Título:  SI VUELVO ME MATO. ESPAÑA MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS
Índice AI:  EUR4110109
Referencia:  EUR4110109-21965
Editor:  Amnistía Internacional Sección española
Autor:  Amnistía Internacional Sección española
Fecha publicación:  20091215
Tema principal:  ESPAÑA
Descriptores:  Menores · Legislación · Abuso psiquiátrico · Tortura y malos tratos · Investigación de abusos
Resumen / Descripción:  Con este trabajo se pretende que el Estado español responda y cumpla con sus obligaciones internacionales y salvaguar de los derechos humanos de los menores. Para ello, la organización ha examinado la protección institucional proporcionada y sus carencias a la luz de los estándares internacionales, y ha incluido casos que le preocupan en materia de derechos humanos. Los casos que fueron puestos en conocimiento de Amnistía Internacional por parte de menores, familiares, abogados, educadores y otros profesionales incluyen castigos físicos, aislamiento, suministro abusivo de medicación, ausencia de servicios adecuados para el cuidado de su salud y otras conductas y omisiones que, en algunos casos, tuvieron como desenlace el suicidio de alguno de los menores.
Grado de seguridad:  Nivel 1
Subtipo de documentos:  Informe temático
Tipo de documento:  Documentación
Idioma:  Castellano
Enlace:  Menores · España
Texto:      

                                   ESPAÑA
                                   MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS
                                   “SI VUELVO, ¡ME MATO!”

        © Sección española de Amnistía Internacional
        Fecha de cierre del informe: diciembre de 2009

        Título del informe: “Si vuelvo, ¡me mato!”. Extracto de la carta de un menor de 15 años a su madre, amena
zando con
        ideas de suicidio si le volvían a ingresar en el centro en el que había sido sometido a incomunicación, r
egistros corpora-
        les íntimos y otras humillaciones durante meses en Cádiz.

        Foto de portada © Rocío Carneros

              ÍNDICE

              INTRODUCCIÓN.......................................................................................
....................3

                Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional.................................................
.....4

                Alcance y metodología de este informe............................................................
............6

                Conceptos y términos usados......................................................................
................8

              1.    EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES................11

                1.1.     Las normas de Naciones Unidas sobre la protección de los menores...............11

                1.2.     El derecho a la salud...................................................................
..............12

                1.3.     Derechos de los menores privados de libertad............................................
...15

                1.4.     Las obligaciones del Estado.............................................................
...........17

                1.5.     Las obligaciones internacionalmente comprometidas por España en materia de derechos huma
nos de los menores, en particular de su derecho a la salud.....................19

              2.    EL SISTEMA ESPAÑOL DE PROTECCIÓN DE MENORES. ALERTAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES CON TR
ASTORNOS DE CONDUCTA Y EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS...............
.....22

                2.1.     La invisibilidad de los menores bajo el sistema de protección en España.........23

                2.2.     La competencia de las Comunidades Autónomas en materia de protección de menores ........
........................................................................................................26

                2.3.     La responsabilidad del Estado y la privatización de los centros.......................27


                2.4.     La situación de los centros y condiciones de vida de los menores...................31

                2.5.     Deficiencias y dificultades de los mecanismos de supervisión de los centros de protecció
n...............................................................................................................3
5

              3.    LA TRAYECTORIA DE DESPROTECCIÓN: QUIÉNES SON Y CÓMO LLEGAN LOS MENORES A LOS CENTROS DE PROTE
CCIÓN TERAPÉUTICOS......................................40

                3.1.     Perfil socioeconómico de los menores....................................................
......40

                3.2.     Trayectoria institucional de los menores................................................
.......41

                         3.3.     Admisión, determinación del lugar de internamiento y procedimiento de derivació
n de los menores a los centros de protección terapéuticos..............................54

                       4.    VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES INTERNADOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAP
ÉUTICOS...............................................................................57

                         4.1.     Castigos.......................................................................
............................59

                         4.2.     Violencia y abusos a la integridad física y psíquica de los menores............
.....66

                       5.    VIOLACIONES DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTI
COS....................................................................................72

                         5.1.     Prácticas abusivas en la administración de medicamentos........................
.....72

                         5.2.     Violaciones al consentimiento informado y al derecho a la información en materi
a de salud ......................................................................................................
..........79

                         5.3.     Violaciones del derecho a la información y al consentimiento informado en salud
 sexual y reproductiva...........................................................................................
....81

                       6.    EL FINAL DE ALGUNAS HISTORIAS DE MENORES EN CENTROS DE “¿PROTECCIÓN?” TERAPÉUTICOS..
............................................................................85

                         6.1.     Suicidios de menores en los centros de protección..............................
.........85

                         6.2.     El ciclo de la desprotección. Un caso que ilustra el fracaso de los centros ter
apéuticos para atender los trastornos de conducta de los menores en dificultad social88

                       7.    CONCLUSIONES........................................................................
......................91

                       8.    RECOMENDACIONES.....................................................................
..................95

                       9.       INDICADORES......................................................................
.........................101

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  3

              INTRODUCCIÓN La situación de los niños y niñas que se encuentran en centros terapéuticos del sistem
a de protección en España por trastornos de conducta y dificultad social despertó la atención de la opinión públi
ca durante los primeros
meses del año 2009, tras publicarse en el informe del Defensor del Pueblo del Estado español experiencias concret
as de desprotección institucional y abusos contra sus derechos humanos. Hasta entonces, dicha realidad había perm
anecido invisible, pese a
los esfuerzos de organizaciones y profesionales comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos
 de los menores por conseguir lo contrario. Durante el año 2008, y dentro de la campaña Exige Dignidad, Amnistía 
Internacional recabó
información que impulsó la investigación que este informe recoge. Con este trabajo se pretende que el Estado espa
ñol responda y cumpla con sus obligaciones internacionales y salvaguarde los derechos humanos de los menores. Par
a ello, la organización ha
examinado la protección institucional proporcionada y sus carencias a la luz de los estándares internacionales, y
 ha incluido casos que le preocupan en materia de derechos humanos.  Los casos que fueron puestos en conocimiento
 de Amnistía Internacional
por parte de menores, familiares, abogados, educadores y otros profesionales incluyen castigos físicos, aislamien
to, suministro abusivo de medicación, ausencia de servicios adecuados para el cuidado de su salud y otras conduct
as y omisiones que, en
algunos casos, tuvieron como desenlace el suicidio de alguno de los menores.  El Defensor del Pueblo públicó un i
nforme monográfico sobre la situación de los menores con trastornos de conducta o en situación de dificultad soci
al en los centros de
protección terapéuticos el 2 de febrero de 20091. Sin embargo, las reacciones de las autoridades competentes para
 investigar y corregir las situaciones denunciadas en dicho informe no fueron diligentes ni ajustadas a las oblig
aciones internacionales
contraídas por España en materia de derechos humanos. La negación del problema o la puesta en marcha de actuacion
es mínimas en el mejor de los casos, han sido la norma general. El Estado español no ha tomado las medidas necesa
rias para garantizar que
todas las autoridades, especialmente las administraciones autonómicas con competencias en la materia, responden a
 las obligaciones internacionales sobre derechos humanos.  Con ocasión del examen periódico ante el Comité contra
 la Tortura2, el Estado
español fue interrogado al respecto, pero en su respuesta no informó de ninguna investigación que se hubiera abie
rto a causa de los abusos denunciados en el informe del Defensor del Pueblo y sólo destacó los esfuerzos de coord
inación entre un número
considerable de instituciones e

              1 Remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo. Fecha de c
omparecencia el 17 de febrero de 2009. 2 Respuestas al cuestionario del Comité contra la Tortura para el Quinto I
nforme Periódico de España
(CAT/C/ESP/5), pregunta 19.

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                       4 4    Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       instancias a distinto nivel y con diferentes competencias y roles en el sistema de protecc
ión. A raíz de esta insatisfactoria respuesta, el 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura3 se dirigi
ó de nuevo al Estado
español y reiteró su preocupación sobre las alegaciones de aislamiento y administración de fármacos de forma cont
raria a los artículos 11 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité contra la Tortura recomendó
 que se tomaran las medidas
oportunas para asegurar unas condiciones humanas dignas, y que se investigaran exhaustivamente todas las alegacio
nes de abusos o malos tratos cometidos en estos centros. Con la investigación realizada por Amnistía Internaciona
l, la organización ha
podido constatar la falta de voluntad de la mayoría de las autoridades por despejar la opacidad que rodea al sist
ema. De entrada, las Administraciones autonómicas denegaron el acceso de los investigadores de la organización a 
los centros terapéuticos.
Esta negativa fue explícita en algunos casos. En otros, fue ignorada o se hizo lo imposible para que no se llevar
an a cabo las visitas acordadas a fuerza de imponer condiciones inaceptables.

                       CAMPAÑA EXIGE DIGNIDAD DE AMNISTÍA INTERNACIONAL En el mes de mayo de 2009, Amnistía Inter
nacional lanzó su campaña global Exige Dignidad para poner fin a los abusos de derechos humanos que mantienen a l
as personas en una
situación de pobreza.  La organización considera que la pobreza es debida a una combinación de varios factores: p
rivación en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, inseguridad (la violencia afecta de maner
a desproporcionada a las
personas que viven en la pobreza), exclusión, y falta de participación y poder. Ante este marco de vulneraciones 
de derechos humanos en el ámbito de la pobreza, Amnistía Internacional exige a los Estados el acceso a los derech
os humanos sin
discriminación, una participación efectiva de las personas que viven en la pobreza en las decisiones que afecten 
a su bienestar, y mecanismos eficaces de rendición de cuentas que permitan exigir responsabilidades a quienes vio
len los derechos humanos.
Con esta campaña se pretenden denunciar aquellas situaciones que agravan y perpetúan la exclusión social en la qu
e viven las personas con escasez de recursos, incluida la violación de su derecho de acceso a la salud. Uno de lo
s ejes centrales de este
informe es, precisamente, la vulneración del derecho a la salud de los menores en los centros terapéuticos del si
stema de protección; un colectivo que es objeto de exclusión social e invisibilidad y, por ello, especialmente vu
lnerable a los abusos
contra sus derechos humanos y su propia dignidad.  El derecho a la salud supone la obligación de los Estados de g
arantizar el “más alto nivel posible de salud física y mental”4 para todas las personas sin discriminación. La vi
olencia y

                       3 Observación nº20 sobre las respuestas ofrecidas por el Gobierno español al cuestionario 
para el Quinto Informe Periódico de España (CAT/C/ESP/5), a la pregunta número 19, 19 de noviembre de 2009. 4  De
finición dada por el
artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales.

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                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  5

              la exclusión social han sido reconocidas por los distintos comités que vigilan el cumplimiento de l
os tratados de derechos humanos como factores determinantes del nivel de salud5. Las personas enfermas, ya sea fí
sica o mentalmente por
causa de la violencia o la exclusión social, requieren una respuesta adecuada, una atención y una protección que 
les permita superar su situación de indefensión y vulnerabilidad. Con el presente informe, Amnistía Internacional
 constata que la dificultad
social a la que se enfrentan las personas con menos recursos es, a menudo, el origen de la desprotección que sufr
en los menores que ingresan en los centros de protección. Una vez dentro del sistema, una atención inadecuada de 
sus necesidades agudiza su
situación de vulnerabilidad y exclusión. En los peores casos, se añade la violencia perpetrada contra ellos por p
arte de quienes tienen en sus manos su cuidado, lo que dificulta la ruptura del círculo de exclusión, discriminac
ión y violencia en el que
se encuentran y que tiene efectos tan negativos para su salud.

                    Violencia y discriminación             Desprotección en el derecho a la salud

                                 Exclusión social y económica

              Dar voz a quienes padecen abusos y exigir a los Estados que cumplan con sus deberes de respetar, pr
oteger y hacer realidad los derechos humanos, son los objetivos de Amnistía Internacional en todo el mundo. Por e
so, en este informe, se ha
querido dar voz y hacer visible la situación de los menores que viven en ‘regímenes de protección’, sujetos a una
 situación de privación de libertad o semilibertad en los centros de protección terapéuticos en España.

              5 Por ejemplo, la Observación General nº14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; la Observación General nº4 (2003) sobre
 la salud y el desarrollo
de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño.  En este informe se citan de man
era reiterada algunas Observaciones Generales de los Comités encargados de supervisar el cumplimiento de los Conv
enios de Derechos Humanos
por parte de los diferentes Estados. Estas Observaciones Generales, como instrumentos jurídicos, no tienen la fue
rza vinculante de un Tratado o Convenio, y contienen las interpretaciones y estándares de los Convenios que fijan
 las obligaciones para los
Estados en materia de derechos humanos. De modo que cumplir con sus previsiones, no es tanto una obligación en sí
 misma, como una garantía de cumplir los compromisos que contienen los Convenios que los Comités supervisan.
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       6 6    Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       ALCANCE Y METODOLOGÍA DE ESTE INFORME En la realización de este informe, Amnistía Internac
ional ha contado con la colaboración de organizaciones de defensa de los derechos de los niños y niñas, activista
s y profesionales que
trabajan para protegerles. La organización ha entrevistado a menores y a personas que pasaron por estos centros s
iendo menores de 18 años, así como a familiares, educadores, abogados, periodistas, psicólogos, psiquiatras y ped
iatras relacionados
directamente con la protección de estos niños y niñas. Igualmente, han sido examinados los marcos normativos en m
ateria de protección de los derechos de los menores, y, en particular, de su derecho de acceso y disfrute a la sa
lud en el Estado español y,
en concreto, en las tres Comunidades Autónomas que examina este informe (Andalucía, Cataluña y Comunidad Autónoma
 de Madrid). Se consultó y contactó con más de un centenar de personas y se entrevistó directamente a 59 menores,
 de ambos sexos, a
familiares y educadores que están o han estado trabajando en centros de protección terapéuticos.  Tras el informe
 del Defensor del Pueblo de 2009, quedó de manifiesto la falta de voluntad de algunas instituciones y administrac
iones con competencias para
investigar y frenar los abusos denunciados en él. Muestra de esa falta de voluntad política han sido también las 
dificultades y obstáculos que Amnistía Internacional ha encontrado a la hora de realizar la investigación, que fu
e llevada a cabo entre el
mes de junio y el mes de agosto de 2009, y que se centró en las tres Comunidades Autónomas estudiadas que concent
ran el 55 por ciento de los centros terapéuticos en España. Andalucía es, además, la Comunidad Autónoma con más c
entros de protección del
país.  Amnistía Internacional solicitó a las Administraciones y autoridades correspondientes, información sobre l
as actuaciones e investigaciones realizadas en respuesta a las denuncias del Defensor del Pueblo. La respuesta ob
tenida, en pocas ocasiones
contuvo la información solicitada. En una carta remitida a Amnistía Internacional, la Fiscalía del Tribunal Super
ior de Justicia (TSJ) de la Comunidad de Madrid declaró que emprendió una investigación en la que se realizaron v
isitas a los centros
denunciados, pero según dijeron: “No se apreció durante tales visitas la existencia de malos tratos a menores ni 
una desatención de los mismos”6. Esta misma carta anunció la puesta en marcha de medidas, sin especificar, para r
ecibir las quejas de los
menores. Las declaraciones7 realizadas por el Fiscal a los medios de comunicación ahondaron en esta idea y negaro
n la dimensión del problema.  El 17 de marzo de 2009, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid se pronunci
ó en el mismo sentido en
una comparecencia ante la Asamblea de Madrid8, donde lanzó una

                       6 Carta remitida a Amnistía Internacional por parte de la Fiscalía de la Comunidad de Madr
id con fecha 18 de junio de 2009.  7  Información recogida en la edición digital del diario El País de 13 de febr
ero de 2009.
http://www.elpais.com/articulo/espana/fiscal/jefe/Madrid/niega/malos/tratos/menores/centros/elpepusoc/2
                       0090213elpepunac_6/Tes. Consultada el 19 de septiembre de 2009. 8 Diario de Sesiones de la
 Asamblea de Madrid de 17 de marzo de 2009. Respuesta a la comparecencia parlamentaria del Defensor del Pueblo de
 17 de febrero de 2009.
http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/comparecencias/ComparecenciaAsamblea17_03
                       _09.pdf

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  7

              velada crítica a la ‘alarma social’ creada por la publicación del informe del Defensor del Pueblo, 
aunque admitió la necesidad de poner en marcha medidas para regular la situación de estos menores.  El Defensor d
el Menor de la Comunidad
Autónoma de Madrid aseguró textualmente que: “En todos los centros de Madrid el ingreso va precedido por un diagn
óstico previo que se contrasta siempre a la llegada del menor. Cabe destacar que, en el centro Picón del Jarama, 
este defensor tuvo la
oportunidad de hablar directamente con el médico psiquiatra que supervisa el tratamiento farmacológico prescrito 
a estos chicos por los centros de salud mental dependientes de la Consejería de Sanidad. De dicha conversación, l
es digo sinceramente, que
no pude concluir ningún aspecto que me resultara dudoso, ni amenaza o vulneración alguna de los derechos de estos
 menores…”.  En respuesta al informe del Defensor del Pueblo, la única medida concreta de la que se ha informado 
a Amnistía Internacional es
la redacción y remisión, por parte de la Fiscalía General del Estado, de un protocolo de actuación para la invest
igación de hechos como los denunciados a las fiscalías competentes territorialmente y que incluye como novedad la
 obligatoriedad de realizar
visitas, al menos semestrales, a estos centros 9. Este protocolo regularía la supervisión de los centros aludidos
 en el informe del Defensor del Pueblo y lo pondrían en práctica las fiscalías de menores correspondientes.  Amni
stía Internacional contactó
con las autoridades de las tres Comunidades Autónomas mencionadas, solicitando información sobre el marco normati
vo que rige en dichos centros, así como datos estadísticos sobre el número y perfil de los menores recluidos en e
llos. También pidió que le
autorizaran el acceso a los centros para comprobar in situ las condiciones de los mismos y poder mantener entrevi
stas con los menores internados.  La respuesta remitida a la información solicitada fue escasa e inconsistente. S
obre el acceso, Amnistía
Internacional no recibió apoyo de las Administraciones para acceder a los centros terapéuticos y entrevistar a lo
s niños y niñas, y tampoco lo recibió para visitar los espacios donde viven. En algunos casos, se le negó el acce
so de manera expresa, y, en
otros, de manera tácita, sin dar respuesta al pedido reiterado de la organización. Sólo se obtuvo una respuesta i
nicial favorable de la Junta de Andalucía, pero se impusieron condiciones tan sumamente restrictivas que no pudie
ron realizarse las
entrevistas.  Inicialmente, las autoridades autorizaron la visita de Amnistía Internacional a varios centros tera
péuticos; autorizaciones que fueron concretándose y cancelándose durante un periodo de cinco semanas, y que, fina
lmente, se cancelaron tras
la visita al primero de ellos. En esta única visita se habló con dos menores en presencia de la psicóloga del cen
tro. Estas conversaciones distaron mucho de contar con las condiciones apropiadas según las reglas y estándares q
ue rigen las
investigaciones de la organización, ya que unos funcionarios insistieron en estar presentes durante el encuentro 
y, otros, interrumpieron de forma constante, incluso asesorando a los menores durante el transcurso de las mismas
 cuando sus declaraciones
contradecían la información que había sido suministrada por la Administración previamente, en particular, en lo r
eferente a sus revisiones medicas, al uso de castigos y

              9 Carta remitida a Amnistía Internacional por el Fiscal adscrito a la Fiscal de Sala Coordinadora d
e Menores, con fecha de 2 de julio de 2009.                                 Amnistía Internacional, diciembre de 
2009

                       8 8    Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       celdas de aislamiento. Debido a esta situación, no se pudo continuar con la realización de
 las entrevistas y la Dirección General de Infancia y Familia canceló las visitas restantes.   Adicionalmente, Am
nistía Internacional
solicitó mantener entrevistas con funcionarios de las diferentes Administraciones competentes en el ámbito de la 
protección de menores. A nivel estatal, en Cataluña y Andalucía se mantuvieron reuniones con uno o más funcionari
os10, pero otras que fueron
solicitadas, no recibieron respuesta.  Es alarmante la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos que fac
iliten la vigilancia de los centros por parte de organizaciones de la sociedad civil e instituciones independient
es de protección de los
derechos humanos, tal y como lo establecen los estándares internacionales para las inspecciones de los centros ce
rrados11. CONCEPTOS Y TÉRMINOS USADOS Cabe advertir sobre la variedad de términos empleados en cada Comunidad Aut
ónoma para clasificar y
categorizar los diferentes tipos de centros de protección. Este informe presta atención a la situación de los niñ
os y niñas en los llamados centros de protección terapéuticos a los que ingresan “menores con trastornos de condu
cta o en situación de
dificultad social”12.  El total de centros de protección terapéuticos en España, a fecha 2008 y según datos aport
ados por las Administraciones directamente al Defensor del Pueblo, era de 58. De éstos, 21 estaban en Andalucía; 
seis, en Madrid; y cinco,
en Cataluña. Sin embargo, el número

                       10 En Cataluña, el Fiscal de Menores de Barcelona y el Sindic de Greuges; en Andalucía, la
 directora y subdirectora de la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, la jefa de Serv
icios de los Centros de
Protección de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo de Andalucía.  11 Por ejemplo, las Reglas de las Naci
ones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad adoptadas por la Asamblea General en su Resolu
ción 45/113, de 14 de
diciembre de 1990. Regla 14 “La protección de los derechos individuales de los menores por lo que respecta especi
almente a la legalidad de la ejecución de las medidas de detención será garantizada por la autoridad competente, 
mientras que los objetivos
de integración social deberán garantizarse mediante inspecciones regulares y otras formas de control llevadas a c
abo, de conformidad con las normas internacionales, la legislación y los reglamentos nacionales, por un órgano de
bidamente constituido que
esté autorizado para visitar a los menores y que no pertenezca a la administración del centro de detención”. Tamb
ién la Observación General nº2 (2002) del Comité de Derechos del Niño sobre el papel de las instituciones indepen
dientes de derechos humanos
en la promoción y protección de los derechos del niño.  Es importante destacar que si bien ni las resoluciones de
 la Asamblea General de la ONU, ni las Observaciones Generales de los Comités tienen la fuerza vinculante de los 
Convenios de Derechos
Humanos, sí que imponen una serie de obligaciones a los Estados; obligaciones que nacen de su condición de estánd
ares internacionales, esto es, de las condiciones mínimas indispensables que se han acordado para la efectiva pro
tección de los derechos
humanos de colectivos especialmente vulnerables. La obligatoriedad de estos estándares no responde más que al com
promiso general de efectivo respeto, protección y realización de los derechos humanos que han contraído los Estad
os.    12 Expresión
empleada por el Defensor del Pueblo en su informe, página 9 y siguientes. Amnistía Internacional, diciembre de 20
09

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  9

              total de centros existentes no se ha podido contrastar. Las estadísticas al respecto, en caso de ex
istir, no son accesibles y Amnistía Internacional no ha obtenido respuesta ni de las Administraciones autonómicas
 ni de la Administración
central sobre el número exacto de centros terapéuticos existentes, el número de menores ingresados en dichos cent
ros y su localización en las Comunidades del estudio.  Para efectos de este informe nos referiremos a los niños y
 niñas con el término
genérico de menores. Cuando nos refiramos a educadores, abogados, periodistas, psicólogos, psiquiatras, pediatras
 y familiares... en genérico, nos referiremos a ambos sexos. En este informe no han sido entrevistados menores de
 12 años y todas las
personas entrevistadas han dado su consentimiento para que se hagan públicos detalles personales. Para proteger e
l derecho de los menores a la confidencialidad y a su identidad, la organización no ha usado sus verdaderos nombr
es ni los de sus familiares
directos, pero sí ha utilizado, salvo indicación contraria, los de los mayores de edad que fueron menores tutelad
os, así como los de los educadores, abogados, psicólogos, jueces…, etc.  En este informe, se aborda la situación 
de los “menores con
trastorno de conducta o en situación de dificultad social”, en cuya condición confluye más de un factor social de
 discriminación. Ello les coloca en una situación de múltiple vulnerabilidad, que debe ser tenida en cuenta tanto
 en el momento de abordar
la legislación aplicable, como a la hora de buscar las herramientas más idóneas para la protección de sus derecho
s. Los marcos de protección contra la exclusión social y la discriminación, al igual que las formas de abordar ci
ertas conductas de las
niñas y niños, están en constante evolución. Por esta razón, no existe necesariamente unanimidad en la nomenclatu
ra o terminología usada para calificar ciertas conductas de los menores, por las cuales acaban internados en los 
centros de protección
terapéuticos. Como veremos más adelante, esta situación se materializa en una ambigüedad que no es compatible con
 las normas internacionales de protección de los derechos humanos de los menores.  En este informe se utiliza la 
nomenclatura de “trastornos
de conducta”, que ya fue utilizada por el Defensor del Pueblo para definir la conducta de los menores que son obj
eto de la investigación. En primer lugar, se adopta este concepto para hacerles visibles tanto a ellos como a la 
situación que ha sido
denunciada en informes de instituciones independientes de defensa de los derechos humanos. Pero el interés de la 
organización no radica tanto en contribuir al debate terminológico, como en aportar un enfoque de derechos humano
s a esta situación. En
segundo lugar, se adopta esta expresión del informe del Defensor del Pueblo porque, tal y como se señala en el mi
smo, a causa de la diversidad de términos que se dan en la legislación autonómica, existen discriminaciones en fu
nción de la Comunidad
Autónoma en la que residan. Esto es particularmente grave cuando, de esta indefinición, se decide un tratamiento 
y condiciones de internamiento para estos niños y niñas similar al previsto para menores infractores13, cuando és
tos no lo son.

              13 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 62 y 63.  El informe del Defensor del Pueblo utilizado 
en esta investigación y al se hace referencia constante fue descargado de la siguiente página web:               
                  Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

                       10 10   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       La nomenclatura de “centros terapéuticos” que son parte del sistema de protección español 
no está definida en la legislación internacional ni nacional. El concepto de “centros terapéuticos” se usa en est
e informe para referirse a
los centros cuya especialización en el sistema de protección de menores en España, es el tratamiento de menores q
ue llegan allí derivados de otros centros del mismo sistema u hospitales por presentar un trastorno de conducta o
 una enfermedad
psicosocial, enfermedad psíquica u otra análoga. Por las características de su rol y su funcionamiento, estos cen
tros en los que los menores se encuentran en régimen cerrado o semiabierto deben garantizar, como mínimo, la apli
cación de los principios
internacionales que rigen el internamiento en centros cerrados14.  La inexistencia de una definición exacta de es
te tipo de centros en las normas no puede ir en detrimento de los derechos de los menores recluidos en ellos, tal
 y como está sucediendo en
numerosas ocasiones. Es más, en muchos casos, el internamiento en este tipo de centros ni siquiera se debe a un t
rastorno de conducta diagnosticado; sino que, en ocasiones, la imposibilidad de reintegrar a los menores en su nú
cleo familiar, tras un
periplo por diferentes centros en los que ingresaron por desamparo, se agrava cuando llegan a la adolescencia y “
se vuelven conflictivos”. Según indicaron a Amnistía Internacional algunos educadores, psiquiatras y personas que
 siendo menores vivieron
este proceso, estos niños y niñas son derivados a este tipo de centros donde se les aplica el tratamiento, régime
n disciplinario y, en ocasiones, medicación previstos para menores con trastornos diagnosticados. “Esos niños aca
ban allí porque no
interesan a nadie. Es un sistema perverso donde el niño no es sujeto de derechos”15. El objetivo de este informe 
es denunciar la situación de los menores que se encuentran internados en los centros de protección terapéuticos d
esde la perspectiva de
derechos humanos que están siendo vulnerados. La indefensión ante decisiones administrativas; los abusos que sufr
en en forma de contenciones y aislamiento; el sometimiento a tratamientos médicos sobre los que no han sido infor
mados y a los que no han
prestado su consentimiento, son algunas de las denuncias concretas de las que da cuenta este informe, y que Amnis
tía Internacional considera señales de alarma; signos de que las autoridades españolas no están cumpliendo con su
s compromisos
internacionales en materia de derechos humanos.

                       http://www.defensordelpueblo.es/documentacion/informesmonograficos/informe_menores_09.zip

                       14 En particular, las ya mencionadas Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de l
os Menores Privados de Libertad adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 
1990. 15 Entrevista con
Fernando Alonso el 16 de julio de 2009 en Madrid. Fernando es usuario del sistema de salud mental, antropólogo y 
miembro del colectivo Psiquiatrizados en Acción.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  11

              1. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES

              1.1.    LAS NORMAS DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES Los niños y niñas son suje
tos de protección especial por el derecho internacional de los derechos humanos por su edad y por el estado de su
 desarrollo;
características que los distinguen de los adultos16. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas
17, (de aquí en adelante “la Convención”), es el documento que recoge los principios que deben orientar la activi
dad de los Estados Partes
en materia legislativa y de protección de los menores, y establece el alcance, ámbito y justificación de dicha pr
otección. En la Convención, se define jurídicamente al niño como: “Todo ser humano menor de 18 años de edad, salv
o que, en virtud de la ley
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. A pesar de que esta definición es menos categóric
a que la recogida en otros textos en los que no se incluye la excepción final, el Comité de Derechos del Niño pid
e que no pueda ser aplicada
si va en detrimento de alguno de los derechos reconocidos y protegidos en la Convención. Como en ella se articula
n los principios fundamentales que rigen cualquier ordenamiento jurídico en lo que respecta a la situación de los
 menores18, estos
principios

              16 La protección especial debida a los niños y niñas por estas especiales características se plasmó
 ya en 1959 con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea General de la ONU.  La De
claración Universal de los
Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturale
s prevén en sus artículos una especial atención a la situación de los niños y niñas, reconociendo para ello la im
portancia de que las
autoridades protejan a la familia como núcleo fundamental de la sociedad en la que se va a producir el crecimient
o y desarrollo de los menores. Artículos 16.3 y 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 23 y 24 del
 Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 17 La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre d
e 1989, y entró en vigor el
2 de septiembre de 1990. Sólo hay dos países que no la han suscrito: Estados Unidos y Somalia.  18 Con la firma d
e esta Convención, los Estados quedan obligados a remitir ante el Comité de Derechos del Niño unos informes perió
dicos en los que dan cuenta
del grado de cumplimiento de las previsiones de la Convención en su territorio. El Comité, además, da las claves 
interpretativas de las disposiciones de la Convención para facilitar a los Estados Partes su cumplimiento a travé
s de la redacción de una
serie de Observaciones Generales. A lo largo de este informe, nos referiremos constantemente a estos documentos p
or ser en ellos donde se puede obtener una respuesta directa sobre la naturaleza de las obligaciones en materia d
e Derechos del Niño. Este
mecanismo de supervisión es el mismo que para el resto de tratados internacionales en materia de derechos humanos
 aprobados por la Asamblea General de la ONU.                                        Amnistía Internacional, dici
embre de 2009

                       12 12   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       están íntimamente relacionados y dan la clave para interpretar los demás derechos contenid
os en la Convención: •   NO DISCRIMINACIÓN (Artículo 2). Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en
 la presente Convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la ra
za, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
 social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus re
presentantes legales. •   INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (Artículo 3). En todas las medidas concernientes a los niños
 que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órga
nos legislativos, se atenderá el interés superior del niño como una consideración primordial. .

                          •   DERECHO INTRÍNSECO A LA VIDA, LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO
                             (Artículo 6). Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco
 a la vida. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño
.

                          •   DERECHO A SER ESCUCHADO (Artículo 12). Los Estados Partes garantizarán al niño que 
esté en condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho de expresar su opinión libremente en todos 
los asuntos que le afectan,
teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se le dará
 la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamen
te o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la Ley nacional. En el 
ámbito regional europeo, la protección del menor se articula a partir del reconocimiento de estos principios, tan
to en los instrumentos de
protección de derechos humanos19
                       emanados del Consejo de Europa como de la Unión Europea. Cabe destacar de manera especial 
la Convención Europea para el Ejercicio de los Derechos del Niño de 25 de enero de 1996, que recoge las medidas q
ue deben adoptar los
Estados para que un menor pueda participar en todos los procedimientos administrativos o judiciales en los que se
 tomen decisiones sobre su situación, con las máximas garantías procesales que atiendan a su capacidad de compren
sión y de formarse un
juicio sobre su realidad.

