Título:  SI VUELVO ME MATO. ESPAÑA MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS
Índice AI:  EUR4110109
Referencia:  EUR4110109-21965
Editor:  Amnistía Internacional Sección española
Autor:  Amnistía Internacional Sección española
Fecha publicación:  20091215
Tema principal:  ESPAÑA
Descriptores:  Menores · Legislación · Abuso psiquiátrico · Tortura y malos tratos · Investigación de abusos
Resumen / Descripción:  Con este trabajo se pretende que el Estado español responda y cumpla con sus obligaciones internacionales y salvaguar de los derechos humanos de los menores. Para ello, la organización ha examinado la protección institucional proporcionada y sus carencias a la luz de los estándares internacionales, y ha incluido casos que le preocupan en materia de derechos humanos. Los casos que fueron puestos en conocimiento de Amnistía Internacional por parte de menores, familiares, abogados, educadores y otros profesionales incluyen castigos físicos, aislamiento, suministro abusivo de medicación, ausencia de servicios adecuados para el cuidado de su salud y otras conductas y omisiones que, en algunos casos, tuvieron como desenlace el suicidio de alguno de los menores.
Grado de seguridad:  Nivel 1
Subtipo de documentos:  Informe temático
Tipo de documento:  Documentación
Idioma:  Castellano
Enlace:  Menores · España
Texto:      

ESPAÑA MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS “SI VUELVO, ¡ME MATO!”

© Sección española de Amnistía Internacional Fecha de cierre del informe: diciembre
de 2009

Título del informe: “Si vuelvo, ¡me mato!”. Extracto de la carta de un menor
de 15 años a su madre, amenazando con ideas de suicidio si le volvían a ingresar
en el centro en el que había sido sometido a incomunicación, registros corpora-
les íntimos y otras humillaciones durante meses en Cádiz.

Foto de portada © Rocío Carneros

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....................................................................................................
......3

Campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional......................................................4

Alcance y metodología de este informe........................................................................6

Conceptos y términos usados......................................................................................
8

1. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES................11

1.1. Las normas de Naciones Unidas sobre la protección de los menores...............11

1.2. El derecho a la salud.................................................................................12

1.3. Derechos de los menores privados de libertad...............................................15

1.4. Las obligaciones del Estado........................................................................17

1.5. Las obligaciones internacionalmente comprometidas por España en materia
de derechos humanos de los menores, en particular de su derecho a la salud.....................19

2. EL SISTEMA ESPAÑOL DE PROTECCIÓN DE MENORES. ALERTAS SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS MENORES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA Y EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL
EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS....................22

2.1. La invisibilidad de los menores bajo el sistema de protección en España.........23

2.2. La competencia de las Comunidades Autónomas en materia de protección de
menores .........................................................................................................
.......26

2.3. La responsabilidad del Estado y la privatización de los centros.......................27

2.4. La situación de los centros y condiciones de vida de los menores...................31

2.5. Deficiencias y dificultades de los mecanismos de supervisión de los centros
de protección....................................................................................................
...........35

3. LA TRAYECTORIA DE DESPROTECCIÓN: QUIÉNES SON Y CÓMO LLEGAN LOS MENORES A
LOS CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS......................................40

3.1. Perfil socioeconómico de los menores..........................................................40

3.2. Trayectoria institucional de los menores.......................................................41

3.3. Admisión, determinación del lugar de internamiento y procedimiento de
derivación de los menores a los centros de protección terapéuticos..............................54

4. VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES INTERNADOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN
TERAPÉUTICOS...............................................................................57

4.1. Castigos...................................................................................................5
9

4.2. Violencia y abusos a la integridad física y psíquica de los menores.................66

5. VIOLACIONES DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN
TERAPÉUTICOS....................................................................................72

5.1. Prácticas abusivas en la administración de medicamentos.............................72

5.2. Violaciones al consentimiento informado y al derecho a la información
en materia de salud .............................................................................................
...................79

5.3. Violaciones del derecho a la información y al consentimiento informado
en salud sexual y reproductiva...................................................................................
............81

6. EL FINAL DE ALGUNAS HISTORIAS DE MENORES EN CENTROS DE “¿PROTECCIÓN?” TERAPÉUTICOS............................
..................................................85

6.1. Suicidios de menores en los centros de protección.......................................85

6.2. El ciclo de la desprotección. Un caso que ilustra el fracaso de los centros
terapéuticos para atender los trastornos de conducta de los menores en dificultad
social88

7. CONCLUSIONES..............................................................................................91

8. RECOMENDACIONES.......................................................................................95

9. INDICADORES...............................................................................................101

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 3

INTRODUCCIÓN La situación de los niños y niñas que se encuentran en centros
terapéuticos del sistema de protección en España por trastornos de conducta
y dificultad social despertó la atención de la opinión pública durante los
primeros meses del año 2009, tras publicarse en el informe del Defensor del
Pueblo del Estado español experiencias concretas de desprotección institucional
y abusos contra sus derechos humanos. Hasta entonces, dicha realidad había
permanecido invisible, pese a los esfuerzos de organizaciones y profesionales
comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos de los menores
por conseguir lo contrario. Durante el año 2008, y dentro de la campaña Exige
Dignidad, Amnistía Internacional recabó información que impulsó la investigación
que este informe recoge. Con este trabajo se pretende que el Estado español
responda y cumpla con sus obligaciones internacionales y salvaguarde los derechos
humanos de los menores. Para ello, la organización ha examinado la protección
institucional proporcionada y sus carencias a la luz de los estándares internacionales,
y ha incluido casos que le preocupan en materia de derechos humanos. Los casos
que fueron puestos en conocimiento de Amnistía Internacional por parte de menores,
familiares, abogados, educadores y otros profesionales incluyen castigos físicos,
aislamiento, suministro abusivo de medicación, ausencia de servicios adecuados
para el cuidado de su salud y otras conductas y omisiones que, en algunos casos,
tuvieron como desenlace el suicidio de alguno de los menores. El Defensor del
Pueblo públicó un informe monográfico sobre la situación de los menores con
trastornos de conducta o en situación de dificultad social en los centros de
protección terapéuticos el 2 de febrero de 20091. Sin embargo, las reacciones
de las autoridades competentes para investigar y corregir las situaciones denunciadas
en dicho informe no fueron diligentes ni ajustadas a las obligaciones internacionales
contraídas por España en materia de derechos humanos. La negación del problema
o la puesta en marcha de actuaciones mínimas en el mejor de los casos, han
sido la norma general. El Estado español no ha tomado las medidas necesarias
para garantizar que todas las autoridades, especialmente las administraciones
autonómicas con competencias en la materia, responden a las obligaciones internacionales
sobre derechos humanos. Con ocasión del examen periódico ante el Comité contra
la Tortura2, el Estado español fue interrogado al respecto, pero en su respuesta
no informó de ninguna investigación que se hubiera abierto a causa de los abusos
denunciados en el informe del Defensor del Pueblo y sólo destacó los esfuerzos
de coordinación entre un número considerable de instituciones e

1 Remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor
del Pueblo. Fecha de comparecencia el 17 de febrero de 2009. 2 Respuestas al
cuestionario del Comité contra la Tortura para el Quinto Informe Periódico
de España (CAT/C/ESP/5), pregunta 19.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

4 4 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

instancias a distinto nivel y con diferentes competencias y roles en el sistema
de protección. A raíz de esta insatisfactoria respuesta, el 19 de noviembre
de 2009, el Comité contra la Tortura3 se dirigió de nuevo al Estado español
y reiteró su preocupación sobre las alegaciones de aislamiento y administración
de fármacos de forma contraria a los artículos 11 y 12 de la Convención sobre
los Derechos del Niño. El Comité contra la Tortura recomendó que se tomaran
las medidas oportunas para asegurar unas condiciones humanas dignas, y que
se investigaran exhaustivamente todas las alegaciones de abusos o malos tratos
cometidos en estos centros. Con la investigación realizada por Amnistía Internacional,
la organización ha podido constatar la falta de voluntad de la mayoría de las
autoridades por despejar la opacidad que rodea al sistema. De entrada, las
Administraciones autonómicas denegaron el acceso de los investigadores de la
organización a los centros terapéuticos. Esta negativa fue explícita en algunos
casos. En otros, fue ignorada o se hizo lo imposible para que no se llevaran
a cabo las visitas acordadas a fuerza de imponer condiciones inaceptables.

CAMPAÑA EXIGE DIGNIDAD DE AMNISTÍA INTERNACIONAL En el mes de mayo de 2009,
Amnistía Internacional lanzó su campaña global Exige Dignidad para poner fin
a los abusos de derechos humanos que mantienen a las personas en una situación
de pobreza. La organización considera que la pobreza es debida a una combinación
de varios factores: privación en el acceso a los derechos económicos, sociales
y culturales, inseguridad (la violencia afecta de manera desproporcionada a
las personas que viven en la pobreza), exclusión, y falta de participación
y poder. Ante este marco de vulneraciones de derechos humanos en el ámbito
de la pobreza, Amnistía Internacional exige a los Estados el acceso a los derechos
humanos sin discriminación, una participación efectiva de las personas que
viven en la pobreza en las decisiones que afecten a su bienestar, y mecanismos
eficaces de rendición de cuentas que permitan exigir responsabilidades a quienes
violen los derechos humanos. Con esta campaña se pretenden denunciar aquellas
situaciones que agravan y perpetúan la exclusión social en la que viven las
personas con escasez de recursos, incluida la violación de su derecho de acceso
a la salud. Uno de los ejes centrales de este informe es, precisamente, la
vulneración del derecho a la salud de los menores en los centros terapéuticos
del sistema de protección; un colectivo que es objeto de exclusión social e
invisibilidad y, por ello, especialmente vulnerable a los abusos contra sus
derechos humanos y su propia dignidad. El derecho a la salud supone la obligación
de los Estados de garantizar el “más alto nivel posible de salud física y mental”4
para todas las personas sin discriminación. La violencia y

3 Observación nº20 sobre las respuestas ofrecidas por el Gobierno español al
cuestionario para el Quinto Informe Periódico de España (CAT/C/ESP/5), a la
pregunta número 19, 19 de noviembre de 2009. 4 Definición dada por el artículo
12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 5

la exclusión social han sido reconocidas por los distintos comités que vigilan
el cumplimiento de los tratados de derechos humanos como factores determinantes
del nivel de salud5. Las personas enfermas, ya sea física o mentalmente por
causa de la violencia o la exclusión social, requieren una respuesta adecuada,
una atención y una protección que les permita superar su situación de indefensión
y vulnerabilidad. Con el presente informe, Amnistía Internacional constata
que la dificultad social a la que se enfrentan las personas con menos recursos
es, a menudo, el origen de la desprotección que sufren los menores que ingresan
en los centros de protección. Una vez dentro del sistema, una atención inadecuada
de sus necesidades agudiza su situación de vulnerabilidad y exclusión. En los
peores casos, se añade la violencia perpetrada contra ellos por parte de quienes
tienen en sus manos su cuidado, lo que dificulta la ruptura del círculo de
exclusión, discriminación y violencia en el que se encuentran y que tiene efectos
tan negativos para su salud.

