvieron.

Cuando la llevaron a la comisaría, Elena pidió que la examinara el personal
médico, cuyo informe detalla abrasión y contusión leve en la mejilla derecha,
marcas de esposas en las muñecas y abrasiones en las rodillas. Elena recuerda
que los detenidos estuvieron mucho tiempo sentados esperando en un pasillo,
y empezaron a hablar entre ellos y con los policías encargados de su custodia.
Entonces llegó un agente y empezó a dar órdenes; amenazó e insultó al chico
que estaba enfrente de Elena. Ella comentó en voz alta que es muy valiente
amenazar a alguien cuando se va armado: [E]l policía me dijo que me iba a partir
la cara, cuando hice el amago de levantarme, me golpeó con la mano y me tiró
al suelo. Me golpeé la cabeza en el suelo, y me partí el labio, el policía
me dio patadas por todo el cuerpo, hasta que otros policías se lo llevaron
de allí.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

42 España: El derecho a protestar, amenazado

Al día siguiente, cuando la llevaron a comparecer ante el juez, fue acusada
formalmente de agresión, desobediencia y resistencia a la policía, y quedó
en libertad en espera de juicio.Le contó a ese mismo juez los malos tratos
que había sufrido y presentó una querella.

Al quedar en libertad, acudió al Hospital Gregorio Marañón a que le hicieran
un reconocimiento médico.Su abogada le aconsejó que se asegurara de obtener
un informe médico detallado que pudiera utilizar en los procedimientos contra
la policía.Según contó Elena a Amnistía Internacional, tuvo que insistir varias
veces en que se especificaran sus lesiones en el informe médico.El informe
del hospital no sólo dejaba constancia de las lesiones leves señaladas en el
primer informe, el elaborado por el personal de emergencia, sino que además
certificaba que Elena sufría traumatismo craneoencefálico, abrasiones superficiales
en los miembros inferiores, contusiones bilaterales tanto en los brazos como
en los antebrazos, contusiones en la región intraclavicular derecha, abrasiones
dispersas y superficiales en las extremidades superiores e inferiores, cervicalgia
postraumática y contusión en la muñeca derecha. Esas lesiones coinciden con
las denuncias de Elena.

Elena dijo a Amnistía Internacional que el incidente fue una experiencia muy
traumática.

[E]stoy imputada por un delito de lesiones, atentado, desobediencia y resistencia,
yo que no he roto un plato en mi vida, la preocupación de la familia. Ahora
tengo miedo de ir a las manifestaciones, intento ser más precavida.

Respecto a la querella presentada por Elena ante el juez sobre los malos tratos
sufridos a manos de la policía, su abogada pidió al juez que requiriera las
grabaciones del circuito cerrado de televisión, ya que en el pasillo donde
Elena fue golpeada por el policía había una cámara de vídeo. Elena no fue examinada
por un médico forense hasta mediados de septiembre de 2012. En el momento de
redactar este informe, la investigación judicial estaba aún pendiente, y no
se disponía de información sobre si se había aceptado su petición al juez de
que obtuviera las grabaciones del circuito cerrado.

El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas
a Cualquier Forma de Detención o Prisión establece la obligación de tratar
a los detenidos humanamente y con el respeto debido a su dignidad; también
establece que las personas detenidas no serán, en ninguna circunstancia, sometidas
a tortura o trato cruel, inhumano o degradante.161 El ejercicio del derecho
a recibir atención médica bajo custodia, señalado más arriba, es importante
no sólo en sí mismo, sino en tanto que ayuda a prevenir la tortura y otros
malos tratos y contribuye a que, si éstos se producen, los responsables comparezcan
ante la justicia. El CPT, en su informe más reciente sobre España, señaló específicamente
las denuncias de malos tratos a detenidos bajo custodia en Moratalaz. El Comité
destacó que en algunas de las comisarías visitadas, entre ellas la de Moratalaz,
había encontrado palos o bates de béisbol. Reiteró que las autoridades españolas
deben mantenerse firmes en sus esfuerzos por luchar contra los malos tratos
por parte de los agentes de las fuerzas del orden y, en particular, recordó
que no debe utilizarse más fuerza de la estrictamente necesaria cuando se lleve
a cabo un arresto, y que, una vez que las personas detenidas ya se encuentran
bajo control, no puede existir nunca justificación alguna para propinarles
golpes.162 Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 43

En informes previos sobre España, Amnistía Internacional ha señalado que no
se garantiza el derecho de los detenidos a ser examinados por un médico sin
la presenciade la policía, y que los informes médicos inexactos o incompletos
son factores que contribuyen a la impunidad por los malos tratos a detenidos
bajo custodia policial y a la persistencia de esta práctica. También ha señalado,
como factor contribuyente, la falta de grabaciones sistemáticas de vídeo y
audio en las zonas de las comisarías donde pueda haber detenidos, y ha pedido
que se instalen sistemas de ese tipo.163 Más recientemente, el Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura (MNPT), en su informe anual de 2012, expresó su
preocupación por el hecho de que aún no se hubieran instalado debidamente sistemas
de vigilancia por vídeo en las comisarías de policía.164

6.5 TRATO DEGRADANTE POR MOTIVOS DE GÉNERO Algunos de los testimonios recibidos
por AmnistíaInternacional han destacado el trato degradante infligido a mujeres
detenidas en el contexto de las protestas. Una de las personas entrevistadas
comentó que, aunque la policía utilizaba un mayor grado de fuerza contra los
hombres, las mujeres sufrían, conmucha frecuencia, insultos sexistas. Un hombre
entrevistado por Amnistía Internacional señaló que, mientras que a él lo sometieron
a violencia física, a su amiga la sometieron a humillaciones, y algunos agentes
se estuvieron burlando de la foto de su carnet de identidad. MARIA María (nombre
ficticio), estudiante de 21 años, participó en la manifestación celebrada en
Madrid el 23 de febrero de 2013 bajo el lema “Marcha Ciudadana”, una convocatoria
conjunta realizada por varios movimientos de protesta no violentos.

La manifestación se había convocado en 80 ciudades de España para protestar
contra las medidas de austeridad del gobierno y la corrupción. En Madrid, cuatro
grupos procedentes de distintas partes de la ciudad se reunieron en la Plaza
de Neptuno, ante el Congreso de los Diputados, donde se leyó un manifiesto.
Aunque la manifestación transcurrió de forma pacífica, a las ocho de la tarde,
hora en que las autoridades habían estipulado que debía disolverse, algunas
personas gritaron que no se marchaban;cientos de policías antidisturbios se
desplegaron en la zona y se produjeron enfrentamientos, con cargas policiales
contra grupos de manifestantes, incluso en lugares alejados de la Plaza de
Neptuno. Cuarenta personas fueron detenidas y al menos 12 tuvieron que ser
atendidas por los servicios médicos de emergencia.

Según relató a Amnistía Internacional, al concluir la manifestación María regresaba
a su automóvil junto con dos amigos para volver a casa cuando se encontraron
con gente que huía de la policía antidisturbios. Se asustaron y echaron a correr
también. Cuando ya no pudieron seguir corriendo porque estaban agotados, se
refugiaron en la entrada de un restaurante, junto con otras personas que también
huían de la policía.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

44 España: El derecho a protestar, amenazado

No sabíamos qué estaba pasando, no teníamos nada que ver con la gente que huía
de la policía, pero créeme, cuando ves a la policía corriendo hacia ti, ¡tú
también corres! Uno de los antidisturbios me acorraló contra la puerta del
restaurante y me presionó el cuello con su brazo mientras me gritaba “Asquerosa,
que te he visto tirar piedras”, a pocos centímetros de mi cara. A continuación,
me agarró del cuello por detrás y me arrastró hasta la carretera mientras me
gritaba: “Te voy a dejar libre porque te estás cagando de miedo pero la próxima
vez te reviento la cabeza”.

A María, pese a todo, la llevaron a la comisaría de Moratalaz junto con otros
detenidos. Un agente la sacó del furgón diciéndole: “Vamos Blancanieves”. María
contó a Amnistía Internacional que le temblaban las piernas y, por la manera
en que la tenían agarrada, con el brazo a la espalda, se veía forzada a caminar
agachada, casi a gatas. Cuando se quejó, el agente que la acompañaba de dijo:
“qué blandita eres”, y la obligó a caminar más deprisa. María dice que la cabeza
le daba vueltas, y entonces ese mismo policía dijo, riéndose: “qué blanda eres,
mucha manifestación y luego mira”. María tuvo que permanecer largo rato de
pie frente a una pared.

Ya no podía ver, hice un esfuerzo, me di la vuelta, apoyé la cabeza en la pared,le
miré y le dije “me voy a caer”, a lo que me contestó: “¿qué quieres? ¿Agua
o sexo?”. Dije, “agua”.

Según afirma María, los policías hicieron bromas sobre ella, diciendo que era
una snob que participaba en manifestaciones. Ella pidió que la examinara elpersonal
médico de emergencias, pero nadie le prestó atención médica. A la mañana siguiente,
un policía le tomó declaración y pudo ver a su abogado. Pensaba que la iban
a dejar en libertad, pero la devolvieron al calabozo hasta el día siguiente,
cuando lallevaron junto con los demás a comparecer ante un juez. También fue
examinada por un médico forense. Según contó a Amnistía Internacional, cuando
se quejó ante el médico del trato y las contusiones, le pareció que el médico
trataba de disculpar a la policía. María está acusada de ser una de los cabecillas
de un grupo de 25 personas que estaban arrojando piedras, aunque ella asegura
que nunca había visto a ninguna de las otras personas. En el momento de redactar
este informe, no había habido novedades sobre su causa judicial.

6.6 ATAQUES CONTRA PERIODISTAS DURANTE MANIFESTACIONES Amnistía Internacional
siente preocupación por los informes que indican que los periodistas y fotógrafos
que cubren las manifestaciones han sido blanco de la violencia policial. Desde
que las protestas en contra de las medidas de austeridad empezaron a ir en
aumento, diversos periodistas y medios de comunicación han denunciado el trato
a que han sido sometidos, que incluye insultos o golpes de agentes de las fuerzas
y cuerpos de seguridad mientras realizan su trabajo de informar sobre las manifestaciones.165
En agosto de 2011, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por
sus siglas en inglés) y Reporteros sin Fronteras (RSF) registraron incidentes
de violencia policial contra periodistas que informaban sobre las protestas
en el contexto del movimiento 15M y otras manifestaciones. Por ejemplo, informaron
de que Gorka Ramos, periodista del sitio web de Amnistía Internacional, abril
de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 45

noticias Lainformacion, había sido detenido y golpeado cuando informabasobre
las protestas del 15M ante el Ministerio del Interior, en Madrid, el 4 de agosto,
y había sido acusado de desobediencia a las autoridades. Según RSF, después
de que Gorka Ramos mostrara su credencial de prensa, un policía lo golpeó en
el estómago, yluego otros 11 lo rodearon y lo golpearon repetidamente por todo
el cuerpo; las imágenes de vídeo grabadas por otro profesional de los medios
de comunicación sirvieron para refutar las alegaciones de los policías de que
Ramos les había insultado.166

En noviembre de 2012, una cadena de televisión denunció la detención de una
operadora de cámara freelance que trabajaba para ellos mientras filmaba una
protesta contra los desahucios en Sevilla;167 la mujer había sido detenida
y mantenida bajo custodia durante 20 horas, y acusada de atentado, ocupación
ilegal de un inmueble, desobediencia, lesiones y daños. Un representante de
la Asociación de la Prensa denunció la práctica de la policía en este y otros
casos similares, y dijo que era un medio de prevenir que se graben “cosas que
resulten incómodas”.168 JUAN RAMÓN ROBLES169

Este periodista freelance, de 25 años, dijo a Amnistía Internacional que había
sufrido varias agresiones a manos de la policía mientras realizaba su trabajo
de observar las manifestaciones. La policía le rompió su equipo en varias ocasiones,
por ejemplo mientras documentaba la carga policial en la estación de tren de
Atocha-Cercanías en Madrid durante la manifestación celebrada en la capital
el 25 de septiembre de 2012 bajo el lema “Rodea el Congreso”.

Filmó los incidentes y enfrentamientos entre algunos de los manifestantes y
la policía, y lo que sucedió cuando algunas de las unidades de la policía antidisturbios
entraron en la estación de Atocha.170 Las imágenes muestran a policías que
golpean con susporras a pasajeros de la estación que no tenían conexión aparente
con la protesta. José Ramón presenció también cómo unos policías disparaban
lo que le parecieron pelotas de goma o balas de fogueo en la estación, y el
pánico que eso creó entre los viajeros, que puede verse en la grabación.171
Juan Ramón filmó asimismo el momento en que varios policías, al percatarse
de la presencia de periodistas, se acercan a ellos y les exigen que les entreguen
su equipo. Según dijo a Amnistía Internacional, mientras estaba grabando un
policía se acercó a él y le pidió que dejara de grabar y que se identificara.
Pese a que llevaba su acreditación de prensa visible, el agente insistió en
que le enseñara sus documentos de identidad. Según su relato, el agente entonces
lo arrastró hasta debajo de la escalera mecánica que conducía al andén y le
golpeó la cámara, rompiéndole el micrófono.172

Juan Ramón contó a Amnistía Internacional que ése no había sido su único incidente
con la policía. En varias ocasiones, los agentes le han gritado e insultado,
diciéndole que dejara de grabar cuando filmaba agresiones a manifestantes detenidos.
Juan Ramón contó que, la noche antes del 14 de noviembre de 2012, día de la
Huelga General, un policía le golpeó con fuerza en la espalda mientras grababa
una carga policial.173

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

46 España: El derecho a protestar, amenazado

Los propios periodistas, al igual que el resto de la población, tienen derecho
a la libertad de expresión y, como parte de su labor profesional, desempeñan
una importante función para facilitar el ejercicio de ese derecho por parte
de otras personas, incluido el derecho de la ciudadanía a la información. El
Comité de Derechos Humanos ha subrayado que la existencia de medios de prensa
y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es esencial
en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el
goce de otros derechos humanos.174 En particular, se ha demostrado que el papel
de los periodistas es crucial para reunir información, imágenes de vídeo o
fotografías sobre concentraciones y manifestaciones, incluidas las acciones
emprendidas por la policía para garantizar el orden público. Es en parte gracias
al trabajo de periodistas y fotógrafos que se han desvelado y documentado violaciones
de derechos humanos, incluido el uso excesivo de la fuerzapor la policía, en
los últimos años. Las normas internacionales de derechos humanos, y en concreto
las Directrices de la OSCE/OIDDH, destacan el importante papel desempeñado
por los periodistas en la observación de las reuniones públicas. La prensa
realiza asimismo una labor esencial como “guardián público” en tanto que proporciona
información que puede contribuir a la rendición de cuentas por parte de los
agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan durante las manifestaciones;
también puede ser una fuente de información independiente tanto de los manifestantes
como de la policía. Habida cuenta de esa función, los periodistas deben ser
tratados como un elemento diferente a los manifestantes, y deben recibir el
mayor acceso posible por parte de las autoridades. En los casos en los que
se disuelven reuniones públicas, a los periodistas también se les puede pedir
que se disuelvan, pero no se les debe impedir que observen y graben la operación
policial.175 La obligación de los Estados de respetar y garantizar el derecho
a la libertad de expresión incluye garantizar el derecho de la población a
recibir información; el ejercicio de esos derechos sólo puede restringirse
si la restricción es demostrablemente necesaria y proporcionada para proteger
la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas, o para
garantizar el respeto de los derechos o la reputación de otras personas.176

De acuerdo con ello, las autoridades españolas deben permitir que los periodistas
y los medios de comunicación lleven a cabo su trabajo sin injerencias injustificadas.
Toda denuncia de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra periodistas
u otros observadores independientes debe investigarse de manera inmediata,
independiente y efectiva.