                       1.2.    EL DERECHO A LA SALUD
                       La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada el 22 de julio de 1946 po
r la Conferencia Sanitaria Internacional, establece en su preámbulo el primer nexo entre la salud y los derechos 
humanos: “(…) el goce del
grado máximo de salud que se pueda lograr

                       19 Estos instrumentos incluyen la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta Social 
Europea, la Carta de Derechos del Niño de la Unión Europea.  Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  13

              es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología
 política o condición económica o social”. La protección internacional del derecho de acceso a la salud está reco
gida en los principales
instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Huma
nos establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
 la salud y el bienestar,
y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesario
s; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 
de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Pero es en el Pacto Internacional de Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales, a través de su artículo 12, donde el derecho a la salud encuentra una definición 
normativa: “Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto posible de salud 
física y mental”. El contenido de este derecho queda definido en la Observación General nº14 (2000) del Comité de
 Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, según el cual:  •   Cada Estado debe contar con un número adecuado de establecimientos, bi
enes y servicios públicos de atención a la salud de acuerdo a su población. •   Estos establecimientos, bienes y 
servicios públicos deben
ser accesibles sin discriminación alguna, lo que supone estar al alcance geográfico y económico de toda la poblac
ión, que, además, tiene derecho a estar informada sobre las cuestiones relacionadas con su salud.

                 •   Del mismo modo, los establecimientos, bienes y servicios públicos deben ser respetuosos con 
las prácticas culturales de la población, o lo que la Observación General define como aceptables por parte de la 
población cuya salud deben
tratar.

                 •   E, igualmente, deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico, y ser de bu
ena calidad, lo que requiere que sean prestados por personal capacitado, medios científicamente aprobados y condi
ciones sanitarias
adecuadas.

              La Convención sobre los Derechos del Niño aborda de manera específica el derecho al acceso a la sal
ud de los menores, y en el artículo 24 establece: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute d
el más alto nivel posible
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y a la rehabilitación de la salud. Los Estados Par
tes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios
”. En la Observación
General nº4 del Comité de los Derechos del Niño (2003) sobre el derecho a la salud de los menores se reconoce el 
entorno social como un factor influyente y frecuentemente determinante del nivel de salud. Los actos de violencia
, además de vulnerar los
derechos humanos de los menores, lesionan y comprometen su derecho de acceso a la salud; a menudo, con efectos pr
olongados o perdurables. El párrafo 23 de esta Observación General nº4 hace referencia a la especial situación de
 los menores que carecen de
hogar o                                 Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       14 14   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       viven en establecimientos públicos. Como la experiencia mundial alerta, estos menores suel
en encontrarse expuestos a lo que se denomina “violencia institucional”. Al respecto, el artículo 19 de la propia
 Convención establece
obligaciones muy específicas para los Estados en lo que se refiere a la protección de los menores en esta condici
ón.

                       Artículo 19 de la Convención 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativa
s, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
 físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la c
ustodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  2. Esas me
didas de protección
deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con
 objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de p
revención y para la
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de lo
s casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

                       El artículo 11 de la Carta Social Europea del Consejo de Europa consagra el derecho a la p
rotección de la salud20. Además, en el ámbito europeo, es de importancia capital por su conexión con la salud de 
las personas y la
protección de sus derechos humanos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser 
Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina de 4 de abril de 1997. Se trata del primer do
cumento internacional que
contiene pautas para la regulación del “consentimiento informado” en los Estados Partes. En este sentido, por últ
imo, cabe señalar que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea contempla el consentimiento informad
o a la hora de recibir un
tratamiento médico a través del artículo 3.2: “En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particul
ar: el consentimiento libre e informado de la persona que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas e
n la ley”.

                       20 Derecho a la protección de la salud: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho
 a la protección de la salud, las partes contratantes se comprometen a adoptar, directamente o en cooperación con
 organizaciones públicas o
privadas, medidas adecuadas para,. entre otros fines,: 1. Eliminar, en lo posible, las causas de una salud defici
ente. 2. Establecer servicios educacionales y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sent
ido de responsabilidad
individual en lo concerniente a la misma.

                       3. Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidérmicas, endémicas y otras”.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  15

              1.3.    DERECHOS DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD Un instrumento importante para la protección d
e los derechos humanos de los menores son las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Pri
vados de Libertad21. Su
alcance y aplicación afecta la situación en que se encuentran los menores en centros terapéuticos al establecer q
ue:“Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en
 un establecimiento público
o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial,
 administrativa u otra autoridad pública”22. El objetivo del internamiento de cualquier menor en un centro cerrad
o debe ser el de atender
correctamente a las necesidades y dificultades específicas que puedan afectar el normal desarrollo de su vida. Po
r ello, tal y como establecen estas Reglas23, el trabajo de las autoridades en estos centros debe centrarse en do
tar al menor de las
capacidades suficientes para su reintegración en la sociedad. MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS CENTROS: LA PROTECCIÓ
N DEL MENOR CONTRA CASTIGOS CORPORALES Y OTRAS FORMAS DE CASTIGO CRUELES O DEGRADANTES Veíamos en el apartado ant
erior cómo la Observación
General nº4 del Comité de Derechos del Niño hace una referencia específica a la protección por parte del Estado d
e los menores que carecen de hogar o viven en establecimientos públicos. La violencia ejercida contra ellos en fo
rma de castigos corporales
y otras formas de castigo crueles o degradantes no es una situación que afecte en exclusiva a los menores que viv
en en establecimientos públicos, pero esta mención expresa en una Observación General del Comité les señala como 
un colectivo especialmente
vulnerable a una forma de violencia que, tanto los diferentes órganos de supervisión de las Convenciones de Derec
hos Humanos, como los Tribunales Regionales de Derechos Humanos, han calificado de atentado a la integridad y dig
nidad de los menores y han
advertido que incluso algunos de esos castigos pueden constituir formas de tortura24. Esta cuestión se aborda de 
manera específica en la Observación General nº8 (2006) del Comité de Derechos del Niño (Derecho del niño a la pro
tección contra castigos
corporales y

              21 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad.

              22 Regla 11b.

              23 Reglas 79 y 80.

              24 Por ejemplo, el propio Comité Contra la Tortura; el Relator Especial, Nigel S. Rodley, en su inf
orme “Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, 
y en particular: la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”
              (E/CN.4/1997/7); el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General 
nº13 sobre el Derecho a la Educación; la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2000/43; así como el Tribu
nal Europeo de Derechos
Humanos, la Corte Interamericana de  Derechos Humanos; la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
 Ver análisis en profundidad de la cuestión en el Informe de Amnistía Internacional de 2000: “Un escándalo oculto
, una vergüenza secreta.
Tortura y malos tratos a menores” (Índice AI: ACT4002800).                                  Amnistía Internaciona
l, diciembre de 2009

                       16 16   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       otras formas de castigo crueles o degradantes25), en cuyo párrafo 11 se define “el castigo
 ‘corporal’ o ‘físico’ como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cier
to grado de dolor o
malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos, se trata de pegar a los niños (‘manotazos’, ‘bofetadas’, ‘
palizas’), con la mano o con algún objeto (azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.). Pero también 
puede consistir en, por
ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o 
de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos
 hirviendo u otros
productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que
 el castigo corporal es siempre degradante. Además, hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son 
igualmente crueles y
degradantes, y por lo tanto, incompatibles con la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos e
n que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridicu
liza al niño”.   Para
erradicar estas formas de violencia dentro de las instituciones residenciales y proteger a los menores de la “vio
lencia institucional”, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad conti
enen dos apartados muy
específicos sobre las limitaciones a la coerción física y el uso de la fuerza; así como sobre los procedimientos 
disciplinarios26. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA CONDICIÓN “TERAPÉUTICA” DE ESTOS CENTROS En los centros objeto de e
ste informe se llevan a
cabo tratamientos específicos para la reintegración en la sociedad de menores con trastornos de conducta. Esta fi
nalidad terapéutica vincula las condiciones y características de los mismos a otro estándar internacional. En 199
1 la Asamblea General de la
ONU aprobó la resolución 46/119 que establece una serie de principios para la protección de las personas con disc
apacidad mental y el mejoramiento de la atención a la salud mental. Este texto contiene una serie de previsiones 
sobre las condiciones y
recursos con que deben contar las instituciones psiquiátricas y que pueden ayudar en la definición de las condici
ones de estos centros de protección terapéuticos y en los tratamientos que se llevan a cabo en ellos. Es importan
te precisar que remitir a
estos principios no supone considerar a estos menores discapacitados o enfermos mentales, sino confirmar la exist
encia de previsiones en la normativa internacional que dan las pautas para la efectiva protección de los derechos
 de las personas sometidas
a internamiento terapéutico y tratamiento.

                       25 Si bien, ya desde la primera Observación General del Comité de 2001, “Propósitos de la 
educación”,
                       se hace referencia explícita a la prohibición implícita en las disposiciones de la Convenc
ión sobre este tipo de castigos.

                       26 Reglas 63 a 71. Especial atención merece en este sentido la regla 66 al centrar expresa
mente el objetivo y límites de cualquier medida  disciplinaria a aplicar en los centros: “Todas las medidas y pro
cedimientos disciplinarios
deberán contribuir a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada y ser compatibles con el respeto de la dignid
ad inherente del menor y  con el objetivo fundamental del tratamiento institucional, a saber, infundir un sentimi
ento de justicia y de
respeto por uno mismo y por los derechos fundamentales de toda persona”.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  17

              1.4.    LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO “El Comité subraya que, en el contexto de la Convención, los Es
tados han de considerar que su función consiste en cumplir unas claras obligaciones jurídicas para con todos y ca
da uno de los niños. La
puesta en práctica de los Derechos Humanos de los niños no ha de considerarse como un proceso caritativo que cons
ista en hacer favores a los niños” Observación General nº5 (2003) del Comité de Derechos del Niño, párrafo 11. Cu
ando los Estados ratifican
un tratado de derechos humanos están comprometidos a cumplir con las obligaciones impuestas en el texto.  “Las ob
ligaciones de los Estados de lograr la efectividad de todos los derechos humanos son de tres tipos:  •   Respetar
, no interferir en el
ejercicio de un derecho;

                 •   Proteger, garantizar que otros no interfieran, principalmente mediante regulación y recursos
 jurídicos efectivos, y;

                 •   Realizar27, entre otras acciones, promover los derechos, facilitar el acceso a los derechos,
 asegurar el ejercicio de los derechos a quienes no pueden ejercerlos por sí solos.

              Esta tipología ha sido reconocida por los órganos de vigilancia de los tratados, así como por organ
ismos regionales encargados de hacer cumplir los derechos humanos. Véanse las Observaciones Generales del Comité 
de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales”28.

              27 En la versión original de los documentos internacionales, en inglés, se utiliza la expresión ful
fil,que es traducida en los documentos oficiales como cumplir. Al no haber un equivalente exacto de la expresión 
inglesa, Amnistía
Internacional opta por traducirlo como  realizar, enfatizando el sentido de “hacer efectivos”y de “llenar de cont
enido” los derechos enunciados.

              28 “Derechos Humanos para la Dignidad Humana. Una introducción a los derechos económicos, sociales 
y culturales”. Amnistía Internacional, 2005. Índice AI POL 34/009/2005, página 24. El texto continúa: “La obligac
ión de respetar los
derechos humanos exige que los Estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en el disfrute de los 
derechos humanos por parte de las personas. Los artículos 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas establecen que t
odos los miembros se
comprometen a promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamental
es de todos sin distinción alguna. Ésta es una obligación inmediata, que incluye el respeto por los esfuerzos que
 realizan las propias
personas para ejercer sus derechos. De conformidad con la obligación de proteger los derechos humanos, los Estado
s deben prevenir, investigar, castigar y reparar el daño causado por abusos contra los derechos humanos cometidos
 por terceros:
particulares, empresas comerciales u otros agentes no estatales. Ésta es una obligación inmediata. Los Gobiernos 
deben regular y vigilar, por ejemplo, el uso que hacen las compañías de las empresas de seguridad privada, las em
isiones industriales
potencialmente peligrosas, el trato que los empleadores dispensan a sus trabajadores, y la adecuación e idoneidad
 de los servicios que el Estado                                 Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       18 18   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       En un Estado que cumple con todas estas obligaciones, el ordenamiento jurídico interno pro
porciona la principal protección a los derechos humanos de todos sus ciudadanos y ciudadanas. La Convención de lo
s Derechos del Niño
establece estos tres tipos de obligaciones: •   El deber de proteger emana del artículo 3.2 que determina las “me
didas legislativas y administrativas adecuadas para asegurar al niño la protección y el cuidado necesarios para s
u bienestar”. En el
artículo 3.3 se concreta aún más el alcance de esta obligación al determinar que los Estados “se asegurarán de qu
e las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
 normas establecidas por
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal,
 así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”. Especial atención para este informe merece 
el contenido del artículo
19 de la Convención al establecer que:“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativ
as, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental
, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de pro
tección deberían
comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto d
e proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención
 y para la identificación,
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes de
scritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”. •   El deber de respetar se enun
cia de forma expresa en el
artículo 2.1 de la Convención, en el que, además, se integra la prohibición de discriminación como una obligación
 de realización inmediata: “Los Estados Partes respetarán los

                       delega o privatiza, como la medicina o la enseñanza privada. El deber de proteger afecta a
 todos los derechos humanos (Comité de Derechos Humanos, Observación General nº31 sobre el artículo 2 del Pacto I
nternacional de Derechos
Civiles y Políticos: La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párra
fo 8). Los Estados tienen la obligación de realizar los derechos humanos adoptando medidas legislativas, administ
rativas, presupuestarias,
judiciales y de otra índole encaminadas a la plena efectividad de estos derechos. Esta obligación debe realizarse
 de manera progresiva, e incluye el deber de facilitar (aumentar el acceso a los recursos y medios para alcanzar 
los derechos) y
proporcionar (asegurar que toda la población puede ejercer sus derechos cuando no puede alcanzarlos por sí misma)
. Por ejemplo, las autoridades deben proporcionar a la persona acusada en un juicio los servicios de interpretaci
ón necesarios para que
entienda el proceso judicial o implantar una formación profesional eficaz que garantice que los estudiantes se be
nefician de la educación. Sobre todo, los Gobiernos deben conceder prioridad a la satisfacción de los niveles mín
imos esenciales de cada
derecho, especialmente para los sectores más vulnerables”.  Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  19

                    derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a
 su jurisdicción, sin distinción alguna”.

                 •   Finalmente, el deber de realizar supone, tal y como establece el artículo 4, la adopción de 
todas las medidas necesarias para “dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención”. La Observación G
eneral nº 5 (2003) del
Comité de Derechos del Niño establece unas medidas generales de aplicación de la Convención para promover el plen
o disfrute de todos los derechos recogidos en ella. En su párrafo 12 aboga por una perspectiva basada en los dere
chos del niño, orientada
por los principios fundamentales y en la acción necesaria de los diferentes poderes públicos para la aplicación e
fectiva de la Convención.

              El derecho del menor a ser escuchado comparte las tres categorías de deberes estatales, ya que impl
ica: asegurar condiciones que habiliten el ejercicio de ese derecho; velar porque sea ejercido, y garantizar que 
el Estado lo respeta y hace
respetar, tal y como indica la Observación General nº12 (2009) del Comité de Derechos del Niño. LAS OBLIGACIONES 
DEL ESTADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD La Observación General nº14 (2000) (el derecho al disfrute del má
s alto nivel posible de
salud) define en su párrafo 33 el alcance y contenido exactos de las obligaciones estatales para proteger el dere
cho de acceso a la salud:“Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o nive
les de obligaciones de los
Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la ob
ligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de i
njerirse directa o
indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten 
medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12. Por 
último, la obligación de
cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestar
io, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud”. 1.5.    LAS OBLIGACIONES INTERNA
CIONALES COMPROMETIDAS POR
ESPAÑA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES, EN PARTICULAR DE SU DERECHO A LA SALUD En el derecho intern
o español, las obligaciones internacionales del Estado adquieren carácter constitucional, ya que el artículo 10.2
 de la Constitución
española de 1978 determina: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitu
ción reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados
 y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España”29. España firmó la Convención de los Derechos del Niño el 26 de
 enero de 1990 y

              29 La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civile
s y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entraron en vigor en España el 27 de julio de 1977.
 Además, España debe
cumplir las obligaciones emanadas de su pertenencia al Consejo de Europa y a la Unión Europea. España fue el Esta
do miembro número 20 del Consejo de Europa, al que se incorporó el 24 de noviembre de 1977 en pleno proceso de tr
ansición y antes de la
entrada en vigor de                                 Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       20 20   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       la ratificó el 6 de diciembre de 1990. Con esta disposición quedan integrados en el ordena
miento jurídico español todos los instrumentos internacionales ratificados por España. Pero tal y como acabamos d
e ver, el cumplimiento con
las obligaciones internacionales va más allá de este reconocimiento. Exige la adopción de medidas legislativas y 
políticas públicas con las que cumplir con este abanico de obligaciones.  El siguiente cuadro muestra esquemática
mente los instrumentos
legales con los que se trata de cumplir con estas obligaciones en el ordenamiento jurídico español.        PRINCI
PIOS GENERALES    SISTEMA DE PROTECCIÓN    DERECHO A LA SALUD PARA LA PROTECCIÓN DE   DE MENORES LOS MENORES 30
                       CONSTITUCIÓN    Artículo 39.4                                                             
         32
                                                    Artículo 39.4                Artículo 43   ESPAÑOLA       Sen
tencia del Tribunal Constitucional 141/2000 de 29 de 31
                                   mayo

                       la Constitución de 1978, bajo la promesa de aprobación de un texto constitucional que reco
giera los valores del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. España firmó el Convenio de adhesión a las Co
munidades Europeas el 12 de
junio de 1985, integrándose en las mismas como Estado miembro el 1 de enero de 1986.

                       30  “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan
 por sus derechos”.

                       31  El Fundamento Jurídico nº 5 define el estatuto jurídico mínimo para los  menores en Es
paña que consiste en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU; la Carta Europea de los Derechos del Ni
ño de la Unión Europea de
1995; y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996. El reconocimiento de la Convención sobre los De
rechos del Niño como parte integrante del ordenamiento jurídico español se ha reiterado en otras ocasiones, por e
jemplo, en las sentencias
36/1991 de 14 de febrero; 273/2005 de 27 de octubre.

                       32 Artículo 43 de la Constitución española: 1. Se reconoce el derecho a la protección de l
a salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y
 de las prestaciones y
servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

                       3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deport
e. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  21

              LEYES MARCO     Ley Orgánica de Protección       Ley Orgánica de Protección Jurídica   Ley General 
de Sanidad (Ley ESTATALES                                                    14/1986 de 29 de abril) Jurídica del
 Menor (Ley1/1996 de    del
Menor (Ley1/1996 de 15 de      Ley Básica Reguladora de la 33                            35
                         15 de enero)               enero)                    Autonomía del Paciente y de 36     
          derechos y obligaciones en Código Civil
                               34                                     materia de información y Código Civil      
          Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 37         documentación clínica (Ley 1/2000 de 7 de enero)
  38
                                                             41/2002, 14 de noviembre)
              GESTIÓN         Todos los poderes públicos y      Competencia autonómica que debe   Competencia aut
onómica administraciones están obligados   ejercerse teniendo en cuenta la     que debe ejercerse teniendo al res
peto de estos principios en
   legislación marco estatal y los      en cuenta la legislació,n su actuación               acuerdos de las  ins
tituciones de    marco estatal y acuerdos de 39
                                           coordinación interautonómica      las instituciones de coordi- nación 
interautonómica

              33 Título I. De los derechos de los menores. Artículos 1-11.

              34 En lo referente a la prohibición de los castigos corporales. Libro I. Título VII. De las relacio
nes paterno filiales. Capítulo I, Disposiciones Generales. Artículos 154-161.   Se debe precisar a propósito de l
a prohibición de los
castigos corporales en el ordenamiento jurídico español, que el Código Civil lo prohibió en 2007 mediante una enm
ienda. Hasta entonces había reconocido el “derecho“ de los padres y guardianes a utilizar formas “razonables y mo
deradas” de “corrección”,
pero estas disposiciones han sido eliminadas de la Ley, y el artículo 154 del Código Civil ahora establece que, e
n el ejercicio de su responsabilidad, los padres o tutores deben respetar la integridad física de sus hijos e hij
as. El castigo corporal en
otras instituciones y formas de cuidado infantil también se prohibieron con estas enmiendas de 2007 al Código Civ
il. En las escuelas es ilegal desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio reguladora del de
recho a la educación. En
relación a la situación de los menores en conflicto con la Ley, el castigo físico está expresamente prohibido en 
la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores.  35 Título II: Actuaciones en situaci
ón de desprotección social
del menor e instituciones de protección de menores. Artículos 12-25.

              36 Libro I. Título X: De la tutela, curatela y guarda de los menores o incapaces. Artículos 215-221
.  37 Libro IV. Título I: De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. Artículos 748-781.

              38 En esta Ley se regula una figura de enorme importancia para este informe como es el consentimien
to informado.

              39 En particular, los instrumentos de coordinación de políticas autonómicas en materia de protecció
n de la infancia son: el Observatorio de la Infancia (creado en 1999 con el objetivo de hacer un seguimiento sobr
e el bienestar y
condiciones de vida y desarrollo de los niños y niñas, centralizando, para ello, toda la información y fiscalizan
do las políticas públicas que afectan a la infancia); la Comisión Interministerial para la Juventud (creada en 20
08); y las diferentes
Conferencias Sectoriales y Comisiones Interautonómicas auspiciadas desde  la Dirección General de Política  Socia
l, de las Familias y de la Infancia, actualmente integrada en el Ministerio de Sanidad y Política Social. En lo q
ue se refiere a las
políticas públicas, actualmente está en vigor el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009. 
Entre las medidas que prevé hay dos en concreto (6.4 y 6.7) que abordan la necesidad de impulsar y consolidar la 
implantación de sistemas de
gestión de la calidad en los servicios especializados de protección de menores, así como la importancia de elabor
ar protocolos que definan los criterios de calidad, evaluación, seguimiento y buenas prácticas en la intervención
 social con la infancia,
aplicables a los servicios de acogimiento familiar, acogimiento  residencial y adopción, así como a los servicios
 encargados de facilitar la permanencia del menor en su entorno familiar y social.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       22 22   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       2. EL SISTEMA ESPAÑOL DE PROTECCIÓN DE MENORES. ALERTAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES 
CON TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS Nos encontramos ante un marco constitucional
 que reconoce a estos
menores todo el abanico de derechos internacionalmente aplicables a su situación de especial vulnerabilidad. Sin 
embargo, tal y como ha constatado Amnistía Internacional en esta investigación, y como evidencia el informe del D
efensor del Pueblo, hay una
ausencia flagrante de regulación de varias áreas normativas y de implementación de los derechos de estos menores.
  El Defensor del Pueblo ha recomendado algo tan básico como el establecimiento de un marco jurídico que atienda 
a una serie de aspectos que
en este informe se denominan ‘zonas grises de la regulación’ y que propician los abusos que se denuncian en él. E
n los últimos años, las recomendaciones de instituciones independientes de derechos humanos estatales y autonómic
as, como el Defensor del
Pueblo, el Defensor del Menor de Andalucía o el Sindic de Greuges de Cataluña40, han puesto de manifiesto el vací
o normativo en aspectos cruciales y la invisibilidad de los menores con trastornos de conducta internados en cent
ros de protección
terapéuticos en el ordenamiento jurídico español. Además, en el informe del Defensor del Pueblo41 se han señalado
 como otros motivos de preocupación, la discriminación que puede darse entre los menores como resultado de la dis
paridad de regulaciones
autonómicas en materia de protección; la dificultad para denunciar, investigar y determinar las responsabilidades
 por los abusos que pueden cometerse; las carencias en el sistema de rendición de cuentas por la gestión de los c
entros que se delega en
organizaciones privadas; la propia situación y gestión de algunos centros; y las dificultades con las que se encu
entran las instituciones independientes de defensa de los derechos humanos para su supervisión.

                       40 Los informes son respectivamente: “Centros de protección de menores con trastornos de c
onducta y en situación de dificultad social”, Defensor del Pueblo, febrero de 2009; “La protección de la infancia
 en situación de alto
riesgo social en Cataluña”, Sindic de Greuges, junio de 2009; “Menores con trastornos de conducta en Andalucía”, 
Defensor del Menor de Andalucía, noviembre de 2007.

                       41 Informe del Defensor del Pueblo, por ejemplo página 61 y siguientes, Conclusiones y Rec
omendaciones.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  23

              Algunos de estos motivos de alarma fueron señalados en las Observaciones Finales del Comité de Dere
chos del Niño a los informes presentados por España en 199442 y 200243. En particular, en este último documento s
e insiste en la
preocupación sobre la falta de una política global que coordine la actividad de las Administraciones nacional, au
tonómica y local y que se base en los principios y disposiciones de la Convención; el desequilibrio en la asignac
ión de recursos dedicados a
garantizar el acceso en igualdad a los servicios prestados a la infancia en todo el territorio nacional; y las ca
rencias de un sistema de recogida de datos e indicadores sobre las condiciones de vida de la infancia, políticas 
públicas y bienestar, que
se encuentra fragmentado entre las diferentes Comunidades Autónomas. En este sentido, las denuncias del informe d
el Defensor del Pueblo, así como algunas de las evidencias encontradas por Amnistía Internacional durante la inve
stigación, dan a entender
que no se ha avanzado satisfactoriamente en la implementación de las disposiciones recomendadas expresamente por 
el Comité, a pesar de algunas de las medidas tomadas por las autoridades. 2.1.    LA INVISIBILIDAD DE LOS MENORES
 BAJO EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN EN ESPAÑA Amnistía Internacional ha podido confirmar la ausencia de información estadística y de datos
 fehacientes consolidados y actualizados sobre el número de menores tutelados en España. A pesar de que la organi
zación solicitó dicha
información reiteradamente a las autoridades estatales y autonómicas correspondientes, no se ha logrado establece
r el número de menores que hay en la actualidad en España dentro del sistema de protección en general, ni en conc
reto el número de menores
internos en centros de protección terapéuticos. En respuesta a la solicitud de información por parte de la organi
zación, las dos instituciones con responsabilidad directa, la Fiscalía General del Estado44 y el Ministerio de Sa
nidad y Políticas
Sociales45, han admitido desconocer estos datos o proporcionado otros obsoletos que, además, no incluyen la total
idad del territorio.  La inexistencia de una cifra actualizada pone de relieve la invisibilidad de estos menores 
y la facilidad para que sus
derechos sean vulnerados. Como indica el académico Jesús Palacios: “Estos niños no son sólo socialmente invisible
s sino que estadísticamente son difícilmente cuantificables. El interés del menor debe referirse a otro tipo de m
enores no a los
institucionalizados46.

              42 CRC/C/15/Add.28, 24 de octubre de 1994.

              43 CRC/C/15/Add.185, 13 de junio de 2002.  44 Escrito con fecha 23 de julio de 2009 en respuesta a 
la carta de Amnistía Internacional de 28 mayo 2009:“Lamento comunicarle que la Fiscalía General del Estado carece
 de los mismos”.

              45 Escrito remitido en agosto en respuesta a la carta de Amnistía Internacional de 28 de mayo de 20
09.

              46  Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla y Profesor d
e Cambridge. Experto europeo en protección de menores. Artículo de El País de 14 julio de 2009.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       24 24   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       La cifra más actualizada que ha sido facilitada por la Administración pertenece al año 200
6. Fue elaborada por la Dirección General de Infancia y Familia del Ministerio de Educación, Política Social y De
portes, y cifra en 29.544
el número total de menores que se encontraban tutelados por alguna Administración pública española a 31 de diciem
bre de 2006. También aportaron que existían 11.257 menores acogidos en centros de protección, pero sin contabiliz
ar los de Andalucía,
Mallorca y Melilla. Si Andalucía informó tener 284 centros de protección, la cifra final podría haberse aproximad
o a unos 12.000 menores acogidos en centros en el 2006. Esta cantidad ha ido aumentando en los últimos tres años.
  Amnistía Internacional se
dirigió a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid para obtener datos más actualizados con escri
tos remitidos en mayo de 2009 a sus Consejerías de Bienestar, a las Fiscalías de Menores y a las Direcciones Gene
rales de Familia e Infancia
respectivas. Las respuestas fueron dispares. •   En Andalucía47 se indicó que el número total de centros de prote
cción era de 284, con 2.783 plazas. De estos centros, 27 eran centros de protección terapéuticos, con un total de
 228 plazas. Sin embargo,
Amnistía Internacional pudo comprobar que en el listado ofrecido no se incluían todos los centros bajo esta categ
oría, y que era diferente al proporcionado al Defensor del Pueblo para su informe de febrero 200948. Según este i
nforme, los centros de
protección donde se llevan a cabo programas terapéuticos para menores con trastornos de conducta eran 21, y el nú
mero total de plazas para estos menores, de 21849. •   En Cataluña50, a falta de respuesta por parte de la Consej
ería y de la Dirección
General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), hay que destacar las dificultades en la obtención de es
tos datos que ya refleja la Memoria de la Fiscalía de Cataluña de 2008. Es preocupante que la propia Fiscalía no 
pueda concluir con claridad
a cuántos menores protege. Si se suman los datos que la Administración ha proporcionado a la Fiscalía podríamos d
ecir que se han adoptado medidas de protección para 7.450 menores, de los cuales, 2.448 (cálculos de Amnistía Int
ernacional basados en los
datos de la Memoria) estaban en centros de protección en el año 2008. Según la Fiscalía de Cataluña51 habría apro
ximadamente 119 centros en total, de los cuales, 14 estaban catalogados en su Memoria Annual como centros de prot
ección terapéuticos en el
2008.

                       47  Datos facilitados a Amnistía Internacional por la  Directora General de Infancia y Fam
ilia, Carmen Belinchón, en reunión mantenida con la organización el 10 de junio de 2009 en Sevilla.

                       48 Al menos un centro no estaba recogido en el listado facilitado a Amnistía Internacional
; centro del que la organización había recibido denuncias.

                       49 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 110 y 111.

                       50 Datos facilitados por el Fiscal de Menores de Barcelona durante la reunión mantenida el
 6 de julio de 2009 en Barcelona.

                       51 Listado de centros de la Memoria Anual de la Fiscalía de Menores de Cataluña, páginas 4
2 a 44 de la Sección 5 sobre menores, punto 11 apartado g. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  25

                    “El conocimiento de cuántos centros hay en la provincia de Barcelona no ha resultado fácil… i
ncluso en la fecha en que se elabora esta Memoria. Se desconoce qué número exacto de menores están bajo medidas d
e protección y cuántos en
investigación. Cualquier pretensión de recoger información estadística procedente de los propios medios de la Fis
calía es una ilusión. Los únicos datos que pueden aportarse son los propios datos procedentes de la Administració
n”52.  En el informe del
Defensor del Pueblo se señala que no se tuvo acceso a los datos necesarios que se solicitaron a la Dirección Gene
ral de Atención a la Infancia y Adolescencia para determinar el número de centros de protección terapéuticos las 
plazas disponibles en ellos
para el tratamiento de menores con trastornos de conducta53. •   De la Comunidad de Madrid no se ha obtenido una 
respuesta concreta del número de menores bajo protección. Según la prensa hay 4.562 menores tutelados, de los que
 2.703 viven en familias de
acogida y 1.859, en centros. No existe un número exacto de centros de protección54. Según los datos del informe d
el Defensor del Pueblo, en Madrid hay un total de seis centros de protección terapéuticos con un total de 116 pla
zas para menores en
protección con trastornos de conducta55. Esta situación de invisibilidad se ve agravada por la evidente disparida
d, falta de uniformidad y fragmentación, tanto de los métodos como de los indicadores y formas de sistematizar la
 información cuantitativa y
cualitativa sobre los menores en los centros de protección en España. Esto ha sido objeto de atención para el Com
ité de Derechos del Niño que, ante el informe presentado por España hace siete años, recomendaba enmendar esta si
tuación. En concreto,
recomendó que: “Perfeccione su mecanismo de recopilación de datos y de análisis de datos desglosados sistemáticam
ente, así como la utilización eficaz de datos e indicadores para formular y evaluar políticas y programas destina
dos a la aplicación y la
supervisión de la Convención”56.