Violencia y discriminación Desprotección en el derecho a la salud

Exclusión social y económica

Dar voz a quienes padecen abusos y exigir a los Estados que cumplan con sus
deberes de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos, son los
objetivos de Amnistía Internacional en todo el mundo. Por eso, en este informe,
se ha querido dar voz y hacer visible la situación de los menores que viven
en ‘regímenes de protección’, sujetos a una situación de privación de libertad
o semilibertad en los centros de protección terapéuticos en España.

5 Por ejemplo, la Observación General nº14 (2000) del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud; la Observación General nº4 (2003) sobre la salud y el desarrollo
de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del
Niño. En este informe se citan de manera reiterada algunas Observaciones Generales
de los Comités encargados de supervisar el cumplimiento de los Convenios de
Derechos Humanos por parte de los diferentes Estados. Estas Observaciones Generales,
como instrumentos jurídicos, no tienen la fuerza vinculante de un Tratado o
Convenio, y contienen las interpretaciones y estándares de los Convenios que
fijan las obligaciones para los Estados en materia de derechos humanos. De
modo que cumplir con sus previsiones, no es tanto una obligación en sí misma,
como una garantía de cumplir los compromisos que contienen los Convenios que
los Comités supervisan. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

6 6 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

ALCANCE Y METODOLOGÍA DE ESTE INFORME En la realización de este informe, Amnistía
Internacional ha contado con la colaboración de organizaciones de defensa de
los derechos de los niños y niñas, activistas y profesionales que trabajan
para protegerles. La organización ha entrevistado a menores y a personas que
pasaron por estos centros siendo menores de 18 años, así como a familiares,
educadores, abogados, periodistas, psicólogos, psiquiatras y pediatras relacionados
directamente con la protección de estos niños y niñas. Igualmente, han sido
examinados los marcos normativos en materia de protección de los derechos de
los menores, y, en particular, de su derecho de acceso y disfrute a la salud
en el Estado español y, en concreto, en las tres Comunidades Autónomas que
examina este informe (Andalucía, Cataluña y Comunidad Autónoma de Madrid).
Se consultó y contactó con más de un centenar de personas y se entrevistó directamente
a 59 menores, de ambos sexos, a familiares y educadores que están o han estado
trabajando en centros de protección terapéuticos. Tras el informe del Defensor
del Pueblo de 2009, quedó de manifiesto la falta de voluntad de algunas instituciones
y administraciones con competencias para investigar y frenar los abusos denunciados
en él. Muestra de esa falta de voluntad política han sido también las dificultades
y obstáculos que Amnistía Internacional ha encontrado a la hora de realizar
la investigación, que fue llevada a cabo entre el mes de junio y el mes de
agosto de 2009, y que se centró en las tres Comunidades Autónomas estudiadas
que concentran el 55 por ciento de los centros terapéuticos en España. Andalucía
es, además, la Comunidad Autónoma con más centros de protección del país. Amnistía
Internacional solicitó a las Administraciones y autoridades correspondientes,
información sobre las actuaciones e investigaciones realizadas en respuesta
a las denuncias del Defensor del Pueblo. La respuesta obtenida, en pocas ocasiones
contuvo la información solicitada. En una carta remitida a Amnistía Internacional,
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad de Madrid
declaró que emprendió una investigación en la que se realizaron visitas a los
centros denunciados, pero según dijeron: “No se apreció durante tales visitas
la existencia de malos tratos a menores ni una desatención de los mismos”6.
Esta misma carta anunció la puesta en marcha de medidas, sin especificar, para
recibir las quejas de los menores. Las declaraciones7 realizadas por el Fiscal
a los medios de comunicación ahondaron en esta idea y negaron la dimensión
del problema. El 17 de marzo de 2009, el Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid se pronunció en el mismo sentido en una comparecencia ante la Asamblea
de Madrid8, donde lanzó una

6 Carta remitida a Amnistía Internacional por parte de la Fiscalía de la Comunidad
de Madrid con fecha 18 de junio de 2009. 7 Información recogida en la edición
digital del diario El País de 13 de febrero de 2009. http://www.elpais.com/articulo/espana/fiscal/jefe/Madrid/nie
ga/malos/tratos/menores/centros/elpepusoc/2
0090213elpepunac_6/Tes. Consultada el 19 de septiembre de 2009. 8 Diario de
Sesiones de la Asamblea de Madrid de 17 de marzo de 2009. Respuesta a la comparecencia
parlamentaria del Defensor del Pueblo de 17 de febrero de 2009. http://www.defensordelmenor.org/upload/documentac
ion/comparecencias/ComparecenciaAsamblea17_03
_09.pdf

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 7

velada crítica a la ‘alarma social’ creada por la publicación del informe del
Defensor del Pueblo, aunque admitió la necesidad de poner en marcha medidas
para regular la situación de estos menores. El Defensor del Menor de la Comunidad
Autónoma de Madrid aseguró textualmente que: “En todos los centros de Madrid
el ingreso va precedido por un diagnóstico previo que se contrasta siempre
a la llegada del menor. Cabe destacar que, en el centro Picón del Jarama, este
defensor tuvo la oportunidad de hablar directamente con el médico psiquiatra
que supervisa el tratamiento farmacológico prescrito a estos chicos por los
centros de salud mental dependientes de la Consejería de Sanidad. De dicha
conversación, les digo sinceramente, que no pude concluir ningún aspecto que
me resultara dudoso, ni amenaza o vulneración alguna de los derechos de estos
menores…”. En respuesta al informe del Defensor del Pueblo, la única medida
concreta de la que se ha informado a Amnistía Internacional es la redacción
y remisión, por parte de la Fiscalía General del Estado, de un protocolo de
actuación para la investigación de hechos como los denunciados a las fiscalías
competentes territorialmente y que incluye como novedad la obligatoriedad de
realizar visitas, al menos semestrales, a estos centros 9. Este protocolo regularía
la supervisión de los centros aludidos en el informe del Defensor del Pueblo
y lo pondrían en práctica las fiscalías de menores correspondientes. Amnistía
Internacional contactó con las autoridades de las tres Comunidades Autónomas
mencionadas, solicitando información sobre el marco normativo que rige en dichos
centros, así como datos estadísticos sobre el número y perfil de los menores
recluidos en ellos. También pidió que le autorizaran el acceso a los centros
para comprobar in situ las condiciones de los mismos y poder mantener entrevistas
con los menores internados. La respuesta remitida a la información solicitada
fue escasa e inconsistente. Sobre el acceso, Amnistía Internacional no recibió
apoyo de las Administraciones para acceder a los centros terapéuticos y entrevistar
a los niños y niñas, y tampoco lo recibió para visitar los espacios donde viven.
En algunos casos, se le negó el acceso de manera expresa, y, en otros, de manera
tácita, sin dar respuesta al pedido reiterado de la organización. Sólo se obtuvo
una respuesta inicial favorable de la Junta de Andalucía, pero se impusieron
condiciones tan sumamente restrictivas que no pudieron realizarse las entrevistas.
Inicialmente, las autoridades autorizaron la visita de Amnistía Internacional
a varios centros terapéuticos; autorizaciones que fueron concretándose y cancelándose
durante un periodo de cinco semanas, y que, finalmente, se cancelaron tras
la visita al primero de ellos. En esta única visita se habló con dos menores
en presencia de la psicóloga del centro. Estas conversaciones distaron mucho
de contar con las condiciones apropiadas según las reglas y estándares que
rigen las investigaciones de la organización, ya que unos funcionarios insistieron
en estar presentes durante el encuentro y, otros, interrumpieron de forma constante,
incluso asesorando a los menores durante el transcurso de las mismas cuando
sus declaraciones contradecían la información que había sido suministrada por
la Administración previamente, en particular, en lo referente a sus revisiones
medicas, al uso de castigos y

9 Carta remitida a Amnistía Internacional por el Fiscal adscrito a la Fiscal
de Sala Coordinadora de Menores, con fecha de 2 de julio de 2009. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

8 8 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

celdas de aislamiento. Debido a esta situación, no se pudo continuar con la
realización de las entrevistas y la Dirección General de Infancia y Familia
canceló las visitas restantes. Adicionalmente, Amnistía Internacional solicitó
mantener entrevistas con funcionarios de las diferentes Administraciones competentes
en el ámbito de la protección de menores. A nivel estatal, en Cataluña y Andalucía
se mantuvieron reuniones con uno o más funcionarios10, pero otras que fueron
solicitadas, no recibieron respuesta. Es alarmante la falta de transparencia
y la ausencia de mecanismos que faciliten la vigilancia de los centros por
parte de organizaciones de la sociedad civil e instituciones independientes
de protección de los derechos humanos, tal y como lo establecen los estándares
internacionales para las inspecciones de los centros cerrados11. CONCEPTOS
Y TÉRMINOS USADOS Cabe advertir sobre la variedad de términos empleados en
cada Comunidad Autónoma para clasificar y categorizar los diferentes tipos
de centros de protección. Este informe presta atención a la situación de los
niños y niñas en los llamados centros de protección terapéuticos a los que
ingresan “menores con trastornos de conducta o en situación de dificultad social”12.
El total de centros de protección terapéuticos en España, a fecha 2008 y según
datos aportados por las Administraciones directamente al Defensor del Pueblo,
era de 58. De éstos, 21 estaban en Andalucía; seis, en Madrid; y cinco, en
Cataluña. Sin embargo, el número