En 2007, el representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación
elaboró un informe especial sobre el trato a los medios de comunicación durante
las manifestaciones. Entre sus recomendaciones se encontraban que los funcionarios
encargados de hacercumplir la ley no impidan ni obstaculicen el trabajo de
los periodistas durante las manifestaciones públicas, y que los altos cargos
responsables de la conducta policial cuenten entre sus deberes el de garantizar
que los agentes reciben formación adecuadarespecto al papel y la función de
los periodistas y, especialmente, respecto a su papel durante las manifestaciones.177
Las labores periodísticas las desempeñan una amplia diversidad de personas,
desde periodistas profesionales hasta autores de blogs y otros medios que publican
a título personal Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 47

en la prensa, en Internet o en otros lugares. Las Directrices de la OSCE/OIDDH
subrayan que la libertad de observar las reuniones públicas debe garantizarse
no sólo a todos los profesionales de los medios de comunicación, sino también
a otros miembros de la sociedad civil, como los activistas de derechos humanos,
de los que puede considerarse que están desempeñando la función de guardianes
sociales y cuyo objetivo es contribuir a un debate público informado.178 Pese
aello, hay numerosos casos de periodistas que han sido sometidos a restricciones
al informar sobre los sucesos ocurridos durante una protesta, o a los que la
policía ha dañado las cámaras sin más razón evidente que la aparente intención
de evitar que se graben acciones abusivas. Según el informe de la Coordinadora
para la Prevención de la Tortura, al menos 53 periodistas (reporteros, fotógrafos,
cámaras) resultaron heridos en 2012 en distintas localidades de España al ser
golpeados por agentes de policía mientras informaban sobre protestas sociales.
De esos casos, ocho tuvieron lugar cuando los periodistas trataban de grabar
conductas indebidas de la policía contra otras personas. Además, hubo otros
casos de periodistas a los que se impusieron multas administrativas por infracción
de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.179 Índice: EUR 41/001/2014
Amnistía Internacional, abril de 2014

48 España: El derecho a protestar, amenazado

7. INVESTIGACIÓN INADECUADA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY

Junto con las denuncias, reiteradas y fidedignas, de uso excesivo o abusivo
de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en
España, también hay información sobre impunidad persistente en estos casos.
Existe una falta de investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas sobre
las denuncias de uso innecesario o excesivo de la fuerza y otras violaciones
graves de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley. En 2007, en un informe sobre los malos tratos y la tortura en España,180
Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que, aunque
la tortura y otros malos tratos por parte de los agentes del orden no eran
una práctica sistemática, tampoco podían calificarse –tal como hacían las autoridades–
de casos aislados perpetrados por agentes que actuaban solos. En respuesta
a las afirmaciones de las autoridades de que la inmensa mayoría de las denuncias
de malos tratos formuladas contra agentes eran falsas, la organización reconoció
que en ocasiones podían realizarse acusaciones falsas, pero subrayó que la
ausencia persistente de investigaciones adecuadas sobre todas las denuncias
de malos tratos no ayuda a garantizar ni que los responsables rinden cuentas
de sus actos ni que se limpia con autoridad el nombre de los agentes que son
objeto de acusaciones falsas. En su informe, Amnistía Internacional criticaba
las debilidades estructurales que afectaban a todos los aspectos de la prevención,
la investigación y el castigo de la tortura y otros malos tratos a manos de
agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La organización pidió, entre
otras cosas, que los policías estuvieran debidamente identificados durante
el desempeño de sus funciones, una medida clave para combatir la impunidad.
En un segundo informe publicado en 2009, que actualizaba el de 2007,181 la
organización concluyó que las autoridades españolas seguían sin cumplir con
su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de llevar a cabo
investigaciones efectivas, imparciales e independientes sobre las denuncias
de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley. El informe mostraba que las víctimas de tortura y otros
malos tratos cuyos casos se habían expuesto en 2007 aún no habían recibido
un remedio efectivo, en parte porque las autoridades españolas no estaban tomando
medidas adecuadas para reformar el actual sistema de investigación de las denuncias
de violaciones Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

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graves de derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad para conformarlo alas normas internacionales sobre independencia,
imparcialidad y exhaustividad. A consecuencia de ello, las denuncias de malos
tratos a manos de la policía seguían siendo investigadas por unos tribunales
penales que dependían en gran medida de investigadores pertenecientes a la
misma fuerza policial que los agentes que estaban siendo investigados. El derecho
internacional establece que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos
deben ser investigadas sin demora y de manera exhaustiva, independiente e imparcial,
que las víctimas deben tener acceso a remedio efectivo y reparación, y que
los responsables 182 deben comparecer ante la justicia. Además, los Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen expresamente que todo caso de
lesiones o muertes debidas al uso de la fuerza por la policía debe ser comunicado
y sometido a un proceso efectivo de revisión, y que debe haber autoridades
administrativas o fiscales independientes con competencia adecuada. Los Principios
Básicos subrayan además que los gobiernos tienen la obligación de garantizar
que el uso arbitrario o abusivo de la fuerza se castiga como delito.183

Con el fin de cumplir con su obligación de garantizar un remedio efectivo para
las violaciones de derechos humanos, los Estados deben ofrecer mecanismos efectivos
de presentación de denuncias pero, incluso aunque no exista una denuncia expresa
por parte de la víctima, debe iniciarse una investigación inmediata, imparcial
y efectiva siempre que existan motivos razonables para creer que puede haberse
cometido un acto de tortura u otros malos tratos. El Comité de Derechos Humanos
y el Tribunal Europeo han dejado claro que el hecho de que un Estado no investigue
las denuncias de tortura u otros malos tratos constituye una violación del
derecho a un remedio efectivo y del derecho a no ser sometido a tortura u otros
malos tratos.184

Todos los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que sean sospechosos
de haber cometidotorturas u otros malos tratos deben ser suspendidos del servicio
activo mientras se llevan a cabo las investigaciones. La investigación debe
incluir un reconocimiento médico. Toda persona que haya sido sometida a tortura
u otros malos tratos tiene derechoa una reparación adecuada, que incluya indemnización,
rehabilitación –lo cual incluye atención médica y psicológica y servicios sociales
y jurídicos–, satisfacción y garantías de no repetición.185 El Estado debe
asimismo garantizar que la investigación puede conducir a la identificación
y el procesamiento de los responsables, y que los que sean declarados culpables
reciben penas proporcionales a la gravedad de la violación cometida.186

Aunque los procedimientos penales contra agentes individuales son un elemento
clave para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos, no bastan
para garantizar que se rinden cuentas y que no se repiten las violaciones.
También es necesario realizar investigaciones administrativas efectivas para
determinar la responsabilidad institucional e identificar factores organizativos
subyacentes, tales como las líneas de mando dentro de la institución de la
policía, las normas de procedimiento o la formación, y para determinar cuáles
son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben
tomar para garantizar que esas violaciones no se repiten. También deben adoptarse
medidas efectivas para garantizar que las víctimas de violaciones de derechos
humanos cometidas por la policía reciben reparación inmediata yadecuada, que
incluya la indemnización y que no debe Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional,
abril de 2014

50 España: El derecho a protestar, amenazado

depender de la condena penal de los agentes individuales implicados o de que
las víctimas presenten una demanda civil en los tribunales. 7.1 IDENTIFICACIÓN
DE LOS AGENTES Un factor que contribuye a laimpunidad por el uso abusivo de
la fuerza u otras violaciones de derechos humanos es el hecho de que no se
pueda identificar individualmente a los agentes. En lo que se refiere a la
Policía Nacional, tanto la Ley Orgánica 2/1986 como, expresamente, la Instrucción
13/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad disponen que los agentes uniformados,
incluidos los pertenecientes a las Unidades Especiales de Intervención Policial
(UIP), es decir, la policía antidisturbios, deben ir correctamente identificados.Durante
su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados
en junio de 2012, el entonces secretario de Estado de Seguridad dijo, en respuesta
a una pregunta parlamentaria relativa a las denuncias sobre la falta de una
identificación policial correcta, que había recordado a la policía el requisito
de llevar identificación y, refiriéndose a los casos en los que policías uniformados
habían actuado sin llevar las placas identificativas en sus uniformes, dijo:
“[...] si se ha procedido así ha sido por ignorancia que no por malicia [de
los policías]”.187

Un año después, en abril de 2013, la Comisión Legal Sol presentó al Ministerio
del Interior un documento acompañado de abundantes fotografías y grabaciones
de vídeo que mostraban que los policías no llevaban correctamente sus placas
identificativas durante su actuación en las manifestaciones, y pidió que se
iniciaran procedimientos disciplinarios al respecto. En mayo de 2013, el actual
secretario de Estado de Seguridad respondió, en una breve carta, que no se
podían iniciar procedimientos disciplinarios porque no era posible identificar
a los agentes en cuestión.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha manifestado reiteradamente su
preocupación por el hecho de que, pese al requisito deque todos los policías
uniformados de servicio deben llevar identificación, en la práctica esto a
menudo no sucede. 188 La organización considera que el no emprender acciones
contra los agentes que no llevan sus placas identificativas fomenta un clima
de impunidad, en lugar de transmitir un mensaje claro de que los malos tratos
y el uso excesivo de la fuerza tendrán como respuesta los procedimientos disciplinarios
y penales oportunos.

Incluso en los casos en los que los agentes llevan placa identificativa, según
señalaron los observadores de Amnistía Internacional que asistieron a la manifestación
del 12M organizada por el movimiento 15M en Madrid el 12 de mayo de 2013, resulta
muy difícil leerla a causa del reducido tipo de letra y del color (dorado con
letras negras). La Defensora del Pueblo se ha dirigido al Ministerio del Interior
en relación con numerosas denuncias de ciudadanos recibidas a este respecto,
y ha recomendado que el Ministerio garantice no sólo que los agentes llevan
identificación sino que ésta es claramente visible para el público y puede
leerse desde una “distancia segura”, es decir que, conforme estipula la Instrucción
13/2007, debe ser visible a una distancia de aproximadamente 120 cm.

Las autoridades públicas responsables de la seguridadtambién han explicado
que, en el caso de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional o de
los Mossos d'Esquadra, la placa Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice:
EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 51

puede no ser visible a causa del equipo adicional, como los chalecos antitrauma
que los agentes deben llevar. Tanto el Ministerio del Interior como el gobierno
de Cataluña han anunciado que los chalecos deben llevar asimismo un código
numérico para las unidades de intervención (antidisturbios) tanto de la Policía
Nacional como de los Mossos d’Esquadra. El Ministerio del Interior acordó aumentar
el tamaño del código numérico de las unidades de intervención únicamente en
lo que se refiere a la numeración que llevan en sus prendas adicionales, como
los chalecos antitrauma, pero no accedió a aumentar el tamaño de la placa identificativa
normal que deben llevar todos los agentes de policía. Además, el número que
aparece en los chalecos antitrauma (impreso sólo en la espalda), no es el número
ordinario de identidad policial asignado al agente, sino un número diferente
asignado dentro dela unidad de intervención, y es también bastante largo (seis
o nueve dígitos), por lo que resulta bastante difícil memorizarlo.

7.2. FALTA DE INVESTIGACIÓN TRANSPARENTE En el caso de dos de las manifestaciones
descritas más arriba, en las que hubo denuncias de uso excesivo de la fuerza
por parte de la policía, las autoridades anunciaron que habría algún tipo de
investigación, pero no ha habido ningún resultado significativo. FALTA DE INFORMACIÓNSOBRE
LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LOS SUCESOS DE LA PLAZACATALUÑA DEL 27 DE MAYO
DE 2011 Tras la carga policial en la Plaza Cataluña el 27 de mayo de 2011,
y después de presentar un informe que incluía unas 390 denuncias de uso excesivo
de la fuerza, el Sindic de Greuges189 pidió al gobierno autonómico de Cataluña
que llevara a cabo una investigación interna sobre el uso desproporcionado
de la fuerza y, cuando fuera procedente, castigara a los responsables. Amnistía
Internacional se puso también en contacto con el entonces consejero de Interior
del gobierno autonómico catalán, Felip Puig, para pedirle que llevara a cabo
una investigación sobre los sucesos. La organización recibió una respuesta
del consejero de Interior en la que éste reconocía que podía haber habido problemas
en la manera de realizar la operación policial, y anunciaba que iba a ordenar
un análisis detallado para examinar qué había sucedido y evitar que se repitieran
los errores. Sin embargo, en respuesta al punto en el que se le señalaba que
el derecho y las normas internacionales pertinentes debenaplicarse en todo
momento, declaró que el máximo mecanismo de rendición de cuentas era su comparecencia
ante los representantes elegidos democráticamente en el Parlamento catalán.190
En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional no ha podido
determinar si la investigación anunciada se había llevado a cabo y cuáles habían
sido sus resultados. SIN RESULTADOS PÚBLICOS DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA ANUNCIADA
SOBRE EL PRESUNTO USO EXCESIVO DE LA FUERZA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 La
manifestación convocada bajo el lema “Rodea el Congreso” por la Coordinadora
25S y la Plataforma ¡En Pie!, celebrada el 25 de septiembre de 2012 en Madrid,
terminó con cargas policiales contra los manifestantes. Uno de los episodios
más graves, al que se hace referenciabrevemente en el apartado 5.5, tuvo lugar
en el interior de la estación de Atocha-

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

52 España: El derecho a protestar, amenazado

Cercanías, una de las estaciones de tren e intercambiadores de transporte más
concurridos de Madrid. Tras los enfrentamientos entre policías y manifestantes,
un grupo de agentes entró en la estación, al parecer para perseguir a manifestantes
que huían. Las imágenes y grabaciones de vídeo publicadas en Internet muestran
cómo los agentes de policía, junto con guardias de seguridad privada, utilizaban
fuerza excesiva. Los agentes irrumpieron en la estación utilizando sus armas
antidisturbios, y sembraron el pánico entre las personas que estaban en su
interior, que empezaron a gritar alarmadas. Las imágenes muestran a un policía
empujando a una persona escaleras abajo, a otros agentes golpeando con sus
porras a personas que esperan pacíficamente el tren en los andenes, y a unos
policías disparando de un andén a otro –no está claro si pelotas de goma o
balas de fogueo– mientras la gente grita y corre. Todo eso sucedió en los andenesde
la estación, junto a trenes en marcha, con el peligro que ello entraña.191
El 4 de octubre, el Ministerio del Interior anunció públicamente que se llevaría
a cabo una investigación interna sobre los sucesos del 25 de septiembre. El
9 de octubre, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior para
pedir una investigación independiente sobre el uso excesivo de la fuerza, y
especialmente sobre los sucesos de la estación de Atocha-Cercanías. La organización
pidió que los resultados de esa investigación se hicieran públicos, y que se
informara sobre el inicio de cualquier procedimiento disciplinario que se derivara
de ella, especialmente en relación con la carga policial.192 La organización
señaló también que ninguno de los policías uniformados parecíallevar una placa
identificativa visible, y pidió al ministro que tomara medidas disciplinarias
respecto a los agentes uniformados que no llevaban identificación.