              Uno de los efectos más preocupantes de esta falta de datos es su impacto en la supervisión efectiva
 de los derechos de los menores. Si estos niños y niñas no son visibles para el sistema de protección y si estos 
centros son inaccesibles al
seguimiento independiente de las organizaciones de la sociedad civil e incluso del propio Estado, la desprotecció
n de los menores es aún mayor, y hace de ellos un colectivo proclive a sufrir violaciones que también permanecerá
n en la invisibilidad.

              52 Memoria de la Fiscalía de Cataluña 2008. Sección 5 sobre menores.  53 Informe del Defensor del P
ueblo, páginas 154 y 155. 54 Artículo de El País de 24 agosto de 2008, fuente de la información no citada.

              55 Informe del Defensor del Pueblo, página 176. 56 Observaciones 19 y 20 sobre la recopilación de d
atos del Comité de los Derechos del Niño a España en 2002, CRC/C/15/Add.18.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       26 26   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       2.2.    LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES

                       Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la falta de unanimidad e incluso cri
terio en la regulación del ingreso de los menores en estos centros. Más allá de las distintas nomenclaturas utili
zadas para denominar a los
centros terapéuticos, las diferencias en la regulación del ingreso se hacen aún más patentes y confusas. Y lo que
 es más grave, la práctica de la Administración, en ocasiones, no tiene en cuenta las propias previsiones legales
, tal y como se denuncia en
el informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009 y en el del Defensor del Menor de Andalucía de 2007 sobre m
enores con trastornos de conducta. Esto sucede, en particular, en lo que respecta a la intervención de la autorid
ad judicial para determinar
el ingreso de los menores en un centro terapéutico del sistema de protección.  En Andalucía, conforme a la Ley 1/
98 y a la Orden de 13 de julio de 2005, con la que se aprueba el proyecto educativo marco para los centros de pro
tección de menores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ingreso en los centros terapéuticos debería ser determinado por 
el juez de menores en atención a las necesidades específicas del menor, que son las que determinan el tipo de cen
tro al que debe acudir57.
En el informe del Defensor del Menor de Andalucía58 se constata que la información recibida por parte de la admin
istración de los centros no coincidía con la facilitada por la Dirección General de Infancia y Familia. En el inf
orme mencionado, algunos
menores ingresaban en los centros sin que mediase autorización judicial alguna.  En Cataluña, la intervención jud
icial para el tratamiento de adolescentes con trastornos de conducta es obligatoria en los casos en que carezcan 
de representante legal o
que éste se oponga de manera infundada al tratamiento prescrito en fase preventiva. En esta ley, no se tipifica r
emisión alguna a un tipo específico de centro. En Madrid, la ley es especialmente confusa al hablar sólo de centr
os terapéuticos para los
menores bajo tutela administrativa59, mientras que, al referirse al internamiento de menores en situación de conf
licto social, sólo se refiere a centros semiabiertos o cerrados60. Además, al hablar de la ejecución de medidas q
ue impliquen
internamiento61 (que en todo caso debe determinar un juez de menores) traza una distinción entre la gestión de lo
s centros semiabiertos o cerrados, que son de competencia autonómica; mientras que declara competente a la Admini
stración local de la
gestión de los centros de régimen abierto, terapéuticos y de fines de semana.

                       57 Artículos 43.2 y 48 de la Ley 1/98 de la Junta de Andalucía. 58 Informe de Menores con 
Trastornos de Conducta en Andalucía, página 113. 59 Artículo 56.1. b de la Ley 6/95 de la Comunidad Autónoma de M
adrid. 60 Artículo 77 de la
Ley 6/95.

                       61 Artículo 72 de la Ley 6/95.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  27

              El informe del Defensor del Pueblo afirma que las Comunidades Autónomas no contemplan la necesidad 
de autorización judicial para el ingreso de menores dentro del sistema de protección en un centro terapéutico, in
cluso en los casos en que
la ley autonómica lo prevé62. Según datos del informe del Defensor63, en un 32 por ciento hay autorización judici
al, en un 53 por ciento no existe y en un 16 por ciento, sólo en ocasiones, con independencia de si se señala en 
la Ley su obligatoriedad.
En opinión de Amnistia Internacional esto supone una vulneración de la legislación española sobre el internamient
o no voluntario, ya que tanto el Código Civil como la Ley de Enjuiciamiento Civil exigen que el internamiento sea
 previamente autorizado por
un juez salvo en los casos urgentes. En éstos, deberá comunicarse dicho internamiento al juez lo antes posible, y
 en todo caso, en un plazo de 24 horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación judicial de 
dicha medida, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llega a conocimiento del tribunal64.  La dif
erente regulación de los centros de protección, sus sistemas de ingreso y la práctica de las diferentes Administr
aciones autonómicas para su
derivación es, además, un motivo de especial preocupación para Amnistía Internacional por el efecto discriminator
io que tiene en cuanto a las garantías y protección de los derechos de los menores que se encuentran internos en 
los centros de protección
terapéuticos. Esta situación viola el principio de ‘No Discriminación’, que es básico en la protección que el der
echo internacional otorga a los menores.

              2.3.    LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS CENTROS En España existen tres mode
los de gestión para los centros terapéuticos del sistema de protección de menores:  (a) Con titularidad y gestión
 de la Administración
pública;
              (b) Con titularidad de la Administración pública que cede el edificio para su gestión a una entidad
 privada;
              (c) Con titularidad y gestión de una entidad privada.  En España, ha habido una apuesta clara por l
a privatización. De los 58 centros terapéuticos existentes en el 2008, sólo tres son gestionados por la Administr
ación pública65. El resto
son dirigidos por 41 entidades con diferente personalidad jurídica (fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro,
 empresas mercantiles) que operan sobre la base de un convenio con la Administración pública.

              62 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 301 y 302.

              63
               Informe del Defensor del Pueblo, página 302.

              64 Artículos 271.1 del Código Civil y artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 65 Dos se enc
uentran en Barcelona (Can Rubio y Els Castanyers) y otro, en Valladolid (Zambrana).                              
   Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

                       28 28   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Entre las fundaciones, las que destacan por poseer el mayor número de centros en España y 
de recibir el mayor presupuesto por parte del Estado son las entidades privadas Dianova y O’Belén. Entre ambas ge
stionan unos 17 millones de
euros (unos cinco, Dianova, con siete centros, y cerca de 12, O’Belén, con cinco centros). Más del 90 por ciento 
procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las Administraciones, pero, además, cuentan co
n patrocinadores
privados66. El 18 de septiembre de 2009, la Junta de Castilla la Mancha decidió cerrar uno de los cinco centros g
estionado por O’Belén, diciendo que asumirían la protección de esos menores en las propias instalaciones de la Ju
nta. Ese mismo día, el
presidente de la fundación dimitió por razones personales67. Posteriormente, el 16 de octubre de 2009 se cerró ot
ro centro gestionado por la misma fundación en la misma Comunidad Autónoma, el Centro de Casa Joven de Guadalajar
a, donde estuvo ingresada
la menor que se suicidó el 12 de abril de 2009, Silvia.68

                       La jueza, Carmen Orland, titular del Juzgado de Menores de Huelva, afirmó en una entrevist
a concedida a un medio de comunicación que: “Estamos apostando por unos centros concertados con una gestión priva
da. Se están haciendo
multinacionales de tratamientos de menores porque, aunque tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, de hecho s
on negocios. Todo esto es un tinglado. La Comunidad está contratando a entidades privadas que, a su vez, no son e
ntidades locales y tienen
centros en otras provincias. [El modelo] no responde a criterios de una red local que conoce el entorno de los ch
icos”69.

                       Los recursos que invierten las Administraciones públicas en estos centros gestionados por 
entidades privadas se  establecen a partir de una tarifa por menor y día acordada entre la Administración y la en
tidad, teniendo en cuenta
el convenio que regula la gestión de estos centros. Según los datos del informe del Defensor del Pueblo: “La cant
idad media que la entidad pública abona a la entidad gestora por cada menor al mes, es de 3.810,30 euros, lo que 
pone de manifiesto una
realidad contundente: la Administración está invirtiendo un elevado presupuesto en la atención residencial a meno
res en situación de dificultad social, lo que, sin embargo, no está en consonancia con la insatisfacción que mani
fiestan muchos menores
acogidos en este tipo de recursos”70.

                       Para las organizaciones que gestionan los centros, ésta puede ser una actividad lucrativa.
 Tal y como apunta Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con menores mar
ginados: “El cuidado de
estos niños aporta, de media, 3.800

                       66 Datos extraídos del artículo publicado en la revista Interviú en julio de 2009 “Chicos 
malos, grandes negocios” por Jaime Barrientos. El autor fue entrevistado por Amnistía Internacional el 8 de julio
 de 2009 y subsiguientes
comunicaciones. 67 Noticia difundida por El País el 19 de septiembre de 2009.  68 http://www.guadalajaradosmil.es
/noticia.asp?ref=38832 69 Entrevista publicada en el Diario de Sevilla, 22 de julio de 2009.

                       70 Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009, página 261.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  29

              euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000. Uniendo a este montant
e las aportaciones de distintas empresas a través de sus obras sociales, que funcionan como patrocinadoras, y a l
as donaciones de suelo
público de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio”71.  En el propio infor
me del Defensor del Pueblo se recomienda que estas tarifas: “(…) deberían cubrir como mínimo el coste real que el
 centro debe invertir en el
cuidado óptimo y el mantenimiento de cada menor. Asimismo, sería imprescindible una total transparencia en lo que
 se refiere a la distribución y destino final de los gastos por parte de las entidades adjudicatarias, con el fin
 de garantizar la
eficiencia en la gestión administrativa”72. La actuación de empresas y otras entidades no estatales ha despertado
 interés por su implicación directa o indirecta en violaciones de derechos humanos73. En este sentido, Amnistía I
nternacional recuerda que
la privatización o contratación de proveedores privados respecto de servicios esenciales es un medio, no un fin. 
La organización enfatiza el deber de los Estados de proteger los derechos humanos. Ello implica que el principio 
rector debe ser siempre la
mejora de las condiciones vigentes, por tanto, debe ser evaluado el impacto en materia de derechos humanos antes 
de emprender cambios sustanciales de política. Esta evaluación se deberá llevar a cabo de manera imparcial y tran
sparente, consultando en
todo momento a las comunidades, empresas y otras partes interesadas. En España, la gestión a cargo de entidades p
rivadas de los centros en el marco del sistema de protección de menores, no ha sido objeto de ninguna evaluación.
 Pero la privatización o
contratación de proveedores privados no permite al Estado inhibirse de su obligación de respetar, proteger, reali
zar y promover los derechos humanos.  Las obligaciones de los Estados quedan perfectamente ilustradas en el infor
me del 15 de mayo de 2009
del Representante del Secretario General de la ONU para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transn
acionales y otras empresas. “El deber de protección de los Estados se funda en la normativa internacional de dere
chos humanos, que dispone
que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir que las empresas vulneren los
 derechos de los individuos en su territorio y/o bajo jurisdicción, y de investigar, sancionar y resarcir las vio
laciones que se cometan, es
decir, facilitar el acceso a la reparación”74.

              71 Artículo publicado en la revista Interviú en julio de 2009 “Chicos malos, grandes negocios”, por
 Jaime Barrientos. El autor fue entrevistado por Amnistía Internacional el 8 de julio de 2009.

              72 Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009, página 261.

              73 “Los derechos humanos y la privatización”. Índice AI: POL 34/003/2005, marzo de 2005.

              74 Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derechos humano
s y las empresas transnacionales y otras empresas. Informe “Obligación de los Estados de facilitar el acceso a me
dios de reparación de las
violaciones de los derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas: visión de conjunto de las dis
posiciones, las observaciones y las decisiones internacionales y regionales”, página 2. Así lo ha señalado tambié
n el Comité de los Derechos
del Niño: “(…) los Estados Partes en la Convención tienen la obligación jurídica de respetar y promover los derec
hos del niño con arreglo a lo dispuesto en la Convención, lo que incluye la obligación de velar por que los prove
edores privados de
servicios actúen de conformidad con sus disposiciones, creándose así obligaciones indirectas para esas entidades”
 Observación General nº 5 (2003) del Comité de los Derechos del Niño, párrafo 43.                                
 Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

                       30 30   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Los Estados son responsables de los abusos cometidos por particulares y otras entidades no
 estatales cuando tienen jurisdicción sobre tales personas y empresas y no supervisan que sus actuaciones se ajus
ten a las normas de
derechos humanos75.

                       Pero tampoco las entidades privadas están exentas del cumplimiento de las obligaciones en 
materia de derechos humanos. Las empresas deben respetarlos76. La obligación que recae sobre las empresas de resp
etar todos los derechos
humanos va acompañada del deber de ejercer la debida diligencia, o lo que es lo mismo, del deber de conocer, prev
enir y responder a los efectos negativos sobre los derechos humanos77.  Por ello, el Estado debe exigir a las emp
resas proveedoras de
servicios la presentación de informes transparentes y garantizar el derecho de la comunidad a participar y saber.
 Para ello, debe facilitar el acceso a los documentos y contratos pertinentes.    El Estado Español tiene la obli
gación de garantizar que la
privatización de los centros de protección no compromete ni menoscaba los derechos de los menores, incluyendo sus
 derechos a acceder a servicios de salud. También le asiste la obligación de verificar si los recursos públicos d
estinados a la protección
de los menores sirven a los objetivos para los que son concedidos. En este sentido: “(…) los Estados deben adopta
r las medidas apropiadas para cerciorarse de que, al desarrollar sus actividades, el sector de la empresa privada
 y la sociedad civil
conozcan y tengan en cuenta la importancia del derecho a la salud”78.

                       Amnistía Internacional insta al Gobierno español a poner en marcha las iniciativas y medid
as necesarias para cerciorarse de que sus políticas de privatización de los centros de protección terapéuticos se
 ajustan en la práctica a
sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Como preguntaba públicamente una menor ingresada en un cent
ro terapéutico: “¿Cómo es posible que le quiten la tutela a mis padres para dársela a una empresa?”79.
                       Amnistía Internacional ha establecido una serie de principios esenciales de la Convención 
sobre los Derechos del Niño aplicables al acceso a la salud para los menores en estos centros

                       75 Directrices de Maastricht sobre las violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, doc. ONU: E/C.12/2000/13, párrafo 18. El concepto de «diligencia debida» se articula en la decisión d
e la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C, Núm. 4, así como e
n instrumentos internacionales posteriores, como la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia co
ntra la Mujer.
                       76 Representante especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión de los derech
os humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Informe “Proteger, respetar y remediar: u
n marco para las
actividades empresariales y los derechos humanos”. Abril de 2008, párrafos 54 y 56. 77 Ibid, párrafo 56.

                       78 Observación General nº 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural
es, párrafo 55.

                       79 Web no a O Belén, http://fundacionobelenno.blogspot.es/ Publicado el 10 de agosto de 20
09.  Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  31

              al objeto de defender los derechos humanos en el contexto de la privatización, incluida la asistenc
ia médica80. 2.4.    LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS MENORES Según el informe del Defens
or del Pueblo y los relatos
de menores y educadores entrevistados por Amnistía Internacional, los centros terapéuticos han sido diseñados par
a el control, la vigilancia y la contención de los menores. Están provistos de medidas de seguridad como rejas y 
verjas, ventanas pequeñas,
cerrojos y candados. A pesar de que algunos están situados en antiguos chalets o casas señoriales, las condicione
s son mejorables, sobre todo, en términos de habitabilidad. De su rehabilitación suelen encargarse muchas veces l
os propios menores
internados, aunque el centro reciba subvenciones para adecuar sus instalaciones a la normativa vigente. Las condi
ciones de los centros están muy alejadas de lo que recomienda la legislación internacional y de lo que conocemos 
como un “ambiente
familiar”. Un educador los describió como “almacenes de niños” por su propia infraestructura y la insuficiencia d
e recursos81.  CAPACIDAD Y OCUPACIÓN Las Reglas de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad esta
blecen las condiciones del
medio físico y alojamiento de los menores82. Éstas deben ser adecuadas higiénicamente y respetuosas con la dignid
ad humana si quieren servir para rehabilitar a los niños y niñas, y facilitar el respeto a su intimidad.  Para co
ntrastar el cumplimiento de
estos estándares internacionales remitimos a la información citada en el informe del Defensor del Pueblo, puesto 
que la organización sólo fue autorizada a visitar un centro de protección.

                 NUMERO DE CENTROS Y PLAZAS EN CENTROS DE PROTECCION TERAPÉUTICOS DE LAS TRES COMUNIDADES OBJETO 
DE ESTE INFORME COMUNIDAD AUTÓNOMA          CENTROS            PLAZAS  ANDALUCÍA                  21             
    261 CATALUÑA
       5                 122 MADRID                    6                 123

                 Fuente: Elaboración propia con datos incluidos en el informe del Defensor del Pueblo de febrero 
de 2009.

              80 Véase el informe: “Human Rights and Privatization”. Londres: POL 34/003/2005.  81 Reunión entre 
Viçent Galea i Montero y Amnistía Internacional el 11 de julio de 2009.

              82 Reglas 31-37.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       32 32   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       De los testimonios de los niños y niñas entrevistados por Amnistía Internacional, se deduc
e que es frecuente que los centros estén saturados y que, en ocasiones, los nuevos menores sean acomodados en sal
as destinadas a otros
fines, incluidas celdas de castigo. Por ejemplo, una menor que actualmente tiene 15 años, relató a Amnistía Inter
nacional su ingreso en el centro Santa María del Prado de Córdoba cuando contaba con 12 años de edad y estaba emb
arazada de dos meses: “El
centro estaba lleno de niñas, así que cuando llegué no había cama y me pusieron en una celda pequeña con una cama
 con las patas de adelante rotas. Me escurría. Había una ventana sin cristales y con rejas por donde se colaba el
 frío de la sierra y una
puerta que hacía saltar la alarma cada vez que quería salir. Me medicaban, dormía mucho tiempo y babeaba. No tení
a a quién quejarme, mi madre venía a visitarme cada día pero no me dejaban verla. Luego ella me lo dijo. Me casti
garon sin comer tres días y
me escapé a mi casa”83. Este centro tiene capacidad oficial para 15 menores. El 16 de julio de 2009, Amnistía Int
ernacional realizó una visita (previamente anunciada al centro), donde pudo contrastar que, ese día, había sólo c
uatro menores.  Parecido es
el relato de un menor que a su llegada al centro terapéutico de Benalup, en Cádiz, fue “colocado” en la celda de 
aislamiento durante 15 días por falta de camas en los 84 .
                       dormitorios. Según su testimonio: “Para aguantar, me medicaban fuertemente” .

                       Amnistía Internacional recibió, ya en el 2007, denuncias concretas sobre el centro La Merc
ed, de Tarragona. Según la denuncia de varios educadores la saturación del centro contribuyó a que “los bebés tuv
ieran desde sarna a
piojos,[y que tras] un mes de vómitos continuados se hubieran contagiado tuberculosis e infecciones oculares por 
falta de higiene, atención y hacinamiento”. Lo que según los educadores “no es difícil, puesto que comparten hast
a los chupetes”85. Amnistía
Internacional quiere destacar con preocupación que los educadores que denunciaron los hechos sufrieron represalia
s por parte del centro, como suspensión de sueldo y cambio de turnos aleatorios. También fueron acusados de “desv
elar información
confidencial”. Dos años después, la propia Administración se hizo eco de sus denuncias.  A día de hoy, algunos ed
ucadores del centro han continuado denunciando (también a Amnistía Internacional) la saturación ya que, a pesar d
e contar con 66 plazas,
tuvieron ingresados a 93 niños y niñas durante junio de 2009. Este hecho fue reconocido por la Dirección General 
de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat86. LA IDONEIDAD DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA PROTECC
IÓN DE MENORES Del mismo
modo que lo hacían en cuanto a las condiciones físicas de los centros, las Reglas

                       83 Entrevista realizada el 29 de julio de 2009.

                       84 Entrevista realizada el 21 de julio de 2009 con la madre de la menor en Córdoba y con l
a menor posteriormente.

                       85 Entrevistas e información facilitadas el 2 de junio de 2009. Sobreocupación del centro 
reconfirmada tras el informe del Sindic de julio de 2009.  86 El Mundo, 25 de junio de 2009. Amnistía Internacion
al, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  33

              de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad87 detallan de manera muy minuciosa las
 características, formación, selección y pautas para el desempeño de las funciones del personal de los centros. E
l personal debe ser
competente, suficiente y especializado (educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, ps
iquiatras y psicólogos). Su proceso de selección debe ser riguroso y la retribución adecuada. Además, debe recibi
r formación para el
correcto desempeño de sus funciones, que se orientará hacia el respeto y protección de la dignidad y los derechos
 humanos de los menores con los que trabajen.  Amnistía Internacional reconoce la labor que realizan muchos de lo
s profesionales que
trabajan en estos centros y, a pesar de las dificultades en las que ejercen, reconoce su compromiso y dedicación.
 La organización ha analizado, a través de testimonios e incluso denuncias, algunas de las dificultades a las que
 tienen que hacer frente en
el desempeño de su trabajo y que tienen consecuencias negativas en el acceso a la salud de los menores bajo su re
sponsabilidad.  En los testimonios recopilados por la organización surgen dudas, quejas y denuncias sobre la cual
ificación, experiencia,
trayectoria profesional y formación relevante de parte del personal de los centros que asegure un desempeño corre
cto de su labor profesional. Además, en algunos casos relatados a Amnistía Internacional, el hecho de sufrir acto
s de violencia o de
presenciarlos ha sido determinante para que algunos de los profesionales abandonen el trabajo en un centro en par
ticular e incluso cambien de profesión.

              Acción de calle de educadores contra los abusos en los centros. La pancarta lee: “Torturado y encer
rado no se educa”   © Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados Varios educadores han relatado a la organiz
ación cómo algunos de sus
compañeros no habían acabado la carrera o carecían de la formación necesaria para llevar a cabo su actividad en e
stos centros. Así lo dijo también Alberto Fernández, presidente del Consejo General del Colegio de Educadores Soc
iales, quien aseguró en una
entrevista concedida a un medio de comunicación que en los centros: “trabajan personas sin titulación universitar
ia o con una titulación inadecuada. En muchas ocasiones, solicitan perfiles más propios de personal de 88
              seguridad que de trabajadores del sector educativo” .

              87 Reglas 81-87.

              88 Entrevista publicada en Interviú el 29 de junio de 2009.                                  Amnist
ía Internacional, diciembre de 2009

                       34 34   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Hay que destacar el caso de una periodista que se infiltró en el centro Font Fregona en Ca
taluña sin que nadie se ocupara de comprobar su currículum vitae. En su testimonio refleja que casi ninguno de lo
s supuestos educadores
había estudiado nada relacionado con la infancia y conoció incluso a pacientes que siendo adultos habían estado e
n el centro recuperándose de toxicomanías y que, posteriormente, se habían quedado como 89
                       “cuidadores” . EL SÍNDROME DE BURNOUT Y LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL Se ha definido el sí
ndrome de burnout en el contexto de trabajadores con menores como “sensación de fracaso y de agotamiento o postra
ción, debido a una demanda
excesiva de 90
                       energías, fuerzas y recursos” . Varios son los profesionales entrevistados por Amnistía In
ternacional que han hablado de su incapacidad para continuar con el trabajo en los centros.  Entre las numerosas 
causas del burnout de estos
profesionales, se encuentran las malas condiciones laborales, las largas horas de trabajo, los cambios de turnos 
y los salarios 91
                       bajos .Existe una alta rotación de personal en los centros, y ello influye en la salud de 
los menores en tanto en cuanto sus referentes y vínculos emocionales son continuamente cambiados. Según la organi
zación Exil, este síndrome,
conocido como el “síndrome del 92
                       peloteo o maltrato institucional”, no ayuda al desarrollo saludable del menor . Los testim
onios compartidos con Amnistía Internacional por dos educadoras de un mismo centro de Cataluña son muy relevantes
. Una de ellas decidió
cambiar de profesión, la otra, 93
                       optó por no volver a trabajar en un centro de protección . Ambas reconocían la sensación d
e distanciamiento del trabajo, la baja satisfacción laboral y el agotamiento emocional, mientras denunciaban los 
abusos y la
despersonalización de la asistencia a los menores. FALTA DE PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO La disponibilidad de pe
rsonal médico capacitado en un centro es un elemento importante para hacer realidad el derecho de acceso a la sal
ud. La falta de una
especialidad en psiquiatría infantil en España hace que los menores en centros terapéuticos se vean a 94
                       menudo en manos de personal no familiarizado con sus trastornos específicos .

                       89 Entrevista con la reportera del equipo de investigación de Cuarzo Producciones, realiza
da el 23 julio de 2009.

                       90 Daley MR. Preventing worker burnout in child welfare. Child Welfare,1979.

                       91 La nómina de un educador oscila entre 600 y 900 euros y la de un psicólogo en un centro
 llega a los 1.000 según información facilitada por varios educadores, adjuntando comprobante de alguna de sus no
minas.

                       92 Entrevista con Maryorie Dantagnan y María Vergara ambas psicólogas de Exil en Barcelona
 el 8 y el 24 de julio de 2009 en Barcelona respectivamente.  93 Entrevistas realizadas el 9 y el 22 de junio en 
Cataluña respectivamente.
94  España y Rumania son los dos únicos países de la Unión Europea donde no existe la psiquiatría infantil como e
specialidad. Datos del informe del Defensor del Pueblo, febrero de 2009.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  35

              El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que, como parte del deber de c
umplir la obligación de prestar una atención adecuada al derecho de acceso a la salud, los Estados tienen que vel
ar para que los
profesionales de esta rama dispongan de una 95 . formación suficiente . La formación de los profesionales se refl
eja en la asistencia que prestan. Si no se dedican los fondos suficientes a su formación o si ésta no alcanza los
 niveles adecuados, los
profesionales (y los pacientes) se verán perjudicados. 2.5.    DEFICIENCIAS Y DIFICULTADES DE LOS MECANISMOS DE S
UPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN Teniendo en cuenta la ausencia de información fiable y actualizada sobre 
el número de menores o de
centros de protección, Amnistía Internacional considera urgente y primordial que se ejerza una estricta supervisi
ón sobre ellos, atendiendo a los dos principios internacionales básicos de la protección: “el derecho del menor a
 ser escuchado” y “el
interés superior del menor”, ambos reconocidos en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de forma expre
sa96. La organización observa con preocupación, además, que las labores de inspección, control y seguimiento de l
a protección de los menores
son insuficientes. El informe del Defensor del Pueblo destaca que ninguna de las Administraciones hace un seguimi
ento frecuente de la situación de los menores bajo su supervisión, y muy pocas mantienen un contacto regular o fl
uido con ellos. Todo ello a
pesar de que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor  establece que la Administración 
asegurará la protección de los derechos de estos menores “a través de la inspección y la supervisión de todos los
 centros”. Igualmente, los
artículos 174 del Código Civil y 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen de manera expresa el papel de v
igilancia de estas situaciones a cargo de los fiscales. Los menores entrevistados relataron a Amnistía Internacio
nal su falta de contacto,
información sobre su situación y control por parte de la Administración. Aránzazu Celdrán, que estuvo desde los 1
8 meses a los 18 años bajo la tutela de la Junta de Andalucía y, posteriormente, de la Generalitat, señaló a la o
rganización que, en todos
los años pasados en los centros, sólo había visto tres veces a su responsable técnico; la última cuando ya iba a 
cumplir los 18 en el centro terapéutico de Font Fregona. “Nunca me he sentido escuchada, 97 .
              consultada ni informada” .

              VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE PROTECCIÓN, COMPETENCIAS Y CRITERIOS En España la competenc
ia para visitar y supervisar la actividad de los centros recae en la entidad autonómica responsable, en el Defens
or del Pueblo y del Menor
en las Comunidades Autónomas que cuentan con esta institución y en las Fiscalías de Menores. Los estándares inter
nacionales de derechos humanos establecen que determinados representantes de la sociedad civil también deben tene
r acceso a los centros de
menores.

              95  Observación General nº 14 (2000), párrafo. 36, del  Comité de Derechos Económicos, Sociales y C
ulturales.  96 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Artículos 2 y 9. 97 Entrevi
sta personal realizada el
24 de julio de 2009 en Barcelona.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       36 36   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad
                       establecen criterios para realizar las visitas: “Efectuar visitas periódicas, y hacerlas s
in previo aviso, por iniciativa propia, y para gozar de plenas garantías de independencia en el ejercicio de esta
 función. Los inspectores
deberán tener acceso sin restricciones a todas las personas empleadas o que trabajen en los establecimientos o in
stalaciones donde haya o pueda haber menores privados de libertad, a todos los menores y a toda la documentación 
de los establecimientos.
Todos los menores tendrán derecho a hablar confidencialmente con los 98
                       inspectores” . A Amnistía Internacional le preocupa que, incluso en las escasas visitas qu
e se realizan por parte de las autoridades responsables, no existan criterios o indicadores de evaluación comunes
, lo que lleva a
contradicciones en la valoración de los centros y de la protección 99
                       debida a los menores . FACULTAD DE SUPERVISIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO El artículo 54 de l
a Constitución española, designa al Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la def
ensa de los derechos
fundamentales “a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración”.  Pero a pesar de este mandato c
onstitucional no siempre se le ha permitido la entrada en los centros. Tal y como relató a Amnistía Internacional
 el responsable del informe
sobre menores de la oficina del Defensor del Pueblo100, en diciembre de 2008, tras el suicidio de un menor confin
ado en una celda de aislamiento en el centro de Picón del Jarama, la dirección del centro alegó: “que la presenci
a del Defensor del Pueblo
podía ’inquietar a los menores’ y que prefería que se mantuvieran tranquilos ante la proximidad de las fiestas na
videñas”, negándole, por ello, la entrada, con el beneplácito de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de l
a Comunidad Autónoma de
Madrid. EL DEBER DEL MINISTERIO FISCAL DE EJERCER SU VIGILANCIA SOBRE TODOS LOS CENTROS QUE ACOGEN MENORES El leg
islador ha ido encomendando expresamente al Ministerio Fiscal importantes funciones en el sistema de protección d
e menores durante los
últimos años. El artículo 21.4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor dice textualmente: “El Ministe
rio Fiscal deberá ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen menores”. Las Fiscalías de Menores ter
ritoriales tienen la
función principal de supervisar la actuación de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma en materia 
de protección de menores. La instrucción 1/2009 de 27 de marzo de la Fiscalía General del Estado “sobre la organi
zación de los servicios de
las secciones de protección de menores” recoge y desarrolla todas las competencias, funciones y responsabilidades
 en esta materia.

                       98 Reglas 72 y 73.

                       99 Ver, por ejemplo, el informe del Defensor del Pueblo.

                       100 Reunión celebrada en Madrid el 27 de julio de 2009, entre Amnistía Internacional el re
presentante del Defensor del Pueblo estatal y responsable del informe sobre los menores.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  37

              Artículo 174 del Código Civil 1. Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento
 o guarda de los menores a que se refiere esta Sección. 2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediat
a de los nuevos ingresos de
menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalización relativos a la
 constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquie
r novedad de interés en las
circunstancias del menor.El Fiscal habrá de comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor, y promove
rá ante el Juez las medidas de protección que estime necesarias. 3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximir
á a la entidad pública de
su responsabilidad para con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomal
ías que observe.