10 En Cataluña, el Fiscal de Menores de Barcelona y el Sindic de Greuges; en
Andalucía, la directora y subdirectora de la Dirección General de Infancia
y Familia de la Junta de Andalucía, la jefa de Servicios de los Centros de
Protección de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo de Andalucía. 11
Por ejemplo, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113,
de 14 de diciembre de 1990. Regla 14 “La protección de los derechos individuales
de los menores por lo que respecta especialmente a la legalidad de la ejecución
de las medidas de detención será garantizada por la autoridad competente, mientras
que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante inspecciones
regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de conformidad con las
normas internacionales, la legislación y los reglamentos nacionales, por un
órgano debidamente constituido que esté autorizado para visitar a los menores
y que no pertenezca a la administración del centro de detención”. También la
Observación General nº2 (2002) del Comité de Derechos del Niño sobre el papel
de las instituciones independientes de derechos humanos en la promoción y protección
de los derechos del niño. Es importante destacar que si bien ni las resoluciones
de la Asamblea General de la ONU, ni las Observaciones Generales de los Comités
tienen la fuerza vinculante de los Convenios de Derechos Humanos, sí que imponen
una serie de obligaciones a los Estados; obligaciones que nacen de su condición
de estándares internacionales, esto es, de las condiciones mínimas indispensables
que se han acordado para la efectiva protección de los derechos humanos de
colectivos especialmente vulnerables. La obligatoriedad de estos estándares
no responde más que al compromiso general de efectivo respeto, protección y
realización de los derechos humanos que han contraído los Estados. 12 Expresión
empleada por el Defensor del Pueblo en su informe, página 9 y siguientes. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 9

total de centros existentes no se ha podido contrastar. Las estadísticas al
respecto, en caso de existir, no son accesibles y Amnistía Internacional no
ha obtenido respuesta ni de las Administraciones autonómicas ni de la Administración
central sobre el número exacto de centros terapéuticos existentes, el número
de menores ingresados en dichos centros y su localización en las Comunidades
del estudio. Para efectos de este informe nos referiremos a los niños y niñas
con el término genérico de menores. Cuando nos refiramos a educadores, abogados,
periodistas, psicólogos, psiquiatras, pediatras y familiares... en genérico,
nos referiremos a ambos sexos. En este informe no han sido entrevistados menores
de 12 años y todas las personas entrevistadas han dado su consentimiento para
que se hagan públicos detalles personales. Para proteger el derecho de los
menores a la confidencialidad y a su identidad, la organización no ha usado
sus verdaderos nombres ni los de sus familiares directos, pero sí ha utilizado,
salvo indicación contraria, los de los mayores de edad que fueron menores tutelados,
así como los de los educadores, abogados, psicólogos, jueces…, etc. En este
informe, se aborda la situación de los “menores con trastorno de conducta o
en situación de dificultad social”, en cuya condición confluye más de un factor
social de discriminación. Ello les coloca en una situación de múltiple vulnerabilidad,
que debe ser tenida en cuenta tanto en el momento de abordar la legislación
aplicable, como a la hora de buscar las herramientas más idóneas para la protección
de sus derechos. Los marcos de protección contra la exclusión social y la discriminación,
al igual que las formas de abordar ciertas conductas de las niñas y niños,
están en constante evolución. Por esta razón, no existe necesariamente unanimidad
en la nomenclatura o terminología usada para calificar ciertas conductas de
los menores, por las cuales acaban internados en los centros de protección
terapéuticos. Como veremos más adelante, esta situación se materializa en una
ambigüedad que no es compatible con las normas internacionales de protección
de los derechos humanos de los menores. En este informe se utiliza la nomenclatura
de “trastornos de conducta”, que ya fue utilizada por el Defensor del Pueblo
para definir la conducta de los menores que son objeto de la investigación.
En primer lugar, se adopta este concepto para hacerles visibles tanto a ellos
como a la situación que ha sido denunciada en informes de instituciones independientes
de defensa de los derechos humanos. Pero el interés de la organización no radica
tanto en contribuir al debate terminológico, como en aportar un enfoque de
derechos humanos a esta situación. En segundo lugar, se adopta esta expresión
del informe del Defensor del Pueblo porque, tal y como se señala en el mismo,
a causa de la diversidad de términos que se dan en la legislación autonómica,
existen discriminaciones en función de la Comunidad Autónoma en la que residan.
Esto es particularmente grave cuando, de esta indefinición, se decide un tratamiento
y condiciones de internamiento para estos niños y niñas similar al previsto
para menores infractores13, cuando éstos no lo son.

13 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 62 y 63. El informe del Defensor
del Pueblo utilizado en esta investigación y al se hace referencia constante
fue descargado de la siguiente página web: Amnistía Internacional, diciembre
de 2009

10 10 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

La nomenclatura de “centros terapéuticos” que son parte del sistema de protección
español no está definida en la legislación internacional ni nacional. El concepto
de “centros terapéuticos” se usa en este informe para referirse a los centros
cuya especialización en el sistema de protección de menores en España, es el
tratamiento de menores que llegan allí derivados de otros centros del mismo
sistema u hospitales por presentar un trastorno de conducta o una enfermedad
psicosocial, enfermedad psíquica u otra análoga. Por las características de
su rol y su funcionamiento, estos centros en los que los menores se encuentran
en régimen cerrado o semiabierto deben garantizar, como mínimo, la aplicación
de los principios internacionales que rigen el internamiento en centros cerrados14.
La inexistencia de una definición exacta de este tipo de centros en las normas
no puede ir en detrimento de los derechos de los menores recluidos en ellos,
tal y como está sucediendo en numerosas ocasiones. Es más, en muchos casos,
el internamiento en este tipo de centros ni siquiera se debe a un trastorno
de conducta diagnosticado; sino que, en ocasiones, la imposibilidad de reintegrar
a los menores en su núcleo familiar, tras un periplo por diferentes centros
en los que ingresaron por desamparo, se agrava cuando llegan a la adolescencia
y “se vuelven conflictivos”. Según indicaron a Amnistía Internacional algunos
educadores, psiquiatras y personas que siendo menores vivieron este proceso,
estos niños y niñas son derivados a este tipo de centros donde se les aplica
el tratamiento, régimen disciplinario y, en ocasiones, medicación previstos
para menores con trastornos diagnosticados. “Esos niños acaban allí porque
no interesan a nadie. Es un sistema perverso donde el niño no es sujeto de
derechos”15. El objetivo de este informe es denunciar la situación de los menores
que se encuentran internados en los centros de protección terapéuticos desde
la perspectiva de derechos humanos que están siendo vulnerados. La indefensión
ante decisiones administrativas; los abusos que sufren en forma de contenciones
y aislamiento; el sometimiento a tratamientos médicos sobre los que no han
sido informados y a los que no han prestado su consentimiento, son algunas
de las denuncias concretas de las que da cuenta este informe, y que Amnistía
Internacional considera señales de alarma; signos de que las autoridades españolas
no están cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de derechos
humanos.

http://www.defensordelpueblo.es/documentacion/informesmonograficos/informe_menores_09.zip

14 En particular, las ya mencionadas Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de Libertad adoptadas por la Asamblea General
en su Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990. 15 Entrevista con Fernando
Alonso el 16 de julio de 2009 en Madrid. Fernando es usuario del sistema de
salud mental, antropólogo y miembro del colectivo Psiquiatrizados en Acción.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 11

1. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES

1.1. LAS NORMAS DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES Los niños
y niñas son sujetos de protección especial por el derecho internacional de
los derechos humanos por su edad y por el estado de su desarrollo; características
que los distinguen de los adultos16. La Convención sobre los Derechos del Niño
de Naciones Unidas17, (de aquí en adelante “la Convención”), es el documento
que recoge los principios que deben orientar la actividad de los Estados Partes
en materia legislativa y de protección de los menores, y establece el alcance,
ámbito y justificación de dicha protección. En la Convención, se define jurídicamente
al niño como: “Todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. A
pesar de que esta definición es menos categórica que la recogida en otros textos
en los que no se incluye la excepción final, el Comité de Derechos del Niño
pide que no pueda ser aplicada si va en detrimento de alguno de los derechos
reconocidos y protegidos en la Convención. Como en ella se articulan los principios
fundamentales que rigen cualquier ordenamiento jurídico en lo que respecta
a la situación de los menores18, estos principios

16 La protección especial debida a los niños y niñas por estas especiales características
se plasmó ya en 1959 con la aprobación de la Declaración de los Derechos del
Niño en la Asamblea General de la ONU. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos,
Sociales y Culturales prevén en sus artículos una especial atención a la situación
de los niños y niñas, reconociendo para ello la importancia de que las autoridades
protejan a la familia como núcleo fundamental de la sociedad en la que se va
a producir el crecimiento y desarrollo de los menores. Artículos 16.3 y 25.2
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 23 y 24 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. 17 La Convención sobre los Derechos del
Niño fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989,
y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Sólo hay dos países que no la
han suscrito: Estados Unidos y Somalia. 18 Con la firma de esta Convención,
los Estados quedan obligados a remitir ante el Comité de Derechos del Niño
unos informes periódicos en los que dan cuenta del grado de cumplimiento de
las previsiones de la Convención en su territorio. El Comité, además, da las
claves interpretativas de las disposiciones de la Convención para facilitar
a los Estados Partes su cumplimiento a través de la redacción de una serie
de Observaciones Generales. A lo largo de este informe, nos referiremos constantemente
a estos documentos por ser en ellos donde se puede obtener una respuesta directa
sobre la naturaleza de las obligaciones en materia de Derechos del Niño. Este
mecanismo de supervisión es el mismo que para el resto de tratados internacionales
en materia de derechos humanos aprobados por la Asamblea General de la ONU.
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

12 12 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

están íntimamente relacionados y dan la clave para interpretar los demás derechos
contenidos en la Convención: • NO DISCRIMINACIÓN (Artículo 2). Los Estados
Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. • INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR (Artículo 3). En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atenderá el
interés superior del niño como una consideración primordial. .

• DERECHO INTRÍNSECO A LA VIDA, LA SUPERVIVENCIA Y EL DESARROLLO (Artículo
6). Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco
a la vida. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia
y el desarrollo del niño.