El 28 de diciembre de 2012, en respuesta a la carta enviada por Amnistía Internacional
en octubre, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad, se
limitó a citar la legislación que regula las funciones policiales. Respecto
a la identificación de los agentes de policía, la respuesta justificaba la
falta de identificación visible refiriéndose a la necesidad de utilizar chalecos
antitrauma para proteger a los policías de los objetos que se les arrojan.
Respecto al uso de material antidisturbios, simplemente se refería de manera
general al uso de este tipo de material en otros países europeos. El Ministerio
no dio ninguna respuesta específica a la petición de Amnistía Internacional
de que se realizara una investigación independiente.

En enero de 2013, Amnistía Internacional envió una carta de seguimiento en
la que pedía información sobrela metodología y las conclusiones de la investigación
interna,193 a la que el jefe de Gabinete del Ministerio del Interior respondió
en febrero de 2013, diciendo: “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercen con
absoluta diligencia las competencias que la Constitución y las leyes les atribuyen
en estos casos, tratando de impedir la actuación de grupos violentos que impidan
o dificulten el libre y pacífico ejercicio del derecho de reunión, tal como
ocurrió en las manifestaciones mencionadas”. Una vez más, no se facilitó información
sobre si se había llevado a cabo la investigación interna anunciada en torno
a los sucesos específicos, de acuerdo con qué normas se había realizado o si
se habían iniciado procedimientos disciplinarios contra alguno de los agentes
implicados.

Más o menos al mismo tiempo, en enero de 2013, distintos medios de comunicación
publicaron que, según sus fuentes, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana,
órgano responsable de la investigación interna, había decidido archivar los
procedimientos sin Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 53

adoptar medidas disciplinarias contra los agentes implicados en la operación
de Atocha, al concluirse que no habían excedido los niveles admisibles de uso
de la fuerza. No hubo ninguna declaración pública de ningún representante del
Ministerio del Interior, ni se publicó el informe de conclusiones. Tampoco
se dio a conocer la metodología de esa investigación.

En mayo de 2013, Amnistía Internacional volvió a pedir una vez más al Ministerio
del Interior información sobre la investigación. En noviembre de 2013, la Secretaría
de Estado de Seguridad escribió de nuevo a la organización diciendo que, en
relación con los incidentes de Atocha, se había abierto un archivo de información
clasificada con un triple objetivo: saber qué sucedió, determinar si la policía
actuó adecuadamente, y determinar si debían iniciarse procedimientos disciplinarios.
La investigación se había archivado al no observarse irregularidades.

Amnistía Internacional siente una profunda inquietud por el hecho de que las
autoridades no hayan proporcionado información adecuada sobre las investigaciones
que puedan haberse llevado a cabo en torno a las denuncias de uso excesivo
de la fuerza por parte de la policía. Según el derecho internacional de los
derechos humanos, toda persona que haya sufrido violaciones de derechos humanos
tiene derecho a un remedio efectivo. Para ello es necesario que, entre otras
cosas, las denuncias de –en este caso– malos tratos o uso excesivo de la fuerza
por parte de la policía se investiguen de manera efectiva y, si se demuestran,
que se inicien procedimientos disciplinarios y penales contra los agentes responsables,
y se otorgue reparación, incluida indemnización económica, a quienes hayan
sufrido lesiones u otros daños a consecuencia de ello. Además, la aparente
falta de investigaciones adecuadas fomenta un clima de impunidad, en lugar
de transmitir un mensaje claro de que los malos tratos darán lugar a procedimientos
disciplinarios y penales apropiados. Esto se ve agravado cuando las autoridades
evitan proporcionar información sustancial sobre qué investigaciones se han
llevado a cabo –si es que ha habido alguna– y sobre qué medidas se están tomando
para garantizar que esos hechos no se repiten en el futuro.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido cinco principios de
independencia, idoneidad, prontitud, escrutinio público y participación de
la víctima para la investigación efectiva de las denuncias contra la policía
en relación con las muertes o lesiones graves ocurridas a consecuencia de la
acción policial (es decir, las contempladas en los artículos 2 o 3 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos).194 Esos principios tienen dos propósitos principales:
primero, garantizar que toda persona recibe un remedio efectivo por una presunta
violación de los artículos 2 o 3 del Convenio Europeo y, segundo, proteger
frente a las violaciones de derechos humanos proporcionando un marco de investigación
que sea efectivo y capaz de llevar a los infractores ante la justicia.195 Igualmente,
el Comité de Derechos Humanosde la ONU ha subrayado la obligación de los Estados
de garantizar el derecho a remedio en caso de violación de derechos, lo que
significa que se deben establecer los mecanismos judiciales y administrativos
necesarios para abordar las denuncias de violaciones de derechos formuladas
en virtud del derecho interno. El Comité ha subrayado que se requieren en particular
mecanismos administrativos para dar efecto a la obligación general de investigar
las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo y de maneraefectiva mediante
órganos independientes e imparciales.196 En casos de tortura o malos tratos,
en particular, debe llevarse a cabo una investigación cuando existan motivos
razonables para creer que esos actos pueden haberse cometido, incluso aunque
no haya una denuncia expresa de la víctima. Cuando esas investigaciones revelen
que se han cometido actos Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril
de 2014

54 España: El derecho a protestar, amenazado

delictivos, deben iniciarse procedimientos penales contra los responsables.
En particular, el uso arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley debe ser objeto de procedimientos penales.197

7.3. FALTA DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL ADECUADA Amnistía Internacional ha tenido
noticia de casos en los que los jueces no abren investigaciones, incluso cuando
hay señales de posibles malos tratos, a menos que las propias víctimas presenten
una denuncia. La obligación de iniciar esas investigaciones se deriva de la
obligación de los Estados de garantizar el derecho a remedio por violaciones
de derechos humanos, y está expresamente plasmada en tratados internacionales
en los que España es parte, como la Convención contra la Tortura. Esto es algo
que han subrayado repetidamente los órganos internacionales de vigilancia de
los derechos humanos, como el Comité de la ONU contra la Tortura o el CPT.
Esa investigación es además una medida preventiva: uno de los medios más efectivos
de prevenir los malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley es el examen diligente de todas las denuncias de malos tratos y, cuando
existan pruebas de actuación indebida, la imposición de sanciones disciplinarias
y/o penales adecuadas. Incluso aunque no exista denuncia expresa, si hay otros
indicios de malos tratos debe llevarse a cabo una investigación.198El CPT,
en particular, hasubrayado reiteradamente el papel de las autoridades judiciales
y fiscales en la lucha contra los malos tratos policiales, y ha recalcado que,
incluso cuando no exista denuncia formal, esas autoridades deben tener la obligación
legal de emprender una investigación cuando reciban información creíble, de
cualquier fuente, que indique que se han producido malos tratos contra personas
privadas de libertad.199 Recientemente, el comisario para los Derechos Humanos
del Consejo de Europa ha señalado también que losjueces de instrucción rara
vez parecen iniciar investigaciones por su propia iniciativa sobre casos de
presuntos malos tratos, y tienden a no examinar pruebas que podrían fundamentar
esas acusaciones.200

EL CASO DE SERGIO El 13 de julio de 2012, Sergio, de33 años y sin empleo en
esos momentos, acudió junto con su esposa y su hijo a una manifestación ante
la sede del Partido Popular en Barcelona para protestar contra los recientes
recortes. Según contó a Amnistía Internacional, se acercó a los Mossos d’Esquadra
que estaban ante la sede del partido y les dijo: “tus hijos van a pasar hambre
igual que los míos”. Sergio admite que los insultó, pero en ningún momento
se comportó con agresividad física hacia ellos. Hacia las 11 de esa noche,
de regreso a su casa, estaba a punto de entrar en la estación de metro de Ronda
Universitat, a unos dos kilómetros y medio de donde había tenido lugar el incidente
anterior, cuando dos hombres, de los que luego se dio cuenta que eran policías
de civil, saltaron sobre él. Poco después, cuando los policías de civil se
marcharon, llegaron los policías uniformados que le habían visto en la protesta.
Según el relato de Sergio, los policías uniformados lo placaron por detrás,
lo arrojaron al suelo, lo golpearon y le insultaron. Sergiofue detenido y acusado
de insultos, amenazas, daños y resistencia a la autoridad. Presentó una denuncia
por malos tratos contra Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 55

los policías. El juez encargado de examinar su denuncia, el mismo que se encargaba
de las denuncias contra Sergio, sobreseyó lacausa contra la policía. En su
decisión dijo que no podía ignorarse la situación procesal del detenido, y
que por tanto su testimonio no podía tenerse en cuenta de manera objetiva o
imparcial. El juez consideró que la denuncia de Sergio tenía un objetivo claro
de venganza para restar credibilidad a los cargos contra él, pues “no se alcanza
comprender qué razón puede llevar a unos funcionarios públicos a inventarse
la comisión de delitos para atribuírselos a una persona a la que ni siquiera
conocían, arriesgando de manera absurda uno de los bienes más preciados en
la sociedad actual, como es el trabajo estable”.

Las investigaciones criminales sobre las denuncias de malos tratos las llevan
a cabo los jueces de instrucción con la ayuda de la policía judicial (es decir,
la policía que actúa bajo la supervisión del juez de instrucción). Puesto que
no existe un cuerpo policial especializado e independiente encargado de investigar
esos casos, en algunas ocasiones el juez de instrucción pide que las pruebas
sean reunidas por agentes de una fuerza diferente a la que está siendo investigada,
pero esto no constituye una práctica ni regular ni obligatoria. Amnistía Internacional
ha documentado un patrón en el que, con frecuencia, los jueces de instrucción
sobreseen provisionalmente las denuncias contra la policía, unas veces inmediatamente
y otras tras una investigación mínima. Esto, en muchos casos, parece deberse
a que los jueces y fiscales se basan demasiado en las declaraciones de la policía
y no dan el mismo crédito a las declaraciones de víctimas y testigos.201

En 2012, Amnistía Internacional publicó un informe que incluía dos casos de
uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones en España, cada
uno de los cuales había sido objeto de una denuncia penal contra la policía.202
Al igual que en el caso de Consuelo Baudín (véase supra, apartado 6.2), ambas
causas fueron sobreseídas porque no pudo identificarse a los agentes, pese
a la existencia de pruebas de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Las víctimas no recibieron indemnización alguna. Algunas de las víctimas entrevistadas
por la organización se han quejado de que los procedimientos penales contra
agentes de policía son muy lentos, en ocasiones pese a haberse presentado una
denuncia por malos tratos; además, ha habido casos que se han sobreseído tras
llevar a cabo únicamente una investigación mínima, pese a que se había proporcionado
información –como una lista de los agentes que estaban de servicio en esos
momentos– para facilitar la identificación de los agentes individuales. Amnistía
Internacional ha entrevistado a abogados que actúan en nombre de personas que
han presentado querellas contra la policía, y esos abogados han expresado la
opinión de que, en los casos de denuncias de malos tratos policiales, la respuesta
de la fiscalía ha sido inadecuada, en ocasiones hasta el punto de que, en la
práctica, ha actuado en defensa de los policías. Ante la falta de rigor adecuado
por parte tanto de jueces como de fiscales a la hora de llevar a cabolos procedimientos,
en muchos casos son las víctimas las que tienen que exigir que se emprendan
investigaciones criminales.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

56 España: El derecho a protestar, amenazado

CASO DE PLAZA CATALUÑA: TRES AÑOS DESPUÉS, AÚN NO HAY RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
JUDICIAL El 27 de mayo de 2011, la policíacatalana intervino en la Plaza Cataluña
de Barcelona para dispersar a los manifestantes pertenecientes al movimiento
15M, que llevaban varios días ocupando pacíficamente la plaza. Durante la operación,
la policía hizo uso excesivo de la fuerza. Hay numerosas imágenes de vídeo,
publicadas en Internet en los días siguientes a la operación policial, que
muestran a los Mossos d'Esquadra utilizando repetidamente sus porras contra
manifestantes aparentemente pacíficos y disparando pelotas de goma y botes
de gas lacrimógeno en su dirección. En esas mismas imágenes se ve a algunos
manifestantes heridos, con sangre en las manos o en la cabeza, poco después
de haber sido golpeados. Según cifras oficiales, 84 manifestantes y 37 agentes
de policía resultaron heridos. Un abogado que asistió a los manifestantes afectados
dijo a Amnistía Internacional que un total de 180 personas habían sufrido lesiones,
y que unas 50 de ellas tenían informes médicos que documentaban esas lesiones.

Amnistía Internacional documentó los casos de cuatro personas que habían sufrido
lesiones a consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes
durante esa operación policial. Entre ellas se encontraba Xavier Mir Bernadó,
asesor de desarrollo internacional de 47 años, y otras personas que dijeron
a Amnistía Internacional que, la mañana del 27 de mayo, los Mossos d’Esquadra
las golpearon repetidamente con porras pese a que se estaban manifestando pacíficamente
y en ningún momento habían agredido a los agentes; esos golpes les causaron
lesiones. Sus afirmaciones están corroboradas por los informes emitidos por
el personal médico presente en la plaza, así como por imágenes de vídeo y fotografías
de dominio público. Sin embargo, casi tres años después de los hechos, las
víctimas siguen esperando que se lleve a cabo una investigación adecuada y
que los responsables rindan cuentas de sus actos, y también siguen esperando
una reparación adecuada.

Tras la presentación de una querella conjunta por parte de 55 denunciantes,
todos los cuales afirmaban que los Mossos d'Esquadra los habían agredido al
dispersarlos de la plaza, se abrió una investigación judicial. Sin embargo,
en marzo de 2012 el juez desestimó la denuncia. Como justificación de esa decisión
se exponía, entre otros motivos, que el tribunal no había podido abrir el enlace
al sitio web de muchas de las imágenes proporcionadas por los denunciantes
y que, aunque había constancia de que se habían producido actos de violencia
por parte de la policía, no era posible identificar a los agentes que aparecían
en las imágenes disponibles. Los denunciantes apelaron contra esta decisión
ante la Audiencia Provincial, que aceptó la apelación alegando que el juez
de instrucción no había dado motivos suficientes para archivar el caso y para
denegar la petición de los denunciantes de que se examinaran pruebas adicionales,
entre ellas el testimonio de agentes de policía a los que los denunciantes
habían señalado como responsables de abusos. Sin embargo, el 4 de febrero de
2013 el juez de instrucción denegó de nuevo la petición de que se examinaran
pruebas adicionales y, en el único caso individual en el que un denunciante
había reconocido al presunto autor de la violencia contra él, autorizó que
se imputara, únicamente por delitos leves, al policía en cuestión. Finalmente,
la causa fue sobreseída. Los denunciantes volvieron a apelar contra esta decisión,
pero esta vez la Audiencia Provincial, el 17 de octubre de 2013, rechazó la
mayor parte de las alegaciones. Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice:
EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 57

Aunque el caso sigue abierto, las acciones emprendidas hasta el momento por
la fiscalía y la judicatura no han garantizado la justicia para los manifestantes
pacíficos que fueron golpeados por la policía en Barcelona el 27 de mayo de
2011.

Amnistía Internacional ha observado que, en algunos casos, los jueces y fiscales
no otorgan la misma credibilidad a los testimonios de víctimas y testigos que
a las declaraciones policiales. Varios abogados que se encargan de denuncias
sobre malos tratos a manos de agentes de policía han dicho a la organización
que, en su opinión, los jueces y fiscales, que trabajan a diario con la policía,
tienden a conceder más credibilidad a las declaraciones de la policía y a menudo
desestiman las denuncias contra ella sin investigarlas a fondo, pese a que
los procedimientos penales no permiten que se presuponga la veracidad de la
declaración de los agentes de policía. De hecho, muy pocos casos llegan a los
tribunales.