              En la Memoria de la Fiscalía de Cataluña de 2008 se resalta la importancia de realizar visitas a lo
s centros, al señalarse que con ellas “se tiene mucho más conocimiento de lo que realmente ocurre con los menores
 desamparados, hablando con
los educadores y directores de centros, con los menores internados, con las familias, médicos..., que con la lect
ura larga y farragosa de los informes de seguimiento, por lo que debe ser promovida la máxima 101
              cercanía con todos los intervinientes en los procedimientos de protección”  . A raíz del informe de
l Defensor del Pueblo de 2009, la Fiscalía General de Estado emitió una instrucción en la que se establecen visit
as obligatorias por parte
del Fiscal cada seis meses a los centros de protección. Pero, como alega el Fiscal de Menores de Barcelona, exist
e una dificultad para realizar estas visitas con eficacia cuando la Administración (la Dirección General de Atenc
ión a la Infancia y
Adolescencia en el caso de Cataluña) no es capaz de facilitar a la Fiscalía ni el número de centros, ni el número
 de menores tutelados, ni las 102
              localidades en las que se encuentran con exactitud  . A Amnistía Internacional le preocupa el hecho
 de que la propia Fiscalía carezca de un registro propio o paralelo para poder hacer efectiva la protección a uno
s menores por cuyos
derechos debe velar, y de los que, sin embargo, reconoce desconocer, incluso, su número y ubicación.   El Fiscal 
de Menores de Barcelona indicó a Amnistía Internacional que ninguno de los

              101 Extracto de la Memoria de la Fiscalía de Barcelona de 2008 facilitada en la reunión con el Fisc
al de Menores de Barcelona el 6 de junio de 2009 en Barcelona.

              102  Reunión con el Fiscal de Menores de Barcelona, el 6 de julio de 2009 en Barcelona, y comunicac
iones posteriores. El resto de las fiscalías contactadas no han aportado datos a este respecto y no se ha celebra
do una reunión.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       38 38   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       directores de los centros recordaba haber recibido nunca una visita previa por parte de fi
scales. Esta falta de supervisión por parte de la Fiscalía de Menores aumenta el riesgo de que los abusos graves 
sigan ocurriendo con
impunidad.   Aunque existe una falta de supervisión efectiva, la Fiscalía emitió una serie de recomendaciones a l
a Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia que ponen de manifiesto la desprotección de los meno
res. “No todos los centros
tienen un reglamento de régimen interno. Es infrecuente que los centros comuniquen la incoación de un expediente 
disciplinario a los menores y mucho menos que conste el nombre del educador. Es infrecuente que los centros comun
iquen a los menores sus
derechos y deberes por escrito, y no acostumbra a haber un procedimiento para que los menores puedan presentar qu
ejas y 103
                       reclamaciones y mucho menos para que reciban respuesta”  .  Habida cuenta de la violación 
del derecho de los menores a ser oídos, y a acceder a información que garantice sus derechos, para Amnistía Inter
nacional es prioritario que
se ejerza con independencia e imparcialidad la facultad de supervisión del propio Fiscal sobre la actividad de la
 Administración en los centros de menores.

                       2.5.1. SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL En diciembre de 2008, el Parlamento Euro
peo emitió una declaración, solicitando a la Comisión y al Consejo de Europa que adopte las medidas legislativas 
necesarias “para ejercer un
mejor control de la situación de derechos humanos de las instituciones cerradas, mediante la inspección no solo p
or parte de la Administración sino también de las ONG”104.  En esta misma línea, el Secretario General de la ONU 
recomienda que “ombudsman,
comisiones independientes y ciudadanos monitoreen e inspeccionen” los centros105. Amnistía Internacional lamenta 
que las autoridades españolas, en lugar de facilitar las visitas independientes a los centros de protección, nieg
uen o dificulten el acceso
a ellos, tal y como le ocurrió a la organización cuando lo solicitó, y como les ha sucedido a los abogados de men
ores internados, a tenor de los testimonios facilitados por ellos a la organización.

                       103 Escrito de 27 de abril de 2009 remitido por el Fiscal de Menores de Barcelona, Juan Jo
sé Márquez i Bonvehí, al Director General de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DG
AIA), Xavier Soley. En
agosto de 2009, el escrito continuaba sin respuesta por parte de la DGAIA.

                       104  Declaración del Parlamento Europeo el 3 de diciembre de 2008.  Declaración escrita so
bre la protección de derechos humanos en instituciones cerradas. 0103/2008.   105 Estudio del Secretario General 
de Naciones Unidas sobre la
violencia contra los niños a cargo de Paulo Sérgio Pinheiro. Noviembre de 2006. Capítulo “Violencia en los sistem
as de atención social y los sistemas judiciales”.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  39

              El abogado gaditano Joaquín Olmedo relató a Amnistía Internacional cómo la dirección del centro ter
apéutico de Cádiz le denegó reiteradamente la posibilidad de entrevistarse con un menor, a cuyo padre asesoraba s
obre la recuperación de la
tutela (y a quien tampoco se le autorizó a visitar a su hijo en el centro). "Es un limbo jurídico. Los centros de
 reforma son muy duros, pero las normas están claras y son homogéneas. En los centros de protección no se hacen p
úblicos los reglamentos (de
visitas entre otros), que claro que debe haberlos. El problema es el oscurantismo (…). Ni siquiera en fase judici
al consigo que me den los papeles que pido a la Administración. Menores y familiares están absolutamente desprote
gidos"106.  En otras
ocasiones, Jose Antonio Bosch, abogado que trabaja en temas de protección de menores, indicó a Amnistía Internaci
onal que incluso se le recomienda a los familiares a que asistan a los procesos sin abogados y destaca, por ejemp
lo, el escrito de 27
febrero de 2009 de la Consejería de Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía, donde expresamente se impedía 
que durante la comparecencia a la que fue citado el tío de una menor fuera acompañado de un abogado, a pesar de h
aberlo solicitado, porque
“la presencia, no procede”107.

              106 Entrevista con Joaquín Olmedo el 20 de julio de 2009 en Cádiz.

              107 Entrevista con Antonio Bosch el 15 de julio de 2009 en Sevilla.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       40 40   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       3. LA TRAYECTORIA DE DESPROTECCIÓN: QUIÉNES SON Y CÓMO LLEGAN LOS MENORES A LOS CENTROS DE
 PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS 3.1.    PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS MENORES Los menores que son puestos bajo el sistema
 de protección proceden
casi invariablemente de sectores sociales desfavorecidos, entornos de exclusión social y marginación. Esta situac
ión contribuye a menudo a reforzar aquellos mecanismos que alejan a los menores del disfrute de su derecho a la e
ducación y del acceso a la
salud entre otros, reforzando las causas que motivan la violencia, las enfermedades psicosociales y los trastorno
s de conducta.   Como indica el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y
mental:  “...la mala salud es al mismo tiempo causa y efecto de la pobreza. Los enfermos tienen más probabilidade
s de hacerse pobres y los pobres son más vulnerables a la enfermedad y la discapacidad. La buena salud es fundame
ntal para crear y mantener
las aptitudes que necesitan los pobres para salir de la pobreza. La buena salud, activo fundamental del pobre, co
ntribuye a que goce de mayor seguridad económica. La buena salud no es meramente un resultado del desarrollo sino
 también una manera de
alcanzar el desarrollo” 108..

                       Los menores suelen tener al menos un progenitor vivo, sin embargo, debido a la pobreza, lo
s problemas psiquiátricos, las enfermedades de los padres o por encontrarse estos en prisión, los niños y niñas a
caban ingresando en los
centros. El 70 por ciento desembarca en el sistema “por negligencia y desatención”, como indica José Luis Calvo, 
de la asociación pro derechos del niño y la niña (PRODENI)109.

                       Varios de los menores a cuyos testimonios ha tenido acceso Amnistía Internacional, provení
an de familias de origen romaní como, Juanga, que hoy tiene 19 años, y llegó al centro terapéutico Casa Joven a l
os 11 años. “Desde el
principio, los educadores te dejan las

                       108 Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
 nivel posible de salud física y mental E/CN.4/2003/58: párrafos 45 y 46.

                       109 Artículo “Cada vez más hijos del Estado”, 15 de noviembre de 2008, web de PRODENI. Jos
e Luis Calvo, además, fue consultado por Amnistía Internacional en junio y julio de 2009. Amnistía Internacional,
 diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  41

              cosas claras: ‘Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es de noche’. Siempre era 
igual. Contenciones físicas en las que te tiraban al suelo y te retorcían los brazos y las piernas hasta hacerte 
moratones. Los educadores
que decían que no te quejaras porque ellos tenían abogados para defenderse y tú no. No me dejaban hablar por telé
fono en caló con mi madre, que es gitana. A veces me insultaban diciéndome que mi familia no me quería. Todo eran
 abusos. Todo estaba
prohibido y no podías quejarte de nada. Todos teníamos brotes de ansiedad”110. 3.2.    TRAYECTORIA INSTITUCIONAL 
DE LOS MENORES En general existen dos vías para el ingreso de estos menores en los centros terapéuticos: •   Deri
vados de otros centros por
sus problemas de conducta, pero estando ya dentro del sistema de protección de menores. En estos casos la derivac
ión se lleva a cabo a partir de una decisión administrativa, pero esto no significa habitualmente que se haya efe
ctuado un diagnóstico para
su internamiento. Estos son los menores cuyo perfil socioeconómico se detalla en el apartado anterior. Son menore
s que, ante la imposibilidad de regresar al núcleo familiar, cuando llegan a la adolescencia y se muestran confli
ctivos son remitidos a
estos centros donde se les aplica un estricto régimen de medicación y también disciplinario, que, en ocasiones, p
uede acarreales la pérdida de libertad, sin que tengan trastorno mental alguno en la mayoría de los casos. •   Cu
ando los padres que
conviven con hijos e hijas diagnosticados con “trastorno de conducta o dificultad social” no pueden hacerse cargo
 de sus necesidades de salud, solicitan a la Administración que les proporcione el recurso adecuado para la atenc
ión sanitaria de sus hijos.
Finalmente se les ofrece el ingreso en el sistema de protección de menores. Esta solución de la Administración, e
s la única opción ofrecida a estos padres, debido, en parte, a la falta de recursos adecuados en la sanidad públi
ca para tratar a estos
menores. En ocasiones, para que la Administración ingrese a los menores en un centro terapéutico requiere a los p
adres iniciar un procedimiento de declaración de situación de desamparo o se arriesgan a perder el recurso (centr
o) ofrecido por la
Administración. Lo que resulta más preocupante para Amnistía internacional es que no existe un procedimiento espe
cífico regulado para ninguna de las dos vías de ingreso. En ambas hay una práctica administrativa que no tiene en
 cuenta las recomendaciones
internacionales de garantizar el interés superior del menor. Por el contrario, supone el inicio de una situación 
de internamiento y pérdida de libertad donde, además de ser especialmente vulnerables a abusos y violaciones de s
us derechos, una vez
internados, en la mayoría de los casos, no tienen posibilidad de denunciarlos. Con ello se les niega, además, su 
derecho a estar informados, y a ser escuchados en la toma de decisiones que les afecten. El desconocimiento se ex
tiende a las escasas
posibilidades que tienen de denuncia y acceso a la justicia cuando son víctimas de abusos o violaciones de sus de
rechos.

              110 Artículo “Casas de horror y torturas” por Jaime Barrientos y Javier Faurié publicado en la revi
sta Tiempo el 24 de julio de 2009. Amnistía Internacional entrevistó al periodista en julio de 2009.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       42 42   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Es más, varios de los menores entrevistados por Amnistía Internacional desconocen los moti
vos de su ingreso y el tiempo que han de pasar en los centros. Entre los casos recogidos por la organización, fig
ura el de un menor que
solicitó por escrito que le dijesen por qué estaba allí, quién era responsable de esa decisión y quién o quiénes 
habían dictaminado  su diagnostico y medicación:
                       Testimonio 1111

                       Varios menores han expresado a Amnistía Internacional una gran frustración e incomprensión
 ante su falta de libertad de movimientos dentro de los propios centros. Por ejemplo, Aranzazu Celdrán, que actua
lmente tiene 19 años, y que
hasta los 18 estuvo internada en el centro terapéutico de Font Fregona, relató a Amnistía Internacional lo siguie
nte: “Te tratan como a un loco, te enloquecen con sus normas. No tienes nunca intimidad, no puedes pensar. Todo e
stá prohibido y sino se lo
inventan y lo prohíben para ti. Te vigilan en la ducha, te dan la cantidad de papel de wáter establecida para cad
a necesidad y te vigilan mientras controlan el tiempo pactado que puedes estar en el baño sin puertas, o el tiemp
o y toques de agua, tres
para lavarte al cabeza, dos para ducharte. No puedes ni ponerte un támpax sin que te estén vigilando”112. 3.2.1. 
EL ABUSO DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE DESAMPARO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN En las normas internacionales
 que abordan la protección
de los derechos del menor, la familia ocupa un lugar central como núcleo social básico en el que se encuentran la
s mejores condiciones para su desarrollo. También se reconoce internacionalmente a la familia y la intimidad de l
a vida familiar. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular, se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre el contenido 
de este derecho, y de esta jurisprudencia se deriva el limitado alcance y la excepcionalidad de las limitaciones 
al

                       111 Testimonio facilitado a Amnistía Internacional en la reunión del 17 junio de 2009. Men
or ingresado en Picón del Jarama. El menor fue asesorado para escribir el texto de la denuncia por educadores y a
bogados.

                       112 Testimonio de Aránzazu Celdrán a Amnistía Internacional en una entrevista realizada el
 24 de julio de 2009 en Barcelona.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  43

              contacto entre los menores dentro del sistema de protección y su familia biológica. Las obligacione
s que implica el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos exigen la adopción de las medidas necesa
rias para la reintegración
de los hijos en su familia biológica113, y un especial cuidado en la supervisión de la situación de estos menores
, evitando que, una vez que las autoridades han declarado la situación de desamparo y asumido la guardia y tutela
 de los menores, no se
interrumpa el contacto con los padres114. El reconocimiento del derecho de visitas de los padres a los menores in
ternados en centros de protección se interpreta, por parte del Tribunal, como componente del derecho a la intimid
ad familiar115. Y se
reconoce que el interés superior del menor, en principio, indica el mantenimiento de los lazos y el contacto con 
su familia biológica, y que el objetivo final de la tutela administrativa debe ser siempre la reintegración del m
enor a la vida familiar. La
única limitación al mantenimiento del contacto entre los menores y sus familias, es que el propio interés superio
r del menor lo haga necesario.  En base a lo anteriormente dicho, toda política asistencial en este ámbito debe p
artir de la preferencia de
la familia propia del menor que debe presidir la actuación de los poderes públicos (art. 11.2 de la LO 1/1996); p
rincipio que, por otra parte, es sancionado igualmente en las leyes autonómicas de protección de menores116. Por 
ello, Amnistía
Internacional observa con preocupación la situación que genera el fracaso de las políticas públicas de intervenci
ón preventiva con menores en dificultad social o con trastornos de conducta. En la legislación de las tres Comuni
dades Autónomas estudiadas,
el

              113 Olsson II vs. Suecia, STEDH, 22 de noviembre de 1992. 114 K.A. vs. Finlandia, STEDH, 14 de ener
o de 2003. 115 Covezzi y Morselli vs. Italia, STEDH, 9 de mayo de 2003; Scorazzi y Giunta vs. Italia, STEDH, 13 d
e julio de 2000. 116 Helena
Díez García “El acogimiento familiar simple como una de las formas de ejercer la guarda de menores” Ed. Madrid: S
ubdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 2004. Vid. así, arts. 3 y 5.1 de la Ley 37/199
1, de 30 de diciembre, de
la CA de Cataluña, sobre Medidas de Protección de los Menores Desamparados y de la Adopción; arts. 3 b) y 14 de l
a Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de Protección y Atención de los Menore
s; arts. 6.2 a), f) y g) y
18, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley 1/1995, de 27 de enero, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de
 Protección del Menor; arts. 4, 12 y 18 de la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Comunidad Autónoma de la Región d
e Murcia, de la Infancia;
art. 4 de la Ley 7/1995, de 21 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Baleares, de Guarda y Protección de los Meno
res Desamparados; arts. 3 y 48 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Garantías
 de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia; arts. 4.2 y 16.1 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Canar
ias, de la Atención Integral de los Menores; arts. 3.3 y 4 de la Ley 3/1997, de 9 de junio, de la Comunidad Autón
oma de Galicia, de la
Infancia y la Adolescencia; arts. 3.3, 20 y 27 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de la Comunidad Autónoma  de And
alucía, de los Derechos y la Atención al Menor; arts. 4.1.e), 8 y 26 de la Ley 7/1999, de 28 de abril, de la Comu
nidad Autónoma de
Cantabria; art. 3.3 d) de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Infancia y la 
Adolescencia y arts. 43, 44 b), 45 h) y 76 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castill
a y León, de Promoción,
Atención y Protección de la Infancia.                                  Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       44 44   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       ingreso de los menores en el sistema de protección y, dentro de él, el internamiento en un
 centro terapéutico, es el último recurso. Sin embargo, cuando se aborda la situación de dificultad social, la re
alidad evidencia dos
factores que hacen imposible que esta intervención sea efectiva. Por un lado, la falta de capacidad de los organi
smos autonómicos responsables de los servicios de protección de menores a la hora de detectar e intervenir en sit
uaciones de dificultad
social cuando aún es posible resolverlas. Y, por otro lado, la falta de coordinación entre las Administraciones c
on competencia en el ámbito de la protección de menores, y las competentes en materia de salud pública para que l
os recursos del sistema de
protección les ofrezcan un tratamiento adecuado a sus necesidades, así como la posibilidad de que sea accesible a
 todos los menores que presenten trastornos de conducta aunque no se encuentren en situación de desamparo, riesgo
 o exclusión.  La
preocupación de la organización radica en que, según el informe del Defensor del Pueblo, y muy en particular el I
nforme del Defensor del Menor de Andalucía, tanto la Junta de Andalucía como la Comunidad Autónoma de Madrid cond
icionan, en algunos casos,
el ingreso del menor en un centro terapéutico para recibir un tratamiento adecuado a que sus padres acepten la as
unción por parte de la Administración de la tutela automática de los menores, lo que conlleva la suspensión en su
 ejercicio de la patria
potestad. Se trata de los menores que, no estando dentro del sistema de protección, deben ingresar en él porque e
l sistema público de salud no contempla la existencia de este tipo de tratamientos. El caso de estos menores pone
 de manifiesto el
incumplimiento por parte de las autoridades de sus obligaciones en materia de protección del derecho de acceso a 
la salud. La respuesta de las autoridades, en los casos que denuncian los informes mencionados, pasa por el hecho
 de que los padres
soliciten la declaración de “desprotección” de sus hijos, para que así entren dentro del sistema117. Hay que seña
lar que, en algunos de estos casos, sí hay diagnóstico clínico y, a veces, dictamen judicial para su ingreso en e
ste tipo de centros.  Lo
que es más grave aún es que, según un testimonio al que ha tenido acceso Amnistía Internacional, en algunos casos
, las Administraciones competentes instan a los padres a denunciar a sus propios hijos para que puedan solucionar
 las dificultades de la
convivencia derivadas de los trastornos de conducta del menor.  Este es el caso de Margarita, madre de Miguel Rui
z González de 17 años, que señaló a Amnistía Internacional que los servicios sociales de la Comunidad Foral de Na
varra le “pidieron” que
denunciara la violenta situación familiar, los malos tratos y amenazas que recibía de su hijo Miguel “exagerando 
los hechos”, bajo la promesa de que así se decretaría su internamiento en un centro, y que este internamiento per
mitiría educarlo. Margarita
presentó la denuncia con la que se puso en marcha un proceso para el internamiento de su hijo. El informe técnico
 de la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra, en el que se basa la privación de libertad de Miguel d
urante seis meses, está
firmado por un educador y describe textualmente la conducta del menor: “[Miguel está] ejerciendo una tiranía pura
 y dura sobre la madre y hermana. Es un autentico tirano, vago y parásito. Lleva una vida

                       117 Informe del Defensor del Menor de Andalucía “Menores con trastornos de conducta en And
alucía”, página 79.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  45

              licenciosa, con desórdenes en el campo de la sexualidad. Entra y sale de casa a su libre albedrío, 
exigiendo la comida que le gusta”. Continúa describiendo la situación en la que se encuentran la madre y la herma
na: “Un estado de angustia,
temor, ansiedad y tristeza existencial” y concluye que el previsible rechazo de Miguel a una medida de internamie
nto les lleva a estimar un internamiento en un centro de reforma más que en uno de protección, “dado que el prime
ro garantiza mejor su
efectiva ejecución”118. Ingresaron entonces a Miguel en el centro de reforma de Ilundain, de la Fundación Ilundai
n Haritz-Berri, durante seis meses. El 25 de marzo de 2009, dos meses después, Miguel se suicidaba. El hecho suce
dió cuando se encontraba
cumpliendo una sanción en una celda de aislamiento. “Me dijeron que lo iban a educar y me lo devolvieron en una b
olsa de plástico. Se han burlado de mí, me han engañado”119.

              En el informe policial de la muerte del menor, una educadora relata: “Miguel se ha negado a jugar, 
poniéndose cada vez más nervioso al pensar que mañana, día 26, tenía que estar siete días en fase 0; esto es en u
na sala de contención
aislada del grupo”. La habitación en la que se encontró muerto a Miguel había sido cerrada con llave por fuera po
r la educadora. En el mismo folio del informe policial consta que: “Miguel estaba en tratamiento psiquiátrico y t
omaba medicación, aunque no
tenía diagnóstico” 120. Miguel se suicidaba, según la dirección del centro, colgándose de su cinturón que, neglig
entemente no le habían retirado antes de encerrarlo, a pesar de que amenazó a gritos con suicidarse, según testig
os, mientras subían las
escaleras para encerrarle. Amnistía Internacional también ha tenido acceso a los testimonios de dos madres de men
ores internados en centros de protección terapéuticos que se negaron a que la Generalitat asumiera la tutela. Fel
isa, madre de cuatro hijos,
se negó a la asunción por la Generalitat de la tutela de su hija, entonces de 14 años, ingresada en el centro Fon
t Fregona. Felisa tuvo que costear parte de la estancia de su hija en el centro (731 euros de la factura mensual 
de 2.735 euros; la
Generalitat aportaba el resto) para lo que tuvo que pedir un préstamo121. Felisa piensa que, si la Generalitat hu
biera asumido la tutela, no habría podido llevarse a su hija del centro cuando, tras ocho meses de abusos, decidi
ó sacarla. Felisa y su hija
presentaron una denuncia por los abusos sufridos en el centro ante los Mossos de Escuadra en mayo de 2008 y una q
ueja ante el Sindic de Greuges.

              118 Informe enviado por Margarita a Amnistía Internacional. El informe lo expide el equipo técnico 
de la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra el 22 de enero de 2009. Expediente Reforma Nº 314/08 y l
o firma un educador.

              119 Entrevista con Margarita el 7 de julio de 2009 y varias entrevistas posteriores.

              120 Folio nº4 del atestado policial de la Policía Foral de Navarra. Copia facilitada por Margarita 
a Amnistía Internacional.

              121  Entrevista con Felisa el 22 de julio de 2009. Amnistía Internacional tiene copia de la factura
 abonada al centro con los importes desglosados.

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                       Un caso similar es el que relató a Amnistía Internacional Lourdes, madre de tres hijas, la
 menor pasó de los 12 a los 14 años internada en diversos centros terapéuticos de Andalucía. Asesorada por una fa
miliar abogada, se negó a
consentir que la Junta de Andalucía asumiera la tutela de su hija, llegando a un acuerdo de guarda administrativa
 para poder hacer un seguimiento del tratamiento y evolución de su hija. Según Lourdes, al conservar íntegra la p
atria potestad “pudo
solicitar el cambio de centro para su hija (de un centro denunciado por abusos donde la castigaban sin comer esta
ndo embarazada) y gracias a ello está hoy sana y lleva una vida normal fuera del centro y sin medicación”122.

                       El acuerdo de guarda entre Lourdes y la Junta de Andalucía © AI, julio 2009

                       Un caso diferente es el que relató a Amnistía Internacional Esteban, padre de dos hijos. E
l menor de 15 años fue internado en un centro terapéutico de Cádiz, y no le permitían visitar a su hijo, ya que s
ólo la madre estaba
autorizada por la Junta de Andalucía. Actualmente, Esteban, gracias a la intervención de su abogado y tras un lar
go periplo burocrático que incluyó su oposición a la declaración de desamparo del menor, tras someterse a un exám
en de idoneidad como padre,
varios escritos ante el Fiscal y la Junta de Andalucía, ha recuperado la guardia y custodia de su hijo que conviv
e con él sano, escolarizado y sin tomar medicación123.  Esta práctica por parte de las autoridades de exigir la a
sunción de tutela
administrativa es especialmente incomprensible en aquellos casos en los que no hay una situación de desamparo rea
l, teniendo en cuenta que podría evitarse como ilustran los casos de Felisa y Lourdes. En el ordenamiento jurídic
o español existe la
institución de la guarda administrativa para los casos en que, por circunstancias graves, los padres no pueden ha
cerse cargo temporalmente del cuidado de sus hijos. Jurisprudencia emanada por el Tribunal de

                       122 Entrevista con Lourdes y a su hija el 17 de julio de 2009 en Córdoba.

                       123 Entrevista con Esteban y a su hijo el 21 de julio de 2009. Entrevista a su abogado el 
20 de julio de 2009 en Cádiz.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

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              Estrasburgo ha considerado que la intervención del poder público en el ejercicio de la patria potes
tad, mediante la privación de la guarda de los hijos, supone una injerencia en la vida familiar del artículo 8 de
l Convenio Europeo de
Derechos Humanos124, por lo que la declaración de la situación de desamparo debería tener un carácter subsidirari
o. El derecho del menor a ser mantenido en el medio familiar de origen, siempre que sea conveniente a su interés,
 impone a los poderes
públicos la obligación de garantizarlo.125

              El artículo 172.2 del Código Civil prevé que cuando los padres o tutores, por circunstancias graves
, no puedan cuidar al menor podrán solicitar de la entidad pública competente que ésta asuma su guarda durante el
 tiempo necesario. La
entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los padres o tutores han sido informad
os de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del hijo.  El artículo 172.3 establece que la guarda 
se realizará mediante el
acogimiento familiar o el acogimiento residencial. En este último caso es el director del centro quien ejercerá l
a guarda.

              A diferencia de la tutela administrativa que conlleva ex lege la suspensión de la patria potestad, 
la guarda administrativa no provoca tal consecuencia. Los padres, salvo en lo referente a la guarda, mantienen ín
tegra su potestad sobre el
menor, por lo que deben ser consultados a la hora de adoptar cualquier decisión que le afecte. Sin embargo, es im
portante señalar que, aunque la Administración asuma la tutela automática prevista en el artículo 172.1 del Códig
o Civil, cuando se constate
que el menor está en situación de desamparo, no conlleva la pérdida de la patria potestad por parte de los padres
 (ya que la pérdida sólo podrá producirse mediante resolución judicial), tal y como la práctica de algunas Comuni
dades Autónomas parece dar
a entender. En base siempre al principio de interés superior del menor, como principio rector en cualquier decisi
ón, deberá proporcionarse a los padres tanto la información como la participación en la toma de decisiones sobre 
aquellas cuestiones que
puedan afectar a la vida del menor, considerando que, en las normas internacionales que abordan la protección de 
los derechos del menor, la familia ocupa un lugar central como núcleo social básico en el que se encuentran las m
ejores condiciones para su
desarrollo. La asunción de tutela administrativa está íntimamente relacionada con la realidad del círculo de excl
usión en que están inmersos la mayoría de estos menores. Como indican representantes de asociaciones que trabajan
 en la defensa del menor:
“Es más fácil actuar

              124 Vid. STEDH 10 de mayo de 2001. Asunto T.P y K.M contra Reino Unido. 125 Helena Díez García “El 
acogimiento familiar simple como una de las formas de ejercer la guarda de menores” Ed. Madrid: Subdirección Gene
ral de Información
Administrativa y Publicaciones, 2004 y también artículo 11.2 b) y c) de la LO 1/1996.                            
     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       48 48   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       con las reclusas que con familias de ingresos altos. Esto lleva a algunos a afirmar que se
 les quitan sólo los niños a los pobres”126. A Amnistía Internacional le preocupa que esta situación de exclusión
 social esté facilitando el
abuso de poder por parte de la Administración a la hora de retirar la guarda y custodia a los padres de menores p
ara gestionar así, con más facilidad y sin su intervención, su ingreso y atención en centros de protección, provo
cando una situación
jurídica de indefensión de los menores y sus familiares. Los dos casos reflejados en este apartado (Felisa y Lour
des), representan a familias que han conservado la patria potestad plena, y que son la excepción. Del resto de lo
s casos denunciados a
Amnistía Internacional, iniciados por desamparo, ningún familiar ha podido oponerse con éxito a dicha decisión.  
Además de la asunción de la tutela administrativa del menor por parte de la Administración, Amnistía Internaciona
l ha podido constatar que
el ingreso de los menores en los centros de protección terapéuticos acaba, en algunas ocasiones, con el contacto 
entre el menor y su familia, llegándose a prohibir las visitas como una medida sancionadora. La organización ha t
enido acceso al testimonio
del familiar de un menor internado en un centro terapéutico que recibía las visitas de sus familiares cada 21 día
s. A este familiar se le comunicó telefónicamente la prohibición de una de esas visitas por el comportamiento “ag
resivo” del menor durante
la semana que, además, había motivado dos contenciones y el estar atado en una silla127. Amnistía Internacional s
e opone a la aplicación de castigos a los menores internados en centros terapéuticos que consistan en prohibirles
 las visitas de sus
familiares y las contenciones físicas como medidas de sanción128. La restricción del régimen de visita impide el 
derecho del menor a relacionarse con su familia de origen y la viabilidad de un futuro reingreso familiar, por lo
 que estas decisiones
podrían atentar contra el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, además de la interrupc
ión del contacto de los menores con sus familias, en el momento en el que ingresan en los centros de protección t
erapéuticos sin que los
familiares conserven su tutela, no se les informa sobre la situación del menor, especialmente en lo referente a s
u salud, tal y como contó a Amnistía Internacional la tía biológica de un menor, hoy un joven de 18 años que ingr
esó a los 12 años en el
sistema de protección, pasando por seis centros de acogida, de régimen abierto, terapéuticos y, finalmente, de re
forma de la Comunidad de Madrid129. La tía de este joven, que ejerció como madre de acogida en algunos periodos d
e su infancia, relató a la
organización las reiteradas negativas que había recibido de las autoridades de la Comunidad de Madrid de acceder 
a información sobre la salud de su sobrino, su diagnóstico o los motivos de la derivación a los centros terapéuti
cos

                       126 Artículo “Cada vez más hijos del Estado”, de 15 de noviembre de 2008, web de PRODENI. 
José Luis, representante de PRODENI, fue consultado por Amnistía Internacional en junio y julio de 2009.

                       127 Entrevista con el familiar al que se le prohibió la visita, realizada en Barcelona el 
13 de agosto de 2009.

                       128 Informe Amnistía Internacional: “Un escándalo oculto, una vergüenza secreta: tortura y
 malos tratos a menores”. 8 de diciembre de 2000. Índice AI ACT 4003800.