• DERECHO A SER ESCUCHADO (Artículo 12). Los Estados Partes garantizarán al
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, así como el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose
debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez del niño.
Con tal fin, se le dará la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento
judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de
un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la Ley nacional. En el ámbito regional europeo, la protección
del menor se articula a partir del reconocimiento de estos principios, tanto
en los instrumentos de protección de derechos humanos19 emanados del Consejo
de Europa como de la Unión Europea. Cabe destacar de manera especial la Convención
Europea para el Ejercicio de los Derechos del Niño de 25 de enero de 1996,
que recoge las medidas que deben adoptar los Estados para que un menor pueda
participar en todos los procedimientos administrativos o judiciales en los
que se tomen decisiones sobre su situación, con las máximas garantías procesales
que atiendan a su capacidad de comprensión y de formarse un juicio sobre su
realidad.

1.2. EL DERECHO A LA SALUD La Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, adoptada el 22 de julio de 1946 por la Conferencia Sanitaria Internacional,
establece en su preámbulo el primer nexo entre la salud y los derechos humanos:
“(…) el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr

19 Estos instrumentos incluyen la Convención Europea de Derechos Humanos, la
Carta Social Europea, la Carta de Derechos del Niño de la Unión Europea. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 13

es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza,
religión, ideología política o condición económica o social”. La protección
internacional del derecho de acceso a la salud está recogida en los principales
instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad”. Pero es en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, a través de su artículo 12, donde el derecho a la salud
encuentra una definición normativa: “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto posible
de salud física y mental”. El contenido de este derecho queda definido en la
Observación General nº14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, según el cual: • Cada Estado debe contar con un número adecuado
de establecimientos, bienes y servicios públicos de atención a la salud de
acuerdo a su población. • Estos establecimientos, bienes y servicios públicos
deben ser accesibles sin discriminación alguna, lo que supone estar al alcance
geográfico y económico de toda la población, que, además, tiene derecho a estar
informada sobre las cuestiones relacionadas con su salud.

• Del mismo modo, los establecimientos, bienes y servicios públicos deben ser
respetuosos con las prácticas culturales de la población, o lo que la Observación
General define como aceptables por parte de la población cuya salud deben tratar.

• E, igualmente, deben ser apropiados desde el punto de vista científico y
médico, y ser de buena calidad, lo que requiere que sean prestados por personal
capacitado, medios científicamente aprobados y condiciones sanitarias adecuadas.

La Convención sobre los Derechos del Niño aborda de manera específica el derecho
al acceso a la salud de los menores, y en el artículo 24 establece: “Los Estados
Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y a la rehabilitación
de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño
sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. En la
Observación General nº4 del Comité de los Derechos del Niño (2003) sobre el
derecho a la salud de los menores se reconoce el entorno social como un factor
influyente y frecuentemente determinante del nivel de salud. Los actos de violencia,
además de vulnerar los derechos humanos de los menores, lesionan y comprometen
su derecho de acceso a la salud; a menudo, con efectos prolongados o perdurables.
El párrafo 23 de esta Observación General nº4 hace referencia a la especial
situación de los menores que carecen de hogar o Amnistía Internacional, diciembre
de 2009

14 14 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

viven en establecimientos públicos. Como la experiencia mundial alerta, estos
menores suelen encontrarse expuestos a lo que se denomina “violencia institucional”.
Al respecto, el artículo 19 de la propia Convención establece obligaciones
muy específicas para los Estados en lo que se refiere a la protección de los
menores en esta condición.

Artículo 19 de la Convención 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal
o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección
deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para
la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos
al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

El artículo 11 de la Carta Social Europea del Consejo de Europa consagra el
derecho a la protección de la salud20. Además, en el ámbito europeo, es de
importancia capital por su conexión con la salud de las personas y la protección
de sus derechos humanos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología
y la Medicina de 4 de abril de 1997. Se trata del primer documento internacional
que contiene pautas para la regulación del “consentimiento informado” en los
Estados Partes. En este sentido, por último, cabe señalar que la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea contempla el consentimiento informado a la
hora de recibir un tratamiento médico a través del artículo 3.2: “En el marco
de la medicina y la biología se respetarán en particular: el consentimiento
libre e informado de la persona que se trate, de acuerdo con las modalidades
establecidas en la ley”.

20 Derecho a la protección de la salud: “Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho a la protección de la salud, las partes contratantes se comprometen
a adoptar, directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas,
medidas adecuadas para,. entre otros fines,: 1. Eliminar, en lo posible, las
causas de una salud deficiente. 2. Establecer servicios educacionales y de
consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad
individual en lo concerniente a la misma.

3. Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidérmicas, endémicas y otras”.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 15

1.3. DERECHOS DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD Un instrumento importante
para la protección de los derechos humanos de los menores son las Reglas de
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad21.
Su alcance y aplicación afecta la situación en que se encuentran los menores
en centros terapéuticos al establecer que:“Por privación de libertad se entiende
toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un
establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por
su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa
u otra autoridad pública”22. El objetivo del internamiento de cualquier menor
en un centro cerrado debe ser el de atender correctamente a las necesidades
y dificultades específicas que puedan afectar el normal desarrollo de su vida.
Por ello, tal y como establecen estas Reglas23, el trabajo de las autoridades
en estos centros debe centrarse en dotar al menor de las capacidades suficientes
para su reintegración en la sociedad. MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LOS CENTROS:
LA PROTECCIÓN DEL MENOR CONTRA CASTIGOS CORPORALES Y OTRAS FORMAS DE CASTIGO
CRUELES O DEGRADANTES Veíamos en el apartado anterior cómo la Observación General
nº4 del Comité de Derechos del Niño hace una referencia específica a la protección
por parte del Estado de los menores que carecen de hogar o viven en establecimientos
públicos. La violencia ejercida contra ellos en forma de castigos corporales
y otras formas de castigo crueles o degradantes no es una situación que afecte
en exclusiva a los menores que viven en establecimientos públicos, pero esta
mención expresa en una Observación General del Comité les señala como un colectivo
especialmente vulnerable a una forma de violencia que, tanto los diferentes
órganos de supervisión de las Convenciones de Derechos Humanos, como los Tribunales
Regionales de Derechos Humanos, han calificado de atentado a la integridad
y dignidad de los menores y han advertido que incluso algunos de esos castigos
pueden constituir formas de tortura24. Esta cuestión se aborda de manera específica
en la Observación General nº8 (2006) del Comité de Derechos del Niño (Derecho
del niño a la protección contra castigos corporales y

21 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de
Libertad.

22 Regla 11b.

23 Reglas 79 y 80.

24 Por ejemplo, el propio Comité Contra la Tortura; el Relator Especial, Nigel
S. Rodley, en su informe “Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y en particular: la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (E/CN.4/1997/7); el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General
nº13 sobre el Derecho a la Educación; la Comisión de Derechos Humanos en su
Resolución 2000/43; así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos. Ver análisis en profundidad de la cuestión en el Informe
de Amnistía Internacional de 2000: “Un escándalo oculto, una vergüenza secreta.
Tortura y malos tratos a menores” (Índice AI: ACT4002800). Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

16 16 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

otras formas de castigo crueles o degradantes25), en cuyo párrafo 11 se define
“el castigo ‘corporal’ o ‘físico’ como todo castigo en el que se utilice la
fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar,
aunque sea leve. En la mayoría de los casos, se trata de pegar a los niños
(‘manotazos’, ‘bofetadas’, ‘palizas’), con la mano o con algún objeto (azote,
vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.). Pero también puede consistir
en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos,
pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse
en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos
hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos
a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre
degradante. Además, hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que
son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto, incompatibles con la
Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia,
se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta
o se ridiculiza al niño”. Para erradicar estas formas de violencia dentro de
las instituciones residenciales y proteger a los menores de la “violencia institucional”,
las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de
Libertad contienen dos apartados muy específicos sobre las limitaciones a la
coerción física y el uso de la fuerza; así como sobre los procedimientos disciplinarios26.
ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA CONDICIÓN “TERAPÉUTICA” DE ESTOS CENTROS En los
centros objeto de este informe se llevan a cabo tratamientos específicos para
la reintegración en la sociedad de menores con trastornos de conducta. Esta
finalidad terapéutica vincula las condiciones y características de los mismos
a otro estándar internacional. En 1991 la Asamblea General de la ONU aprobó
la resolución 46/119 que establece una serie de principios para la protección
de las personas con discapacidad mental y el mejoramiento de la atención a
la salud mental. Este texto contiene una serie de previsiones sobre las condiciones
y recursos con que deben contar las instituciones psiquiátricas y que pueden
ayudar en la definición de las condiciones de estos centros de protección terapéuticos
y en los tratamientos que se llevan a cabo en ellos. Es importante precisar
que remitir a estos principios no supone considerar a estos menores discapacitados
o enfermos mentales, sino confirmar la existencia de previsiones en la normativa
internacional que dan las pautas para la efectiva protección de los derechos
de las personas sometidas a internamiento terapéutico y tratamiento.

25 Si bien, ya desde la primera Observación General del Comité de 2001, “Propósitos
de la educación”, se hace referencia explícita a la prohibición implícita en
las disposiciones de la Convención sobre este tipo de castigos.

26 Reglas 63 a 71. Especial atención merece en este sentido la regla 66 al
centrar expresamente el objetivo y límites de cualquier medida disciplinaria
a aplicar en los centros: “Todas las medidas y procedimientos disciplinarios
deberán contribuir a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada y ser compatibles
con el respeto de la dignidad inherente del menor y con el objetivo fundamental
del tratamiento institucional, a saber, infundir un sentimiento de justicia
y de respeto por uno mismo y por los derechos fundamentales de toda persona”.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 17

1.4. LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO “El Comité subraya que, en el contexto de
la Convención, los Estados han de considerar que su función consiste en cumplir
unas claras obligaciones jurídicas para con todos y cada uno de los niños.
La puesta en práctica de los Derechos Humanos de los niños no ha de considerarse
como un proceso caritativo que consista en hacer favores a los niños” Observación
General nº5 (2003) del Comité de Derechos del Niño, párrafo 11. Cuando los
Estados ratifican un tratado de derechos humanos están comprometidos a cumplir
con las obligaciones impuestas en el texto. “Las obligaciones de los Estados
de lograr la efectividad de todos los derechos humanos son de tres tipos: •
Respetar, no interferir en el ejercicio de un derecho;

• Proteger, garantizar que otros no interfieran, principalmente mediante regulación
y recursos jurídicos efectivos, y;

• Realizar27, entre otras acciones, promover los derechos, facilitar el acceso
a los derechos, asegurar el ejercicio de los derechos a quienes no pueden ejercerlos
por sí solos.