DENUNCIAS DE MALOS TRATOS A DETENIDOS EL25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 El 20 de diciembre
de 2012, 26 de las 35 personas detenidas durante la manifestación “Rodea el
Congreso", celebrada el 25 de septiembre de 2012 en Madrid, presentaron en
el juzgado una denuncia conjunta por lesiones, detención ilegal y tortura.
Para fundamentarla, presentaron informes médicos, material audiovisual sobre
los hechos, y sus propios testimonios.

Gabriel Jiménez

Gabriel Jiménez, estudiante de ingeniería de telecomunicaciones de 25 años
de edad, fue uno de los detenidos durante esa manifestación. Según contó a
Amnistía Internacional, hacia las 11 de la noche estaba con una amiga cerca
del Congreso, donde aún había unas cuantas personas. Cuando estaba a punto
de marcharse, llegaron varios furgones policiales, y los agentes empezaron
a formar. Calcula que había unos 25 furgones con una gran cantidad de policías
antidisturbios, que gritaron a la gente que se marchara. Gabriel y su amiga
trataron de marcharse hacia la glorieta de Atocha, pero los policías antidisturbios
les bloquearon el paso, obligándolos a ir en la otra dirección, hacia la Plaza
de Cibeles. Gabriel pudo oír a sus espaldas las cargas policiales que ya se
estaban produciendo. En esos momentos no sabía nada de las cargas contra manifestantes
que estaban teniendo lugar en la estación de tren de Atocha y en otros lugares.

El tráficoestaba cortado en dirección a la Plaza de Cibeles, pero se había
restaurado hacia la otra dirección. Los antidisturbios corrían detrás de la
gente, vi como muchos corrían entre los coches, era peligroso. Mientras caminaba,
Gabriel iba grabando y transmitiendo con su teléfono móvil lo que estaba sucediendo.
Según dijo a Amnistía Internacional, vio a agentes golpeando a personas que
caminaban solas y se comportaban pacíficamente, y vio que los policías cargaban
contra cualquiera que pareciera estar participando en la manifestación. Gabriel
y su amiga llegaron a la Plaza de Cibeles, donde también había numerosos agentes
antidisturbios. Un agente Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril
de 2014

58 España: El derecho a protestar, amenazado

golpeó a su amiga en el codo con la porra sin motivo aparente. Gabriel, que
iba dos o tres pasos por delante, se volvió a ayudarla y, en ese momento, otro
agente se lanzó contra él, golpeándolo en el brazo con la porra cuando levantó
la mano para protegerse la cara. Un policía lo golpeó también en la parte de
atrás de la cabeza. Varios agentes le gritaron que se echaraal suelo, y luego
se arrojaron sobre él, rompiendo la botella de plástico con agua que llevaba
en la mochila. Vio que le caía sangre de la cara y gritó que estaba herido
y que necesitaba atención médica. Unas horas después lo llevaron al hospital,
donde tuvieron que ponerle seis grapas en la cabeza. Oí como un policía gritaba
que nos rodeasen con los escudos, en ese momento me entró mucho miedo.

Lo detuvieron, y la policía lo acusó de arrojar piedras, resistencia violenta
y atentado a la autoridad, ademásde un delito contra las instituciones del
Estado. Él niega todas esas acusaciones. Amnistía Internacional ha escuchado
la grabación de audio de su teléfono móvil, y en ella no se aprecia ninguna
resistencia a la detención. En el momento de redactar este informe, aún no
se ha resuelto la cuestión de qué juzgado es competente para tramitar estas
26 denuncias. Uno de los abogados de las víctimas, al que Amnistía Internacional
ha entrevistado, comentó que, aunque la denuncia se presentó ante el mismo
juzgado que está tramitando las causas penales abiertas contra los denunciantes,
ese juzgado se declaró no competente para asumir la causa, y la remitió a otro,
que también se declaró no competente. El conflicto de competencia surgido debe
ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y eso significa
que puede tardar varios meses más. El abogado no ha recibido de la Fiscalía
información que indique que se ha abierto una investigación en relación con
la denuncia de malos tratos, pese a que esa investigación puede llevarse a
cabo independientemente de la decisión sobre qué juzgado es competente en este
caso. Además, a pesar de que, cuando se les tomó declaración en la vista celebrada
en relación con las acusaciones contra ellos, los acusados ya dijeronal juez
que habían sufrido malos tratos, el juzgado no emprendió ninguna acción al
respecto.

Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que el sistema judicial
está eludiendo investigar de manera efectiva denuncias de uso abusivo de la
fuerza y malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley con el fin de procesar a quienes cometen esos abusos. Los casos descritos
más arriba son similares a otros casos documentados por la organización en
el pasado en España, en losque los jueces de instrucción han procedido de inmediato,
tras una investigación mínima, a archivar las denuncias contra agentes de las
fuerzas y cuerpos de seguridad. El hecho de no investigar de forma efectiva
esas denuncias no sólo niega a las víctimasde esos abusos su derecho a remedio,
que el Estado tiene la obligación jurídica internacional de garantizar, sino
que, al permitir que esos abusos no se castiguen, conduce a la impunidad de
sus autores y da lugar a que los abusos continúen. Amnistía Internacional,
abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 59

8. REFORMASDEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Algunas autoridades y representantes políticos españoles han hecho declaraciones
que sugieren la necesidad de someter a una regulación más estricta algunos
aspectos de la libertad dereunión. Por ejemplo, en octubre de 2012, la delegada
de Gobierno de Madrid dijo a los medios de comunicación que la Ley Reguladora
del Derecho de Reunión era demasiado permisiva y que había que “racionalizar”
el uso del espacio público.203

Tras esos llamamientos y anuncios reiterados, en los primeros meses de 2013
el gobierno empezó a trabajar en la elaboración de anteproyectos de ley de
reforma de la legislación actual, en particular el Código Penal y la Ley sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. Enseptiembre de 2013, el gobierno presentó
un proyecto de ley de reforma del Código Penal, que en el momento de redactar
este informe estaba siendo debatido por el Parlamento.204 El proyecto de ley
introduce cambios importantes respecto al delito de desorden público. Amnistía
Internacional teme que la nueva redacción pueda ser aplicable a conductas que
están protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en particular
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
También conviene señalar que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe
sobre el anteproyecto de ley, comentó que las medidas previstas conducirían
a una “excesiva ampliación del ámbito de aplicación del Derecho penal”.205
Varias de las modificaciones propuestas tendrán como efecto ampliar el abanico
de conductas punibles en el contexto de manifestaciones, incrementando la severidad
de las penas que pueden imponerse y reduciendo las garantías procesales a disposición
de los acusados.

En concreto, elproyecto de ley modificaría los artículos del Código Penal relativos
a los delitos de atentado a la autoridad y desorden público.206La nueva tipificación
del delito de invadir u ocupar despachos, oficinas o establecimientos no requiere
que exista la intención de atentar contra la paz pública, un elemento requerido
para que se considere que ha habido delito con arreglo al artículo 557 del
actual Código Penal. La explicación dada por el gobierno es que la entrada
en instalaciones o establecimientos de manera que altere su actividad normal
–aunque no se produzcan actos o amenazas de violencia o daño– debe considerarse
una forma atenuada de desorden público.207La nueva tipificación del delito
de interrumpir líneas de telecomunicaciones o de transporte público de manera
que altere su funcionamiento normal no requiere la necesidad de que se causen
daños, como sí se requiere para que se considere que ha habido delito con arreglo
al artículo 560 del actual Código Penal. Estas modificaciones, por tanto, introducirían
en el Código Penal actos no violentos como delitos de desorden público. El
proyecto de ley dispone que ciertos delitos sean considerados como agravados
y, por tanto, punibles con una pena más severa (de entre uno y seis años de
prisión) cuando, entre otras

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

60 España: El derecho a protestar, amenazado

cosas, tengan lugar en el contexto de manifestaciones o reuniones numerosas.
Esto supone un cambio respecto a lo dispuesto en el actual Código Penal (artículo
557), que se aplica únicamente a eventos que congreguen a un gran número de
personas o cuando eldesorden público pueda poner en peligro a los presentes.
En la revisión propuesta, el desorden público puede tratarse como tipo agravado
si tiene lugar en el contexto de cualquier manifestación, independientemente
del número de personas que participen en ella.

El anteproyecto de ley modifica también los artículos relativos al delito de
atentado a la autoridad. La nueva definición propuesta omite los adjetivos
“activa” y “grave” al referirse a la resistencia que, según la versión actual
del Código Penal (artículo 550), constituye atentado.Amnistía Internacional
teme que esta nueva redacción sea aplicable a actos leves de desobediencia,
incluidos los que adoptan la forma de resistencia pasiva, y que esos actos
se traten de la misma manera que actos de resistencia grave a la autoridad
policial, entre ellos los que puedan implicar violencia, aunque el texto no
es totalmente claro.208

A la organización le preocupa la imprecisión de la redacción de estos delitos
nuevos o modificados, que no parece cumplir el requisito de certeza jurídica,
según el cual las leyes deben estar formuladas con precisión suficiente “para
que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella”, tal
como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el contexto específico
de las leyes que imponen restricciones al ejercicio del derecho a la libertad
de expresión.209Además, las protestas públicas, por su propia naturaleza, a
menudo entrañan alteración del tráfico y del uso ordinario del espacio público,
y la ley no debe penalizar esas alteraciones cuando se producen en el contexto
del ejercicio legítimo del derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad
de expresión y no implican actos de violencia o daños a la propiedad o perjudican
los derechos humanos de otras personas. El proyecto de ley también modifica
el actual Código Penal al eliminar la categoría de las infracciones penales
clasificadas como faltas.210En la actualidad, y esto resulta especialmente
pertinente para las cuestiones abordadas en este informe, una perturbación
leve de la paz en el contexto de actos públicos o reuniones se clasifica como
falta,211al igual que la falta de respeto a la autoridad o sus agentes o la
desobediencia leve a sus órdenes.212 El proyecto de ley elimina estas faltas
del Código Penal y pretende transferirlas al anteproyecto de Ley sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.213La Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
tal como se señaló anteriormente, establece fuertes multas administrativas
y ofrece menos garantías procesales que los procedimientos penales para las
personas que sean acusadas de infringirla. El traspaso de estas faltas del
Código Penal a la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana significa
que estarían sujetas a sanciones más severas que las que se impondrían en virtud
del Código Penal, en el que, al contrario de lo que sucede con la legislación
administrativa, el juez puede tener en cuenta las circunstancias económicas
personales de cada individuo a la hora de imponer la sanción. Además, los procedimientos
para las infracciones de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
no contienen las salvaguardias que se aplican en los procedimientos penales,
donde las multas sólo las impone el juez una vez que se ha determinado la culpa
de acuerdo con un nivel probatorio penal y tras procedimientos acusatorios
en los que ambas partes son Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR
41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 61

escuchadas en condiciones de igualdad. En los procedimientos iniciados en virtud
de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana se presume la veracidad
de la declaración policial y corresponde a la persona que se enfrenta a la
multa rebatir dicha declaración.214

Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por las propuestas formuladas
por el gobierno para introducir una modificación de la Ley sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana. Esas propuestas se exponen en un anteproyecto de
ley que aún está siendo estudiado por el Consejo de Ministros antes de presentarlo
al Parlamento (y, por tanto, se encuentra en una etapa de redacción más temprana
que las reformas propuestas al Código Penal). Este anteproyecto no aborda los
motivos de preocupación que suscita la Ley sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana en su versión actual, descritos en capítulos anteriores de este informe.
Al contrario, restringe aún másel ejercicio del derecho a la libertad de reunión
pacífica y de expresión. El anteproyecto de Ley sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, tal como se propone, incrementaría el número de infracciones contempladas
por ella de 30 a 57, al traspasar ciertas faltas del Código Penal (según se
explica más arriba) e introducir nuevas infracciones, algunas de ellas directamente
relacionadas con formas de protesta llevadas a cabo en los últimos años. El
anteproyecto de Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana omite la obligación
de las autoridades de proteger las manifestaciones, establecida en el artículo
16 de la actual ley.215También incrementaría las sanciones de una manera tal
que probablemente tendría un efecto considerable en las multas impuestas porlas
infracciones relativas a la participación en manifestaciones. Esto amenazaría
con intensificar el efecto disuasorio para muchas personas que desean ejercer
su derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión, y tendría un impacto
más negativo en la capacidad de movilización de los movimientos sociales. Según
el anteproyecto de ley, las reuniones o manifestaciones que no se hayan notificado
y tengan lugar en lo que se considera “infraestructuras críticas” o sus cercanías
(el anteproyecto no incluye una lista definida de cuáles son esos lugares)
también se sancionarían como infracción grave, incluso aunque no causen alteraciones
del orden. Cuando las autoridades consideren que esas manifestaciones interfieren
con el funcionamiento normal de esas infraestructuras críticas, la infracción
se tratará como muy grave, y se sancionará con una multa que podría ascender
a entre 30.000 y 600.000 euros. Las alteraciones del orden provocadas por reuniones
no notificadas celebradas ante el Congreso o el Senado o ante las asambleas
legislativas de las comunidades autónomas – aunque esos órganos no se encuentren
reunidos en esos momentos– también se tratarán como infracciones graves. El
anteproyecto de ley estipula también la imposición de multas por acciones que
podrían incluir formas de protesta que han sido reconocidas por los tribunales
como una forma de libertad de expresión. Entre ellas se encuentran las declaraciones
realizadas en cualquier medio con el fin de injuriar o calumniar a las instituciones
públicas,autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos, la falta
de respeto y consideración debida a la autoridad o a sus agentes, y las ofensas
o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus
instituciones, símbolos, himnos o emblemas. Estas infracciones propuestas serían
contrarias a las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha subrayado la importancia de Índice:
EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

62 España: El derecho a protestar, amenazado

que, en el debate público sobre las instituciones públicas, la expresión pueda
tener lugar sin inhibiciones, y ha señalado que los Estados no deben prohibir
la crítica de instituciones como el ejército o la administración; en concreto,
el Comité ha expresado preocupación por las leyes relativas a cuestiones tales
como la falta de respeto por la autoridad, la falta de respeto por las banderas
y los símbolos, y la protección del honor de los funcionarios públicos.216

El anteproyecto incluye asimismo una disposición según la cual se considera
infracción, castigada con una sanción de hasta 1.000 euros, el uso de imágenes
de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que atente contra su derecho
al honor. Aunque el director general de la Policía ha manifestado que esta
disposición propuesta va dirigida a los ciudadanos particulares más que a los
medios de comunicación,217 Amnistía Internacional subraya que el derecho a
la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir y difundir información,
no se aplica únicamente a los periodistas profesionales, sino a todas las personas;
además, el captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras
personas con cámaras o teléfonos móviles, ha ayudado en ocasiones a difundir
información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y, por
consiguiente, puede ser una contribución importante para que los agentes de
policía rindan cuentas de sus actos. Tal como se ha señalado anteriormente,218
Amnistía Internacional siente preocupación por lo impreciso de algunas de las
disposiciones de la actual Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Similar preocupación suscitan algunas de las disposiciones del anteproyecto
de ley presentado por el gobierno, como las relativas a la desobediencia a
las órdenes de un agente de policía o la nueva disposición sobre la falta del
respeto debido que, especialmente a causa de la presunción de veracidad de
las actuaciones policiales, en el derecho administrativo ampliarían de hecho
el amplio margen de criterio otorgado a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley.219