                       129 Entrevista con el joven de 18 años el 29 de octubre de 2009 en Madrid.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

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              en los que vivió130. En la entrevista mantenida con Amnistía Internacional, la tía de este joven ap
ortó la documentación de todas las quejas planteadas ante el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y el In
stituto Madrileño del Menor
y la Familia. Igualmente, manifestó a la organización que tras seis años dentro del sistema de protección de meno
res de la Comunidad de Madrid, en los que había pasado por varios centros, algunos de ellos terapéuticos, su sobr
ino al llegar a los 18 años
estaba en una situación de “inadaptación, marginación, exclusión, problemas de salud e inhabilidad para hacer fre
nte a la vida”. En la actualidad, vive en la calle. 3.2.2. LA INDEFENSIÓN DE LOS MENORES Y SUS FAMILIAS EN EL MOM
ENTO DE ENTRADA A LOS
CENTROS Según denuncia el informe del Defensor del Pueblo131, en la mitad de los centros de protección terapéutic
os no se produce la supervisión del juez o fiscal, ni resolución judicial alguna para determinar el ingreso de un
 menor en estos centros
donde verán limitado su derecho a la libertad. A Amnistía Internacional le preocupa, no sólo que no intervenga un
 juez en la privación de libertad, sino que en todo el proceso previo, al considerarse un proceso administrativo,
 tampoco intervengan
abogados.  Los motivos de esta indefensión están ligados a dos factores: el primero, la falta de información sobr
e los derechos que asisten tanto a los menores como a sus familias, y que les niega la oportunidad de recurrir cu
alquier tipo de resolución
administrativa sobre protección de menores ante los tribunales por la vía simplificada prevista en el artículo 78
0 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta vía supone no tener que agotar los recursos en vía administrativa, pudi
endo acudir directamente a
la judicial, así como obtener toda la información necesaria de la Administración sobre el expediente del menor so
bre el que se aplica dicha resolución. Para ello basta con presentar un escrito ante el tribunal con la resolució
n administrativa que se
impugna y la pretensión de quien lo presenta.  El segundo factor de la indefensión es que muchas de las decisione
s adoptadas por la administración competente en materia de protección de menores (como su derivación o traslado a
 los centros terapéuticos),
no responden a un procedimiento reglado que tenga en cuenta los derechos y el interés superior del menor, ni resp
onden a una solución adecuada a la situación del menor, ni permiten comunicarles la decisión ni a él ni a su fami
lia para que puedan
oponerse a ella y recurrir antes de que se lleve a cabo. Por ello, Amnistía Internacional urge a las autoridades 
competentes a que tomen las medidas necesarias para que se estandaricen y regulen los procedimientos de derivació
n e ingreso en los centros
de protección terapéuticos, teniendo en cuenta los derechos del menor y su familia a participar, ser escuchados y
 contar con la opinión de profesionales independientes.

              130 Entrevista con la tía del joven de 18 años el 29 de octubre de 2009 en Madrid.

              131 Ver supra: La competencia de las Comunidades Autónomas en materia de protección de menores. Tam
bién informe del Defensor del Pueblo, página 300.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       50 50   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       J. Bosch, abogado con gran experiencia en menores mostrando a Amnistía Internacional lo fa
rragosos y extensos que son los expedientes de menores. En la foto, expediente de una menor © AI, julio 2009

                       3.2.3. NO OBLIGATORIEDAD DE UNA EVALUACIÓN PARA LA DERIVACIÓN DE LOS MENORES A UN CENTRO D
E PROTECCIÓN TERAPÉUTICO Tal y como muestran los testimonios detallados en este capítulo y en el siguiente, los m
enores cuyos casos ha
conocido Amnistía Internacional se enfrentan frecuentemente a su ingreso en un centro terapéutico sin un diagnóst
ico adecuado y sin que se les garantice el respeto por el consentimiento informado que se les pueda prescribir, l
legando a sufrir abusos de
medicación y contenciones físicas, mecánicas y farmacológicas. Estos abusos violan el derecho a la salud y a la d
ignidad e integridad de la persona.

                       Manual de diagnóstico de trastornos mentales utilizado por los profesionales en España, qu
e indica que no existe un manual adaptado a los trastornos del menor © AI, julio 2009 También preocupa a la organ
ización la inexistencia de
elementos de diagnóstico y evaluación de la situación del menor, tales como un informe psiquiátrico y la falta de
 seguimiento, que permitan determinar si el tratamiento está conduciendo o no a la curación. Amnistía Internacion
al no ha encontrado
información que recoja cuántos menores han salido de los centros “curados”, qué tratamientos han funcionado o cuá
les son las patologías más Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  51

              comunes de los menores que ingresan en estos centros. No se conocen o al menos no se han publicado 
estos resultados, según indican los psiquiatras y psicólogos contactados por la organización.  Arturo Vellisco, q
ue ha participado como
psicólogo en varias valoraciones psiquiátricas en juicios sobre menores, indica que muchas veces las valoraciones
 son arbitrarias, inexactas e inconsistentes en cuanto a la valoración a largo plazo de las intervenciones con me
nores en los centros. ”Los
menores salen de los centros peor que entraron, más excluidos y desamparados. Es un sistema maquiavélico”132.  Ib
one Olza, psiquiatra infanto-juvenil133 ha diagnosticado varios casos de menores que han  sido ingresados en cent
ros de protección
terapéuticos de gestión privada, aun cuando ella, que trabaja en el sistema público, había recomendado no ingresa
rlos por no ser necesario. En su testimonio relata el caso de un centro que tras la discusión entre dos menores, 
decidió el traslado de una
a otro centro terapéutico ignorando el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la psiquiatra de la red de salud
 pública. Su tratamiento fue cancelado y no pudo conocerse su evolución. La psiquiatra también denuncia que hay c
asos de menores en los que,
tras una crisis puntual, y sin atender a sus necesidades de salud, son ingresados en un centro de protección por 
falta de recursos en el sistema público para que sean asistidos desde su casa. En boca de Ibone: “Los recursos de
 la Comunidad Autónoma de
Madrid en salud mental del menor son paupérrimos”. En algunos casos se ha visto obligada a presentar quejas ante 
el Defensor del Pueblo ante la indefensión de sus pacientes, menores y familiares. A Amnistía Internacional, adem
ás, le preocupa que, en
ocasiones, se estén ingresando y derivando a menores con diagnósticos graves de salud mental a los centros terapé
uticos, cuando deberían abordarse desde la sanidad pública y el tratamiento ambulatorio, y no desde el sistema de
 protección social. Incluso
profesionales entrevistados por Amnistía Internacional se cuestionan si un centro terapéutico, dada la falta de r
ecursos de profesionales y atención individualizada, es el lugar adecuado para seguir una terapia. “Esos niños ac
aban allí porque no le
interesan a nadie. Es un sistema perverso donde el niño no es sujeto de derechos”134. En los casos conocidos por 
la organización destacan también las quejas de los educadores sobre su falta de formación respecto a la medicació
n que han de administrar, y
de la que desconocen pautas y efectos. María Herguedas, educadora del centro de Picón del Jarama relató cómo al d
ecirle a la dirección del centro que no estaba preparada para asumir la responsabilidad de administrar medicación
 psiquiátrica sin entender
las prescripciones ni los

              132 Arturo Vellisco trabaja como psicólogo en el Hospital Clínico de Sevilla, de la Junta de Andalu
cía, y colabora con organizaciones de defensa de la infancia para las que ha valorado varios casos de menores en 
centros de protección. Fue
entrevistado por Amnistía Internacional el 13 de julio de 2009.

              133 Ibone Olza es psiquiatra infanto-juvenil en Madrid. Fue entrevistada por Amnistía Internacional
 el 23 de junio de 2009 y sucesivos contactos.

              134 Entrevista con Fernando Alonso el 16 de julio de 2009 en Madrid. Fernando es usuario del sistem
a de salud mental, antropólogo y miembro del colectivo Psiquiatrizados en Acción.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       52 52   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       medicamentos, fue amenazada con un expediente disciplinario. María dimitió a las pocas sem
anas y presentó una denuncia ante la Comunidad de Madrid el 13 de mayo de 2009. En la fecha en que se concluyó es
te informe, la denuncia
continuaba sin respuesta135. CONSECUENCIAS DE LA NO OBLIGATORIEDAD DE DIAGNÓSTICO PARA EL INGRESO EN ESTOS CENTRO
S En ocasiones, los menores son derivados a los centros terapéuticos donde van a recibir tratamientos y estar som
etidos a un régimen
disciplinario diseñado, en el mejor de los casos, para atender las necesidades de menores con trastornos de condu
cta, sin haber sido diagnosticados como tales. En estos casos, las consecuencias sobre el derecho a la salud pued
en ser graves.  Es
preocupante la falta de rigor en los diagnósticos sobre los trastornos de los menores ofrecida por los responsabl
es de algunos de los centros terapéuticos. Por ejemplo, en la reunión mantenida con representantes de la Administ
ración, el presidente de la
fundación y la dirección que gestiona el centro Santa María del Prado en Córdoba y, ante la insistencia de la org
anización de conocer los diagnósticos de las menores en el centro, el médico de la fundación gestora (que pasaba 
consulta quincenalmente en
el centro), nos indicó que la mayoría de las niñas “estaban allí por promiscuas”136.  Ni la actividad sexual en l
a infancia o adolescencia, ni la orientación sexual de los menores, ni actuar al margen de los roles sexuales det
erminados por el género del
menor son conductas que puedan considerarse motivos de internamiento en centros terapéuticos. Sin embargo, en la 
línea de las declaraciones del médico entrevistado en el centro terapéutico de Córdoba, en el informe del Defenso
r del Menor de Andalucía se
señala que “con frecuencia, los menores ingresados en estos centros padecen problemas por retrasos madurativos o 
con trastornos de la identidad sexual”137. Según los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el 
Mejoramiento de la Atención
de la Salud Mental, la falta de conformidad con los valores morales, sociales, culturales o políticos o con las c
reencias religiosas dominantes en la comunidad de una persona no constituirá un factor determinante del diagnósti
co de enfermedad mental138.
 En un centro de Cádiz fue ingresado un menor a finales de 2008 con el siguiente diagnóstico: “rabietas ante frus
traciones. En estas ocasiones chilla, tira objetos y amenaza con matarse. Todo ello con gran intensidad emocional
”. Se le derivó a un taller
ocupacional

                       135 María Herguedas, psicóloga que trabajó en Picón del Jarama. Entrevistada el 22 de juni
o de 2009.     136 Entrevista con Fernando, médico de la fundación Arco Iris, que regenta varios centros de prote
cción, el 16 de julio de
2009 en Córdoba.

                       137 Informe del Defensor del Menor de Andalucía: “Menores con trastornos de conducta en An
dalucía”, 2007, página 150.

                       138 Asamblea General de Naciones Unidas. Principios para la Protección de los Enfermos Men
tales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, 1991.  Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  53

              de seis sesiones, consistente en pintar una figura de escayola. Tras el taller, el menor fue dado d
e alta. Estos son los datos que, según su abogado, sirvieron para ingresar a este menor en un centro de trastorno
s de conducta y privarle de
libertad, de donde acabó huyendo por los abusos a los que fue sometido, incluyendo incomunicación en una celda de
 aislamiento139. Un menor relata del siguiente modo su percepción del diagnóstico y el sistema de referencias del
 centro Picón del Jarama en
una carta publicada el 4 de enero de 2009140: “Soy un menor más dentro del infierno de Picón. Respecto a mi salud
: no estoy diagnosticado de ninguna enfermedad mental, aquí me llaman "Loco". La doctora del centro ejerce pediat
ría, medicina general y
psiquiatría. Aquejado de fuertes dolores en mis dos rodillas su diagnostico fue: dolor de huesos debido al crecim
iento. Entré en Picón midiendo 1,90 centímetros, más tarde, tras meses de sufrimiento, en abril 08 acudí a trauma
tología del hospital La Paz
y me diagnosticaron fractura con bordes esclerosos a causa de las contenciones sufridas por los vigilantes y educ
adores”141.  Acción organizada por familiares y educadores frente al centro Picón del Jarama, exigiendo que acabe
n con los abusos a menores
© Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados En ocasiones, los diagnósticos y tratamientos o la ausencia de 
los mismos tienen consecuencias decisivas sobre la libertad de los menores que dan lugar, en algunos casos, a que
 éstos cometan algún acto
de violencia como resultado de una enfermedad mental no diagnosticada médicamente. Por ejemplo, Patricia relató a
 la organización como su hijo no fue diagnosticado a tiempo con esquizofrenia, a pesar de que lo llevó al psicólo
go con 13 años. Tuvo que
insistir para obtener un diagnóstico. El mismo psicólogo le diagnosticó dos años más tarde esquizofrenia. El meno
r ha estado internado en un centro de reforma durante varios años, del que ha salido el 22 de septiembre de 20091
42. En mayo de 2009, el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impuso a la Junta de Andalucía el pago de una indemnización de 140.000
 euros a la familia de Carmen Espejo, nueve años después de que sus hijas (de entonces 4 y 5 años) fueran declara
das en situación

              139 Reunión con Joaquín Olmedo el 20 de julio de 2009 en Cádiz y entrevista con el menor el 21 de j
ulio de 2009.

              140 www.contraloscentrosdemenores.com

              141 Entrevista con su madre el 23 de julio de 2009 que confirma los datos. 142 Entrevista con Patri
cia el 16 de julio de 2009 en Sevilla.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       54 54   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       de desamparo, basándose en supuestos "malos tratos" por parte de la madre y en las "condic
iones marginales" en que vivían. A posteriori se demostró que no existían malos tratos, sino que una de las menor
es tenía el síndrome de
Cornelia, una enfermedad genética que le causó las lesiones y que no le había sido diagnosticada con anterioridad
143.

                       3.3.    ADMISIÓN, DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE INTERNAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN D
E LOS MENORES A LOS CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS Una de las preocupaciones de Amnistía Internacional en rel
ación a la situación de los
menores internados en centros de protección terapéuticos es la arbitrariedad de criterios de ingreso y derivación
. Según el informe del Defensor del Pueblo “se deriva a los menores no en razón de las indicaciones diagnósticas 
sino más bien de las plazas
vacantes“144. Una vez efectuada la propuesta de ingreso por la Administración, los responsables de los centros la
 suelen aceptar aunque, como pone de manifiesto el informe del Defensor del Pueblo, los recursos del centro no se
 ajusten al perfil del
menor.  En este contexto, preocupa a Amnistía Internacional que la Administración reconozca no contar con los rec
ursos apropiados en materia de salud de menores que permitan un tratamiento individualizado del menor. Varios pad
res han obtenido como
respuesta de la Administración que no disponen de dichos recursos o que han tenido que trasladar a los menores a 
otros centros por considerar que los primeros no eran apropiados. En alguna ocasión a los padres se les ha llegad
o a decir que los centros
sí eran apropiados, mientras que a la dirección del centro se les decía que no existía otro recurso disponible. E
n el informe del Defensor del Menor de Andalucía de 2007 se describe el caso de una menor de 15 años cuyos padres
, tras dos años de proceso
burocrático solicitando un recurso adecuado a sus necesidades, obtuvieron de la Administración la negativa de ate
nderla por no disponer del recurso: “(…) la Coordinación del Área de Salud Mental indica la imposibilidad de aten
derla por no disponer de
dicho recurso en la organización sanitaria”145. Similar es el caso recogido en el informe de Defensor del Menor d
e Andalucía de 2009146. En él, los padres de una menor de 14 años con trastorno del control de los impulsos descr
iben la descoordinación
administrativa, la desinformación y la denegación de asistencia sanitaria a la

                       143 El informe realizado por el psiquiatra de la Universidad de Sevilla, Pedro Benjumea, d
eterminó que las heridas que presentaba la menor y que habían motivado la retirada de la custodia de su madre era
n debidas a una enfermedad
no diagnosticada de la menor.

                       144 Informe del Defensor del Pueblo, página 255.

                       145  Respuesta de la Administración a los padres, incluida en el informe de  Defensor del 
Menor de Andalucía de 2007, queja 07/733. Página 74 del informe del Defensor del Menor de Andalucía de 2007. Text
o íntegro publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA núm 778) de 12 de diciembre de 2007, páginas 39-42.

                       146 Informe del Defensor del Menor de Andalucía de 2009, páginas 33-37 queja 08/1185. Amni
stía solicitó al Defensor más información sobre esta menor y sus padres, pero se respondió que la queja ya estaba
 cerrada puesto que lo
padres no se habían comunicado más. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  55

              menor tras peregrinar por varios centros, para acabar concluyendo que: “Reclamamos para nuestra hij
a la atención sanitaria de salud mental a la que tiene derecho. Los especialistas han prescrito para ella determi
nados cuidados terapéuticos
y, hasta el momento, no han dado respuesta a sus necesidades. Nuestra hija se encuentra en casa sin ningún tratam
iento, abandonada a su suerte y con riesgo incluso para su vida (intentos de suicidio) o la de sus familiares (..
.)”.

              Ante esta arbitrariedad e indefensión de muchos familiares, algunos se han visto abocados a acudir,
 no sólo al respectivo defensor de su Comunidad Autónoma, sino a los medios de comunicación para intentar obtener
 resultados inmediatos. Por
ejemplo, Patricia147 tuvo que acudir a varias emisoras de radio a denunciar la situación de su hijo para lograr e
l traslado del centro en el que se encontraba y en el que sufría constantes abusos y un deterioro de su salud, y 
Lourdes148 acudió a un
programa de TVE para que, al día siguiente, la Junta de Andalucía enviara a su hija al hospital para obtener un d
iagnóstico, tras años de tratamientos psiquiátricos sin resultados. Amnistía Internacional ha indagado sobre el p
erfil sanitario de los
menores en los centros de protección y no ha sido posible hallar estudios que los detallen, ni estatales ni de la
s tres Comunidades Autónomas objeto de este informe (Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid). Sin embargo, seg
ún los datos de un estudio
reciente, realizado por la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, se ha detectado un aument
o de la psicopatología de los menores una vez ingresados en centros de protección, así como la presencia de probl
emas emocionales, de
conducta y de salud mental en general y un mayor número de problemas de comportamiento. Los menores ingresados en
 centros de protección “viven una situación de estrés que repercute en su estado emocional, como así lo demuestra
n los síntomas depresivos y
la prevalencia de la ansiedad como estado, más que como rasgo” 149.  El Estado tiene la obligación de garantizar 
que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud sean aceptables para mejorar el estado de salud de la
s personas. El Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha definido la “aceptabilidad” de los centros médicos como uno de los 
elementos esenciales del derecho al acceso a la salud150.   Una de las reacciones más frecuentes de los menores i
nternados en estos centros
ante los abusos que sufren es huir de ellos. Amnistía Internacional ha podido comprobar que no existe tampoco un 
registro centralizado de los menores que huyen o se fugan de los centros de protección terapéuticos. A pesar de l
a inexistencia de datos
oficiales, la organización ha

              147 Entrevistada el 16 de julio de 2009 en Sevilla.

              148 Entrevistada el 17 de julio de 2009 en Córdoba.

              149 Resultados de un programa piloto que evaluó a 354 menores en centros de protección: ‘Atención P
siquiátrica a niños y adolescentes dentro del sistema de protección’. Fue realizado en los centros de protección 
de menores de la provincia
de Alicante por la Fundación Mediterránea de Neurociencia y los resultados publicados en julio de 2009.

              150 Observación General nº 14, párrafo 12 c, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural
es.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       56 56   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       podido comprobar, a través de varios151 de los menores entrevistados, cómo pasan frecuente
s periodos “huyendo” de los centros. El informe del Defensor del Pueblo152, en su análisis de datos propios recav
ados en los centros y a
través de entrevistas, hace referencia a que no se habían producido fugas o “bajas voluntarias” en sólo en dos de
 los 58 centros terapéuticos. Entre los datos aportados destaca el alto índice de fugas y de las denominadas “aus
encias voluntarias
definitivas”, en particular, en Picón del Jarama (Madrid), y en Els Castanyers (Barcelona), con 13 y 15 huidas re
spectivamente durante el año 2008 sin retorno al centro. Durante el periodo de las huidas, los menores pasan a es
tar “técnicamente”
desamparados y desprotegidos, con el consiguiente riesgo para su salud. Las huidas a veces se prolongan durante m
eses. Preguntado el Ministerio del Interior sobre el registro de fugas de menores de estos centros respondió que 
no cuentan con ninguno,
pese a que el centro debe dar parte a la Polícia y ésta debe iniciar la búsqueda153. Sin esta información, no es 
posible estimar la dimensión del problema.  Cuando los menores huyen de los centros, los padres no son muchas vec
es informados. Lourdes
contó en una entrevista cómo su hija de 12 años y embarazada huyó de un centro de Córdoba para regresar a su casa
, y lo hizo tras pasar tres días de castigo sin comer y durmiendo en una celda con alarma, que era usada habitual
mente para el aislamiento.
Una compañera la ayudó a escapar. Al parecer, ninguna de las madres de las dos menores fueron avisada por el cent
ro154.  Finalmente, según los casos observados por Amnistía internacional a través de los testimonios de menores 
ingresados en dicho centros
y que han abandonado el sistema, el trayecto o periplo por los centros terapéuticos no culmina con un resultado p
ositivo ni para los menores ni para sus familias. Al cumplir los 18 años, mayoritariamente no han acabado ni la e
nseñanza obligatoria, ni
han sido preparados para vivir en sociedad, carecen de entorno social y muchos de ellos pasarán a la marginación,
 la delincuencia y la cárcel. Se dan casos de generaciones de una misma familia que han sido criados en estos cen
tros y que acaban en
prisión. La historia se repite con sus hijos y luego con sus nietos, que terminan también confinados en un centro
, perpetuándose el círculo de exclusión y marginalidad155.

                       151 El 90 por ciento de los menores entrevistados  para este informe han pasado un periodo
 “bajo protección de la Administración” huidos o huyendo de los centros terapéuticos donde les internaban. Por ej
emplo, en Andalucía; se
entrevistaron a las cinco menores que huyeron del centro de Córdoba tras denunciarlo por malos tratos y, en Madri
d, dos de las entrevistas se realizaron a los menores mientras estaban “huidos” y tras presentar una denuncia con
tra el centro Picón del
Jarama. 152 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 336 y sucesivas. 153 Respuesta del Ministerio del Interior a
 la carta enviada por Amnistía Internacional el 28 mayo 2009.   154 Entrevista con Lourdes en Palma del Río, Córd
oba, el 17 de julio de
2009.

                       155 Casos y datos aportados por Teresa Canillas de la Coordinadora de Barrios de Madrid, e
n reunión mantenida el 17 de junio, en Madrid. La Coordinadora de Barrios trabaja con familias en dificultad soci
al en Madrid desde hace
décadas.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  57

              4. VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES INTERNADOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS Sobr
e la base de las denuncias que Amnistía Internacional ha recibido a través de distintas fuentes directas e indire
ctas y los datos aportados
por el Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009, es posible afirmar que los casos detallados en este in
forme no son más que la constatación de la existencia de violaciones del derecho de acceso a la salud, así como a
 la integridad física y
mental de muchos menores ingresados en centros de protección terapéuticos. La organización ha podido constatar qu
e las deficiencias del sistema de protección de menores en España y los abusos son la prueba del incumplimiento d
e las obligaciones
internacionales del Estado en materia de protección de la infancia. Además, ante esta situación de riesgo y viola
ción de derechos humanos, los testimonios a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional confirman que los men
ores que se encuentran en
esta situación, apenas conocen sus derechos y no disponen de medios adecuados para hacerlos valer156. En general,
 desconocen cómo denunciar o pedir una reparación y no saben que tienen posibilidades de acceder a un abogado. Co
mo dice un educador con
amplia experiencia en centros de Cataluña: “El hecho de estar en un centro es ya un abuso”157.  Los testimonios r
ecogidos por Amnistía Internacional demuestran que las denuncias de los menores sobre abusos, malos tratos o las 
condiciones en las que les
suministran la medicación, muchas veces son ignoradas. Además, según la legislación aplicable, los menores deben 
dirigir sus quejas a entidades jurídicas que desconocen, y a las que a menudo no se puede acceder sin el apoyo de
 una persona o profesional
que conozca el funcionamiento de los mecanismos de queja como, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, los Fiscales 
de Menores u otras instituciones autonómicas. En algunos casos, las quejas deben dirigirse a sus propios cuidador
es o el personal del centro
que suelen ser conocedores de estos abusos e incluso responsables.    Cuando los autores de los abusos son el per
sonal de los centros terapéuticos, se viola no sólo la obligación de éstos de proteger a los menores a su cargo, 
sino también la confianza
de estos menores y sus familiares en el sistema encargado de su cuidado y bienestar, y, por

              156 Contraviniendo particularmente la Convención Europea para el Ejercicio de los Derechos del Niño
 de 1996, así como los propios principios reconocidos en la legislación estatal: Ley Orgánica de Protección Juríd
ica del Menor (artículo 5),
así como las diferentes normativas autonómicas.  157 Entrevista con Carlos Vives, educador en Cataluña, el 22 de 
julio de 2009.                                 Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       58 58   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       extensión, en la sociedad y en el Estado. Adicionalmente, cuando los adultos con los que l
os niños y niñas están más estrechamente relacionados utilizan la violencia y la humillación, atentan contra la d
ignidad de los menores y
transmiten un mensaje poderoso y peligroso de que esos son medios legítimos para resolver los conflictos o cambia
r comportamientos inadecuados158. Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado también que muchos de los pro
fesionales que trabajan en
los centros terapéuticos contribuyen a la protección de los menores y a evidenciar las carencias del sistema de p
rotección cuando conocen estos abusos y los denuncian o toman medidas al respecto. Son precisamente estas denunci
as, en particular las de
algunos educadores que trabajan o han trabajado en instancias del sistema de protección, las que han contribuido 
a desvelar los abusos. Finalmente, los casos descritos en este informe confirman la ausencia de mecanismos efecti
vos que garanticen el
acceso a la justicia para los menores que denuncian los abusos. “Yo no sabía ni qué eran los derechos humanos, no
 sabía que lo que allí pasaba no se podía hacer, atarte a un banco y pincharte, hacerte cargar piedras con las ma
nos atadas a una
carretilla, triturarte la medicación, prohibirte las visitas, leer tus cartas, humillarte, tratarte a golpes, cas
tigarte. Nunca supe qué medicación tomaba hasta que con 16 años me llevaron a urgencias al hospital. En esa época
 tomaba tres pastillas por
la mañana, dos por la tarde y tres por la noche. Cuando nos pegaban, nos prohibían las visitas para que no vieran
 los ‘moraos’ y encima les decían que era porque nos habíamos portado mal”159. En los casos en que se han formula
do quejas o denuncias
formales, un factor común es la ausencia de una investigación adecuada y la impunidad de los responsables160. Los
 casos de denuncias formales que han llegado al poder judicial (algunos de los cuales se exponen en este capítulo
) son poco habituales y la
mayoría de los abusos no salen a la luz. En la medida de lo posible, los hechos se han narrado utilizando las pro
pias palabras de los niños y niñas y de las personas adultas que han pasado por estos centros. Las denuncias de l
os menores, que se
incluyen, son sólo la punta del iceberg, puesto que es de por sí

                       158 Comité de los Derechos del Niño, 42º periodo de sesiones, Ginebra, del 15 de mayo al 2
 de junio de 2006, Observación General nº 8 (2006), párrafo 41.

                       159 Testimonio de Esteban, actualmente mayor de edad. Durante su minoría de edad pasó por 
varios centros de protección, incluido el de Font Fregona, debido al desamparo familiar al que se vio expuesto de
sde los cuatro años. Ha
estado en centros de tres Comunidades Autónomas diferentes.

                       160 La inexistencia de documentos que respalden con solidez las denuncias de tortura que f
ormulan los menores permite que los Gobiernos nieguen la verdad y eludan sus responsabilidades. El Manual para la
 Efectiva Investigación y
Documentación de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como el Protocolo d
e Estambul, fue adoptado en 1999 y proporciona directrices para evaluar y documentar pruebas médicas de la tortur
a. El Protocolo de Estambul
también estipula las normas mínimas que deben cumplir los Estados cuando investigan denuncias de tortura, orienta
 a las ONG en su trabajo contra la tortura y establece pautas con las que evaluar las investigaciones oficiales. 
 Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  59

              excepcional que un menor presente una denuncia formal ante la Administración. Algunas de las denunc
ias que aquí se reproducen fueron escritas con la ayuda de adultos. Ni el lenguaje ni las descripciones son propi
as del vocabulario empleado
por los menores. 4.1.    CASTIGOS Tanto la normativa internacional como la legislación española advierten que alg
unas formas de castigo a los menores pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artí
culo 19 de la Convención
sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas, social
es y educativas apropiadas para proteger a las niñas y niños contra la violencia, incluido el maltrato y el trato
 negligente. Asimismo, en
las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las limitaciones sobre 
el tipo de infracciones disciplinarias que pueden imponerse a los menores internados en centros cerrados son expl
ícitas. En la legislación
española, el artículo 154 del Código Civil fue reformado el 20 de diciembre de 2007 prohibiendo explícitamente lo
s castigos físicos infantiles en la legislación española161. “Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas 
disciplinarias que
constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscur
a y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la 
salud física o mental del
menor. Estarán prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción de alimentos y la restricción o denegaci
ón de contacto con familiares. El trabajo será considerado siempre un instrumento de educación y un medio de prom
over el respeto del menor
por sí mismo, como preparación para su reinserción en la comunidad, y nunca deberá imponerse a título de sanción 
disciplinaria. No deberá sancionarse a ningún menor más de una vez por la misma infracción disciplinaria. Deberán
 prohibirse las sanciones
colectivas”162.  Según la información recopilada en este informe, algunos castigos expresamente prohibidos en la 
normativa internacional siguen siendo una práctica aceptada e incluso defendida como parte de una férrea discipli
na en algunos centros de
protección terapéuticos. De las entrevistas con decenas de educadores se desprende que el abuso físico que sufren
 los menores es considerado una facultad discrecional de la dirección del centro, un asunto interno, y no una cue
stión de derechos humanos
cuya responsabilidad última recae en el Estado.  Amnistía Internacional también ha comprobado que los menores ent
revistados consideran “normales y merecidos” todos estos castigos, ya que “se han portado mal”. Esto es debido, e
n parte, a que desconocen
sus derechos. Su baja autoestima, el estigma del abandono familiar y el ambiente de exclusión y violencia del que
 a menudo provienen y que se perpetúa

              161 Antigua redacción del artículo 154 del Código Civil: Los padres o tutores “podrán también corre
gir a los menores razonable y moderadamente”. Actual redacción del artículo 154 del Código Civil: “Los tutores ej
ercerán su cargo de acuerdo
con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica”.

              162 Regla 67 de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad, Resolución 45/113, 14 de
 diciembre de 1990.                                 Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       60 60   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       en algunos centros, no contribuye a romper este círculo ni a empoderarlos como sujetos tit
ulares de derechos. 4.1.1. CONTENCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA Amnistía Internacional ha recogido testimonios e informac
ión que ratifican lo
revelado por el informe del Defensor del Pueblo sobre la existencia de castigos como las contenciones físicas y m
ecánicas que tienen un grave impacto en la salud de los menores. La forma de practicar las contenciones, tal y co
mo lo han relatado los
menores entrevistados por la organización, no sólo es una violación de los derechos humanos en sí misma, sino que
, además, tiene un gran impacto negativo en la salud física y mental de los menores. Las Reglas de la ONU para la
 Protección de Menores
Privados de Libertad prohíben el uso de la coerción y la fuerza, salvo en los casos en que se hayan agotado o fra
casado todos los demás medios de control, y sólo de la forma expresamente autorizada o descrita en una ley o regl
amento163. La contención se
define en el informe de Defensor del Pueblo como la aplicación de medidas de control físico ante acciones violent
as del menor. Consiste en sujetarle físicamente, impidiéndole los movimientos. Si además se le sujeta (ata) a un 
banco, silla o a una cama
con herrajes se denomina ‘contención mecánica’. “La contención la realizarán cinco personas. Cada persona sujetar
á un miembro inferior o superior y la quinta persona la cabeza. Se le sujetará a la cama manteniendo cuatro perso
nas la sujeción física de
los miembros, mientras la quinta persona pondrá sujeciones mecánicas a los cuatro miembros. Ofrecer pauta de agit
ación vía oral”164.