Esta tipología ha sido reconocida por los órganos de vigilancia de los tratados,
así como por organismos regionales encargados de hacer cumplir los derechos
humanos. Véanse las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales”28.

27 En la versión original de los documentos internacionales, en inglés, se
utiliza la expresión fulfil,que es traducida en los documentos oficiales como
cumplir. Al no haber un equivalente exacto de la expresión inglesa, Amnistía
Internacional opta por traducirlo como realizar, enfatizando el sentido de
“hacer efectivos”y de “llenar de contenido” los derechos enunciados.

28 “Derechos Humanos para la Dignidad Humana. Una introducción a los derechos
económicos, sociales y culturales”. Amnistía Internacional, 2005. Índice AI
POL 34/009/2005, página 24. El texto continúa: “La obligación de respetar los
derechos humanos exige que los Estados se abstengan de interferir directa o
indirectamente en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas.
Los artículos 55 y 56 de la Carta de Naciones Unidas establecen que todos los
miembros se comprometen a promover el respeto universal y la observancia de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin distinción
alguna. Ésta es una obligación inmediata, que incluye el respeto por los esfuerzos
que realizan las propias personas para ejercer sus derechos. De conformidad
con la obligación de proteger los derechos humanos, los Estados deben prevenir,
investigar, castigar y reparar el daño causado por abusos contra los derechos
humanos cometidos por terceros: particulares, empresas comerciales u otros
agentes no estatales. Ésta es una obligación inmediata. Los Gobiernos deben
regular y vigilar, por ejemplo, el uso que hacen las compañías de las empresas
de seguridad privada, las emisiones industriales potencialmente peligrosas,
el trato que los empleadores dispensan a sus trabajadores, y la adecuación
e idoneidad de los servicios que el Estado Amnistía Internacional, diciembre
de 2009

18 18 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

En un Estado que cumple con todas estas obligaciones, el ordenamiento jurídico
interno proporciona la principal protección a los derechos humanos de todos
sus ciudadanos y ciudadanas. La Convención de los Derechos del Niño establece
estos tres tipos de obligaciones: • El deber de proteger emana del artículo
3.2 que determina las “medidas legislativas y administrativas adecuadas para
asegurar al niño la protección y el cuidado necesarios para su bienestar”.
En el artículo 3.3 se concreta aún más el alcance de esta obligación al determinar
que los Estados “se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas
por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia
de una supervisión adecuada”. Especial atención para este informe merece el
contenido del artículo 19 de la Convención al establecer que:“Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres,
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar
la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos
antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención
judicial”. • El deber de respetar se enuncia de forma expresa en el artículo
2.1 de la Convención, en el que, además, se integra la prohibición de discriminación
como una obligación de realización inmediata: “Los Estados Partes respetarán
los

delega o privatiza, como la medicina o la enseñanza privada. El deber de proteger
afecta a todos los derechos humanos (Comité de Derechos Humanos, Observación
General nº31 sobre el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos: La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados
Partes en el Pacto, párrafo 8). Los Estados tienen la obligación de realizar
los derechos humanos adoptando medidas legislativas, administrativas, presupuestarias,
judiciales y de otra índole encaminadas a la plena efectividad de estos derechos.
Esta obligación debe realizarse de manera progresiva, e incluye el deber de
facilitar (aumentar el acceso a los recursos y medios para alcanzar los derechos)
y proporcionar (asegurar que toda la población puede ejercer sus derechos cuando
no puede alcanzarlos por sí misma). Por ejemplo, las autoridades deben proporcionar
a la persona acusada en un juicio los servicios de interpretación necesarios
para que entienda el proceso judicial o implantar una formación profesional
eficaz que garantice que los estudiantes se benefician de la educación. Sobre
todo, los Gobiernos deben conceder prioridad a la satisfacción de los niveles
mínimos esenciales de cada derecho, especialmente para los sectores más vulnerables”.
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 19

derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna”.

• Finalmente, el deber de realizar supone, tal y como establece el artículo
4, la adopción de todas las medidas necesarias para “dar efectividad a los
derechos reconocidos en la Convención”. La Observación General nº 5 (2003)
del Comité de Derechos del Niño establece unas medidas generales de aplicación
de la Convención para promover el pleno disfrute de todos los derechos recogidos
en ella. En su párrafo 12 aboga por una perspectiva basada en los derechos
del niño, orientada por los principios fundamentales y en la acción necesaria
de los diferentes poderes públicos para la aplicación efectiva de la Convención.

El derecho del menor a ser escuchado comparte las tres categorías de deberes
estatales, ya que implica: asegurar condiciones que habiliten el ejercicio
de ese derecho; velar porque sea ejercido, y garantizar que el Estado lo respeta
y hace respetar, tal y como indica la Observación General nº12 (2009) del Comité
de Derechos del Niño. LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN
DE LA SALUD La Observación General nº14 (2000) (el derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud) define en su párrafo 33 el alcance y contenido
exactos de las obligaciones estatales para proteger el derecho de acceso a
la salud:“Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone
tres tipos o niveles de obligaciones de los Estados Partes: la obligación de
respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende
la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar
exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en
el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que
los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación
de las garantías previstas en el artículo 12. Por último, la obligación de
cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo,
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad
al derecho a la salud”. 1.5. LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES COMPROMETIDAS
POR ESPAÑA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES, EN PARTICULAR DE
SU DERECHO A LA SALUD En el derecho interno español, las obligaciones internacionales
del Estado adquieren carácter constitucional, ya que el artículo 10.2 de la
Constitución española de 1978 determina: “Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”29.
España firmó la Convención de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990
y

29 La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales
de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
entraron en vigor en España el 27 de julio de 1977. Además, España debe cumplir
las obligaciones emanadas de su pertenencia al Consejo de Europa y a la Unión
Europea. España fue el Estado miembro número 20 del Consejo de Europa, al que
se incorporó el 24 de noviembre de 1977 en pleno proceso de transición y antes
de la entrada en vigor de Amnistía Internacional, diciembre de 2009

20 20 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

la ratificó el 6 de diciembre de 1990. Con esta disposición quedan integrados
en el ordenamiento jurídico español todos los instrumentos internacionales
ratificados por España. Pero tal y como acabamos de ver, el cumplimiento con
las obligaciones internacionales va más allá de este reconocimiento. Exige
la adopción de medidas legislativas y políticas públicas con las que cumplir
con este abanico de obligaciones. El siguiente cuadro muestra esquemáticamente
los instrumentos legales con los que se trata de cumplir con estas obligaciones
en el ordenamiento jurídico español. PRINCIPIOS GENERALES SISTEMA DE PROTECCIÓN
DERECHO A LA SALUD PARA LA PROTECCIÓN DE DE MENORES LOS MENORES 30 CONSTITUCIÓN
Artículo 39.4 32 Artículo 39.4 Artículo 43 ESPAÑOLA Sentencia del Tribunal
Constitucional 141/2000 de 29 de 31 mayo

la Constitución de 1978, bajo la promesa de aprobación de un texto constitucional
que recogiera los valores del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.
España firmó el Convenio de adhesión a las Comunidades Europeas el 12 de junio
de 1985, integrándose en las mismas como Estado miembro el 1 de enero de 1986.

30 “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales
que velan por sus derechos”.

31 El Fundamento Jurídico nº 5 define el estatuto jurídico mínimo para los
menores en España que consiste en la Convención sobre los Derechos del Niño
de la ONU; la Carta Europea de los Derechos del Niño de la Unión Europea de
1995; y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996. El reconocimiento
de la Convención sobre los Derechos del Niño como parte integrante del ordenamiento
jurídico español se ha reiterado en otras ocasiones, por ejemplo, en las sentencias
36/1991 de 14 de febrero; 273/2005 de 27 de octubre.

32 Artículo 43 de la Constitución española: 1. Se reconoce el derecho a la
protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar
la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física
y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 21

LEYES MARCO Ley Orgánica de Protección Ley Orgánica de Protección Jurídica
Ley General de Sanidad (Ley ESTATALES 14/1986 de 29 de abril) Jurídica del
Menor (Ley1/1996 de del Menor (Ley1/1996 de 15 de Ley Básica Reguladora de
la 33 35 15 de enero) enero) Autonomía del Paciente y de 36 derechos y obligaciones
en Código Civil 34 materia de información y Código Civil Ley de Enjuiciamiento
Civil (Ley 37 documentación clínica (Ley 1/2000 de 7 de enero) 38 41/2002,
14 de noviembre) GESTIÓN Todos los poderes públicos y Competencia autonómica
que debe Competencia autonómica administraciones están obligados ejercerse
teniendo en cuenta la que debe ejercerse teniendo al respeto de estos principios
en legislación marco estatal y los en cuenta la legislació,n su actuación acuerdos
de las instituciones de marco estatal y acuerdos de 39 coordinación interautonómica
las instituciones de coordi- nación interautonómica

33 Título I. De los derechos de los menores. Artículos 1-11.

34 En lo referente a la prohibición de los castigos corporales. Libro I. Título
VII. De las relaciones paterno filiales. Capítulo I, Disposiciones Generales.
Artículos 154-161. Se debe precisar a propósito de la prohibición de los castigos
corporales en el ordenamiento jurídico español, que el Código Civil lo prohibió
en 2007 mediante una enmienda. Hasta entonces había reconocido el “derecho“
de los padres y guardianes a utilizar formas “razonables y moderadas” de “corrección”,
pero estas disposiciones han sido eliminadas de la Ley, y el artículo 154 del
Código Civil ahora establece que, en el ejercicio de su responsabilidad, los
padres o tutores deben respetar la integridad física de sus hijos e hijas.
El castigo corporal en otras instituciones y formas de cuidado infantil también
se prohibieron con estas enmiendas de 2007 al Código Civil. En las escuelas
es ilegal desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio
reguladora del derecho a la educación. En relación a la situación de los menores
en conflicto con la Ley, el castigo físico está expresamente prohibido en la
Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores. 35
Título II: Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones
de protección de menores. Artículos 12-25.