Amnistía Internacional teme que algunas de las disposiciones incluidas en esta
propuesta de modificación puedan utilizarse para reprimir el derecho a la libertad
de expresión y de reunión pacífica. Según el derecho internacional, estos derechos
no pueden ser objeto de restricciones a menos que éstas sean demostrablemente
necesarias y proporcionadas para proteger o bien los derechos de otras personas
o bien intereses públicos específicos. Las autoridades españolas tienen la
obligación de mantener el orden público pero, al hacerlo, también tienen la
obligación de respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la libertad
de expresión y de reunión pacífica. Amnistía Internacional considera que el
gobierno no ha demostrado ni la necesidad ni la proporcionalidad de las disposiciones
propuestas que afectarían al ejercicio de la libertad de reunión y de expresión.
Tal como ha reconocido el propio gobierno, sólo en el 0,7 por ciento de las
14.721 manifestaciones en las que se desplegaron policías en 2012 hubo actos
de violencia.220Además, en una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones
Sociológicas, órgano vinculado al Ministerio de la Presidencia, sólo el 0,2
por ciento de la población española expresó preocupación por el mantenimiento
del orden público en España.221

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 63

9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Las medidas de austeridad introducidas tras la crisis económica de 2008 han
generado una oleada de protestas, muchas de ellas encabezadas por movimientos
sociales. La inmensa mayoría de esas protestas han sido pacíficas, aunque en
algunas se han dado estallidos aislados de violencia; algunas, en ocasiones,
han resultado incómodas para los políticos a los que iban dirigidas. La respuesta
de las autoridades españolas a estas protestas, y a los movimientos que las
han organizado, ha sido en gran parte represiva. Este informe documenta el
uso abusivo de las sanciones administrativas y penales para castigar a los
manifestantes que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de reunión,
y documenta también la fuerza excesiva que la policía ha empleado contra ellos.
La respuesta del gobierno ha revelado asimismo las deficiencias de la legislación
española respecto a las manifestaciones. En lugar de intentar corregir esas
deficiencias y apuntalar la libertad de reunión pacífica, el gobierno, en contra
de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional,
ha optado por presentar propuestas legislativas que ampliarían el ámbito para
sancionar a quienes organizan manifestaciones y participan en ellas por ejercer
pacíficamente su derecho a la libertad de reunión. Las crisis económicas ponen
siempre a prueba la solidez y estabilidad de las sociedades y de sus instituciones
públicas. Tanto la sociedad como las instituciones se ven fortalecidas, no
debilitadas, si se permite que se descarguen las frustraciones, se expresen
las críticas y se realicen las peticiones de cambio. Para ello, el ejercicio
pacífico del derecho a la libertad de reunión es un elemento esencial. En lugar
de presentar a los movimientos sociales que promueven muchas de las protestas
recientes como una amenaza a la sociedad, las autoridades españolas deben garantizar
que se respeta su derecho a la libertad de reunión, y que no se restringe más
el espacio para la protesta. Amnistía Internacional ha formulado las siguientes
recomendaciones sobre modificaciones en la ley, la política y la práctica para
garantizar que tanto la legislación como la práctica nacionales cumplen las
obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional de los
derechos humanos, y en especial que España: ? cumple con su obligación de facilitar
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica;

? garantiza que la actuación policial durante las manifestaciones es conforme
con el derecho y las normas internacionales sobre el empleo de la fuerza por
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; ? se asegura de que quienes
cometen violaciones de derechos humanos rinden cuentas de sus actos y que las
víctimas tienen acceso a remedio efectivo y reparación adecuada. Índice: EUR
41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

64 España: El derecho a protestar, amenazado

RECOMENDACIONES:

GARANTIZAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN PACÍFICA Las
autoridades españolas, especialmente el gobierno y el Parlamento, deben revisar
la legislación, las políticas y las prácticas relativas a las reuniones públicas
y las manifestaciones, con el fin de garantizar y facilitar el ejercicio efectivo
del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, de conformidad
con las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos
humanos. Esto incluye garantizar que:

? toda restricción impuesta a estos derechos es demostrablemente necesaria
y proporcionada para uno de los motivos identificados expresamente en el derecho
de los derechos humanos;

? como norma general, las manifestaciones pueden celebrarse de manera que puedan
ser vistas y oídas por el público al que van dirigidas;

? el requisito de notificación previa no se aplica de manera que constituya
un requisito de autorización previa;

? el incumplimiento del requisito de notificación previa no da lugar en sí
mismo a multas contra organizadores o participantes.

Las autoridades también deben: ? dejar de utilizar la legislación penal y administrativa
para disuadir a la gente de participar en manifestaciones como medio de expresar
sus opiniones, y no intentar acallar por otros medios las críticas contra las
autoridades;

? garantizar que, cuando un agente de policía pide a una persona que participa
en una manifestación que le muestre su identificación,ese agente entrega a
la persona en cuestión un recibo que, entre otras cosas, especifique el motivo
del control de identidad.

Respecto a la legislación, las autoridades deben: ? reformar la legislación
vigente para incluir expresamente la exención del requisito de notificación
previa en el caso de las manifestaciones espontáneas;

? retirar o modificar las reformas legislativas que, como las propuestas actualmente,
aumentarían el ámbito de utilización de la legislación penal y administrativa
para restringir y sancionar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
y de reunión pacífica.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 65

EL PAPEL DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY Los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley deben ajustarse en todo momento al derecho
y las normas internacionales de derechos humanos relativos a la actuación policial,
el particular el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley, y en especial deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la
vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física, y el derecho
a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Las normas y los
programas de formación de la policía deben dejar claro que la tortura y otros
malos tratos no se tolerarán, ni tampoco el uso excesivo de la fuerza, y que
esas prácticas darán lugar a procedimientos disciplinarios o penales según
se considere oportuno. Respecto a la actuación policial específica en el contexto
de reuniones: ? los cuerpos y agentes de seguridad deben comunicarse con los
organizadores y los manifestantes tanto antes de la manifestación como en su
transcurso para llegar a un entendimiento mutuo, reducir la tensión y evitar
enfrentamientos innecesarios entre los agentes y los manifestantes, y para
buscar maneras de prevenir la violencia o de poner fin rápidamente a esos incidentes
si se producen;

? los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben respetar el derecho
a la libertad de expresión de todos los manifestantes y el derecho de la población
a la información, y en particular deben garantizar que los periodistas pueden
realizar su trabajo sin interferencias injustificadas, incluido su trabajo
de grabar y difundir información sobre los sucesos ocurridos en las manifestaciones,
lo cual incluye las acciones de la policía;

? las reuniones no deben disolverse únicamente por incumplir el requisito de
notificación previa;

? toda decisión de disolver una reunión debe tomarse de manera conforme con
los principios de necesidad y proporcionalidad; la orden de dispersarse debe
comunicarse y explicarse claramente para lograr, en la medida de lo posible,
que los manifestantes la comprendan y la cumplan, y debe darse a los manifestantes
tiempo suficiente para dispersarse.

USO DE LA FUERZA Si se produce violencia en el contexto de una reunión y si
el uso de la fuerza es inevitable, por ejemplo para proteger a agentes, participantes
o transeúntes frente a dicha violencia, los agentes deben utilizar la fuerza
mínima necesaria para contener la situación, y deben cumplir los Principios
Básicos de la ONU. Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de
2014

66 España: El derecho a protestar, amenazado

Si una minoría de los asistentes a una reunión está perpetrando actos violentos,los
agentes deben responder de manera diferenciada y proporcionada y deben respetar
y proteger el derecho de reunión pacífica de quienes se manifiestan pacíficamente.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben asegurarse de que
toda persona que resulte herida o se vea afectada a consecuencia del uso de
la fuerza recibe asistencia y atención médica lo antes posible, y deben informar
sin demora del incidente a sus superiores, quienes garantizarán que se lleva
a cabo una revisión efectiva por parte de autoridades administrativas o judiciales
independientes que estén en posición de ejercer la jurisdicción si es necesario.

Deben elaborarse y hacerse públicas unas normas claras sobre el uso de la fuerza
por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto
de la labor policial durante las manifestaciones, y esas normas deben ser plenamente
conformes con los Principios Básicos de la ONU. En particular, debe haber unas
normas claras y precisas y una formación rigurosa sobre el uso del material
antidisturbios, incluidas las porras y los proyectiles “menos letales”. Respecto
a las porras y los proyectiles “menos letales”, en particular: ? las porras
y otros dispositivos de impacto similares no deben utilizarse contra personas
que no muestren una conducta amenazadora o agresiva. Cuando su uso sea inevitable,
los agentes deben evitar causar lesiones graves; deben prohibirse los golpes
con porras dirigidos a la cabeza, el cuello, la garganta, la columna vertebral,
la región lumbar,el plexo solar, las rodillas, los tobillos y partes vitales
del cuerpo;

? los proyectiles “menos letales”, como las pelotas de goma, no deben utilizarse
nunca a menos que su uso sea estrictamente necesario como defensa frente a
una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y sólo cuando unos medios
menos extremos sean insuficientes para lograr ese objetivo. Estos proyectiles
sólo deben ser utilizados por agentes que hayan recibido formación completa
en el manejo de armas de fuego, y su uso debe estar sometido a una regulación,
supervisión y control efectivos;

? las armas de proyectiles “menos letales” no deben utilizarse de manera que
entrañen el riesgo de que el proyectil impacte en la cabeza, el pecho o el
abdomen de una persona, y no deben dispararse con tanta fuerza que causen la
perforación de la cavidad corporal u otra lesión innecesaria. En particular,
las ráfagas de pelotas de goma no deben dispararse al suelo, ya que al hacerlo
rebotan de manera impredecible y se aumenta el riesgo de que impacten en una
parte vulnerable del cuerpo con fuerza suficiente para causar una lesión grave;

? antes de utilizar armas de proyectiles “menos letales”, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley deben advertir claramente de su intención
de hacerlo, con tiempo suficiente para que la advertencia se tome en cuenta,
salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro de muerte
o lesiones graves a los agentes o a otras personas, o que esa advertencia resultara
evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso;

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 67

? las autoridades deben establecer un sistema para vigilar el uso de las armas
de proyectiles “menos letales”, y ese sistema debe incluir el requisito de
que los agentes informen cada vez que las utilizan;

? las autoridades deben establecer una comisión de investigación independiente
y abierta al escrutinio público que se encargue de examinar las denuncias de
lesiones graves causadas por el uso de pelotas de goma. Entre sus componentes
debe haber expertos médicos, científicos y judiciales independientes que estudien
los peligros de las armas incapacitantes “menos letales”, informen sobre ellos
y formulen recomendaciones para la regulación efectiva y el despliegue y uso
legítimos de esas armas, con el fin de limitar cada vez más el uso de armas
capaces de causar la muerte o lesiones y de prevenir el uso arbitrario, abusivo
y excesivo de la fuerza.

Salvaguardias bajo custodia

Todas las personas puestas bajo custodia deben tener acceso inmediato a un
abogado, y en todo momento debe respetarse su derecho a consultar con un médico.
Deben tomarse medidas para que se realice una grabación sistemática y completa
de vídeo y audio en todas las zonas de las comisarías en las que pueda haber
presentes detenidos, salvo cuando con ello se violeel derecho de los detenidos
a la intimidad o a comunicarse de forma confidencial con su abogado o con un
médico. Las grabaciones deben conservarse a buen recaudo durante un periodo
de tiempo razonable, y deben ponerse a disposición de los investigadores si
así lo requieren. Todo el personal encargado de hacer cumplir la ley debe garantizar
que se proporciona asistencia y atención médica a todas las personas heridas
o afectadas que estén bajo su custodia siempre que lo necesiten, y que se llama
siempre a un médico sin demora si una persona bajo custodia policial solicita
un examen médico; los policías no deben tratar de filtrar esas solicitudes.Las
mujeres tienen derecho a pedir que las examine personal médico de sexo femenino,
siempre que sea posible.

Eluso de esposas u otros dispositivos de inmovilización durante un reconocimiento
médico debe limitarse a los casos excepcionales en los que sea demostrablemente
necesario y, si se opta por recurrir a él, los motivos deben exponerse a la
persona en cuestión y deben consignarse formalmente en el expediente de custodia
de esa persona. Los exámenes médicos a personas bajo custodia policial deben
realizarse fuera de la escucha de los agentes de policía y, a menos que el
médico pida lo contrario en un caso concreto, también fuera de su vista. El
informe del reconocimiento médico debe reflejar las declaraciones realizadas
por la persona en cuestión respecto a cómo se produjeron las lesiones, así
como la evaluación del médico respecto a la coherencia de las lesionescon esas
denuncias; además, dicho informe debe ponerse a disposición de la persona afectada.
RENDICIÓN DE CUENTAS

Deben elaborarse e implementarse normativas para garantizar que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley cumplen en todo momento el requisito de
llevar en lugar Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

68 España: El derecho a protestar, amenazado

visible placas con su nombre o su número, con el fin de permitir la identificación
individual; esto se aplica también cuando los agentes lleven prendas protectoras
o prendas especiales de otro tipo, como cascos o chalecos antitrauma. Todo
uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley debe ser objeto de revisión. Cuando esa revisión indique que puede haber
habido un uso excesivo de la fuerza, o cuando existan denuncias a ese respecto,
debe llevarse a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial.
Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los
responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios
oportunos. El uso arbitrarioo abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito. Toda denuncia
de tortura u otros malos tratos debe ser investigada de manera inmediata, imparcial
y efectiva, una obligación que se aplica, incluso cuando no haya denuncia expresa,
siempre que existan motivos razonables para creer que ha tenido lugar un acto
de tortura u otros malos tratos. La investigación debe incluir un examen médico
y debe ser capaz de identificar y llevar ante la justicia a los responsables,
con castigos, en caso de sentencia condenatoria, proporcionales a la gravedad
del abuso cometido.

Todos los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que sean investigados
por torturas u otros malos tratos u otras violaciones graves de derechos humanos
deben ser suspendidos del servicio activo mientras se llevan a cabo los procedimientos.

Las autoridades deben establecer unidades especializadas de la Fiscalía encargadas
de investigar denuncias de conducta delictiva por parte de agentes de las fuerzas
y cuerpos de seguridad, y deben tomar medidas efectivas para garantizar que
la estrecha colaboración entre la Fiscalía y la policía sobre asuntos delictivos
en general no afecta a su independencia o imparcialidad a la hora de investigar
y procesar esos casos. Para cumplir con la obligación internacional contraída
por España de garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos
cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen acceso
a remedio efectivo ya una reparación adecuada, que incluya indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición –una obligación que se aplica independientemente
de que se identifique o procese a los responsables–, las autoridades deben
garantizar que existen mecanismos efectivos para investigar las denuncias.
Para ello, deben establecer un órgano independiente encargado de examinar las
denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que esté
dotado de recursos adecuados para realizar su trabajo y que cuente con el poder
y la autoridad necesarios para, entre otras cosas: ? establecer un sistema
para vigilar el uso de las armas de proyectiles “menos letales”; ese sistema
debe incluir el requisito de que los agentes informen cada vez que las utilizan;

? recibir, registrar e investigar las denuncias presentadas directamente por
cualquier persona;

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 69

? investigar incidentes por iniciativa propia, sin necesidad de que exista
una denuncia específica;

? llevar a cabo investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos
cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; al hacerlo,
debe tener poder para obligar a los agentes a asistir a entrevistas o a responder
a las preguntas que se les formulen o a las peticiones de información que se
realicen en el contexto de esas investigaciones;

? remitir casos directamente a la fiscalía para su procesamiento penal, cuando
proceda, y apelar ante un tribunal contra cualquier decisión de la fiscalía,
incluida la de suspender o cerrar investigaciones;

? ordenar que se lleven a cabo procedimientos disciplinarios y que el órgano
encargado de hacerlo le informe sobre el resultado de dichos procedimientos;

? emitir informes públicos sobre su trabajo.