                       Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional, las contenciones las realizan indi
stintamente educadores, guardas de seguridad el centro, parte del equipo directivo, incluido el director, y a vec
es otros menores presentes.
El informe del Defensor del Pueblo señala que “en algunos centros se advierte cierto exceso de rigidez en la apli
cación de las sanciones y la abundancia de contenciones. En muchos centros se realizan varias veces al día y, en 
ocasiones, con una
agresividad innecesaria y desproporcionada que puede provocar lesiones físicas a los menores… Un menor nos relató
 que un vigilante de seguridad le rompió el brazo al hacerle una de esas contenciones”165.

                       Los casos de contenciones descritos por los menores a Amnistía Internacional provienen de 
testimonios directos en entrevistas mantenidas con ellos y de las denuncias hechas por algunos de ellos, por los 
educadores o sus familiares
contra el centro terapéutico de protección Picón del Jarama, en Madrid. Los extractos de las denuncias que siguen
, fueron redactados por los menores con asesoría de educadores o abogados y fueron entregados a la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid entre el 17 de

                       163 Reglas 63 y 64.

                       164 Procedimiento para el uso de contención mecánica de la Fundación O´ Belén para el cent
ro terapéutico de la Comunidad de Madrid, La Jarosa, página 21, tercer párrafo.

                       165 Comparecencia del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ante la Comisión Mixta de Relac
iones con el Defensor del Pueblo, 17 de febrero de 2009.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  61

              noviembre de 2008 y mayo de 2009. Según los documentos recogidos por la organización, éstas fueron 
debidamente registradas por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF). Amnistía Internacional ha entre
vistado a varios de los
menores que presentaron denuncias. Testimonio 2166:

              Testimonio 3167:

              Esta misma menor, días después de presentar esta denuncia, el 8 de diciembre de 2008, fue atendida 
en las calles de Madrid por una crisis de ansiedad ante la inminencia de tener que regresar al centro. El informe
 médico (No.116213)
corrobora el diagnóstico y la medicación prescrita por la unidad de soporte vital básico de la Dirección General 
de Emergencias y Protección Civil de la Comunidad de Madrid.

              166 Copias de estas denuncias, incluidos los partes del servicio de urgencias, fueron entregadas pe
rsonalmente a Amnistía Internacional en la reunión del 17 de junio de 2009 en Madrid. 167 Ibid.
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       62 62   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Testimonio 4 (los nombres que aparecen son todos figurados):

                       En respuesta a la solicitud de información de Amnistía Internacional enviada a la Comunida
d Autónoma de Madrid sobre el seguimiento a éstas y otras denuncias, y al informe del Defensor del Pueblo, la Con
sejería de Familia y
Asuntos Sociales respondió a Amnistía Internacional que el caso se había cerrado. “La Fiscalía de Madrid ha archi
vado por decreto de 15 de abril 2009 las diligencias preprocesales abiertas para la comprobación del funcionamien
to de los Centros a los que
hacía referencia el citado informe”168. Amnistía Internacional se opone a la imposición de castigos corporales, a
 las inmovilizaciones realizadas por medios peligrosos o crueles, así como a otros castigos crueles, inhumanos o 
degradantes como la
retirada de alimentos, la prohibición de visitas de sus familiares o la violación del secreto de las comunicacion
es. Por ello, insta a las autoridades competentes en materia de regulación y supervisión de estos centros, a que 
lleven a cabo las medidas
que sean necesarias para erradicar de la práctica todo tipo de castigos crueles, inhumanos o degradantes en los c
entros terapéuticos de menores. Además de recogerse explícitamente estas medidas en los reglamentos internos de l
os centros, debería
establecerse un marco jurídico general para toda España que dote de mayor seguridad a los menores y a los educado
res, y que permita la disciplina cuando sea necesaria, pero con todas las garantías para los menores y educadores
. 4.1.2. CELDAS DE
AISLAMIENTO E INCOMUNICACIÓN Amnistía Internacional ha comprobado a partir de los testimonios de los menores entr
evistados que el confinamiento en las celdas es una de las medidas disciplinarias de sanción e intimidación más r
ecurrente (prácticamente
todos los menores entrevistados

                       168 Respuesta de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales (julio 2009), a la carta de A
mnistía Internacional enviada el 28 de mayo de 2009.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  63

              permanecieron sancionados en una de estas celdas durante su internamiento en los centros), y la que
 tiene mayor impacto en la salud física y mental de los menores. Según algunos de los educadores, se establecen l
ímites sobre el tiempo que
los niños pueden estar encerrados y el procedimiento. Sin embargo en la práctica y según los testimonios obtenido
s, tampoco estos procedimientos reglados se respetan169. El cómo, cuándo y cuántas veces se administra un castigo
 queda, en muchos casos, a
discreción del personal de los centros terapéuticos. Los educadores denuncian que, aunque algunos menores hayan e
stado encerrados el tiempo máximo establecido, se levanta el aislamiento e inmediatamente “se les vuelve a meter 
en la celda”170. Amnistía
Internacional ha podido constatar que, bajo el nombre de “separación de grupo” o “medidas de tiempo fuera”, se pr
actica la incomunicación del menor durante días en su habitación o en la celda de aislamiento.  Según el informe 
del Defensor del Pueblo de
febrero de 2009, el 68 por ciento de los 27 centros visitados por él, utilizan medidas de aislamiento como medida
 sancionadora y de intimidación al menor. El informe describe las celdas a las que tuvieron acceso los investigad
ores como “asfixiantes y
siniestras...Celdas de aislamiento verdaderamente atroces, denominadas a veces -no sin buena dosis de eufemismo- 
salas de tiempo fuera o salas de baja estimulación, con portones blindados de hierro y paredes forradas con cauch
o o goma negra, que apenas
alcanzan los tres metros sin ventilación ni comunicación alguna… Antes de entrar en estas celdas reclaman, a vece
s, una medicación que les ayude a soportar el emparedamiento”171.  De acuerdo con la información del Defensor del
 Pueblo, en Andalucía,
Cataluña y Comunidad de Madrid existen salas de aislamiento para menores. Por ejemplo; de los tres centros terapé
uticos de Barcelona, Can Rubio cuenta con tres celdas, una con una cama con correas; El Pedreñal y Els Castanyers
, tienen dos cada uno. En
Andalucía, el centro Vado de los Bueyes de Córdoba tiene cuatro celdas de aislamiento. En Madrid, el centro Picón
 del Jarama cuenta con una celda de castigo, aunque según testimonios de los educadores de este centro, se usaban
 hasta tres celdas para el
aislamiento de los menores. El Real Decreto 1774/2004, que regula el reglamento de responsabilidad penal del meno
r y que se aplica por tanto a los menores que han cometido un delito y cumplen medidas judiciales, excluye taxati
vamente la utilización de
este tipo de celdas. Sin embargo, los menores que están bajo la protección de la Administración, sin haber cometi
do falta o delito,

              169 Por ejemplo, La Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunid
ad de Madrid en el artículo 73 establece  la posibilidad de sancionar con la “separación del grupo con privación 
o limitación de estímulos”
durante un tiempo máximo que va desde un día, para las faltas leves, hasta tres, para las muy graves.

              170 Testimonio de una ex trabajadora del centro Picón del Jarama y un ex trabajador de Casa Joven a
mbos gestionados por la Fundación O’Belén y entrevistados por Amnistía Internacional el 22 de junio de 2009.

              171 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 22 y 23.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       64 64   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       en la práctica sufren un tratamiento discriminatorio y ven restringidos y vulnerados sus d
erechos, al permitirse su aislamiento en celdas. Esta situación refleja, además, la ausencia de control en la pro
tección de los menores.
Testimonio 5 (relato de un menor entrevistado por Amnistía Internacional172):

                       Este menor entró en el sistema de protección a los tres años de edad, permaneciendo desde 
entonces bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Vivió en diferentes centros hasta que fue remitido, sin diagnó
stico, al centro
terapéutico Picón del Jarama. Actualmente tiene 17 años y ha huido del centro en el que permaneció siete meses po
r no poder soportar las condiciones y abusos a los que le sometieron a él y a sus compañeros durante ese tiempo.

                       El menor muestra a AI la denuncia sobre su situación presentada ante el Instituto Madrileñ
o del Menor y la Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid © AI, julio 2009

                       172 Entrevista realizada en Madrid el 27 de julio de 2009. El texto es parte de la denunci
a presentada ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, con entrada de registro 
4 de febrero de 2009.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  65

              Otro menor de 15 años de edad relató a Amnistía cómo al llegar en septiembre de 2008 al centro de B
enalup, en Casa Viejas, Cádiz, fue ingresado de inmediato en la denominada “Aula de Observación Independiente” du
rante 15 días, sin contacto
con otros menores. Incluso la comida era llevada al “aula” donde se encontraba aislado. Este hecho fue puesto en 
conocimiento de la Consejería de Bienestar e Igualdad Social de la Junta de Andalucía mediante diversos escritos 
del abogado del padre del
menor173.  En la única visita permitida a Amnistía Internacional por la Administración andaluza174 el director de
 la fundación y el equipo técnico (médico, psicóloga y directora) negaron la imposición de castigos y el uso de c
eldas de aislamiento.
Durante la visita, en la que los investigadores de la organización fueron acompañados por funcionarios y distaron
 mucho de ser independientes, se comprobó que algunas de las habitaciones estaban bajo llave y no fueron mostrada
s, aduciendo que no tenían
las llaves disponibles. Sin embargo, los testimonios de dos menores tomados por Amnistía Internacional ese mismo 
día en el centro, y durante las entrevistas realizadas a menores y familiares que pasaron por el centro durante e
l año 2008, se corroboró la
existencia de celdas de castigo y aislamiento y la aplicación rutinaria de esta técnica175. En la reunión manteni
da entre Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo de Andalucía176 se le indicó a la organización que, en a
bril del año 2005, éste
último visitó este centro como parte del seguimiento a una queja presentada177 por una menor sobre los castigos y
 la utilización de la celda de aislamiento. El Defensor formuló varias recomendaciones a la Dirección General de 
Infancia y Familia de la
Junta de Andalucía para la eliminación de las celdas de aislamiento del centro. Las recomendaciones fueron acepta
das por esa instancia en su integridad. Sin embargo, cuatro años después, según los testimonios recogidos por Amn
istía Internacional, las
recomendaciones realizadas por el Defensor del Menor de Andalucía continúan sin cumplirse.

              173 Entrevista con el menor y su padre el 21 de julio de 2009 y datos facilitados por su abogado, J
oaquín Olmedo Gómez, en una entrevista mantenida en Cádiz el 20 de julio de 2009.

              174 Visita llevada a cabo el día 16 de julio de 2009 al centro Santa María del Prado de la Fundació
n Arco Iris en Córdoba.

              175 La visita de la delegación de Amnistía Internacional a ese centro fue acompañada por el directo
r de la Fundación, la directora de los centros de protección de la Dirección General de Infancia y Familia de la 
Junta de Andalucía y
personal del centro (psicóloga y directora) y de la fundación (médico). Al entrevistar a las menores, éstas contr
adijeron la información facilitada por la dirección y la delegación de Amnistía fue invitada a irse. La informaci
ón contradictoria hacía
referencia al uso de castigos, en particular, a la celda de aislamiento en la que las menores confirmaron que se 
encerraban durante días a las niñas (incluidas ellas) y a la falta de acceso a revisiones édicas y, en particular
, ginecológicas.

              176 Reunión mantenida con la jefa de Área de Menores del Defensor del Pueblo de Andalucía, Maite Sa
lces, el 17 de julio de 2009 en Sevilla.   177 Queja 05/333, informe del Defensor del Menor de Andalucía, 2005. E
n dicho informe se calificó
de hechos graves la existencia de esta celda de aislamiento, página 399.                                  Amnistí
a Internacional, diciembre de 2009

                       66 66   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       En el caso de la Comunidad de Madrid, resulta especialmente preocupante que la propia Ley 
de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia establezca en el artículo 73 (donde se dan las paut
as para la redacción de los
estatutos disciplinarios de los centros cerrados o semiabiertos) la posibilidad de sancionar con la “separación d
el grupo con privación o limitación de estímulos” durante un tiempo máximo que va desde un día, para las faltas l
eves, hasta tres, para las
muy graves. A pesar de que en el artículo se establece que las sanciones nunca podrán suponer vejación o maltrato
, preocupa a la organización que se puedan amparar situaciones prohibidas en las normas internacionales, máxime c
uando éste es el castigo
aplicable a conductas que no constituyen infracción penal. Amnistía Internacional se opone al uso de medidas corr
ectivas que impliquen el aislamiento forzado178 de los menores en los centros terapéuticos y considera especialme
nte alarmante la frecuencia
con que se utilizan. Por ello, insta a las autoridades competentes a que se eliminen estas medidas de los regímen
es disciplinarios de los centros y que estas celdas desaparezcan de los centros de protección terapéuticos, en cu
mplimiento con los
estándares internacionales de derechos humanos.    La organización, además, observa con alarma que, en los pocos 
casos en que los menores denuncian estas situaciones, no cuentan con la protección y asistencia especializada a l
a que tienen derecho, sino
que, por el contrario, se exponen a represalias. 4.2.    VIOLENCIA Y ABUSOS A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE 
LOS MENORES La organización ha podido comprobar que menores bajo la protección y cuidado del Estado pueden ser ví
ctimas de palizas y abusos
sexuales, ser sometidos a un tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, incomunicad
os, atados a sillas o camas con herrajes, amordazados, medicados sin la debida diligencia y contra su voluntad co
n graves consecuencias para
su integridad física y psíquica y en contradicción con las obligaciones legales de España en materia de protecció
n de menores. Un caso particularmente grave de abusos sexuales es el que refleja la sentencia del juzgado de lo P
enal nº 2 de Manresa,
Barcelona, con fecha 19 de diciembre de 2008. En dicha sentencia se condenó a Eduardo Zameño por violación y abus
os sexuales a dos menores en el centro de protección llar de la Pau, gestionado por la Fundación Cots, en Manresa
. El educador, que durante
el juicio se descubrió que no tenía los estudios para ejercer como tal, abusó de varios menores en el centro de m
anera repetida y durante largos periodos de tiempo. Este lugar, considerado un llar (hogar en catalán) sólo acogí
a a ocho menores y, sin
embargo, los abusos y acoso sexual pasaron desapercibidos al resto del personal durante años.  Fue el más joven d
e los menores abusados el que acabó denunciando involuntariamente los hechos. Sin embargo, una vez expulsado el e
ducador del centro, los
menores abusados han continuado, hasta la fecha, en el mismo centro. Lo más grave es que el centro acogió a tres

                       178 Informe Amnistía Internacional: “Un escándalo oculto, una vergüenza secreta: tortura y
 malos tratos a menores”. 8 de diciembre de 2000. Índice AI ACT 4003800.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  67

              hermanos, supuestamente abusados por su padre, y el menor de estos tres hermanos, de seis años, fue
 víctima nuevamente de acoso y de abuso sexual por parte de uno de los menores de 11 años, que, a su vez, había s
ido víctima de abusos por
parte del educador.   La psicóloga, que desde el 2007 presta apoyo psicológico a alguno de estos menores abusados
, explicó a Amnistía Internacional179 el llamado “síndrome de la vampirización,” por el que las posibilidades de 
que un niño abusado repita
el abuso, son hasta de un 90 por ciento. Los menores abusados necesitan una atención y seguimiento especial que n
o ofrecía este centro de protección, faltando a sus obligaciones y a la diligencia debida en la protección de la 
integridad física, la
seguridad y la atención a los problemas de salud mental de estos niños. La psicóloga relató a Amnistía Internacio
nal cómo los meses próximos al juicio los menores sufrieron una regresión en su estado de salud mental. 4.2.1. MA
LOS TRATOS Y ATENTADOS
CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Los casos presentados en este informe permiten conocer algunos de los malos tratos su
fridos por los menores dentro de los centros terapéuticos. Excepcionalmente, ellos o sus familias han denunciado 
estos casos ante las
autoridades y cuentan con evidencia de los malos tratos sufridos a través de certificados médicos. Destacamos dos
 de los casos a los que la organización ha tenido acceso. En ambos, los menores sufrieron represalias por parte d
el centro debido a las
denuncias que presentaron.

              Se reproduce, a continuación, el parte médico emitido por el tratamiento de un traumatismo craneal 
producido a un menor en el centro terapéutico Picón del Jarama. El parte establece, a partir del testimonio del m
enor, que el personal de
seguridad de ese centro le golpeó dos veces con un detector de metales en la cabeza. Varios niños fueron testigos
 de estos hechos. El menor y un testigo presentaron la denuncia, adjuntando el parte del servicio de urgencias an
te el juzgado de
instrucción de Plaza Castilla de Madrid, el 2 septiembre de 2008. Este caso aún se encuentra sin resolver. Al reg
resar al centro una vez presentada la denuncia, ambos menores fueron castigados en una celda de aislamiento, por 
lo que, posteriormente,
decidieron huir.

              179 Entrevista con María Vergara, psicóloga del Centro Exil, el 24 de julio de 2009 en Barcelona.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       68 68   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Extracto del parte de lesiones del Hospital de la Paz en Madrid, donde se refleja el traum
atismo TCE y el motivo de la lesión: “golpean con el detector de metales en zona paralelo derecha en número de do
s veces, según testigos”.

                       En junio del año 2008, cinco menores de entre 12 y 17 años del centro para trastornos de c
onducta Santa María del Prado, en Córdoba (gestionada por la Fundación Arco Iris) presentaron denuncia por malos 
tratos contra el centro
ante la Guardia Civil de Palma de Rio, Córdoba, tras escaparse180. Según consta en la denuncia y según testimonio
s de testigos que ha recogido Amnistía Internacional, la Guardia Civil les recomendó acudir al servicio de  urgen
cias para que las
asistieran y realizaran los correspondientes partes de las lesiones tras ver las contusiones que tenían. En los c
inco partes se incluyeron contusiones en rodilla derecha, en ojo derecho, cadera y costado, contusión en boca (in
dicando que se le movía un
diente a consecuencia de un fuerte golpe), dolor lumbar, dolor en el cuello y la pierna derecha, y contusión en e
l brazo derecho. En el parte médico, a dos de ellas se les recomendó la realización de rayos X para evaluar la gr
avedad de las lesiones181.
Las menores, tras la denuncia, huyeron del pueblo. Cuatro de ellas fueron localizadas días después y obligadas, p
or la policía, a regresar al mismo centro al que habían denunciado por malos tratos. El 6 de julio de 2008, el di
rector de la fundación
gestora del centro, acompañó a las cuatro niñas a la misma Guardia Civil donde habían presentado su denuncia una 
semana antes, y allí, ante su presencia, manifestaron que “voluntariamente” la retiraban. Sin embargo, la quinta 
niña, que no había sido
localizada y que, por lo tanto, no volvió al centro,

                       180 Denuncia de las cinco menores presentada: atestado Nº 2008-001668-00000898 ante la Gua
rdia Civil de Palma del Río, Córdoba. Amnistía Internacional tiene copia de la denuncia registrada y firmada por 
el instructor de la Guardia
Civil.

                       181 Parte al Juzgado de Guardia el día 30 de junio de 2008 del Centro de Salud de Palma de
l Río. Amnistía Internacional tiene copia de los cinco partes firmados por el médico.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  69

              se ratificó en la denuncia mediante una carta a su representante legal182 sobre los abusos y los ma
los tratos, negándose a volver al centro. El caso contra el centro continúa abierto ante la Fiscalía.  Amnistía I
nternacional ha solicitado
información actualizada sobre el estado de este caso a la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de 
Andalucía. Como respuesta, la jefa de Centros de Protección de esta Dirección General indicó que toda la informac
ión sobre los expedientes
de menores era confidencial “por el interés superior del menor”183. En una reunión mantenida posteriormente entre
 Amnistía Internacional y el director de la Fundación Arco Iris (el mismo que acompañó a las menores a retirar la
 denuncia), éste manifestó
que no estaba autorizado a hablar de este caso por la Dirección General de Infancia y Familia. La representante d
e la Dirección General, por su parte, presente en esta reunión, consideró el caso cerrado y no facilitó más infor
mación al respecto184.
Finalmente, la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía reconoció que este centro no era 
adecuado para estas menores y pidió su traslado a otro centro, argumentando que se adecuaba más a las necesidades
 psicopedagógicas de las
niñas y en  atención al interés superior de las menores. 4.2.2. MALTRATO VERBAL, REGISTROS CORPORALES Y AMBIENTE 
HOSTIL Tanto el acoso verbal, las humillaciones y los registros corporales íntimos a menores, sin relación con el
 cuidado de su salud,
constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Además, los abusos verbales y conducentes a un ambiente hostil
, constituyen también tratos “inhumanos o degradantes”, tal y como señala el Comité de Derechos del Niño en la Ob
servación General nº8
(2006), en cuyo punto número 11 se indica que hay formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente c
rueles y degradantes, y, por lo tanto, incompatibles con la Convención. “Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los
 castigos en que se
menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al n
iño”185.  María Herguedas, educadora en el año 2008 en el centro Picón del Jarama, relata cómo se sometía a los m
enores a registros,
desnudos integrales y humillaciones en una denuncia

              182  Juan Pedro Oliver, presidente de la asociación Pro Derechos la Niña y el Niño, (PRODENI), se e
ncargó del caso. En junio de 2009 se requirió a PRODENI la entrega de la carta en que la menor ratificó su denunc
ia.  183 Conversación
mantenida con Isabel Grajera, jefa de centros de protección de la Dirección General de Infancia y Familia de la J
unta de Andalucía como respuesta a la pregunta por escrito de Amnistía Internacional, julio de 2009.

              184 Isabel Grajera, jefa de centros de protección de la Dirección General de Infancia y Familia de 
la Junta de Andalucía en reunión con Amnistía Internacional, 16 de julio de 2009 en Córdoba.

              185 Comité de los Derechos del Niño, 42º periodo de sesiones, Ginebra, del 15 de mayo a 2 de junio 
de 2006, Observación General nº 8 (2006), párrafo 11.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       70 70   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       formal presentada ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia186.

                       Varios menores han contado a Amnistía Internacional las humillaciones físicas y, en partic
ular, los registros corporales íntimos que sufrieron. Un menor, de 15 años de edad, relató a Amnistía Internacion
al lo siguiente: “Al
ingresar en el centro de protección de Cádiz fui sometido a un registro que incluía la introducción del dedo del 
educador en el ano. Nunca antes me habían hecho eso187.

                       Algunos menores han explicado a Amnistía Internacional que tanto los vigilantes de segurid
ad como educadores del sexo opuesto tienen la facultad para exigirles desnudos integrales, lo que les resulta hum
illante e intimidatorio188.
Un menor relató:“Me han hecho dos cacheos en los que me desnudaron delante de dos vigilantes de seguridad, sin ed
ucadores. Cuando me ducho hay un educador mirando. Dos educadoras han entrado también en la ducha estando yo comp
letamente desnudo. Me han
hecho registros en el cuarto sin estar presente”189.

                       Para Amnistía Internacional el ambiente hostil que se genera por el grado de agresividad e
n el trato hacia los menores, los gritos y los insultos hacia ellos, es muy preocupante. Lo es, no sólo porque vu
lnera la obligación legal
del Estado de proporcionarles servicios de protección adecuados y ajustados a sus necesidades, sino, además, porq
ue debido a su situación de “dificultad social” marginalidad o exclusión no cuentan, a menudo, con un entorno fam
iliar o cercano en el que
se les ofrezca protección, cuidado y afecto.

                       186 Entrevista con María Herguedas el 22 de junio de 2009 y el 20 de octubre de 2009 en Ma
drid. 187 Entrevista con el menor el 21 julio de 2009.

                       188 El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que las personas «sometidas a regi
stro corporal por funcionarios del Estado o por personal médico que actúe a instancias del Estado serán examinada
s sólo por personas de su
mismo sexo». Observación General nº16 del Comité de Derechos Humanos, párrafo 8. En el artículo 17 del Pacto Inte
rnacional de Derechos Civiles y Políticos al que refiere la Observación General nº16 se menciona el derecho a la 
intimidad y a la protección
de la honra y la reputación.

                       189 Entrevista el 27 de julio de 2009 en Madrid.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  71

              Algunos educadores también han denunciado el abuso de poder y maltrato verbal contra los menores, c
uando el personal del centro utiliza información confidencial del expediente del menor para humillarle en público
 con frases como: “Tú estás
aquí porque ni tu madre te quiere” 190.   Un grupo de educadores que trabajaron en el centro Casa Joven (Guadalaj
ara), dirigido por la misma fundación que administra el centro Picón del Jarama, en Madrid, describieron a Amnist
ía Internacional este tipo
de abusos: “El conocimiento de la realidad vital, pasada y presente de los menores que el equipo educativo tiene,
 es utilizado como arma para estas agresiones verbales. Podríamos citar muchos ejemplos que hacen referencias a d
efunciones de familiares
directos, minusvalías de los menores, SIDA de los padres, prostitución de las menores. No suponen casos puntuales
 en los que el educador pierde los papeles sino que sucede de forma cotidiana y ante cualquier contratiempo de fo
rma absolutamente
consciente. Del mismo modo, la agresividad verbal se traduce de forma cotidiana en chantajes y amenazas –con tras
lados a otros centros  gestionados por la fundación, con anular visitas de los familiares o con no entregarles su
 correspondencia”191. El
ambiente de hostilidad y acoso se refleja claramente en el testimonio de una menor de 15 años de edad que, según 
la denuncia presentada el 15 de mayo de 2008 ante la sede de la Comisaría de Banyoles contra el centro Font Frego
na, describe textualmente
cómo el director del centro se dirigía frecuentemente a los menores en estos términos: “Quien quiera postre que m
e chupe la polla. Quien quiera repetir que se ponga de rodillas”192.  Según el testimonio de una periodista que s
e infiltró en este mismo
centro encubierta (haciéndose pasar por educadora), este tipo de acoso sexual y abusos verbales fueron frecuentes
 en sus dos semanas de estancia en el centro193. Amnistía Internacional entrevistó el pasado 24 de julio en Barce
lona a Aránzazu Celdrán,
que pasó un año interna en este centro y del que salió el mismo día en que cumplió los 18 años. A partir de su ex
periencia, confirma estos hechos.

              190 Denuncias trasmitidas por escrito a Amnistía Internacional el 23 de junio de 2009 por Daniel Re
yes Molón, educador del centro y firmadas por tres educadores que trabajaron en el centro de protección Casa Jove
n, gestionado por la
Fundación O´ Belén. Este centro se cerró en octubre de 2009.

              191 Ibid. 192 Diligencia Nº 321883/2008 AT USCBANYOL, de la que se envió copia al Sindic de Greuges
 y se facilitó una copia a Amnistía Internacional el 30 de julio de 2009.

              193 Entrevista con la reportera del equipo de investigación de Cuarzo Producciones, el 23 de julio 
de 2009.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       72 72   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       5. VIOLACIONES DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS
 El Estado español tiene la obligación de garantizar a todos los niños y niñas el derecho a recibir tratamiento m
édico adecuado, sin
discriminación alguna, y a asegurar que los servicios de asistencia sanitaria, incluidos los de salud mental prop
orcionados por los centros de protección terapéuticos, sean equitativos y del mejor nivel posible. Además de las 
obligaciones del Estado
emanadas del derecho a la salud reconocido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Soci
ales y Culturales, las Reglas de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad fijan194 los estándare
s mínimos de la atención
médica a menores internados. Entre otros, el reconocimiento del derecho del menor a ser examinado por un médico a
 su ingreso que pueda constatar evidencias de malos tratos sufridos con anterioridad, y tener a su disposición un
os servicios médicos que
detecten y traten toda enfermedad física o mental de manera rápida y eficaz. Una previsión específica para estos 
casos es la que se realiza en la Regla 52, que admite que un internamiento prolongado del menor puede afectar a s
u salud física o mental, y
que, por ello, el profesional que advierta esta situación deberá comunicarlo a la dirección del centro, así como 
a la autoridad independiente responsable del menor. Lejos de cumplir con estos estándares internacionales, los ca
sos que ha conocido
Amnistía Internacional ponen en evidencia serias dificultades en el acceso de los menores al derecho a la salud y
 a la protección de su integridad física y mental como resultado de los castigos, el abuso en la medicación, la f
alta de información y la
ausencia de consentimiento informado en las decisiones sobre su salud, así como, en ocasiones, la falta de acceso
 a sus derechos sexuales y reproductivos. Más aún, muchos de los menores que se encuentran en los centros terapéu
ticos bajo el cuidado de
las autoridades de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, no reciben un tratamiento adecuado adaptado a su
s necesidades específicas, lo cual constituye, de por sí, una violación del derecho a la salud.

                       5.1.    PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Los menores internados en 
centros terapéuticos por dificultad social o de conducta están capacitados para tomar decisiones sobre su salud y
, como tal, han de ser
considerados y tratados. La ONU establece que la dificultad en adaptarse a valores morales, sociales, políticos u
 otros, no deben considerarse trastornos mentales y que la medicación responderá

                       194 Reglas 49 a 55. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  73

              a las necesidades de salud del paciente, y sólo se administrará con fines terapéuticos o de diagnós
tico y nunca como castigo o para conveniencia de terceros195.  Sin embargo, según testimonios de menores y educad
ores a Amnistía
Internacional, la medicación con fines psiquiátricos en los centros terapéuticos es utilizada con frecuencia como
 medida de contención y sancionadora hacia los menores, e incluso como amenaza.   El Defensor del Pueblo ha recib
ido quejas sobre la profusa
utilización de fármacos y ha señalado “el grave riesgo que puede conllevar para su salud la ingesta continuada y 
en altas dosis de medicaciones psiquiátricas [...]. Atiborrar de pastillas a adolescentes en los centros refleja 
dejadez y rutina
profesional, en lugar de implicación en el tratamiento”196. 5.1.1. CONTENCIÓN QUÍMICA O FARMACOLÓGICA
              Todos los menores y personas adultas entrevistadas por Amnistía Internacional, que pasaron por los 
centros terapéuticos, denuncian haber sido medicados contra su voluntad en algún momento, sin información ni cons
entimiento, lo que
demuestra la gravedad y práctica sistemática. La mayoría de los menores han confirmado no haber consumido este ti
po de fármacos hasta el ingreso en los centros de protección terapéuticos. Por esta razón, algún educador y profe
sional sanitario se han
planteado que quizá sea el ingreso en los centros y las condiciones de vida en ellos lo que origina “la necesidad
” de ingerir medicamentos. ¿Cómo se explica que los menores en este tipo de centros sean medicados con psicofárma
cos y que ya no necesiten
seguir con ellos cuando cumplen 18 años y abandonan el centro?197

              A este respecto, el informe del Defensor del Pueblo advierte que “Cuando la contención física o far
macológica es abusiva y se convierte en el discurso habitual del tratamiento del  198 .
              centro, puede dificultar el crecimiento evolutivo favorable del menor”  . Por otro lado, y entendie
ndo por psicofármacos los neurolépticos, ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos, la administración simultánea 
de varias de estas drogas
en centros donde los menores viven privados de libertad y, a veces en un entorno hostil, pueden producir efectos 
aún más adversos. Varios menores, familiares y educadores han confirmado a Amnistía Internacional que la combinac
ión de varias de estas
drogas administradas a un sólo menor es una práctica común en el tratamiento diario y de larga duración en varios
 centros terapéuticos.  Según información recibida por la organización, los medicamentos más peligrosos para la s
alud usados habitualmente
para la contención farmacológica de los menores en los centros

              195 Principios incluidos en la Resolución 46/119 de 17 de diciembre de la ONU, para la Protección d
e los Enfermos Mentales.

              196 Comparecencia del Defensor del Pueblo ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del 
Pueblo de 17 de febrero de 2009.

              197 En esta reflexión coinciden educadores con más de 20 años de trayectoria laboral en el sistema 
de protección, como Viçent Galea i Montero y Josep Arnau; así como psicólogos jóvenes que han trabajado como educ
adores en centros de
protección, como Santiago Agustín. Así lo expresaron cuando fueron entrevistados por Amnistía Internacional en ju
nio y julio de 2009.