36 Libro I. Título X: De la tutela, curatela y guarda de los menores o incapaces.
Artículos 215-221. 37 Libro IV. Título I: De los procesos sobre capacidad,
filiación, matrimonio y menores. Artículos 748-781.

38 En esta Ley se regula una figura de enorme importancia para este informe
como es el consentimiento informado.

39 En particular, los instrumentos de coordinación de políticas autonómicas
en materia de protección de la infancia son: el Observatorio de la Infancia
(creado en 1999 con el objetivo de hacer un seguimiento sobre el bienestar
y condiciones de vida y desarrollo de los niños y niñas, centralizando, para
ello, toda la información y fiscalizando las políticas públicas que afectan
a la infancia); la Comisión Interministerial para la Juventud (creada en 2008);
y las diferentes Conferencias Sectoriales y Comisiones Interautonómicas auspiciadas
desde la Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia,
actualmente integrada en el Ministerio de Sanidad y Política Social. En lo
que se refiere a las políticas públicas, actualmente está en vigor el Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009. Entre las medidas
que prevé hay dos en concreto (6.4 y 6.7) que abordan la necesidad de impulsar
y consolidar la implantación de sistemas de gestión de la calidad en los servicios
especializados de protección de menores, así como la importancia de elaborar
protocolos que definan los criterios de calidad, evaluación, seguimiento y
buenas prácticas en la intervención social con la infancia, aplicables a los
servicios de acogimiento familiar, acogimiento residencial y adopción, así
como a los servicios encargados de facilitar la permanencia del menor en su
entorno familiar y social.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

22 22 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

2. EL SISTEMA ESPAÑOL DE PROTECCIÓN DE MENORES. ALERTAS SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS MENORES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS
Nos encontramos ante un marco constitucional que reconoce a estos menores todo
el abanico de derechos internacionalmente aplicables a su situación de especial
vulnerabilidad. Sin embargo, tal y como ha constatado Amnistía Internacional
en esta investigación, y como evidencia el informe del Defensor del Pueblo,
hay una ausencia flagrante de regulación de varias áreas normativas y de implementación
de los derechos de estos menores. El Defensor del Pueblo ha recomendado algo
tan básico como el establecimiento de un marco jurídico que atienda a una serie
de aspectos que en este informe se denominan ‘zonas grises de la regulación’
y que propician los abusos que se denuncian en él. En los últimos años, las
recomendaciones de instituciones independientes de derechos humanos estatales
y autonómicas, como el Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor de Andalucía
o el Sindic de Greuges de Cataluña40, han puesto de manifiesto el vacío normativo
en aspectos cruciales y la invisibilidad de los menores con trastornos de conducta
internados en centros de protección terapéuticos en el ordenamiento jurídico
español. Además, en el informe del Defensor del Pueblo41 se han señalado como
otros motivos de preocupación, la discriminación que puede darse entre los
menores como resultado de la disparidad de regulaciones autonómicas en materia
de protección; la dificultad para denunciar, investigar y determinar las responsabilidades
por los abusos que pueden cometerse; las carencias en el sistema de rendición
de cuentas por la gestión de los centros que se delega en organizaciones privadas;
la propia situación y gestión de algunos centros; y las dificultades con las
que se encuentran las instituciones independientes de defensa de los derechos
humanos para su supervisión.

40 Los informes son respectivamente: “Centros de protección de menores con
trastornos de conducta y en situación de dificultad social”, Defensor del Pueblo,
febrero de 2009; “La protección de la infancia en situación de alto riesgo
social en Cataluña”, Sindic de Greuges, junio de 2009; “Menores con trastornos
de conducta en Andalucía”, Defensor del Menor de Andalucía, noviembre de 2007.

41 Informe del Defensor del Pueblo, por ejemplo página 61 y siguientes, Conclusiones
y Recomendaciones.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 23

Algunos de estos motivos de alarma fueron señalados en las Observaciones Finales
del Comité de Derechos del Niño a los informes presentados por España en 199442
y 200243. En particular, en este último documento se insiste en la preocupación
sobre la falta de una política global que coordine la actividad de las Administraciones
nacional, autonómica y local y que se base en los principios y disposiciones
de la Convención; el desequilibrio en la asignación de recursos dedicados a
garantizar el acceso en igualdad a los servicios prestados a la infancia en
todo el territorio nacional; y las carencias de un sistema de recogida de datos
e indicadores sobre las condiciones de vida de la infancia, políticas públicas
y bienestar, que se encuentra fragmentado entre las diferentes Comunidades
Autónomas. En este sentido, las denuncias del informe del Defensor del Pueblo,
así como algunas de las evidencias encontradas por Amnistía Internacional durante
la investigación, dan a entender que no se ha avanzado satisfactoriamente en
la implementación de las disposiciones recomendadas expresamente por el Comité,
a pesar de algunas de las medidas tomadas por las autoridades. 2.1. LA INVISIBILIDAD
DE LOS MENORES BAJO EL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN ESPAÑA Amnistía Internacional
ha podido confirmar la ausencia de información estadística y de datos fehacientes
consolidados y actualizados sobre el número de menores tutelados en España.
A pesar de que la organización solicitó dicha información reiteradamente a
las autoridades estatales y autonómicas correspondientes, no se ha logrado
establecer el número de menores que hay en la actualidad en España dentro del
sistema de protección en general, ni en concreto el número de menores internos
en centros de protección terapéuticos. En respuesta a la solicitud de información
por parte de la organización, las dos instituciones con responsabilidad directa,
la Fiscalía General del Estado44 y el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales45,
han admitido desconocer estos datos o proporcionado otros obsoletos que, además,
no incluyen la totalidad del territorio. La inexistencia de una cifra actualizada
pone de relieve la invisibilidad de estos menores y la facilidad para que sus
derechos sean vulnerados. Como indica el académico Jesús Palacios: “Estos niños
no son sólo socialmente invisibles sino que estadísticamente son difícilmente
cuantificables. El interés del menor debe referirse a otro tipo de menores
no a los institucionalizados46.

42 CRC/C/15/Add.28, 24 de octubre de 1994.

43 CRC/C/15/Add.185, 13 de junio de 2002. 44 Escrito con fecha 23 de julio
de 2009 en respuesta a la carta de Amnistía Internacional de 28 mayo 2009:“Lamento
comunicarle que la Fiscalía General del Estado carece de los mismos”.

45 Escrito remitido en agosto en respuesta a la carta de Amnistía Internacional
de 28 de mayo de 2009.

46 Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad
de Sevilla y Profesor de Cambridge. Experto europeo en protección de menores.
Artículo de El País de 14 julio de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

24 24 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

La cifra más actualizada que ha sido facilitada por la Administración pertenece
al año 2006. Fue elaborada por la Dirección General de Infancia y Familia del
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, y cifra en 29.544 el número
total de menores que se encontraban tutelados por alguna Administración pública
española a 31 de diciembre de 2006. También aportaron que existían 11.257 menores
acogidos en centros de protección, pero sin contabilizar los de Andalucía,
Mallorca y Melilla. Si Andalucía informó tener 284 centros de protección, la
cifra final podría haberse aproximado a unos 12.000 menores acogidos en centros
en el 2006. Esta cantidad ha ido aumentando en los últimos tres años. Amnistía
Internacional se dirigió a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña
y Madrid para obtener datos más actualizados con escritos remitidos en mayo
de 2009 a sus Consejerías de Bienestar, a las Fiscalías de Menores y a las
Direcciones Generales de Familia e Infancia respectivas. Las respuestas fueron
dispares. • En Andalucía47 se indicó que el número total de centros de protección
era de 284, con 2.783 plazas. De estos centros, 27 eran centros de protección
terapéuticos, con un total de 228 plazas. Sin embargo, Amnistía Internacional
pudo comprobar que en el listado ofrecido no se incluían todos los centros
bajo esta categoría, y que era diferente al proporcionado al Defensor del Pueblo
para su informe de febrero 200948. Según este informe, los centros de protección
donde se llevan a cabo programas terapéuticos para menores con trastornos de
conducta eran 21, y el número total de plazas para estos menores, de 21849.
• En Cataluña50, a falta de respuesta por parte de la Consejería y de la Dirección
General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), hay que destacar
las dificultades en la obtención de estos datos que ya refleja la Memoria de
la Fiscalía de Cataluña de 2008. Es preocupante que la propia Fiscalía no pueda
concluir con claridad a cuántos menores protege. Si se suman los datos que
la Administración ha proporcionado a la Fiscalía podríamos decir que se han
adoptado medidas de protección para 7.450 menores, de los cuales, 2.448 (cálculos
de Amnistía Internacional basados en los datos de la Memoria) estaban en centros
de protección en el año 2008. Según la Fiscalía de Cataluña51 habría aproximadamente
119 centros en total, de los cuales, 14 estaban catalogados en su Memoria Annual
como centros de protección terapéuticos en el 2008.

47 Datos facilitados a Amnistía Internacional por la Directora General de Infancia
y Familia, Carmen Belinchón, en reunión mantenida con la organización el 10
de junio de 2009 en Sevilla.

48 Al menos un centro no estaba recogido en el listado facilitado a Amnistía
Internacional; centro del que la organización había recibido denuncias.

49 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 110 y 111.

50 Datos facilitados por el Fiscal de Menores de Barcelona durante la reunión
mantenida el 6 de julio de 2009 en Barcelona.