Los órganos internos de inspección de la Policía Nacional y la Guardia Civil
y de las fuerzas de policía vasca y catalana deben publicar informes anuales
completos (si es necesario, sin especificar los datos personales), que deben
incluir información sobre las denuncias presentadas contra los funcionarios
encargadosde hacer cumplir la ley y sobre las medidas tomadas en respuesta
a esas denuncias.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

70 España: El derecho a protestar, amenazado

NOTAS FINALES

1 El nombre de "Marea Blanca" se refiere a una serie de manifestaciones organizadas
en protesta por la privatización del sistema sanitario y por los recortes efectuados
en las prestaciones de la sanidad pública. Se trata de un movimiento con presencia
en la mayor parte de España, en el que están notablemente implicados los profesionales
de la sanidad pública http://sanidadenlucha.wordpress.com/2013/02/18/manifiesto-marea-blanca-estatal-
17f/

2 Asamblea popular organizada en Carabanchel (un municipio de Madrid) y que
forma parte del movimiento 15M.

3 Parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), red organizada
en toda España contra los desahucios por impago de hipotecasque organiza actos
pacíficos de resistencia ante las casas afectadas en un intento de detener
el desahucio.

4 Auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles, Madrid,
de 17 de junio de 2013.

5 La carta decía que la multa sería de 301 euros (infracción del artículo 26.h
de la Ley Orgánica 1/1992). 6 Véase apartado 2.2, donde se exponen los requisitos
legales para la notificación previa de reuniones. 7 Véase capítulo 3, donde
se describen los procedimientos de sanción administrativa.

8 Por una infracción del artículo 23.n de la Ley Orgánica 1/1992: “Originar
desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar
daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya una infracción
penal”.

9 http://www.youtube.com/watch?v=SFM_WHAeu4A.

10El índice de desempleo en España supera el 27 por ciento. http://www.ine.es/fmiFrontEnd/fmi.jsp?L=0,
consultado en junio de 2013.

11 Por ejemplo, ha habido importantes recortes en sanidad, educación y servicios
sociales.

12 Datos facilitados en una respuesta escrita del gobierno a una pregunta formulada
por diputados del grupo Amaiur en el Congreso el 28 de octubre de 2013

13 Las delegaciones de Gobierno representan al gobierno central en las comunidades
autónomas. Coordinan las acciones de la policía nacional en las comunidades.
Entre sus competencias se encuentran las de controlar las formalidades para
celebrar manifestaciones y concentraciones, y sancionar las actividades de
las que se considera que infringen el orden público. La Delegación de Gobierno
depende del Ministerio de Economía y Administraciones Públicas pero, para los
asuntos antes descritos, se relaciona directamente con el Ministerio del Interior.

14 Entrevista de Amnistía Internacional con la directora general deAdministración
de la Seguridad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 1 de agosto de 2013.En
Cataluña, la responsabilidad de las reuniones recae en el gobierno de la Comunidad
Autónoma. 15 Véanse los siguientes informes de Amnistía Internacional: Actuación
policial en las manifestaciones en la Unión Europea, Índice AI: EUR 01/022/2012,
disponible en http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR01/022/2012/es/1ce3a468-55df-4e85-8200-

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 71

7881076b5204/eur010222012es.pdf; Sal en la herida:Impunidad policial dos años
después, 3 de noviembre de 2009, Índice AI: EUR 41/10/2009, disponible en http://www.amnesty.org/sites/impact.amn
esty.org/files/PUBLIC/documents/eur20412006f200
7.pdf; España:Informe sobre el seminario"Mecanismos de investigación de denuncias
contra la policía en el contexto español”, Índice AI: EUR 41/003/2009, disponible
en http://amnesty.org/en/library/asset/EUR41/003/2009/en/1eb51073-baf6-4cd0-89fe-
99d632707400/eur410032009spa.pdf; España: Sal en la herida.La impunidad efectiva
de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, 14 de noviembre
de 2007, Índice AI: EUR 41/006/2007, disponible en http://amnesty.org/en/library/asset/EUR41/006/2007/es/c50e10b1
-fea5-4db1-b045-
dfad86265916/eur410062007spa.pdf.

16 El movimiento 15M se define a sí mismo como un grupo de personas reunidas
espontáneamente para expresar sus demandas, entre otras cosas, con el fin de
lograr una democracia participativa y despertar la conciencia social.No se
considera vinculado a ningún partido político, sindicato o asociación.Sus organizadores
han manifestado claramente el carácter pacífico de sus movilizaciones.

17 La PAH se define como una asociación horizonal, pacífica y no vinculada
a ningún movimiento político.Su objetivo es concienciar a la población y reunir
a personas afectadas, así como ofrecer asesoramiento a esas personas y facilitarles
el acceso a apoyo material y psicológico con medidas de apoyo mutuo.Entre sus
campañas se encuentran:“STOP Desahucios", que organiza actos de resistencia
pasiva a las ejecuciones hipotecarias y las notificaciones de desahucio, con
medidas tales como concentrarse en la puerta de la vivienda en cuestión antes
de que entren los funcionarios judiciales, y la campaña de "Dación en Pago",
que pide que se adopten medidas legislativas que reconozcan que el entregar
una vivienda a un banco debe suponer la cancelación de la deuda contraída al
contratar un préstamo de buena fe con ese banco para comprar esa propiedad,
si se trata de una primera vivienda.

18 Entre mayo de 2011 y noviembre de 2013, la Comisión Legal Sol, un grupo
de abogados que apoya a los activistas del 15M en Madrid, registró al menos
1.010 sanciones de ese tipo, que en total sumaban más de 320.000 euros, impuestas
a personas simplemente por participar en manifestaciones. 19 http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2013/05/la-
delegada-del-gobierno-de-madrid-el-
15m-ha-perdido-apoyo-popular-de-sus-comienzos-79214.php.

20 http://www.ivoox.com/hoy-hoy-3-demayo-primera-hora-audios-mp3_rf_2005855_1.html.

21 http://www.asamblealogroño.com/tag/ayuntamiento-de-logrono/ el vídeo puede
verse en http://www.youtube.com/watch?v=ONiJnuI6his. 22 El informe fue presentado
en diciembre de 2012 por el gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
de Madrid y la Delegación de Gobierno de Madrid, en nombre del gobierno central.

23 Algunas autoridades utilizan con frecuencia el término "antisistema" como
término peyorativo para describir los movimientos sociales que organizan protestas,
transmitiendo así la noción de que se trata de grupos radicales opuestos al
sistema político y social predominante.A este respecto, el informe hace referencia
a "la existencia de un tipo específico de delincuencia (okupas,15M)".

24 Ibíd. pág. 13.

25 Ibíd. pág. 10.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

72 España: El derecho a protestar, amenazado

26 http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2013/04/10/valencia/1365575211.html.

27 En junio de 2013, Ada Colau recibió el Premio Ciudadano Europeo 2013, otorgado
por el Parlamento Europeo.Este premio se concede a personas u organizaciones
que luchan por valores europeos. 28 http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-dia-menos-pensado/dia-menos-pensado-cri
stina-
cifuentes-vincula-plataforma-afectados-hipoteca-grupos-filoetarras/1733370/.
29 http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-pr-exige-sanz-cese-inmediato-rio-tuit-nazis-ahora-
ada-colau-20130405114821.html. 30 http://www.cadenaser.com/espana/articulo/cospedal-tilda-nazismo-puro-escraches-

ciudadanos-politicos/csrcsrpor/20130413csrcsrnac_7/Tes. 31 Véase Informes de
uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes, motivo
de preocupación para Amnistía Internacional, 7 de julio de 2011, Índice AI:
EUR 41/008/2011, disponible en http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR41/008/2011/es/9e2ea9bd-9da1-4724-bb78-

9d733d6a6dfb/eur410082011es.html. 32 Comparecencia de Amnistía Internacional
España ante la comisión de estudio sobre modelos de seguridad y orden público
y del uso de material antidisturbios, 17 de septiembre de 2013. 33 Iñigo Cavacas
murió el 5 de abril de 2012 en la ciudad de Bilbao a consecuencia del impacto
en la cabeza de una pelota de goma disparada por un agente de la Ertzaintza
(policía autonómica vasca) durante la dispersión de una multitud tras un partido
de fútbol entre el equipo local, el Athletic, y el Shalke alemán. http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/art
iculo/amnistia-internacional-pide-al-estado-
que-se-revise-la-utilizacion-de-las-pelotas-de-goma-por-toda/españa. 34 Artículo
10.2 de la Constitución española:“Las normas relativas a los derechos fundamentales
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. 35 Artículo
21; véase también artículo 25. 36 Artículo 11 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 37 Artículo
12. 38 Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión
pacífica y de asociación, informes alConsejo de Derechos Humanos, A/HRC/20/27,
párr. 27, y A/HRC/23/29, párr. 49. 39 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos: Effective measures and best practices to
ensure the promotion and protection of human rights in the context of peaceful
protests, doc. ONU A/HRC/22/28, 21 de enero de 2013.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 73

40 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, resolución 22/10, La promoción y
protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas,
adoptada sin votaciónel 21 de marzo de 2013. 41 Oficina de Instituciones Democráticas
y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, Directrices sobre la Libertad de Reunión
Pacífica, 2ª Ed. (2010), en adelante, Directrices de la OSCE/OIDDH. 42 Informe
del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y
de asociación, informe al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/20/27, nota al
pie 7. 43 Véanse, por ej., Directrices de la OSCE/OIDDH, pág. 23, párr. 2.Véase
también Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Djavit An v. Turkey, Nº 20652/92,
9 de julio de 2003 párr. 56. 44 Véase, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos,
resolución 24/5, A/HRC/RES/24/5, adoptada sin votación el 26 de septiembre
de 2014, párr. 5, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/24/5.
45 Véanse, por ejemplo, Sergey Kuznetsov v. Russia, nº 10877/04, 23/01/2009,
párr. 35;35; Djavit An v. Turkey, Nº 20652/92, 20 de enero de 2013, párr. 56;Ezelin
v. France nº 11800/85, 26 de abril de 1991, párr. 52; y Christians against
Racism and Fascism v. the United Kingdom, Nº 8440/78, decisión de la Comisión
de 16 de julio de 1980, Decisions and Reports 21, p. 138, en p. 148. 46 Véanse,
por ejemplo, Directrices de la OSCE/OIDDHO, directriz 3.5. 47 Artículo 21.1:Se
reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.El ejercicio de este derecho
no necesitará autorización previa. 48 SSTC 124/2005, de 23 de mayo, 195/2003,
de 27 de octubre, 42/2000, de 14 de febrero, 66/1995, de 8 de mayo, y 55/1988,
de 28 de abril. 49 Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho
de reunión, disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-1983.html
50 https://www.boe.es/boe/dias/1992/02/22/pdfs/A06209-06214.pdf. 51 Véanse
artículo 21 del PIDCP y artículo 11.2 del Convenio Europeo. 52 Artículo 5:
La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las
reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: a) Cuando se consideren
ilícitas de conformidad con las leyes penales. b) Cuando se produzcan alteraciones
del orden público, con peligro para personas o bienes. c) Cuando se hiciere
uso de uniformes paramilitares por los asistentes. Tales resoluciones se comunicarán
previamente a los concurrentes en la forma legalmente prevista. 53 Artículo
10:Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de
que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas
o bienes, podrá Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

74 España: El derecho a protestar, amenazado

prohibir la reunión o manifestacióno, en su caso, proponer la modificación
de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación.La
resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo
de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo 8, de
acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 54 Artículo 11:De no ser aceptada por los organizadores o promotores
la prohibición u otras modificaciones propuestas, podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencia competente, en el plazo de cuarenta
y ocho horas, trasladando copia de dicho recurso debidamente registrada a la
autoridad gubernativa con el objeto de que aquélla remita inmediatamente el
expediente a la Audiencia.El Tribunal tramitará dicho recurso de conformidad
con lo establecido en el art. 7.6 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. 55 Véase,
por ej., Observación general nº 34, Libertad de opinión y libertad de expresión,
CCPR/C/GC/34, párr. 21-36, y específicamente párr. 21 y 22. (El Comité ha aclarado
que esta observación general proporciona asimismo orientación respecto a los
elementos del derecho a la libertad de reunión pacífica; véase comunicación
nº 1790/2008, Govsha, Syritsa y Mezyak v. Belarús, dictamen aprobado el 27
de julio de 2012, párr. 9.4). 56 Véase, por ej., Comité de Derechos Humanos,
Observación general nº 34, párr. 27 57 Informe del relator especial sobre los
derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación al Consejo de Derechos
Humanos, A/HRC/23/39, párr. 50. 58 Directrices de la OSCE/OIDDH, párr. 25.
59 Véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Bukta and Others v. Hungary,
Nº 25691/04, 17 de octubre de 2007, párr. 37, Oya Ataman v. Turkey, Nº 74552/01,
5 de marzo de 2007, párr. 41-42. 60 Véanse Directrices de la OSCE/OIDDH, directriz
3.2. Véase también Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Patyi and Others v.
Hungary (5529/05), sentencia de 7 de octubre de 2008, párr. 42-43, donde el
Tribunal rechaza los argumentos del gobierno respecto a la posible alteración
del tráfico. 61 Directrices de la OSCE/OIDDH, directriz 3.5 y párr. 99 y 101.
Véase también el informe del relator especial sobre los derechos a la libertad
de reunión pacífica y de asociación al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/23/39,
párr. 60. 62 STC 66/1995 de 8 de mayo de 1995, FJ 3. 63 STC 110/2006, de 3
de abril de 2006, FJ3, haciendo referencia a STC 20/1990, de 15 de febrero,
FJ 5, y a STC 53/1986, de 5 de mayo, FJ3. 64 Sentencias 218/2013 y 219/2013.
65 Artículo 21,2: En los casos de reuniones en lugares de tránsito público
y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá
prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público,
con peligro para personas o bienes. 66 Artículo 8:La celebración de reuniones
en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas
por escrito a la autoridad gubernativa Amnistía Internacional, abril de 2014
Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 75

correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación
de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo.Si se tratare de
personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante.Cuando
existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria
y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones,
la comunicación, a que hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con
una antelación mínima de veinticuatro horas. 67 Artículo 9. 68 Artículo 10.
69 Artículo 11. 70 STC 110/2006, que menciona SSTC 36/1982 y 59/1990, sobre
la notificación, y SSTC 59/1990 y 66/1995, sobre la configuración de este derecho.
71 STS de 12 de diciembre de 1994 (Ref. Aranzadi 2716/1995). 72 El Comité de
Derechos Humanos, en sus observaciones finales sobre Marruecos (1999, doc.
ONU CCPR/C/79/add.113, párr. 24), manifiesta que le preocupa el alcance del
requisito de notificación de las reuniones, yel hecho de que se abuse con frecuencia
del requisito de contar con un recibo de notificación, lo que se traduce en
una limitación de facto del derecho de reunión, garantizado en el artículo
21 del PIDCP. 73 Véanse Sergey Kuznetsov v. Russia, nº 10877/04, 23 de enero
de 2009, párr. 42; Bukta and Others v. Hungary, nº 25691/04, 17 de octubre
de 2007, párr. 35; Oya Ataman v. Turkey, nº 74552/01, 5 de marzo de 2007, párr.
39; Rassemblement Jurassien Unité v. Switzerland, n1 8191/78, decisión de la
Comisión de 10 de octubre de 1979, DR 17, p. 119; y también Platform “Ärzte
für das Leben” v. Austria, sentencia de 21 de junio de 1988, Serie A, nº 139,
p. 12, párr. 32 y 34. 74 Éva Molnár v. Hungary, Nº 10346/05, 7 de enero de
2009, párr. 37. 75 Véase Informe del relator especial sobre los derechos a
la libertad de reunión pacífica y de asociación, A/HRC/23/39, 24 de abril de
2013, párr. 51. 76 Ibíd. Véase también el informe del relator especial sobre
los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, A/HRC/20/27,
párr. 28 y recomendación en el párr. 90. 77 Informe del relator especial sobre
los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, A/HRC/20/27,
21 de mayo de 2012, párr. 28; véase también A/HRC/23/39, 24 de abril de 2013,
párr. 51 y 52. 78 Véanse Directrices de la OSCE/OIDDH, 2010, principio 4.1,
Notificación, también párr. 118. [La traducción de la cita es de Amnistía Internacional.]
79 Véanse Directrices de la OSCE/OIDDH, 2010, principio 4.1, Notificación.
80 Véanse Directrices de la OSCE/OIDDH, párr. 126;véase también Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, Éva Molnár v. Hungary, Nº 10346/05, párr. 38, 7 de octubre
de 2008. 81 Véanse Directrices de la OSCE/OIDDH, párr. 127. 82 Véanse Directrices
de la OSCE/OIDDH, párr. 128.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

76 España: El derecho a protestar, amenazado

83 Véanse Directrices de la OSCE/OIDDH, principio 4.2. 84 Relator especial
sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, A/HRC/23/39,
párr. 51. 85 El artículo 23.c considera como infracción grave:La celebración
de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo
lo preceptuado en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora
del Derecho de Reunión [relativos principalmente a la notificación], cuya responsabilidad
corresponde a los organizadores o promotores. 86 Artículo 23.n: Originar desórdenes
graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves
a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal. 87
Artículo 20.1.Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir,
en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación
de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública
[...] siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas
fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad
que a los agentes encomiendan la presente Ley [...]. 88 Véase artículo 28.
(Las cifras aquí expuestas son una conversión de las denominadas en pesetas
en la Ley, que se aprobó antes de que España adoptara como moneda el euro.Véase
la Resolución de 22 de octubre de 2001 de la Subsecretaría del Ministerio de
Administraciones Públicas, por la que se redenominan a euros las sanciones
pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno.)