              198 Informe del Defensor del Pueblo, página 24.                                 Amnistía Internacio
nal, diciembre de 2009

                       74 74   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       serían los neurolépticos. El psiquiatra Guillermo Rendueles199 describe los neurolépticos 
como: “Fármacos que habitualmente toman de por vida los diagnosticados de esquizofrenia, y de forma intermitente,
 quienes tienen etiquetas
de psicosis maníaco depresiva mientras padecen síntomas de hiperactividad o euforia, lo que en general no suele s
obrepasar el mes de duración”. También describe una larga lista de sus efectos secundarios en menores, destacando
: embotamiento, confusión
generalizada, afectividad aplanada, problemas psicomotrices, alucinaciones, descontrol de esfínteres, depresión, 
problemas visuales como el glaucoma, convulsiones o espasmos musculares. En un informe sobre los efectos de los p
sicofármacos en menores en
España, un educador describió así dichos efectos: “Generalmente les da sueño y paranoias, pues se notan cortos de
 reflejos con gran pesadez en el cuerpo. Dopados con poca lucidez, más cansados y fácilmente irritables y pasivos
”200.  La Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, ha llamado la atención a los Gobiernos 
para que establezcan sistemas adecuados de expedición de recetas que permitan controlar el abuso en la utilizació
n de drogas psicotrópicas,
acusando a la industria farmacéutica de promover estrategias agresivas para incrementar el consumo injustificado 
de esas sustancias201. En España, se gastaron 1.204,65 millones de euros del presupuesto de salud mental en el 20
06 para costear recetas de
psicofármacos202. 5.1.2. MEDICACIÓN FORZOSA Y ADMINISTRACIÓN INDISCRIMINADA DE PSICOFÁRMACOS
                       De conformidad con el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estado
s Partes deben efectuar un examen periódico del tratamiento que se da a los adolescentes en los hospitales o esta
blecimientos psiquiátricos.
Por otro lado, la Regla 55 de la ONU para la Protección de los Menores Privados de Libertad específica que este t
ipo de medicación ha de ser siempre autorizada y efectuada por personal médico203. Igualmente, el Comité de Derec
hos Económicos, Sociales y
Culturales destaca que la obligación de respetar el derecho a la salud comprende que los Estados se abstengan de

                       199 Guillermo Rendueles: “Qué son, es decir, cómo se usan los psicofármacos. Manual de sup
ervivencia” en El rayo que no cesa. Boletín de contrapsicología y antipsiquiatría, nº2, marzo de 2000. Barcelona.
 Accesible en
http://estrecho.indymedia.org/newswire/display/14973. Consultado el 10 de noviembre de 2009. Ver también entrevis
ta en www.kaosenlared.net/noticia/entrevista-guillermo-rendueles-psiquiatra-
                       ensayista  200 Informe: “Con psicofármacos no se juega”, Colectivo Txinorris (2009), sobre
 el uso de psicofármacos con menores privados de libertad, página 22.

                       201 Artículo “Alarma internacional por las dramáticas consecuencias del uso de psicofármac
os en niños”,
                       publicado en el boletín digital de Filium y de la escuela española de psicoterapia y psico
análisis, 1 de julio de 2004.  202 Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud 2007 recogida en el segu
ndo numero del boletín
Esfuerzo, editado por Psiquiatrizados en lucha, 2009. Entrevista realizada con este colectivo el 16 de julio de 2
009 en Madrid.

                       203 Regla 55 de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad, Resolución 45/1
13, 14 de diciembre de 1990. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  75

              aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para el tratamiento de enfer
medades mentales204. Josep Arnau, un experimentado educador de Cataluña, señaló a Amnistía Internacional, así com
o en diferentes artículos
especializados, que el hecho de que sean educadores sociales sin ninguna formación sanitaria los encargados en oc
asiones de administrar la toma de medicamentos de los menores en los centros terapéuticos, representa una conduct
a temeraria por parte de
los propios educadores. Indica que él mismo ha sido testigo de errores en la administración de medicación. “Desde
 confundir Risperdal con Valeriana y hacer tomar lo primero a una joven que tenía prescrito lo segundo, hasta sob
redosis de gotas de
Haloperidol”205.  En esta línea, el informe del Defensor del Pueblo recomienda que los educadores no administren 
la medicación a los menores por la confusión que podría provocar en los niños y niñas la concurrencia de dos role
s tan distintos, como el de
tutor y enfermero, en la misma persona. En algunas ocasiones, según los testimonios de algunos menores y educador
es, los psicofármacos son introducidos en las comidas o bebidas. Un menor, de 15 años de edad, relató a Amnistía 
Internacional cómo en el
centro de protección de Benalup, Cádiz, los botes de medicamentos se apilaban en la cocina y, algunas veces, se e
chaban directamente a la comida. Este menor cuenta que después de beber un vaso de leche con chocolate a veces no
 podía ni levantarse de la
silla206.  La madre de un menor internado en el centro terapéutico Picón del Jarama hasta 2009 comunicó a la orga
nización que su hijo no sabía qué medicación tomaba pero “eran muchas pastillas diarias”, y, sin embargo, cuando 
iba a casa algún fin de
semana, le interrumpían la medicación sin explicación207.  A Amnistía Internacional le preocupan los testimonios 
que denuncian el uso de una maquina (“una especie de sacapuntas grande que se guarda en la sala de los educadores
”)208 en los centros de
Font Fregona y Mas Pons en Cataluña, que tritura todo tipo de medicamentos que son disueltos en agua y entregados
 a los menores para su ingesta.  “Si preguntas qué medicamentos son, no te informan ‘tú no tienes por qué saberlo
’. Y si te niegas a
tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención. Si te resistes puedes acabar

              204 Observación General nº14, párrafo 34, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


              205 Artículo de Josep Alfons Arnau. Educador social con más de 20 años de experiencia en Cataluña. 
“La utilización de psicofármacos en los centros cerrados de justicia juvenil”, página 3 y nota 8 de la misma pági
na. Recogido en varias
comunicaciones con Amnistía Internacional entre junio y agosto de 2009.

              206 Entrevista con el menor el 21 de julio de 2009.

              207 Entrevista con la madre del menor el 29 de junio de 2009 en Madrid.

              208 Testimonio de un menor entrevistado por Amnistía Internacional el 31 de julio de 2009.         
                        Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       76 76   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       atado en una silla o en el banco al sol todo el día donde, si aún te resistes te amordazan
 (con papel de embalar adhesivo) y te pueden llegar a inyectar algo que te deja KO”. En esta descripción han coin
cidido Aránzazu y Esteban,
dos jóvenes que cuentan ahora con 19 y 18 años, y una menor de 15 años. Los tres han pasado entre el 2007 y 2009 
por Font Fregona y Mas Pons, centros gestionados por la misma entidad privada y en la misma localidad, en Barcelo
na209. Familiares de
menores internados en este último centro han relatado a Amnistía Internacional haber visto a menores atados en un
a silla “con la cabeza ladeada y babeando”, mirando a la pared, tanto en la recepción como a pleno sol, en días q
ue ellas visitaron el
centro210.  Los siguientes casos recogidos por Amnistía Internacional muestran la gravedad y dimensión del proble
ma de la medicación forzada y la administración indiscriminada de medicamentos a menores.  Aránzazu Celdrán Osori
o211 contó a la
organización que fue entregada por su abuela a un centro de acogida en Granada cuando tenía 18 meses de edad porq
ue sus padres, toxicómanos, no podían hacerse cargo de ella. A los seis años, su abuela la “sacó” del centro y se
 la llevó a Cataluña, donde
continuó el periplo de centros. A los 16 años, y tras la huida del centro terapéutico Can Rubió de Barcelona, los
 Mossos de Escuadra aparecieron en su casa, tiraron la puerta abajo y la llevaron a la Fiscalía, donde, sin infor
marle o preguntarle por los
motivos de su huida, la metieron en una furgoneta y se la llevaron al centro terapéutico de Font Fregona. “Éste e
s tu nuevo centro, de aquí no podrás salir tan fácilmente”.

                       A los 10 minutos de su llegada a Font Fregona, a Aránzazu Celdrán ya le estaban dando medi
cación “chafada en un vaso”. Ese mismo día vio a un niño “atado con cinta de embalar a una silla de plástico en e
l patio”. Así que, por
temor, cuando le dieron el vaso con medicación no se atrevió a preguntar. En la entrevista que mantuvo con Amnist
ía Internacional, dijo que no recordaba más de su primer día en el centro, puesto que perdió el conocimiento dura
nte horas tras la
administración de la medicación.   Ella misma relató a la organización que había sido atada y amordazada en una s
illa como castigo. Al principio, gritaba y protestaba pero “entonces, te pinchaban algo que te dejaba boba. Pasab
as allí horas, te hacías
todo encima. No sabes quién eres, pierdes la cabeza... A veces es mejor no resistirse porque te pueden atar entre
 ocho personas y te hacen mas daño”. En una ocasión, contó a Amnistía Internacional que le retorcieron tanto el b
razo que le dolió semanas.
También le hicieron daño en las muñecas por haberla tenido atada. “Esos días no te dejan tener visitas ni salir f
uera hasta que no desaparecen los moratones y las marcas en las muñecas”.

                       209  Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional el 24 y el 31 de julio de 2009 a am
bos respectivamente.

                       210 Entrevista con dos familiares celebradas en Barcelona los días 13 de agosto y 22 de ju
lio de 2009 respectivamente.

                       211 Entrevista realizada en Barcelona el 24 de julio de 2009.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  77

                                     Aránzazu Celdrán Osorio durante su entrevista en Barcelona © AI, julio 2009 
Un menor internado en el centro Picón del Jarama de Madrid presentó una denuncia ante el Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia y ha
hecho llegar a Amnistía Internacional una copia de la misma. En ella relataba que estaba siendo sometido a medica
ción forzada sin haber sido informado y sin su consentimiento.

              Testimonio 6:

              El medicamento al que alude este menor, Risperdal, está indicado, en general, para personas con dia
gnósticos de esquizofrenia. Es el primero que citan muchos menores y educadores entrevistados como de uso diario.
 Esta práctica de
suministro de medicación ha sido denunciada por algunos educadores de los centros. Amnistía Internacional ha reco
gido el testimonio de la educadora María Herguedas, quien trabajó en el centro Picón del Jarama212. Esta educador
a presentó una denuncia
ante

              212 Entrevista con María Herguedas el 22 de julio de 2009.                                   Amnist
ía Internacional, diciembre de 2009

                       78 78   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       el Instituto Madrileño del Menor y la Familia el 13 de mayo de 2009 en el que deja constan
cia de la arbitrariedad en la administración de psicofármacos y el peligro para la salud de los menores. Testimon
io 7 (texto de la denuncia
de la educadora María Herguedas):

                       Las obligaciones de los Estados en materia de salud incluyen como elemento esencial que és
ta sea una atención de calidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina que ello requie
re personal médico
capacitado, entre otros aspectos213. Por otra parte, la obligación de proteger el derecho a la salud incluye que 
el Estado debe asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias 
de educación, experiencia y
deontología214.

                       213 Observación General nº14, párrafo 12.c), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
 Culturales. 214 Observación General nº14, párrafo 35, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  79

              5.2.    VIOLACIONES AL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE SALUD E
l artículo 3 de la Ley española de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información 
y Documentación Clínica
define el consentimiento informado como:“La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestad
a en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación
 que afecte a su salud”. En
el Principio 11 para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención a la Salud Mental de
 la ONU se dan las pautas sobre la información que se considera necesaria y que debe ser facilitada al paciente p
ara considerarle informado:
 (1) El diagnóstico y su evaluación;  (2) El propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se e
speran obtener del tratamiento;  (3) Las demás modalidades posibles de tratamiento, incluidas las menos alterador
as posibles;  (4) Los
dolores o incomodidades posibles y los riesgos y secuelas del tratamiento propuesto.  Según el propio principio, 
y poniéndolo en relación con el contenido del derecho del menor a ser escuchado, esta información debe ser propor
cionada de manera
“adecuada, comprensible y en una forma y lenguaje que [el menor] entienda”.   El Comité de Derechos Económicos, S
ociales y Culturales subraya que el acceso a la información, que comprende el derecho a solicitar, recibir y difu
ndir información acerca de
las cuestiones relacionadas con la salud, constituye uno de los elementos esenciales del derecho a la salud215. I
gualmente, el Comité establece que los Estados deben abstenerse de censurar, ocultar o desvirtuar intencionadamen
te la información
relacionada con la salud216. 5.2.1. VULNERACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
              En el artículo 9 de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligacio
nes en Materia de Información y Documentación Clínica señala dos claves fundamentales para la situación de los me
nores al abordar los
límites de este derecho y su prestación por representación:  (1) Cuando el menor no sea capaz de comprender el al
cance de su intervención, el consentimiento lo dará el representante legal después de haber escuchado su opinión 
si tiene 12 años;
              (2) En el caso de menores no incapaces con 16 años cumplidos no cabe prestar el consentimiento por 
representación.

              215 Observación General nº14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a
l disfrute del más alto nivel posible de salud, 11 de agosto de 2000.

              216 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 34.                              
   Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       80 80   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       La práctica en los centros terapéuticos, sin embargo, demuestra cómo se viola este derecho
 al consentimiento informado de los menores. La Regla 55 de la ONU para la Protección de los Menores Privados de 
Libertad aborda, tanto el
consentimiento informado, como la administración forzosa de medicación, y la contención farmacológica en los sigu
ientes términos: “Sólo se administrarán medicamentos para un tratamiento necesario o por razones médicas y, cuand
o se pueda, después de
obtener el consentimiento del menor debidamente informado. En particular, no se deben administrar para obtener in
formación o confesión, ni como sanción o medio de reprimir al menor. Los menores nunca servirán como objeto para 
experimentar el empleo de
fármacos o tratamientos. La administración de cualquier fármaco deberá ser siempre autorizada y efectuada por per
sonal médico cualificado”. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destaca que los 
Estados deben “proporcionar
a los adolescentes un entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones que afect
an a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información adecuada, recibir consejos y negociar sobre la
s cuestiones que afectan a
su salud”217. Y, al igual que los Estados, deben velar para que terceros no limiten a las personas el acceso a la
 información y a los servicios relacionados con la salud218. Amnistía Internacional ha encontrado que el derecho 
a la información y al
consentimiento informado de los menores se vulneran sistemáticamente en los centros terapéuticos del sistema de p
rotección. Todos los menores entrevistados por Amnistía Internacional han negado haber sido informados, consultad
os u oídos antes de que les
medicaran, pero también denuncian la falta de información facilitada a sus familiares. En la mayoría de los casos
 no es sólo una falta de diligencia de las autoridades por omisión de información, sino de una negación directa, 
a pesar de que el acceso a
dicha información sea solicitado por los propios menores o sus familiares. Ana ha solicitado repetidamente a la D
irección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (DGAIA) conocer el diagnóstico y el tratami
ento administrado a su
hermano, que lleva más de 10 años bajo la tutela de dicha institución. Dicha información se le ha denegado reiter
adamente, a pesar de que ella es el familiar de referencia reconocido por la Administración. Su hermano desconoce
 su diagnóstico y
tratamiento y recurre a ella para que, en calidad de familiar, lo solicite. Con fecha 15 de abril de 2009, la DGA
IA le respondió que no podía tener acceso al expediente de su hermano “para preservar al máximo la intimidad pers
onal y familiar del menor y
su propia imagen“219.

                       217 Observación General nº14, párrafo 23, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cu
lturales.

                       218 Observación General nº14, párrafo 35, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cu
lturales.

                       219 Entrevista con Ana el 8 de julio de 2009 y escritos entregados a Amnistía Internaciona
l el 11 de agosto de 2009 en Barcelona.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  81

              Ana muestra a Amnistía Internacional el escrito de la DGAIA de 15 de abril de 2009, donde se niegan
 a facilitarle información sobre la evolución de la salud de su hermano. Una copia del escrito fue entregada a Am
nistía Internacional
durante la entrevista © AI, agosto 2009
              Esta ausencia de transparencia se extiende también a la falta de información cuando los menores son
 trasladados de un centro a otro, aplicándoles medicación sin consentimiento informado. “Un día me despertaron en
 un centro diferente al que
me habían acostado y con unos compañeros diferentes”, según relató a Amnistía Internacional Sara Casas. Una situa
ción similar vivió Aránzazu Celdrán con sus traslados a centros en Málaga y Barcelona, respectivamente220.

              5.3.    VIOLACIONES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y AL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN SALUD SEXUAL Y RE
PRODUCTIVA

              La Convención sobre los Derechos del Niño especifica que los Estados Partes deben garantizar “que t
odos los adolescentes puedan disponer de instalaciones, bienes y servicios sanitarios con inclusión de servicios 
sustantivos y de
asesoramiento en materia de salud mental, sexual y reproductiva de calidad apropiada y adaptados a los problemas 
de los adolescentes”221.

              220 Entrevistadas por Amnistia Internacional el 15 y el 24 de julio de 2009 en Sevilla y en Barcelo
na, respectivamente.  221 Convención sobre los Derechos del Niño, Observación General nº4, párrafo 39 (c).
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       82 82   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres
 (CEDAW)222 y otros instrumentos de derechos humanos, establecen la obligación de los Estados de proteger los der
echos sexuales y
reproductivos de las mujeres y las niñas.  En virtud del artículo 12 de la CEDAW, los Estados tienen la obligació
n de “[adoptar] todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la a
tención médica a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive
 los que se refieren a la planificación de la familia”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e
stablece que los Estados
deben abstenerse de limitar el acceso a los anticonceptivos u otros medios de mantener la salud sexual y genésica
223. El derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva incluye el derecho a la información tanto en mater
ia de prevención como de
cuidado de la salud sexual y reproductiva. La ausencia o denegación de estos servicios y de la información adecua
da constituye un incumplimiento grave de los compromisos internacionales de cualquier Gobierno, y una situación d
e discriminación por razón
de género y edad en contra de estos menores, al no asegurarles los mismos servicios que el Estado presta al resto
 de la población.

                          •   Derecho a la libre información y decisión de la interrupción del embarazo  En la CE
DAW se especifica también que las mujeres tienen el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos
, el intervalo entre los
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer este derecho224
. En España, como hemos visto, el artículo 9.3 de la Ley de Autonomía del Paciente exige el consentimiento y el d
erecho de las menores
mayores de 12 años a ser informadas y oídas. En algunas ocasiones los centros terapéuticos niegan a las menores l
a información necesaria para tomar una decisión sobre si continuar o interrumpir su embarazo, o se busca adecuar 
las decisiones médicas al
criterio de la Administración en perjuicio del interés de la menor.  Amnistía Internacional ha tenido conocimient
o del caso de una menor de 16 años, de etnia gitana, que tuvo que llegar a juicio contra la Comunidad de Madrid p
ara poder ejercer su
derecho a interrumpir su embarazo. El auto del juzgado de primera instancia nº80 de Madrid de fecha 1 de abril de
 2008, reconoció el derecho de la menor a interrumpir su embarazo, ya que cumplía con el supuesto legal de interr
upción y contaba con un
dictamen favorable emitido por la psiquiatra infantil del sistema público de salud. Sin embargo, la Comisión de

                       222  La CEDAW detalla que los Estados Partes deben garantizar, sin prejuicio ni discrimina
ción, el derecho a la información, educación y servicios sobre salud sexual para todas las mujeres y niñas, por p
ersonal debidamente
capacitado en programas especialmente concebidos que respeten sus derechos a la intimidad y a la confidencialidad
.

                       223 Observación General, párrafo 34, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura
les. 224 Artículo 16 de la CEDAW.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  83

              Tutela, dependiente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, se opuso a la interrupción y, a
 pesar de que no se había ocupado de la menor en años, repentinamente la citó para denegarle este derecho y, segú
n el auto de su abogada al
juzgado de familia, aportando supuestos datos sobre el seguimiento realizado a la menor desde esta institución. S
in embargo, a pesar de haber sido declarada bajo tutela de la Comunidad de Madrid, la menor vivía con su familia.
   Este auto tiene gran
importancia porque subraya la necesidad de oír a la menor y primar su interés superior por encima de otros intere
ses, condenando la discriminación que supone haberla obligado a someterse a una segunda opinión médica que pudier
a contradecir la primera,
sólo para obtener una respuesta satisfactoria para la Comunidad Autónoma de Madrid225. Algunas de las menores ent
revistadas por la organización han tenido embarazos y abortos tempranos y, una vez internadas en estos centros, n
o han sido programadas
visitas para acudir a las revisiones ginecológicas periódicas.   Dos menores entrevistadas por Amnistía Internaci
onal en el centro Santa María del Prado en Córdoba, y que llevaban entre cinco y ocho meses allí relataron a la o
rganización que no habían
acudido al ginecólogo desde su ingreso en el centro. Este hecho es especialmente grave, puesto que una de las men
ores había llegado al centro meses después de haber tenido un aborto. La dirección del centro y el médico de la f
undación, habían asegurado
a la delegación de Amnistía Internacional en una entrevista previa, que las niñas asistían a revisiones médicas p
eriódicas y regulares en el centro, en particular al ginecólogo226, ya que, según este médico “las niñas están aq
uí por promiscuas”. La
falta de cuidados y seguimiento apropiados en estos casos puede afectar la salud sexual y reproductiva de estas m
enores a lo largo de su vida adulta. El Defensor del Pueblo recoge en su informe de 2009 la entrevista con una ni
ña de 12 años, de
nacionalidad rumana, quien, tras haber sufrido una interrupción involuntaria de su embarazo fue ingresada en un c
entro de protección en régimen cerrado en virtud de una resolución de la Administración que justificaba la oportu
nidad del internamiento
ante la posibilidad de que “el autor del embarazo pudiera hallarse en el entorno familiar”. La menor declaró que 
había mantenido relaciones “con un chico al que quiero”227.

              225 Auto en Madrid a 1 de abril de 2008 emitida por la magistrada María Dolores Planes, facilitada 
a Amnistía Internacional por la abogada de la menor, Patuca Fernández el 4 de agosto de 2009. Amnistía Internacio
nal también entrevistó a la
psiquiatra que informó favorablemente de la decisión de la menor el 23 de junio del 2009, y alertó sobre la irreg
ularidad de esta situación médica y el impacto de estas acciones en la salud mental de las menores.

              226 Visita realizada por una delegación de Amnistía  Internacional al centro Prado de Santa María e
n Córdoba, 16 de julio de 2009. Entrevista con el médico de la fundación que lo gestiona y entrevista posterior c
on dos menores de 15 y 14
años en el mismo centro.

              227 Informe del Defensor del Pueblo, página 25.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       84 84   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Amnistía Internacional observa con preocupación la especial vulnerabilidad de las niñas in
ternadas en centros de protección terapéuticos a sufrir abusos en sus derechos sobre salud sexual y reproductiva.
 La organización ha tenido
acceso a una serie de testimonios que alertan sobre la falta de información en materia de salud sexual y reproduc
tiva que se da en los centros de protección terapéuticos a las niñas. Algo especialmente grave teniendo en cuenta
 que, al encontrarse
embarazadas a una edad tan temprana, éste ha sido el detonante del ingreso de algunas de estas menores en los cen
tros. Lejos de proporcionarles información, protección y una asistencia adecuada a sus necesidades, las menores n
o reciben la asistencia
sanitaria necesaria en muchos casos, y se ignora deliberadamente su derecho a ser escuchadas y a oponerse a las d
ecisiones relativas a su embarazo que tome la entidad responsable de su tutela administrativa. Estos abusos, en c
oncreto, son indicativos de
la situación de discriminación que sufren algunas niñas dentro de algunos centros de protección terapéuticos, en 
cuanto a su derecho de acceso a la salud. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  85

              6. EL FINAL DE ALGUNAS HISTORIAS DE MENORES EN CENTROS DE “¿PROTECCIÓN?” TERAPÉUTICOS 6.1.    SUICI
DIOS DE MENORES EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN En los últimos años varias instancias internacionales de protección 
de derechos humanos han
abordado con preocupación el tema de los suicidios de adolescentes. El propio Comité de Derechos del Niño, en su 
Observación sobre el derecho a la salud, reconoce que la tasa de suicidios es elevada y que, por ello, los Estado
s “deberían proporcionar a
estos adolescentes todos los servicios necesarios” para mitigar el efecto de algunos factores que conducen a este
 tipo de actos. Del mismo modo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1608 (2008) con
sidera que el suicidio de
los adolescentes en Europa es un problema subestimado, que se ha convertido en un asunto grave de salud pública. 
Las autoridades deben, por tanto, comprometerse en la protección de los menores frente a todos los factores  que 
pueden conducirles a acabar
con su vida. La situación de muchos menores internos en centros de protección terapéuticos no hace sino evidencia
r estas preocupaciones, confirmando el incumplimiento de las obligaciones internacionales que garantizan su prote
cción.  Los medios de
comunicación han hecho públicos un gran número de suicidios228 y autolesiones con graves consecuencias para la sa
lud de los menores en los centros de protección y reforma. Pese a que estos hechos se producen en circunstancias 
diversas, y en distintos
centros del sistema de protección, Amnistía Internacional alerta que las circunstancias que rodean la muerte de m
enores bajo protección y custodia del Estado español cuestionan la eficacia del sistema y el déficit en el rol de
 vigilancia y diligencia
debida por parte de los responsables del centro. Asimismo, pone en entredicho lo adecuado de las medidas de Estad
o y su idoneidad para enfrentar las circunstancias de salud mental de los menores que pudieran haberles conducido
 al suicidio.  La
información recogida por Amnistía Internacional sobre las circunstancias de las muertes de estos menores, las ver
siones oficiales y las investigaciones judiciales llevadas a cabo al respecto evidencian las dificultades y abuso
s por los que algunos de
estos menores atravesaban.

              Algunos de ellos se encontraban encerrados en celdas de aislamiento o cumpliendo lo que se denomina
 una medida de “tiempo fuera” motivado por algún castigo. Resulta preocupante, que, de acuerdo con la información
 proporcionada a Amnistía
Internacional, se recomiende a los educadores de un centro gestionado por la Fundación O’ Belén a echar vinagre e
n las

              228 La prensa española se ha hecho eco de al menos diez suicidios de menores en centros tanto de pr
otección como de reforma desde el 2004 al 2009.                                 Amnistía Internacional, diciembre
 de 2009

                       86 86   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       heridas de los menores que se autolesionan o intenten suicidarse “para que les escueza y a
prendan la lección y dejen de llamar la atención con tonterías”229.  Amnistía Internacional advierte de la graved
ad de la falta de
diligencia en el cuidado de menores, especialmente cuando están encerrados en celdas cumpliendo medidas de aislam
iento. También le preocupa a la organización la medicación indiscriminada y abusiva proporcionada incluso sin dia
gnóstico médico, por si
pudiera haber influido en el estado mental de confusión y desesperación que les indujo al suicidio. Según el test
imonio de los familiares, la falta de diligencia por parte de las autoridades responsables de la protección han a
gravado la situación de
algunos de los menores hasta tal punto que, según las familias, algunos han preferido suicidarse que aguantar las
 duras condiciones.  Un menor de quince años, entrevistado por Amnistía Internacional230, escribió esta carta a s
u madre el 27 de diciembre
de 2008, amenazando con suicidarse si volvían a ingresarle en el centro de donde había huido días antes y donde h
abía sido sometido a aislamiento y constates humillaciones, abusos y vejaciones según relató a Amnistía Internaci
onal; “Si vuelvo, me mato”,
“cómo me libro de las humillaciones”, incluyendo también dibujos y frases suicidas.

                       229 Cita textual de la entrevista mantenida con el educador Dany Reyes el 22 de junio de 2
009. Se entregan por escrito a Amnistía Internacional denuncias firmadas por tres educadores del centro de protec
ción Casa Joven, gestionado
por la Fundación O’Belen, en el que se encontraba internada Silvia G.M. cuando se suicidó en 2009.  230 Entrevist
as con el menor y su padre el 21 de julio de 2009. Cartas facilitadas y reproducidas con su consentimiento.  Amni
stía Internacional,
diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  87

              Dibujos del menor que reflejan ideas y frases suicidas © Carta del menor reproducida con autorizaci
ón de él y de su padre, diciembre 2008. Una menor que ingresó con 16 años en Picón del Jarama en el 2008 (por des
amparo paterno y malos
tratos maternos denunciados por ella misma ante la Guardia Civil), también relató a Amnistía Internacional verbal
mente y por carta, las ideas de suicidarse ante los abusos: “…o me boy (sic) o boy (sic) a acabar matándome porqu
e estar aquí es una tortura
física y psíquica que no recomiendo a nadie… Aquí en Picón del Jarama los menores sufrimos. He sido muy medicada,
 sufría de temblores, dificultades respiratorias y ‘dormidera’ y asustada por estos efectos preguntaba, pero nunc
a me explicaron el motivo”.
No tiene diagnóstico que conozca, pero sufre ataques de ansiedad recurrentemente que se agudizan durante su estan
cia en los centros según su testimonio. “Me ponían falte grave por tener crisis de ansiedad, castigándome sin sal
idas y en aislamiento”. La
menor denunció estos hechos ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia en noviembre de 2008 cuando decidi
ó “huir” del centro. Actualmente se encuentra en la calle sin trabajo ni escolarizada y sin respuesta a su denunc
ia231. Hassan, de 12 años,
se ahorcó el 2 de diciembre de 2008 en su celda de aislamiento tan sólo 15 días despues de ser ingresado en el ce
ntro Picón del Jarama. Al parecer, en la celda cerrada con llave desde fuera, cumplía un castigo impuesto por un 
educador. Contra este mismo
educador se habían presentado ya denuncias de otros menores por agresiones; la última de ellas el 17 de noviembre
 de 2008. La Comunidad de Madrid se negó a correr con los gastos de repatriación del cadáver. La abogada, Sonia R
iello, acompañó al primo
del menor al centro Picón del Jarama donde solicitaron más información sobre las circunstancias de su muerte, el 
diagnóstico y la medicación que se le administraba y, en general, detalles de sus últimos días en el centro. Toda
 esta información les fue
denegada232.  Una vez conocida la noticia del suicidio, personal de la oficina del Defensor del Pueblo se personó
 en el centro, pero les fue impedida la entrada en las instalaciones siguiendo instrucciones de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad Autónoma de

              231 Entrevista con la menor el 30 de octubre de 2009.

              232 Información facilitada por la abogada Sonia Riello, que inicialmente se ocupó del caso, a Amnis
tía Internacional el 7 de julio de 2009 y complementada por Santiago Agustín, de la Asamblea contra los Centros d
e Menores Cerrados.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       88 88   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       Madrid233. Esta actitud entorpecedora fue de inmediato puesta en conocimiento de la Fiscal
 de la Sala Coordinadora de Menores. El caso de la menor, Silvia, estuvo muy presente en los medios de comunicaci
ón durante el mes de abril
de 2009. Silvia fue declarada en desamparo al tener a sus dos padres en la cárcel, y comenzó un periplo por centr
os de protección de toda España. El 12 de abril de 2009, Silvia, que contaba entonces con 14 años, se tomó unas 1
0 ó 12 pastillas que
llevaba (el centro se las había facilitado para su salida y, paradójicamente, eran inhibidores de conductas viole
ntas). Murió al lanzarse de la furgoneta que la conducía de vuelta al centro Casa Joven de Guadalajara. Inicialme
nte, el juzgado de
instrucción nº 1 de Coslada (Madrid) archivó el caso, pero los familiares han logrado reabrirlo reclamando respon
sabilidad del centro en la muerte de la menor. El centro, al igual que en el caso anterior, es gestionado por la 
Fundación O’ Belén.  Según
un periódico, en opinión del Defensor del Pueblo la niña se arrojó del vehículo que la trasladaba “por la desespe
ración de tener que volver” a un centro señalado en su informe como uno de los más descuidados y abandonados, y e
n el que ha sido habitual
el maltrato psicológico, la contención física y el abuso de poder por parte del personal contratado234.