51 Listado de centros de la Memoria Anual de la Fiscalía de Menores de Cataluña,
páginas 42 a 44 de la Sección 5 sobre menores, punto 11 apartado g. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 25

“El conocimiento de cuántos centros hay en la provincia de Barcelona no ha
resultado fácil… incluso en la fecha en que se elabora esta Memoria. Se desconoce
qué número exacto de menores están bajo medidas de protección y cuántos en
investigación. Cualquier pretensión de recoger información estadística procedente
de los propios medios de la Fiscalía es una ilusión. Los únicos datos que pueden
aportarse son los propios datos procedentes de la Administración”52. En el
informe del Defensor del Pueblo se señala que no se tuvo acceso a los datos
necesarios que se solicitaron a la Dirección General de Atención a la Infancia
y Adolescencia para determinar el número de centros de protección terapéuticos
las plazas disponibles en ellos para el tratamiento de menores con trastornos
de conducta53. • De la Comunidad de Madrid no se ha obtenido una respuesta
concreta del número de menores bajo protección. Según la prensa hay 4.562 menores
tutelados, de los que 2.703 viven en familias de acogida y 1.859, en centros.
No existe un número exacto de centros de protección54. Según los datos del
informe del Defensor del Pueblo, en Madrid hay un total de seis centros de
protección terapéuticos con un total de 116 plazas para menores en protección
con trastornos de conducta55. Esta situación de invisibilidad se ve agravada
por la evidente disparidad, falta de uniformidad y fragmentación, tanto de
los métodos como de los indicadores y formas de sistematizar la información
cuantitativa y cualitativa sobre los menores en los centros de protección en
España. Esto ha sido objeto de atención para el Comité de Derechos del Niño
que, ante el informe presentado por España hace siete años, recomendaba enmendar
esta situación. En concreto, recomendó que: “Perfeccione su mecanismo de recopilación
de datos y de análisis de datos desglosados sistemáticamente, así como la utilización
eficaz de datos e indicadores para formular y evaluar políticas y programas
destinados a la aplicación y la supervisión de la Convención”56.

Uno de los efectos más preocupantes de esta falta de datos es su impacto en
la supervisión efectiva de los derechos de los menores. Si estos niños y niñas
no son visibles para el sistema de protección y si estos centros son inaccesibles
al seguimiento independiente de las organizaciones de la sociedad civil e incluso
del propio Estado, la desprotección de los menores es aún mayor, y hace de
ellos un colectivo proclive a sufrir violaciones que también permanecerán en
la invisibilidad.

52 Memoria de la Fiscalía de Cataluña 2008. Sección 5 sobre menores. 53 Informe
del Defensor del Pueblo, páginas 154 y 155. 54 Artículo de El País de 24 agosto
de 2008, fuente de la información no citada.

55 Informe del Defensor del Pueblo, página 176. 56 Observaciones 19 y 20 sobre
la recopilación de datos del Comité de los Derechos del Niño a España en 2002,
CRC/C/15/Add.18.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

26 26 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

2.2. LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
MENORES

Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la falta de unanimidad
e incluso criterio en la regulación del ingreso de los menores en estos centros.
Más allá de las distintas nomenclaturas utilizadas para denominar a los centros
terapéuticos, las diferencias en la regulación del ingreso se hacen aún más
patentes y confusas. Y lo que es más grave, la práctica de la Administración,
en ocasiones, no tiene en cuenta las propias previsiones legales, tal y como
se denuncia en el informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009 y en el
del Defensor del Menor de Andalucía de 2007 sobre menores con trastornos de
conducta. Esto sucede, en particular, en lo que respecta a la intervención
de la autoridad judicial para determinar el ingreso de los menores en un centro
terapéutico del sistema de protección. En Andalucía, conforme a la Ley 1/98
y a la Orden de 13 de julio de 2005, con la que se aprueba el proyecto educativo
marco para los centros de protección de menores en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el ingreso en los centros terapéuticos debería ser determinado
por el juez de menores en atención a las necesidades específicas del menor,
que son las que determinan el tipo de centro al que debe acudir57. En el informe
del Defensor del Menor de Andalucía58 se constata que la información recibida
por parte de la administración de los centros no coincidía con la facilitada
por la Dirección General de Infancia y Familia. En el informe mencionado, algunos
menores ingresaban en los centros sin que mediase autorización judicial alguna.
En Cataluña, la intervención judicial para el tratamiento de adolescentes con
trastornos de conducta es obligatoria en los casos en que carezcan de representante
legal o que éste se oponga de manera infundada al tratamiento prescrito en
fase preventiva. En esta ley, no se tipifica remisión alguna a un tipo específico
de centro. En Madrid, la ley es especialmente confusa al hablar sólo de centros
terapéuticos para los menores bajo tutela administrativa59, mientras que, al
referirse al internamiento de menores en situación de conflicto social, sólo
se refiere a centros semiabiertos o cerrados60. Además, al hablar de la ejecución
de medidas que impliquen internamiento61 (que en todo caso debe determinar
un juez de menores) traza una distinción entre la gestión de los centros semiabiertos
o cerrados, que son de competencia autonómica; mientras que declara competente
a la Administración local de la gestión de los centros de régimen abierto,
terapéuticos y de fines de semana.

57 Artículos 43.2 y 48 de la Ley 1/98 de la Junta de Andalucía. 58 Informe
de Menores con Trastornos de Conducta en Andalucía, página 113. 59 Artículo
56.1. b de la Ley 6/95 de la Comunidad Autónoma de Madrid. 60 Artículo 77 de
la Ley 6/95.

61 Artículo 72 de la Ley 6/95.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 27

El informe del Defensor del Pueblo afirma que las Comunidades Autónomas no
contemplan la necesidad de autorización judicial para el ingreso de menores
dentro del sistema de protección en un centro terapéutico, incluso en los casos
en que la ley autonómica lo prevé62. Según datos del informe del Defensor63,
en un 32 por ciento hay autorización judicial, en un 53 por ciento no existe
y en un 16 por ciento, sólo en ocasiones, con independencia de si se señala
en la Ley su obligatoriedad. En opinión de Amnistia Internacional esto supone
una vulneración de la legislación española sobre el internamiento no voluntario,
ya que tanto el Código Civil como la Ley de Enjuiciamiento Civil exigen que
el internamiento sea previamente autorizado por un juez salvo en los casos
urgentes. En éstos, deberá comunicarse dicho internamiento al juez lo antes
posible, y en todo caso, en un plazo de 24 horas, a los efectos de que se proceda
a la preceptiva ratificación judicial de dicha medida, que deberá efectuarse
en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llega a conocimiento
del tribunal64. La diferente regulación de los centros de protección, sus sistemas
de ingreso y la práctica de las diferentes Administraciones autonómicas para
su derivación es, además, un motivo de especial preocupación para Amnistía
Internacional por el efecto discriminatorio que tiene en cuanto a las garantías
y protección de los derechos de los menores que se encuentran internos en los
centros de protección terapéuticos. Esta situación viola el principio de ‘No
Discriminación’, que es básico en la protección que el derecho internacional
otorga a los menores.

2.3. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y LA PRIVATIZACIÓN DE LOS CENTROS En España
existen tres modelos de gestión para los centros terapéuticos del sistema de
protección de menores: (a) Con titularidad y gestión de la Administración pública;
(b) Con titularidad de la Administración pública que cede el edificio para
su gestión a una entidad privada; (c) Con titularidad y gestión de una entidad
privada. En España, ha habido una apuesta clara por la privatización. De los
58 centros terapéuticos existentes en el 2008, sólo tres son gestionados por
la Administración pública65. El resto son dirigidos por 41 entidades con diferente
personalidad jurídica (fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, empresas
mercantiles) que operan sobre la base de un convenio con la Administración
pública.

62 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 301 y 302.

63 Informe del Defensor del Pueblo, página 302.

64 Artículos 271.1 del Código Civil y artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. 65 Dos se encuentran en Barcelona (Can Rubio y Els Castanyers) y otro,
en Valladolid (Zambrana). Amnistía Internacional, diciembre de 2009

28 28 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Entre las fundaciones, las que destacan por poseer el mayor número de centros
en España y de recibir el mayor presupuesto por parte del Estado son las entidades
privadas Dianova y O’Belén. Entre ambas gestionan unos 17 millones de euros
(unos cinco, Dianova, con siete centros, y cerca de 12, O’Belén, con cinco
centros). Más del 90 por ciento procede del pago en concepto de servicios sociales
que les aportan las Administraciones, pero, además, cuentan con patrocinadores
privados66. El 18 de septiembre de 2009, la Junta de Castilla la Mancha decidió
cerrar uno de los cinco centros gestionado por O’Belén, diciendo que asumirían
la protección de esos menores en las propias instalaciones de la Junta. Ese
mismo día, el presidente de la fundación dimitió por razones personales67.
Posteriormente, el 16 de octubre de 2009 se cerró otro centro gestionado por
la misma fundación en la misma Comunidad Autónoma, el Centro de Casa Joven
de Guadalajara, donde estuvo ingresada la menor que se suicidó el 12 de abril
de 2009, Silvia.68

La jueza, Carmen Orland, titular del Juzgado de Menores de Huelva, afirmó en
una entrevista concedida a un medio de comunicación que: “Estamos apostando
por unos centros concertados con una gestión privada. Se están haciendo multinacionales
de tratamientos de menores porque, aunque tienen que ser entidades sin ánimo
de lucro, de hecho son negocios. Todo esto es un tinglado. La Comunidad está
contratando a entidades privadas que, a su vez, no son entidades locales y
tienen centros en otras provincias. [El modelo] no responde a criterios de
una red local que conoce el entorno de los chicos”69.

Los recursos que invierten las Administraciones públicas en estos centros gestionados
por entidades privadas se establecen a partir de una tarifa por menor y día
acordada entre la Administración y la entidad, teniendo en cuenta el convenio
que regula la gestión de estos centros. Según los datos del informe del Defensor
del Pueblo: “La cantidad media que la entidad pública abona a la entidad gestora
por cada menor al mes, es de 3.810,30 euros, lo que pone de manifiesto una
realidad contundente: la Administración está invirtiendo un elevado presupuesto
en la atención residencial a menores en situación de dificultad social, lo
que, sin embargo, no está en consonancia con la insatisfacción que manifiestan
muchos menores acogidos en este tipo de recursos”70.

Para las organizaciones que gestionan los centros, ésta puede ser una actividad
lucrativa. Tal y como apunta Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador
con treinta años de experiencia con menores marginados: “El cuidado de estos
niños aporta, de media, 3.800

66 Datos extraídos del artículo publicado en la revista Interviú en julio de
2009 “Chicos malos, grandes negocios” por Jaime Barrientos. El autor fue entrevistado
por Amnistía Internacional el 8 de julio de 2009 y subsiguientes comunicaciones.
67 Noticia difundida por El País el 19 de septiembre de 2009. 68 http://www.guadalajaradosmil.es/noticia.asp?ref=
38832
69 Entrevista publicada en el Diario de Sevilla, 22 de julio de 2009.