89 Véase el último párrafo del artículo 23.c de la Ley sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana. 90 Entrevista de Amnistía Internacional con Sara López,
miembro de la Comisión Legal Sol, abril de 2013. 91 Entrevista con la Delegación
de Gobierno en Madrid, 21 de junio de 2013.

92 “porque el que tiene el derecho de reunión o manifestación cuando esta no
está autorizada -porque si está autorizada evidentemente se prioriza el derecho
de reunión-cuando el espacio público es algo abierto y alguien trata de doblegarme
y me dice que por ahí no puedo pasar….”. 93 Comparecencia del secretario de
Estado de Seguridad, Ulloa Rubio, ante la Comisión de Interior del Congreso.Sesión
nº 8, celebrada el 28 de junio de 2012. 94 http://coordinadora25s.wordpress.com/2012/10/page4/.

95 En una reunión con un funcionario de la Delegación de Gobierno en Madrid,
se explicó que, si no hay indicios claros, cualquier signo de sospecha es admisible,
y basta con que otras personas parezcan tomar a esa persona como guía. 21 de
junio de 2013. 96 Entrevista con la Delegación de Gobierno en Madrid, 21 de
junio de 2013.

97 El artículo 26 incluye, entre las infracciones leves de la Ley sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, “[d]esobedecer los mandatos de la autoridad o de
sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente
Ley, cuando ello no constituya infracción penal”.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 77

98 Infracción del artículo 26.h de la Ley sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana: “Desobedecer los mandatos de la autoridad o desus agentes”. 99 Tal
como se explicó en el apartado 5.5, la Audiencia Nacional llevó a cabo una
investigación por una presunta infracción del Código Penal, relacionada con
la manifestación celebrada el 25 de septiembre de 2012.La investigación finalmente
se archivó el 4 de octubre de 2012 porque los hechos denunciados no constituían
delito penal. 100 Véase Bukta and Others v. Hungary, Nº 25691/04, 17 de julio
de 2007 párr. 36, mencionado anteriormente. El Tribunal también ha declarado
que “una situación ilegal no justifica una vulneración de la libertad de reunión”
(Oya Ataman v. Turkey (74552/01), sentencia de 5 de diciembre de 2006, párr.39,
y Cissev. France, (51346/99), sentencia de 9 de abril de 2002, párr. 50. 101
Galstyan v. Armenia, Nº 26986/03, sentencia de 15 de noviembre de 2007, párr.
115.

102 Informe por Nils Muiznieks Comisario para los Derechos Humanos del Consejo
de Europa, tras su visita a España, del 3 al 7 de junio de 2013 (CommDH(2013)18),
disponible en https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2013)18&Language=lanSpanish&Ver=original
&Site=COE&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FF
C679. 103 Ibíd., párr. 127.

104 Entrevista con Sara López, abril de 2013.

105 Véase capítulo 1.

106 Véase Informe del relator especial sobre los derechos a la libertad de
reunión pacífica y de asociación, A/HRC/23/39, párr. 43. 107 Véase el informe
del relator especial, A/HRC/23/39, párr. 51.

108 El Tribunal Europeo, en numerosas sentencias, ha subrayado que los límites
de la crítica admisible son más amplios respecto a un político en ejercicio
que los de un individuo particular pues, a diferencia del segundo, el primero
se expone inevitable y conscientemente a un control permanente de sus hechos
y gestos tanto por los medios de comunicación como por el conjunto de los ciudadanos
y debe, por lo tanto, mostrar una mayor tolerancia (véanse, por ej., Lingens
v. Austria, solicitud nº 9815/82, sentenciade 8 de julio de 1986, párr. 42,
y Lyashko v. Ukraine, solicitud nº 21040/02, sentencia de 10 de agosto de 2006,
párr. 41).De igual modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado
que “en el debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas
a efectos del Pacto es sumamente importante que la expresión pueda tener lugar
sin inhibiciones […] todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los
cargos políticos de mayor importancia […] pueden ser objeto legítimo de críticas
yoposición política” (Observación general nº 34, Libertad de opinión y libertad
de expresión, párr. 38). 109 Juzgado de Instrucción nº 4. Diligencias Previas
Procedimiento Abreviado 1186/2013. Decisión de 10 de mayo de 2013. 110 Véase
Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica
y de asociación, A/HRC/20/27, párr. 29, y A/HRC/23/39, párr. 51. 111 493:Los
que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación
las sedes del Congreso de los Diputados, delSenado o de una Asamblea Legislativa
de Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

78 España: El derecho a protestar, amenazado

Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión
de tres a cinco años. 112 494:Incurrirán en la pena de prisión de seis meses
a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o
presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso
de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma,
cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento. 113 495.1:Los que,
sinalzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren
penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de la Asamblea
Legislativa de una Comunidad Autónoma, para presentar en persona o colectivamente
peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de tres a cinco años.
495.2:La pena prevista en el apartado anterior se aplicará en su mitad superior
a quienes promuevan, dirijan o presidan el grupo. 114 Auto de archivo de la
causa penal del Juzgado Central de Instrucción n 1 de la Audiencia Nacional
de 4 de octubre de 2012. 115 La imputación de una persona en las etapas iniciales
de la instrucción judicial no significa que existan cargos formales contra
esa persona.Se trata además de una salvaguardia del derecho de defensa, ya
que la persona en cuestión tiene derecho a ser interrogada por el juez en presencia
de un abogado. Quienes son citados como testigos no gozan de ese derecho. 116
http://www.europapress.es/nacional/noticia-an-cita-ocho-organizadores-25s-delito-contra-
altos-organismos-nacion-20120921184925.html. 117 Véase capítulo 2:El ascenso
de los movimientos sociales y la respuesta de las autoridades españolas.El
25 de septiembre, la Coordinadora 25S y la Plataforma ¡En Pie!, realizaron
a través de las redes sociales un llamamiento a la celebración de una manifestación
masiva en Madrid, delante del Congreso, bajo el lema “Rodea el Congreso”, con
el fin de hacer llegar directamente a los diputados su protesta contra lo que
consideraban la injusta situaciónde España y la pérdida de derechos y libertades.
118 Véase Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169,
de 17 de diciembre de 1979, artículo 3. 119 Principios Básicos sobre el Empleo
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del
27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, principio 4. 120 Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley, principio 13. Véase también resolución 22/10 del Consejo
de Derechos Humanos, que, en su párrafo 7, exhorta a los Estados a que “eviten
el uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas y a que, en los casos en que
dicho uso sea absolutamente necesario, se aseguren de que nadie sea objeto
de un uso de la fuerza excesivo o indiscriminado”. 121 Principios Básicos de
la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principios 6, 22 y 23.Véase también la
resolución 22/10 del Consejo de Derechos Humanos, cuyo párrafo 9 pide a los
Estados que “investiguen cualquier caso de muerte o lesiones provocadas durante
manifestaciones, incluidas las que sean resultado de disparos de armas de fuego
o del uso de armas no letales por parte de funcionarios de las fuerzas del
orden”.Elpárrafo 15 de la resolución insta a los Amnistía Internacional, abril
de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 79

Estados “a velar por que las víctimas de violaciones y abusos de los derechos
humanos puedan, a través de los mecanismos nacionales existentes, acceder a
un recurso y obtener compensación, también en el contexto de las manifestaciones
pacíficas”. 122 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas
de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principio
7. 123 Véanse Directrices de la OSCE/OIDDH (2ª edición), 2010, párr. 167.

124 Informe al Consejo de Derechos Humanos, Effective measures and best practices
to ensure the promotion and protection of human rights in the context of peaceful
protests, doc. ONU A/HRC/22/28, 21 de enero de 2013, párr. 78. 125 Directrices
de la OSCE/OIDDH, 2010, sección 6relativa a la labor policial durante reuniones
públicas, párrafos 144 y siguientes. 126 Véase Stark, M (2005) Clinical Forensic
Medicine: A Physician’s Guide. 127 Amnistía Internacional (2003), Mercaderes
de dolor: El material de seguridad y su uso en torturas y otros malos tratos,
Índice AI: ACT 40/008/2003, pág. 27. 128 Rezende-Neto, J; Silva, F; Porto,
L; Teixeira, L; Rizoli, H (2009) “Penetrating injury to the chest by an attenuated
energy projectile: a case report and literature review of thoracic injuries
caused by ‘less-lethal’ munitions”, World Journal of Emergency Surgery2009,
4:26. 129 ‘Wani, M; Sultan, A; Wani, M; Malik, M; Baba, M; Masrat, N (2010)
“Pattern of Injuries due to rubber bullets in a conflict zone”, The Internet
Journal of Orthopedic Surgery, volumen 17, número 2. 130 The Applied Research
Laboratory, The Pennsylvania State University and the Los Angeles Sheriff’s
Department (2001), The Attribute Based Evaluation of Less than Lethal, Extended
Range, Impact Munitions. 131 Según la descripción del Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura (CPT), se trata de pelotas de esponja dura, disparadas
por una lanzadora, capaces de inmovilizar a una persona en un radio de 30 metros
(Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), informe al gobierno
español sobre la visita a España realizada entre el 31 de mayo y el 13 de junio
de 2011 (CPT/INF(2013)6), 30 de abril de 2013, párr. 107). 132 http://www.lavanguardia.com/politica/huelga-genera
l/20121115/54354514192/huelga-
general-manifestaciones-barcelona-29-heridos.html. 133 Entrevista con Ester
Quintana, septiembre de 2013. 134 Por ejemplo, hay un vídeo disponible en http://www.elperiodico.com/es/noticias/
sociedad/disparos-mossos-junto-ester-quintana-perdio-
ojo-2315152 135 Entrevista con Laila Serra, abogada de Ester, marzo de 2013.
La abogada entrevistó a testigos en relación con la denuncia presentada por
Ester contra la policía. 136 Comparecencia disponible en http://www.parlament.cat/activitat/dspcd/09d006.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-puig-niega-perdida-ojo-mujer-sea-pelota-
goma-20121203121723.html 137 http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/puig-admite-ahora-que-los-mossos-
dispararon-donde-ester-perdio-ojo-2266551

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

80 España: El derecho a protestar, amenazado

http://www.eldiario.es/catalunya/director-Mossos-disparos-Quintana- investigacion_0_76992468.html
138 Entrevista con Laila Serra, enero de 2014.

139 http://stopbalesdegoma.org/es

140 Véase:Resolució 476/x del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven
les Conclusios del l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat
i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses.Nº
260-00001/10, disponible en http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/resolucions
141 http://ccaa.elpais.com/Ca/2012/07/11/madrid/1341991064_892508.html.

142 http://www.20minutos.es/noticia/1536115/0/manifestacion/mineros/madrid.

143 Entrevista telefónica con un funcionario de la oficina del Defensor del
Pueblo, enero de 2014.

144 http://politica.elpais.com/politica/2014/03/14/actualidad/1394824361_334879.html.

145 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principio 2. 146 Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principio 7.

147 Croft, S. et al. 2008. Less Lethal Technologies -Review of Commercially
Available and Near-Market Products for the Association of Chief Police Officers,
St Albans, Reino Unido: Departamento de Desarrollo Científico del Ministerio
del Interior, Publicación nº 49/08. 148 CPT, Informe al gobierno español sobre
la visita a España llevada a cabo del 31 de mayo al 13 de junio de 2011, (CPT/INF(2013)6),
30 de abril de 2013, párr. 107. 149 Carta de la Defensora del Pueblo, de mayo
de 2013, en respuesta a una denuncia individual.La carta informa al denunciante
de que, tras la intervención policial en Atocha el 25 de septiembre de 2012,
la Defensora del Pueblo ha recomendado al Ministerio del Interior que considere
la posibilidad de elaborar protocolos sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones
celebradas en lugares públicos, con instrucciones claras y precisas sobre el
uso de material antidisturbios y otras armas reglamentarias. 150 Informe de
Nils Muiznieks, comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,
tras su visita a España del 3 al 7 de junio de 2013, (CommDH(2013)19), 9 de
octubre de 2013, párr. 148.

151 El CPT hizo esta observación en particular respecto a las denunciasde uso
excesivo de la fuerza en el momento de la detención a manos de agentes de la
Policía Nacional en España: Informe al gobierno español sobre la visita a España
realizada por el CPT del 22 de noviembre al 4 de diciembre de 1998 (CPT/Inf
(2000) 5), 13 de abril de 2000, párr. 11 y 13; véase también el informe sobre
la visita a España realizada del 31 de mayo al 13 de junio de 2011 (CPT/Inf
(2013) 6), 30 de abril de 2013, párr. 33. 152 Véase, por ejemplo, http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/252687
/slide_252687_1568639_free.jpg,
o la primera fotografía de http://www.publico.es/espana/442912/el-25-s-en-imagenes.
153 Información proporcionada por su abogado, diciembre de 2013.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 81

154 Manuel dijo a Amnistía Internacional en diciembre de 2013 que no tenía
noticias de que se hubiera iniciado ninguna investigación. 155 Principios Básicos
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley, principio 5.c. 156 Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión, A/RES/43/173, adoptado el 9 de diciembre de 1988, principio 24; Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, regla 24. Véase también Observación
general nº 20 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

157 Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley, artículo 6. 158 Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes
(Reglas de Bangkok), resolución 2010/16 del Consejo Económico y Social, 22
de julio de 2010, regla 10.2. 159 Comité Europeo para la Prevención de la Tortura
(CPT), 12º Informe General, CPT/Inf/(2002) 15, normas del CPT respecto a la
custodia policial, párrafo 42. 160 CPT, 2º Informe General (CPT/Inf (92) 3),
párr. 53.