                       6.2.    EL CICLO DE LA DESPROTECCIÓN. UN CASO QUE ILUSTRA EL FRACASO DE LOS CENTROS TERAPÉ
UTICOS PARA ATENDER LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA DE LOS MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Uno de los casos conocidos por
 Amnistía Internacional es
el de Sara Casas Hernández235, de 25 años. Este caso refleja, de manera evidente, cómo varios centros de protecci
ón terapéuticos, al fracasar en muchas ocasiones en su rol de educar, proteger y mejorar la salud física y mental
 de los niños y niñas a su
cargo; y al no proveerles de instrumentos para realizar una vida digna, una vez cumplida la mayoría de edad, prol
onga el ciclo de exclusión y marginación del que ya eran objeto antes de entrar en los centros. La marginación so
cial y económica de estos
menores cuando alcanzan la condición de adultos, genera de nuevo desprotección para la generación siguiente. Los 
hijos de estos menores vuelven a sufrir y repetir el ciclo de desprotección recorrido por los padres.

                       233 Informe del Defensor del Pueblo, página12 y entrevista mantenida con Juan Ignacio Ruiz
-Huerta, quien ha estado al frente del equipo que llevó a cabo la investigación, y al que se le negó la entrada a
l centro.

                       234 Artículo del periódico Diagonal, 30 de abril de 2009.

                       235 Nombre y datos reales con consentimiento de Sara. Entrevista y fotos realizadas en Sev
illa el 16 de julio de 2009.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  89

                                    Sara Casa entrevistada en Sevilla © AI, julio 2009 Los padres de Sara emigrar
on de Sevilla para trabajar en Cataluña. Allí les fue retirada la guardia y custodia de sus tres hijos por la Gen
eralitat de Cataluña que
asumió la tutela. La madre fue declarada toxicómana y el padre alcohólico. Sara tenía seis años de edad y sus her
manos, cinco y 10, respectivamente, cuando fueron ingresados por desamparo en un centro de protección en Cataluña
. A este centro siguieron
varios. Cuando Sara tuvo nueve años, su madre se trasladó a Sevilla y se llevó a sus tres hijos de los centros. L
a Generalitat de Cataluña, que tenía la tutela, no lo impidió. Transcurridos varios meses en Sevilla, la policía 
los retiró de la casa de la
madre y los internó de nuevo en un centro de protección. Sara recuerda haber pasado por, al menos, otros cuatro c
entros en Andalucía antes de que, tras el enfrentamiento con un educador, la ingresaron en el centro de protecció
n terapéutico Dulce Nombre
de María, en Málaga. Sara, que entonces contaba con 15 años de edad, relató a Amnistía Internacional lo siguiente
:  “Yo lo que tenía era que quería ir a ver a mi madre por su cumpleaños. Me peleé con el educador, que no me abr
ía la puerta, y me llevaron
al hospital. Me desperté en una ambulancia, y luego llegué a un centro terapéutico en Málaga, sin explicación”.  
TRATAMIENTO EN EL CENTRO TERAPÉUTICO DULCE NOMBRE DE MARÍA
              Sara detalla haber sido sometida, sin consentimiento, a medicación constante y también forzosa intr
avenosa, así como a haber sido obligada a pasar días atada y amordazada a una silla en espacios comunes, y otras 
veces a una cama en la
celda de aislamiento.  “En el centro pasé días atada a una silla, con mordaza. Sin ella se me caía la baba. Tenía
 el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama, donde, además, m
e pinchaban y me pasaba al
menos tres días con los ojos vueltos”  Sara detalla haber pasado esos años medicada “con tranquilizantes a punta 
pala”. Recuerda tomar unas siete pastillas diarias, varias gotas e incluso inyecciones. Nunca le explicaron ni co
nsultaron sobre esta
medicación. Desconoce si tenía un diagnóstico.  “Estaba hinchada, gorda de tanta pastilla. A veces, tan grogui, q
ue me tenían que dar la comida a la boca. No tenía fuerza. Acabé en una silla de ruedas. Los educadores te dan la
s medicinas, también te
pinchan y hasta que no te ven con los ojos vueltos no te dejan”.                                 Amnistía Interna
cional, diciembre de 2009

                       90 90   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       SALIDA DEL CENTRO Y PÉRDIDA DE SUS HIJOS
                       Al alcanzar la mayoría de edad, y tras pasar 12 años tutelada por la Generalitat y la Junt
a de Andalucía, el personal del centro en que se encontraba llamó a su madre para que se la llevara, pues no se v
alía por sí misma ni para
abandonar el centro. Sara relató a Amnistía Internacional que al salir estaba “hinchada, drogada, adormilada y si
n estudios ni preparación alguna. No sabía cómo se ponía una sartén, no pude estudiar porque no podía ni andar al
 centro de estudios, ya que
los últimos años estuve siempre con la baba y la cabeza caída”. Actualmente, Sara revive su propia historia con s
us hijos internos en un centro de protección residencial. Puede verlos dos horas cada 15 días (necesita coger sei
s autobuses para cada
visita). Sara se queja de la poca información que tiene sobre el desarrollo de ellos, sobre su evolución o estado
 de salud. El pequeño estuvo en urgencias por una bronquitis y no le permitieron acompañarlo, ni tan siquiera vis
itarlo, según la educadora
del centro “por razones de seguridad”. A fecha de cierre de este informe, los tres hijos de Sara continúan en un 
centro de protección. Asunción García Acosta, presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Me
nores, que apoya a Sara en
este caso, indicó a Amnistía Internacional que no es un caso aislado, que conoce al menos a otras cuatro madres q
ue estuvieron tuteladas por la Junta y ahora han perdido la custodia. “Entran en los servicios sociales y salen i
gual o peor porque salen
sin futuro, maltratadas y sin formación”236. José Antonio Bosch, abogado de Sara, informó a Amnistía Internaciona
l que ésta ha venido enfrentándose sin recursos ni conocimiento a la Administración, que reclama que ella demuest
re a la Junta de Andalucía
que es una madre apta, paradójicamente tras haber sido educada 12 años por la misma Junta. Según Bosch, esto ha c
ontribuido a que algunas madres en situación de pobreza y marginalidad no quieran parir en hospitales por temor a
 que les quiten a su hijo,
con las consecuencias y peligros que ello entraña.

                       236 Varias entrevistas con Asunción García Acosta, julio de 2009.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  91

              7. CONCLUSIONES  Veinte años después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y su ratificación casi universal, existe aún un abismo entre los derechos reconocidos internacionalmente y la sit
uación real de muchos
menores. Aún hoy, la plena integración de los principios y derechos consagrados en la Convención, en los ordenami
entos jurídicos y las políticas públicas de los Estados Partes está lejos de conseguirse. Lamentablemente, España
 no es una excepción.
Amnistía Internacional trabaja para lograr el respeto, protección y realización de los derechos humanos en todo e
l mundo, prestando especial atención a la situación de las personas que se encuentran en situación de mayor vulne
rabilidad. La investigación
llevada a cabo por la organización en torno a los llamados centros de protección terapéuticos en las comunidades 
autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid, se inscribe en este propósito. Este informe reúne información y eviden
cias que apoyan las
preocupaciones y denuncias de organizaciones, activistas y profesionales, incluido el informe de febrero de 2009 
del Defensor del Pueblo, en torno a la desprotección y abusos contra los derechos de niños y niñas a su paso por 
los centros de protección
terapéuticos. Las alegaciones de vulneraciones de derechos humanos contenidas en el informe constatan que España 
debe mejorar radicalmente la protección de los menores que se encuentran en estos centros terapéuticos y cumplir 
así sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos.  Amnistía Internacional ha observado que el sistema de protección
 de menores dispuesto en España no respeta, en muchas ocasiones, las obligaciones y principios de la Convención s
obre los Derechos del Niño,
en particular el interés superior del menor, ni su derecho a ser escuchado, y a no ser discriminado. Esto sucede 
a pesar de que la propia legislación española consagra estos y todos los demás principios de la Convención en tor
no a la protección de los
derechos de los niños y niñas. Resulta además sorprendente que, según se recoge en el informe del Defensor del Pu
eblo237, en la mayoría de los casos se eluda en la práctica a la necesaria intervención judicial para el internam
iento no voluntario de los
menores exigida tanto en el Código Civil como por la Ley de Enjuiciamiento Civil238.   Amnistía Internacional ha 
podido constatar que el internamiento en estos centros de protección terapéuticos puede conducir, en algunos caso
s, a una serie de abusos y
violaciones de los derechos de los menores absolutamente incompatibles con los tratados internacionales de protec
ción de los derechos humanos. Lo más preocupante es que en muchos casos estos abusos quedan invisibilizados e imp
unes. Esta situación no
hace más que reforzar el ciclo de exclusión, discriminación y violencia en que se encuentran estos menores.

              237 Informe del Defensor del Pueblo páginas 300 y 301. 238 Artículos 271.1 y 763 respectivamente.  
                               Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       92 92   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       En primer lugar, la situación de estos niños y niñas resulta invisible a la sociedad porqu
e se desconoce el número de centros terapéuticos abiertos en España, así como el número de menores internados en 
ellos. Esta deficiencia
fundamental impide analizar las políticas públicas que se llevan a cabo en materia de protección de menores. En s
egundo lugar, los poderes públicos competentes de las tres comunidades autónomas objeto de la investigación no ll
evan a cabo con regularidad
sus funciones de supervisión, inspección y exigencia de rendición de cuentas de las entidades públicas o privadas
 que gestionan los centros de protección terapéuticos por su actividad, e incluso obstaculizan e impiden que esta
 supervisión sea llevada a
cabo por organismos y organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos, así como, en algunas, oca
siones por parte de los propios agentes del Estado. Finalmente, cuando estos abusos se producen, no se establecen
 los medios para que los
menores que los sufren, sus familiares o los propios educadores puedan denunciarlos y exigir las responsabilidade
s pertinentes de manera efectiva. A Amnistía Internacional le preocupa que, a pesar de que cada vez son más frecu
entes los casos de menores
con trastornos de conducta o en dificultad social, ni la legislación ni las políticas públicas han abordado la es
pecial situación de estos menores. En España no existe un mecanismo coordinado entre las autoridades competentes 
en materia de protección de
menores, que haga posible la detección temprana de las situaciones de riesgo o dificultad social de los menores c
on trastornos de conducta, y, con ello, la intervención preventiva en el contexto social y familiar del menor. La
 organización considera
preocupante el uso de la figura de la declaración de desamparo, aun cuando dicha situación no sea real, como medi
o para la asunción de la tutela administrativa y el consiguiente alejamiento de los menores de sus padres, madres
 y otros familiares. Como
resultado, el internamiento en los centros terapéuticos del sistema de protección constituye, a menudo, la única 
opción posible que ofrece la Administración a los padres y menores, cuando, en realidad, debería de constituir el
 último recurso para el
tratamiento de estos menores, tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.. Además, la inexist
encia de un procedimiento reglado que determine los criterios, el diagnóstico y las necesidades específicas de tr
atamiento sobre los que
determinar el ingreso o la derivación a estos centros terapéuticos de los menores con trastornos de conducta, col
oca a los menores y a sus familiares, en muchas ocasiones, en una situación de indefensión contraria a todas las 
normas internacionales de
derechos humanos.  En los testimonios a los que ha tenido acceso la organización se describen dos vías de ingreso
 a los centros que resultan muy preocupantes. En la primera vía, los menores con trastornos de conducta diagnosti
cados no han encontrado en
el sistema de salud público las alternativas terapéuticas para su tratamiento. En este caso, los padres y familia
res de estos menores se encuentran ante la tesitura, por no poder atender a sus hijos, de solicitar auxilio a la 
Administración, lo que
paradójicamente se traduce en tener que solicitar la declaración de “desprotección” e, incluso, denunciarles por 
malos tratos para que los menores ingresen en el sistema de protección y la Administración asuma la guarda y, en 
el peor de los casos, la
tutela. La entrada en estos centros se suele llevar a cabo mediante un proceso judicial, y apoyarse en un diagnós
tico de los propios servicios de salud públicos. El problema es que la declaración de desprotección supone al sus
pensión de la patria
potestad por parte de los padres y las dificultades para tener acceso a la información sobre la salud del menor, 
y a tomar parte en las decisiones sobre su tratamiento. La segunda vía de acceso a estos centros Amnistía Interna
cional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  93

              se da cuando los menores ingresan a los centros terapéuticos derivados de otros centros del sistema
 de protección donde ingresaron por desamparo, riesgo o exclusión familiar. La derivación a este tipo de centros 
se realiza por decisión de
la Administración, y, en muchos casos, sin que parezca que haya un diagnóstico sobre los problemas de conducta de
l menor. En estos casos dicha resolución también debe ser motivada y notificada tanto a los padres como al Minist
erio Fiscal y con audiencia
del menor. En ocasiones, la mera conflictividad del carácter del menor es la causa de internamiento en estos cent
ros y muy raras veces, las familias o el propio menor llegan a saber las razones por las que se produce el ingres
o en estos centros
terapéuticos. En muchos casos, por falta de información sobre sus derechos y falta de claridad en los procesos le
gales, ni siquiera se dan las condiciones para que el menor o sus familiares puedan acceder a la justicia para im
pugnar decisiones que
afectan a sus vidas.        Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación ante las denuncias que ha rec
ibido sobre las condiciones en que se encuentran los menores en algunos de estos centros. Además de la sobreocupa
ción y la falta de
capacitación del personal, la organización, a través de los testimonios recogidos para este informe, ha tenido co
nocimiento de la existencia de prácticas de contención y castigo, así como de regímenes disciplinarios que, son i
ncompatibles con los
estándares internacionales para la protección de los menores privados de libertad, recogidos en la Convención sob
re los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura y otras formas de Castigo y Penas Crueles, Inhumanas o
 Degradantes. Estas
prácticas incluyen casos de menores sometidos a castigos corporales, aislamiento forzado, contenciones físicas ab
usivas e, incluso, contenciones farmacológicas.  A este respecto, cabe destacar que durante el 2009 el Comité con
tra la Tortura239 se
dirigió al Estado español en dos ocasiones preguntando sobre las medidas adoptadas a raíz de las denuncias recogi
das en el informe del Defensor y reiterando la preocupación sobre las alegaciones de aislamiento y administración
 de fármacos de forma
contraria a los artículos 11 y 12 de la Convención. En este sentido, en noviembre de 2009 el Comité contra la Tor
tura hizo dos recomendaciones concretas a España: la adopción de medidas para asegurar condiciones humanas y dign
as en los centros, y la
investigación exhaustiva de todas las alegaciones de abusos o malos tratos cometidos contra los menores. Amnistía
 Internacional ha tenido acceso a testimonios que hablan, casi sin excepción, de la sobremedicación como práctica
 habitual en estos centros.
Y lo que es más grave, que esta práctica responda a la necesidad de contención o castigo, no de tratamiento médic
o y que, en muchas ocasiones, no lo administran facultativos médicos sino los propios educadores. Estas prácticas
, unidas a la, en
ocasiones, deficiente atención a las necesidades de estos menores en su derecho de acceso a la salud, así como a 
la nula información que reciben los menores y sus familias sobre el diagnóstico, tratamiento o medicación, consti
tuyen abusos en

              239 Quinto Informe Periódico de España (CAT/C/ESP/5), ante el Comité contra la Tortura,  pregunta 1
9 sobre el informe del Defensor del Pueblo; respuesta del estado español en septiembre 2009, y Observación Nº 20 
del Comité contra la
Tortura con recomendación al Estado español en noviembre 2009.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       94 94   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                       el derecho a la salud de estos menores que no son compatibles con normas internacionales d
e derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño, con el Pacto Internacional de Derechos Económi
cos, Sociales y Culturales,
con los Principios Básicos de la ONU para la Protección de las Personas con Discapacidad y el Mejoramiento de la 
Atención a la Salud Mental, o el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Se
r Humano con respecto a las
Aplicaciones de la Biología y la Medicina. La organización quiere llamar la atención, en particular, sobre la sit
uación concreta de las niñas internadas en estos centros y la deficiente atención e información que se presta sob
re su salud sexual y
reproductiva, teniendo en cuenta, además, el significativo número de casos en que las menores que llegan embaraza
das a estos centros. En definitiva, Amnistía Internacional considera que el Gobierno español debe abordar de mane
ra inmediata la protección
de los menores en los centros terapéuticos y lo debe hacer desde un enfoque basado en derechos humanos. En concre
to, debe hacer todo lo posible por eliminar los obstáculos prácticos que impiden el ejercicio, goce y disfrute de
l derecho a la salud de los
menores en los centros terapéuticos, así como de sus otros derechos y libertades cuya deficiente protección queda
 evidenciada en este informe.  Amnistía Internacional advierte con preocupación la poca atención brindada a la po
sibilidad de que los
menores tengan acceso a un recurso judicial efectivo y a reparaciones justas y oportunas en caso de que sean vuln
erados. El Estado español y sus instituciones deben observar sus deberes en materia de derechos humanos, desarrol
lar y cumplir aquello que
está obligado a hacer (obligaciones de hacer o intervenir), así como garantizar que ni sus agentes y funcionarios
 ni agentes no estatales o particulares incurren en abusos y prácticas prohibidas por el derecho internacional. E
n atención a ello, Amnistía
Internacional desea realizar una serie de recomendaciones. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  95

              8. RECOMENDACIONES 1.  VISIBILIZAR A LOS MENORES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN El Gobierno español y 
a los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias deben: •   Producir y publicar estadísticas que permi
tan cuantificar el número
de menores y conocer el número de plazas y centros terapéuticos en el sistema de protección en toda España.  •   
Garantizar efectivamente el control y la inspección de los organismos y entidades privadas que se encarguen de la
 gestión de estos centros,
exigiéndoles absoluta transparencia en la rendición de cuentas. •   Permitir el acceso a aquellas instituciones q
ue pretendan realizar investigaciones, así como las visitas de supervisión que solicitan las organizaciones indep
endientes de protección de
los derechos humanos o del Estado. •   Colaborar con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para garan
tizar un sistema de inspecciones regulares de todos los centros.  Al Ministerio Fiscal: •   Dar instrucción inmed
iata a las fiscalías de
menores territorialmente competentes para que ejerzan su función de supervisión de los centros del sistema de pro
tección, no exclusivamente en los de reforma.  •   Ejercitar las acciones judiciales pertinentes en defensa del i
nterés superior del menor.
A las empresas, fundaciones o entidades que gestionan o son propietarias de centros terapéuticos: •   Perfecciona
r el mecanismo de recopilación de datos relativos al número de menores que se encuentran en los centros, así como
 las bajas voluntarias, los
ingresos o reingresos actualizados y enviar estos datos a las autoridades competentes de los Gobiernos autonómico
s.  2.  PARA LA ADECUADA ATENCIÓN A LOS MENORES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA Al Gobierno español y grupos parlament
arios: •   Modificar la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996 para que establezca unos estándares claros sobre la situación ju
rídica de los menores internados en centros de protección terapéuticos y asegure el acceso a medidas de
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       96 96   Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                             reparación para las víctimas. La ley debería garantizar que, en ningún caso, ni los 
menores ni sus familias estén desprotegidos, así como garantizar una tutela judicial efectiva, respetando los est
ándares internacionales
recogidos en las reglas de la ONU sobre la Protección de los Menores Privados de Libertad o la Convención Europea
 sobre el ejercicio de los derechos del Niño.  •   Definir en esta ley los requisitos generales para el internami
ento o derivación de los
menores a los centros de protección terapéuticos, exigiendo la necesidad de una resolución judicial motivada tal 
y como establece el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , evaluación psico-social del caso particular 
y diagnóstico psiquiátrico.
Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias: •   Incluir en el diseño del P
lan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2010-
                             2013 la situación de los menores con trastornos de conducta y en dificultad social. 
•   Proporcionar información a los padres y familiares sobre las consecuencias jurídicas que provoca el que la Ad
ministración asuma la
tutela o guarda del menor, así como los recursos disponibles para su impugnación, garantizando que, en base al pr
incipio del interés superior del menor, se establezca aquella solución que mejor responda a las necesidades concr
etas del menor y que tienda
a su reinserción en su entorno familiar. •   Abordar el tratamiento previsto para estos menores en el Plan desde 
la acción multidisciplinar en los ámbitos educativo, sanitario y social, de manera que se pueda dar una detección
 temprana de estas
situaciones, y abordar su tratamiento en el propio entorno social y familiar del menor.  •   Regular los protocol
os y directrices de intervención que determinen el proceso administrativo por el que se regirá el ingreso o deriv
ación de los menores en los
centros que tengan en cuenta exclusivamente el diagnóstico del menor, y la mayor conveniencia de las medidas de l
os centros terapéuticos para su tratamiento.    Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos en el marco de 
sus competencias en materia
de justicia: •   Garantizar la existencia de un turno de oficio de abogados especializados y con experiencia en e
l ámbito de la protección de menores que presten asistencia jurídica gratuita en los procesos administrativos y e
n los judiciales, tanto al
menor como a sus familiares.  •   Garantizar que todos los internamientos de menores se lleven a cabo previa auto
rización judicial o se ratifiquen judicialmente en los plazos previstos en la ley, en establecimientos adecuados 
a su edad y previo informe
de los servicios de asistencia del menor.

                       Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  97

              Al Ministerio Fiscal: •   Exigir que todos los internamientos de menores se lleven a cabo previa au
torización judicial o se ratifiquen judicialmente en los plazos previstos en la legislación. •   Concurrir a todo
s los procesos
administrativos o judiciales donde se tomen decisiones sobre la derivación o ingreso de los menores en los centro
s de protección terapéuticos. •   Crear un equipo técnico independiente, compuesto por un psicólogo y un psiquiat
ra con conocimientos
específicos de psiquiatría infanto juvenil, y al menos, un trabajador social para conocer el entorno familiar, qu
e se encargue de evaluar la conveniencia del ingreso o derivación del menor en un centro terapéutico en cada caso
 concreto. A las empresas,
fundaciones o entidades que gestionan o son propietarias de centros terapéuticos: •   Comunicar al juzgado el int
ernamiento de un menor en el plazo de 24 horas, a efectos de su ratificación judicial, cuando éste no haya sido p
reviamente autorizado por
el juez. •   Garantizar que la reglamentación interna de contratación del personal de los centros, y en particula
r la  selección y supervisión, de educadores, sanitarios y seguridad privada, cumple con los requisitos de cualif
icación y experiencia
necesarios para una efectiva protección de los menores. •   Asegurar que los criterios de selección de personal c
ontemplan conocimientos sobre conceptos fundamentales de derechos humanos, contenidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 3.  PARA
REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS TERAPÉUTICOS  Al Gobierno español y los grupos parlamentarios: •   Defin
ir en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996 una tipología de los centros residenciales, terapéu
ticos y de asistencia
especializada, claramente diferenciada de los centros de reforma. •   Fijar los estándares de selección y formaci
ón del personal en dicha ley, regímenes de funcionamiento interno de cada tipo de centros y las condiciones de la
s instalaciones, atendiendo
a la normativa internacional, y que constituyan un mínimo aplicable en todo el territorio nacional. La formación 
del personal deberá incluir programas de soporte y refuerzo para afrontar las situaciones de tensión emocional de
rivadas de su labor
profesional en el centro.

                                                     Amnistía Internacional, diciembre de 2009

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                       Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias: •   Ela
borar directrices y protocolos que regulen las condiciones mínimas exigibles de los centros terapéuticos del sist
ema de protección en todo
el ámbito territorial, que garantice la protección, respeto y realización de los derechos de los menores. •   Ase
gurar que en materia de instalaciones, personal y normas de funcionamiento interno, estas condiciones mínimas cum
plan con los estándares que
la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establezca para todo el ámbito nacional.  A las empresas, fundac
iones o entidades que gestionan o son propietarias de centros terapéuticos: •   Adecuar los protocolos de actuaci
ón de los centros para
garantizar que aseguran la protección, respeto y realización de los derechos de los menores.  •   Informar de tod
os los protocolos de actuación de los centros tanto a los trabajadores, desde el momento de contratación, como a 
los menores, desde su
ingreso en el centro. •   Asegurar que todo el personal de los centros será sometido a evaluaciones y comprobacio
nes que garanticen su idoneidad para trabajar con menores.

                          4.  INVESTIGAR LOS ABUSOS CONTRA LOS MENORES INTERNADOS EN LOS CENTROS TERAPÉUTICOS DEL
 SISTEMA DE PROTECCIÓN Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias •   Supe
rvisar de forma efectiva
las prácticas de funcionamiento y las medidas sancionadoras hacia los menores en cualquier establecimiento de pro
tección, público o privado, para evitar los tratos crueles, inhumanos o degradantes. •   Prohibir aquellas prácti
cas dentro del tratamiento
disciplinario de los menores que puedan suponer castigos corporales en los centros y que se prohíban e investigue
n los casos de castigos corporales, contención física, mecánica y farmacológica, y aislamiento forzado, contrario
s a las normas
internacionales de derechos humanos. •   Regular los procedimientos y directrices sobre autorización y práctica d
e las contenciones físicas, que sólo deberán ejecutarse como último recurso. Al Ministerio Fiscal: •   Establecer
 un mecanismo accesible y
claro a través del cual los menores, familiares y educadores puedan hacer llegar sus denuncias y quejas sobre los
 abusos y castigos crueles, inhumanos o degradantes de que sean víctimas. La dirección de notificación de la denu
ncia deberá ser diferente a
la del centro en el que se hallen y al centro objeto de la propia denuncia.  Amnistía Internacional, diciembre de
 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  99

                 •   Garantizar que los menores y educadores que han denunciado abusos no son expuestos a represa
lias de ningún tipo. Los menores denunciantes, en el caso de haber huido de un centro, no serán obligados a regre
sar al mismo centro objeto
de la denuncia sin una debida investigación de los hechos. •   Realizar una investigación individualizada de cada
 denuncia presentada.  A las empresas, fundaciones o entidades que gestionan o son propietarias de centros terapé
uticos:  •   Garantizar la
prohibición expresa en los protocolos internos del centro de aquellas prácticas dentro del tratamiento disciplina
rio de los menores que puedan consistir en castigos corporales, aislamiento forzado, denegación de visitas y vuln
eración de la
correspondencia privada, contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos.  •   Establecer de mane
ra precisa en los protocolos internos del centro el procedimiento para autorizar y realizar las contenciones físi
cas o farmacologías de
acuerdo a la normativa internacional. Las contenciones únicamente se llevarán a cabo cuando se hayan agotado y ha
yan fracasado todos los demás métodos de control.  •   Asegurar que los protocolos internos de los centros incluy
en el acceso de los menores
y educadores a un mecanismo de denuncia y la incorporación de medidas que aseguren su protección después de haber
 denunciado abusos. 5.  GARANTIZAR EL DERECHO DEL ACCESO Y DISFRUTE A LA SALUD DE LOS MENORES INTERNADOS EN LOS C
ENTROS TERAPÉUTICOS DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias: •   Gara
ntizar que la medicación que se le suministre a los menores en los centros terapéuticos responde siempre a una pr
escripción facultativa de
un médico y, en ningún caso, se administre como medida sancionadora. •   Establecer directrices y protocolos para
 todo el Estado que garanticen la información y consentimiento previo e informado del menor, y cuando proceda de 
sus familiares, sobre el
diagnóstico y tratamiento que se le administrará en los centros terapéuticos. •   Exigir que conste en el expedie
nte de cada menor en todos los centros una actualización del mismo y un seguimiento de todos los tratamientos que
 se le administren. •
Asegurar, en particular, que en los centros de protección terapéuticos las menores reciben información sobre su d
erecho a la salud sexual y reproductiva, así como toda la asistencia sanitaria y jurídica que requieran en caso d
e estar embarazadas.
                         Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       100100  Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                          •   Establecer en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud de 11 de 
diciembre de 2006 un plan marco específico de los servicios de salud accesibles y adecuados para los menores con 
trastornos de conducta en
centros de protección terapéuticos. A las empresas, fundaciones o entidades que gestionan o son propietarias de c
entros terapéuticos:  •   Aplicar directrices y protocolos que garanticen la información y consentimiento previo 
e informado del menor (y
cuando proceda, de sus familiares) sobre el diagnóstico que se le administrará en los centros terapéuticos, pauta
s de tratamiento y su evolución. •   Realizar un seguimiento riguroso y una evaluación periódica de todos los tra
tamientos que se
administren a los menores. •   Asegurar que todas las menores reciben información sobre su derecho a la salud sex
ual y reproductiva, así como toda la asistencia sanitaria y jurídica que requieran en caso de estar embarazadas, 
respetando el derecho a la
información de las menores. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                                                 Menores en Centros de Protección Terapéuticos  101

              9. INDICADORES 1.  El Gobierno central, en coordinación con los grupos parlamentarios y los gobiern
os de las Comunidades Autónomas, ha establecido a través de la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica 
del Menor, y la legislación
autonómica correspondiente en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, una definición jurídica y un ré
gimen de derechos para los menores que se encuentren en situación de dificultad social y con trastornos de conduc
ta. Los mínimos
establecidos en estas leyes sobre condiciones y funcionamiento de los centros, garantizarán la protección, respet
o y realización de los derechos de estos menores establecida en los estándares internacionales.  2.  El Ministeri
o de Sanidad y Política
Social ha elaborado un Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia para el 2010-2013, en el que ha dispu
esto la implantación y funcionamiento de una red de recursos sanitarios de alcance estatal para los menores en ce
ntros de protección
terapéuticos que garantiza su acceso a la salud y cumple con los estándares mínimos previstos por la legislación 
internacional.

                 3.  El Ministerio de Sanidad y Política Social ha desarrollado la Estrategia en Salud Mental del
 Sistema Nacional de Salud de 11 de diciembre de 2006, estableciendo un plan marco específico de los servicios de
 salud accesibles y
adecuados para los menores con trastornos de conducta, tanto en centros de protección terapéuticos, como fuera de
l sistema de protección en todo el territorio nacional, sin discriminación alguna.

                 4.  Se ha producido y publicado con regularidad información referente al número de menores, los 
centros de protección terapéuticos existentes y las medidas de protección adoptadas en cada Comunidad Autónoma.  
5.  La Fiscalía General del
Estado ha dictado una Instrucción que, en base a las recomendaciones internacionales, dispone directrices precisa
s para todos los fiscales en relación con las tareas de la investigación y supervisión de la situación de los men
ores en los centros de
protección en general, y los terapéuticos en particular. 6.  El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha
 garantizado un sistema de inspecciones regulares de todos los centros terapéuticos de menores.  7.  Se ha permit
ido el acceso regular de
las organizaciones independientes de protección de los derechos humanos a los centros, de acuerdo a las recomenda
ciones del Consejo de Europa y la ONU.  8.  Se ha prohibido expresamente en los reglamentos de régimen interno de
 los centros, tanto de
gestión pública como privada, toda norma sancionadora contraria a los estándares internacionales; y garantizado l
a persecución efectiva de los                                 Amnistía Internacional, diciembre de 2009

                       102102  Menores en Centros de Protección Terapéuticos

                             responsables de castigos, abusos y malos tratos, ya sean éstos agentes públicos o in
stituciones privadas.  9.  Se ha garantizado que los menores conocen y entienden sus derechos, así como el reglam
ento interno del centro de
protección terapéutico para poder presentar una queja si fuera necesario. El procedimiento de queja es comprensib
le y confidencial y supervisado por los Fiscales de Menores. 10. Se ha promovido la adopción de medidas legislati
vas y administrativas que
garanticen la efectiva protección de los menores, familiares y personal del centro como víctimas o testigos en to
das las diligencias procesales; y la asistencia jurídica y especializada a todos los menores y sus familiares a t
ravés de un turno de oficio
de abogados especializados. 11. Se ha garantizado por medio de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor u
nos estándares mínimos para una correcta formación del personal de los centros, tanto aquéllos de gestión pública
 como privada. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009