161 Conjunto de Principios para la Protecciónde Todas las Personas Sometidas
a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principios 1 y 6; véanse también
artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 162 Véase Informe al gobierno
español sobre la visita a España realizada por Comité Europeo para la Prevención
de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), CPT/Inf
(2013)6, visita llevada a cabo del 31 de mayo al 13 de junio de 2011, párr.
33; disponible en http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2013-06-inf-esp.pdf.

163 Véase España: Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía
en casos de tortura y otros malos tratos, 14 de noviembre de 2007 (Índice AI:
EUR 41/006/2007).

164 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), Informe Anual 2012,
Conclusiones generales, párr. 259, http://www.defensordelpueblo.es/es/Mnp/InformesAnuales/InformeAnual_MNP_2012.p
df.
Los Estados Partes en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes están obligados a establecer
un Mecanismo Nacional de Prevención que realice visitas a lugares de detención.
En España, esta función ha sido asignada al Defensor del Pueblo. 165 Además
de los casos descritos en este apartado, véase el caso de la periodista freelance
Paloma Aznar Fernández, descrito en el informe de Amnistía Internacional Actuación
policial en las manifestaciones en la Unión Europea, octubre de 2012 (Índice
AI: EUR 01/022/2012), pág. 10.

166 Véase RSF, Los fotógrafos de prensa, ¿se han convertido en personas non
gratas durante las manifestaciones?, 23 de agosto de 2011, http://es.rsf.org/espana-los-fotografos-de-
prensa-se-han-23-08-2011,40825.html; CPJ, In Spain, police violence against
press sparks concern, 28 de agosto de 2011 http://www.cpj.org/blog/2011/08/in-spain-police-violence-
against-press-sparks-conc.php

167 Informativo de la cadena de televisión La Sexta (noviembre de 2012), http://www.youtube.com/watch?v=l4xzQrZym
Yg,
en el que el canal manifestó su pesar por la Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía
Internacional, abril de 2014

82 España: El derecho a protestar, amenazado

censura ejercida por las autoridades al detener a su operadora de cámara cuando
cubría el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante un desahucio
en Sevilla.La cadena explicó que el motivo de la detención de su periodista
era evitar que se mostraran las imágenes de uso excesivo de la fuerza. 168
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/silencio-oficial-intolerable-detencion-camara-
lasexta_2012112600174.html; véase también la declaración pública de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España pidiendo la liberación inmediata de
la operadora de cámara: http://www.fape.es/la-fape-la-asociacion-de-la-prensa-de-sevilla-y-el-sindicato-de-
periodistas-de-andalucia-piden-un-81880460.htm?q=detencion+periodista+sevilla.
169 Entrevistado por Amnistía Internacional en Madrid, junio de 2013. En mayo
de ese mismo año le habían concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo
en la categoría de periodismo digital.El jurado destacó la creciente importancia
del periodismo ciudadano en los últimos años, y declaró que el vídeo presentado
era la mejor imagen de la agitación social del pasado mes de septiembre, y
mostraba cómo las cámaras de los ciudadanos llegan en ocasiones a donde los
medios audiovisuales no pueden llegar.

170 El vídeo de Juan Ramón sobre los sucesos del 25 de septiembre está disponible
en http://www.youtube.com/watch?v=UDCRgqspmyU&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DUDCRgqspmyU&has_verified=1. Desde el minuto 6, muestra los sucesos
en el interior de la estación de Atocha.Tras ver este vídeo, junto con otra
información, Amnistía Internacional, en octubre de 2012, envió una carta al
ministro del Interior para pedir una investigación (véase el capítulo 3 para
más información). 171 Para más información sobre la manifestación del 25S ver
apartado 5.5 de este informe.

172 El vídeo (véase nota 167, supra) muestra parte de esto desde el minuto
7.50, incluida, en la banda de audio,la exclamación de Juan Ramón cuando el
policía le agarró la cámara, y su comentario explicando lo que estaba sucediendo.
173 El vídeo grabado por Juan Ramón esa noche está disponible en http://www.youtube.com/watch?v=_c-T13l6ltU.
174 Comité de Derechos Humanos, Observación general 34, Artículo 19:Libertad
de opinión y libertad de expresión, párr. 13. 175 Véanse Directrices de la
OSCE/OIDDH (2010), directriz 5.10, párr. 206-210.

176 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general 34, Artículo 19:Libertad
de opinión y libertad de expresión, párr. 21-36. 177 Véase Special Report:Handling
of the media during political demonstrations. Observations and Recommendations,
21 de junio de 2007. Disponible en http://www.osce.org/fom/25744. 178 Véanse
Directrices de la OSCE/OIDDH (2010), párr. 199.

179 http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2013/05/INFORME-CPT-2012-
final.pdf, p.15-16. 180 España: Sal en la herida.La impunidad efectiva de agentes
de policíaen casos de tortura y otros malos tratos, 14 de noviembre de 2007
(Índice AI: EUR 41/006/2007). 181 España: Sal en la herida. Dos años después,
3 de noviembre de 2009, Índice AI: EUR 41/010/2009.

Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 83

182 Véanse Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,artículos 2
y 7; Observación general nº 31 del Comité de Derechos Humanos, párr. 15-16;
Convención contra la Tortura, artículos 12-14; Convenio Europeo de Derechos
Humanos, artículos 3 y 13. 183 Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley, principios 6, 7 y 22. 184 Por ejemplo, Avadanov v. Azerbaiyán, Dictamen
del Comité de Derechos Humanos, doc. ONU CCPR/C/100/D/1633/2007 (2010), párr.
9.3–9.5; Aydin v. Turkey (23178/94), Gran Sala del Tribunal Europeo (1997),
párr.103. 185 Comité de Derechos Humanos, Observación general nº 31, párr.
15-17.

186 Comité de Derechos Humanos, Observación general nº 31, párr. 15 y 18.

187 Comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Ulloa Rubio, ante
la Comisión de Interior del Congreso.Sesión nº 8, celebrada el 28 de junio
de 2012. 188 Tanto en su informe de 2007 (Sal en la herida: La impunidad efectiva
de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, Índice AI:EUR
41/006/2007) como en el informe de seguimiento de 2009 (Índice AI: EUR 41/010/2009),
Amnistía Internacional destacó cómo la falta de identificación adecuada había
contribuido a la impunidad en casos de malos tratos policiales. 189 El Defensor
del Pueblo de la Comunidad Autónoma de Cataluña.Su función es encargarse de
las denuncias presentadas por cualquier persona respecto a la administración
autonómica y local de Cataluña. 190 Carta del 4 de agosto de 2011 a Amnistía
Internacional.

191 Estos sucesos pueden verse en un vídeo (grabado por Juan Ramón Robles –
véase apartado 6.6) en https://www.youtube.com/watch?v=UDCRgqspmyU&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DUDCRgqspmyU&has_verified=1 192 Carta enviada al ministro del
Interior el 9 de octubre de 2012.

193 Carta enviada al ministro del Interior en enero de 2013 junto con una petición,
respaldada por más de 60.000 firmas, para que se llevara a cabo una investigación.
194 Véase, por ejemplo, el resumen del informe del comisario para los Derechos
Humanos sobre la determinación independiente y efectiva de las denuncias contra
la policía (CommDH(2009)4), 12 de marzo de 2009. 195 Salman v. Turkey ( 21986/93),
sentencia de 27 de junio de 2000, párr.123; Nachova v. Bulgaria (solicitudes
nº 43577/98 y 43579/98), sentencia de 6 dejulio de 2005, párr. 110. 196 Comité
de Derechos Humanos, Observación general nº 31, La índole de la obligación
jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párr. 15. 197 Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principio 7:“Los gobiernos adoptarán las
medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo
arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley”.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

84 España: El derecho a protestar, amenazado

198 Principio 2 de los Principios de la ONU Relativos a la Investigación y
Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes; artículo 12 de la Convención contra la Tortura. 199 Véase CPT,
12º Informe General (CPT/Inf (2002) 15), párr. 45; 14º Informe General (CPT/Inf
(2004) 28), párr. 27-29.

200 Informe de Nils Muiznieks, comisario para los Derechos Humanos del Consejo
de Europa, tras su visita a España del 3 al 7 de junio de 2013, (CommDH(2013)19),
9 de octubre de 2013, párr. 134. 201 Véase el informe de Amnistía Internacional
España: Sal en la herida.La impunidad efectiva de agentes de policía en casos
de tortura y otros malos tratos, Índice AI: EUR 41/006/2007. 202 Amnistía Internacional:
Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea, Índice AI: EUR
01/022/2012.Ángela Jaramillo resultó herida durante una manifestación celebrada
en Madrid en agosto de 2011, mientras que la periodista Paloma Aznar resultó
herida durante la “Marcha Negra” del 11 de julio de 2012, la misma manifestación
en la que resultó herida Consuelo Baudín (véase supra). En ambos casos, los
tribunales sobreseyeron la denuncia porque no pudo identificarse a los agentes
responsables de la violencia de que fueron víctimas.Ninguna de las dos mujeres
recibió reparación. 203 http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/cifuentes-pide-racionar-el-derecho-de-
manifestacion/20121002124705081970.html. 204 La versión más reciente del Código
Penal es la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 205 Informe al Anteproyecto
de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, 16 de enero de 2013, pág. 258. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_Gener
al_del_Poder_Judicial/Activi
dad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_Organica_por_la_que_se_modifica_
la_Ley_Organica_10_1995__de_23_de_noviembre__del_Codigo_Penal. 206 Véase título
XXII del Código Penal:Delitos contra el orden público, capítulo II:De los atentados
contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia
y desobediencia:Artículos 550, 551, 554, 556; capítulo III:De los desórdenes
públicos, artículos 557 y 560. 207 Párrafo XXV del anteproyecto de ley.

208 El Consejo General del Poder Judicial también ha comentado este punto.Véase
Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 16 de enero de 2013, pág. 250-251.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Activi
dad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_Organica_por_la_que_se_modifica_
la_Ley_Organica_10_1995__de_23_de_noviembre__del_Codigo_Penal 209 Véase, por
ejemplo, Comité de Derechos Humanos, Observación general nº 34, Artículo 19:Libertad
de opinión y libertad de expresión, 12 de septiembre de 2011, CCPR/C/GC/34,
párr. 25

210 Véase título IV del CódigoPenal:Faltas contra el orden público.Artículos
del 633 al 637.

211 Artículo 633 del Código Penal, punible con arresto domiciliario y multas.
Amnistía Internacional, abril de 2014 Índice: EUR 41/001/2014

España: El derecho a protestar, amenazado 85

212 Artículo 634 del Código Penal, punible con multas, o con arresto domiciliario
si éstas no se pagan.

213 En el apartado 4 puede encontrarse una descripción de la Ley sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana. 214 Véase apartado 4, como se cita en la nota anterior.

215 Véase apartado 4, como se cita en la nota supra. 216 Comité de Derechos
Humanos de la ONU, Observación general nº 34, párr. 38.

217 Tras la distribución en gran escala, en Internet y otros medios, de imágenes
tomadas por periodistas y por personas con sus teléfonos móviles que mostraban
el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos
de seguridad durante manifestaciones en septiembre y octubre de 2012, el director
general de la Policía anunció, en una reunión con algunos de los sindicatos
policiales, que se iba a considerar la posibilidad de incluir en una versión
reformada futura de laLey sobre Protección de la Seguridad Ciudadana la prohibición
de tomar imágenes de policías en el desempeño de su deber, cuando esas imágenes
pusieran en peligro a la persona o la operación.Aunque el director general
dijo que esa prohibición estaría dirigida a los ciudadanos particulares y no
a los medios de comunicación, también señaló que la medida debía ser estudiada
más a fondo, dada la existencia de medios de comunicación alternativos con
base en Internet que no pueden clasificarse claramente de una manera u otra.En
una entrevista de radio, el presidente del Partido Popular Europeo, el español
Jaime Mayor Oreja, expresó su preocupación por la distribución de imágenes
de cargas policiales contra manifestantes, alegando que podían animar a más
gente a acudir a las manifestaciones. 218 Véanse capítulos 4 y 5. 219 Véanse
capítulos 4 y 5. 220 Respuesta del gobierno a una pregunta escrita formulada
por el Grupo Mixto en el Congreso, 30 de septiembre de 2013. 221 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3000_3019/3001/Es3001.pdf.

Índice: EUR 41/001/2014 Amnistía Internacional, abril de 2014

YASEAENUNCONFLICTO DEGRANREPERCUSIÓNO ENUNRINCÓNPERDIDODELPLANETA, AMNISTÍAINTERNACIONAL
ACTÚAENFAVORDELAJUSTICIA, LALIBERTADYLADIGNIDAD PARATODASLASPERSONAS YPERSIGUEELRESPALDO
DELAOPINIÓNPÚBLICAPARA CONSTRUIRUNMUNDOMEJOR.

¿QUÉPUEDESHACER? Activistasdetodoelmundohandemostradoqueesposibleoponer resistenciaaquienessocavanlosderechoshuma
nos.Intégrateen
estemovimiento.Hazquelascosascambien.Pideresponsabilidades aquienesestánenelpoder.
ÚneteaAmnistíaInternacionalysépartedeunmovimiento formadoporpersonasdetodoelmundoquetrabajanparaponer
?nalasviolacionesdederechoshumanos.Ayúdanosahacerque lascosascambien. HazundonativoenapoyodeltrabajodeAmnistíaInt
ernacional.
Juntosconseguiremosquesenosoiga.

MeinteresarecibirinformaciónsobrecómounirmeaAmnistíaInternacional.

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AmnistíaInternacional,SecretariadoInternacional,PeterBenensonHouse, 1EastonStreet,LondonWC1X0DW,ReinoUnido.

ESPAÑA ELDERECHOAPROTESTAR,AMENAZADO

En España, la crisis económica, las medidas de austeridad y los recortesenserviciossocialesbásicoshanmotivadoquem
ilesde
personassalganaprotestaralacalleenlosúltimosaños.Apesarde queenlainmensamayoríadeloscasosestosactoshansidopacífic
os,
hahabidodenunciasdeusoexcesivodelafuerzaydemalostratospor parte de la policía,
y se han incrementado tanto las sanciones administrativasporasistiraprotestascomolosabusosdelasfuerzas
de seguridad contra periodistas que informaban sobre las manifestaciones. Además,
las autoridades han manifestado la necesidaddeimponerrestriccionesadicionalesalacelebraciónde
manifestaciones,proponiendomodificacionesdelalegislaciónque afectaríandirectamentealejerciciodeestederecho.

Este informe detalla los motivos de preocupación de Amnistía Internacionalentornoalasrestriccionesimpuestasaldere
choala
libertaddeexpresiónydereuniónpacíficaenEspañaenelcontextode manifestaciones.Tambiénincluyealgunasconclusionesresp
ectoaluso
excesivodelafuerzaporpartedelapolicíaalusarindebidamente material antidisturbios
durante manifestaciones, o al practicar detenciones.Asimismo,elinformedocumentaalgunoscasosdemalos
tratosadetenidosbajocustodiapolicial,yexponediversosmotivosde preocupaciónrespectoaloinadecuadodelasinvestigacion
esllevadas
acaboporlasautoridadessobrelasviolacionesdederechoshumanos cometidasporagentesdelasfuerzasycuerposdeseguridad.

amnesty.org

Índice:EUR41/001/2014 Abrilde2014

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