70 Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009, página 261.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 29

euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000.
Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a través de
sus obras sociales, que funcionan como patrocinadoras, y a las donaciones de
suelo público de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante
patrimonio”71. En el propio informe del Defensor del Pueblo se recomienda que
estas tarifas: “(…) deberían cubrir como mínimo el coste real que el centro
debe invertir en el cuidado óptimo y el mantenimiento de cada menor. Asimismo,
sería imprescindible una total transparencia en lo que se refiere a la distribución
y destino final de los gastos por parte de las entidades adjudicatarias, con
el fin de garantizar la eficiencia en la gestión administrativa”72. La actuación
de empresas y otras entidades no estatales ha despertado interés por su implicación
directa o indirecta en violaciones de derechos humanos73. En este sentido,
Amnistía Internacional recuerda que la privatización o contratación de proveedores
privados respecto de servicios esenciales es un medio, no un fin. La organización
enfatiza el deber de los Estados de proteger los derechos humanos. Ello implica
que el principio rector debe ser siempre la mejora de las condiciones vigentes,
por tanto, debe ser evaluado el impacto en materia de derechos humanos antes
de emprender cambios sustanciales de política. Esta evaluación se deberá llevar
a cabo de manera imparcial y transparente, consultando en todo momento a las
comunidades, empresas y otras partes interesadas. En España, la gestión a cargo
de entidades privadas de los centros en el marco del sistema de protección
de menores, no ha sido objeto de ninguna evaluación. Pero la privatización
o contratación de proveedores privados no permite al Estado inhibirse de su
obligación de respetar, proteger, realizar y promover los derechos humanos.
Las obligaciones de los Estados quedan perfectamente ilustradas en el informe
del 15 de mayo de 2009 del Representante del Secretario General de la ONU para
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas. “El deber de protección de los Estados se funda en la normativa internacional
de derechos humanos, que dispone que los Estados tienen la obligación de adoptar
las medidas necesarias para impedir que las empresas vulneren los derechos
de los individuos en su territorio y/o bajo jurisdicción, y de investigar,
sancionar y resarcir las violaciones que se cometan, es decir, facilitar el
acceso a la reparación”74.

71 Artículo publicado en la revista Interviú en julio de 2009 “Chicos malos,
grandes negocios”, por Jaime Barrientos. El autor fue entrevistado por Amnistía
Internacional el 8 de julio de 2009.

72 Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009, página 261.

73 “Los derechos humanos y la privatización”. Índice AI: POL 34/003/2005, marzo
de 2005.

74 Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la cuestión
de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Informe
“Obligación de los Estados de facilitar el acceso a medios de reparación de
las violaciones de los derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las
empresas: visión de conjunto de las disposiciones, las observaciones y las
decisiones internacionales y regionales”, página 2. Así lo ha señalado también
el Comité de los Derechos del Niño: “(…) los Estados Partes en la Convención
tienen la obligación jurídica de respetar y promover los derechos del niño
con arreglo a lo dispuesto en la Convención, lo que incluye la obligación de
velar por que los proveedores privados de servicios actúen de conformidad con
sus disposiciones, creándose así obligaciones indirectas para esas entidades”
Observación General nº 5 (2003) del Comité de los Derechos del Niño, párrafo
43. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

30 30 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Los Estados son responsables de los abusos cometidos por particulares y otras
entidades no estatales cuando tienen jurisdicción sobre tales personas y empresas
y no supervisan que sus actuaciones se ajusten a las normas de derechos humanos75.

Pero tampoco las entidades privadas están exentas del cumplimiento de las obligaciones
en materia de derechos humanos. Las empresas deben respetarlos76. La obligación
que recae sobre las empresas de respetar todos los derechos humanos va acompañada
del deber de ejercer la debida diligencia, o lo que es lo mismo, del deber
de conocer, prevenir y responder a los efectos negativos sobre los derechos
humanos77. Por ello, el Estado debe exigir a las empresas proveedoras de servicios
la presentación de informes transparentes y garantizar el derecho de la comunidad
a participar y saber. Para ello, debe facilitar el acceso a los documentos
y contratos pertinentes. El Estado Español tiene la obligación de garantizar
que la privatización de los centros de protección no compromete ni menoscaba
los derechos de los menores, incluyendo sus derechos a acceder a servicios
de salud. También le asiste la obligación de verificar si los recursos públicos
destinados a la protección de los menores sirven a los objetivos para los que
son concedidos. En este sentido: “(…) los Estados deben adoptar las medidas
apropiadas para cerciorarse de que, al desarrollar sus actividades, el sector
de la empresa privada y la sociedad civil conozcan y tengan en cuenta la importancia
del derecho a la salud”78.

Amnistía Internacional insta al Gobierno español a poner en marcha las iniciativas
y medidas necesarias para cerciorarse de que sus políticas de privatización
de los centros de protección terapéuticos se ajustan en la práctica a sus obligaciones
internacionales en derechos humanos. Como preguntaba públicamente una menor
ingresada en un centro terapéutico: “¿Cómo es posible que le quiten la tutela
a mis padres para dársela a una empresa?”79. Amnistía Internacional ha establecido
una serie de principios esenciales de la Convención sobre los Derechos del
Niño aplicables al acceso a la salud para los menores en estos centros

75 Directrices de Maastricht sobre las violaciones de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, doc. ONU: E/C.12/2000/13, párrafo 18. El concepto de
«diligencia debida» se articula en la decisión de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de
1988, serie C, Núm. 4, así como en instrumentos internacionales posteriores,
como la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. 76 Representante especial del Secretario General de la ONU sobre la
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
comerciales. Informe “Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades
empresariales y los derechos humanos”. Abril de 2008, párrafos 54 y 56. 77
Ibid, párrafo 56.

78 Observación General nº 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, párrafo 55.

79 Web no a O Belén, http://fundacionobelenno.blogspot.es/ Publicado el 10
de agosto de 2009. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 31

al objeto de defender los derechos humanos en el contexto de la privatización,
incluida la asistencia médica80. 2.4. LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS Y CONDICIONES
DE VIDA DE LOS MENORES Según el informe del Defensor del Pueblo y los relatos
de menores y educadores entrevistados por Amnistía Internacional, los centros
terapéuticos han sido diseñados para el control, la vigilancia y la contención
de los menores. Están provistos de medidas de seguridad como rejas y verjas,
ventanas pequeñas, cerrojos y candados. A pesar de que algunos están situados
en antiguos chalets o casas señoriales, las condiciones son mejorables, sobre
todo, en términos de habitabilidad. De su rehabilitación suelen encargarse
muchas veces los propios menores internados, aunque el centro reciba subvenciones
para adecuar sus instalaciones a la normativa vigente. Las condiciones de los
centros están muy alejadas de lo que recomienda la legislación internacional
y de lo que conocemos como un “ambiente familiar”. Un educador los describió
como “almacenes de niños” por su propia infraestructura y la insuficiencia
de recursos81. CAPACIDAD Y OCUPACIÓN Las Reglas de la ONU para la Protección
de Menores Privados de Libertad establecen las condiciones del medio físico
y alojamiento de los menores82. Éstas deben ser adecuadas higiénicamente y
respetuosas con la dignidad humana si quieren servir para rehabilitar a los
niños y niñas, y facilitar el respeto a su intimidad. Para contrastar el cumplimiento
de estos estándares internacionales remitimos a la información citada en el
informe del Defensor del Pueblo, puesto que la organización sólo fue autorizada
a visitar un centro de protección.

NUMERO DE CENTROS Y PLAZAS EN CENTROS DE PROTECCION TERAPÉUTICOS DE LAS TRES
COMUNIDADES OBJETO DE ESTE INFORME COMUNIDAD AUTÓNOMA CENTROS PLAZAS ANDALUCÍA
21 261 CATALUÑA 5 122 MADRID 6 123

Fuente: Elaboración propia con datos incluidos en el informe del Defensor del
Pueblo de febrero de 2009.

80 Véase el informe: “Human Rights and Privatization”. Londres: POL 34/003/2005.
81 Reunión entre Viçent Galea i Montero y Amnistía Internacional el 11 de julio
de 2009.

82 Reglas 31-37.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

32 32 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

De los testimonios de los niños y niñas entrevistados por Amnistía Internacional,
se deduce que es frecuente que los centros estén saturados y que, en ocasiones,
los nuevos menores sean acomodados en salas destinadas a otros fines, incluidas
celdas de castigo. Por ejemplo, una menor que actualmente tiene 15 años, relató
a Amnistía Internacional su ingreso en el centro Santa María del Prado de Córdoba
cuando contaba con 12 años de edad y estaba embarazada de dos meses: “El centro
estaba lleno de niñas, así que cuando llegué no había cama y me pusieron en
una celda pequeña con una cama con las patas de adelante rotas. Me escurría.
Había una ventana sin cristales y con rejas por donde se colaba el frío de
la sierra y una puerta que hacía saltar la alarma cada vez que quería salir.
Me medicaban, dormía mucho tiempo y babeaba. No tenía a quién quejarme, mi
madre venía a visitarme cada día pero no me dejaban verla. Luego ella me lo
dijo. Me castigaron sin comer tres días y me escapé a mi casa”83. Este centro
tiene capacidad oficial para 15 menores. El 16 de julio de 2009, Amnistía Internacional
realizó una visita (previamente anunciada al centro), donde pudo contrastar
que, ese día, había sólo cuatro menores. Parecido es el relato de un menor
que a su llegada al centro terapéutico de Benalup, en Cádiz, fue “colocado”
en la celda de aislamiento durante 15 días por falta de camas en los 84 . dormitorios.
Según su testimonio: “Para aguantar, me medicaban fuertemente” .

Amnistía Internacional recibió, ya en el 2007, denuncias concretas sobre el
centro La Merced, de Tarragona. Según la denuncia de varios educadores la saturación
del centro contribuyó a que “los bebés tuvieran desde sarna a piojos,[y que
tras] un mes de vómitos continuados se hubieran contagiado tuberculosis e infecciones
oculares por falta de higiene, atención y hacinamiento”. Lo que según los educadores
“no es difícil, puesto que comparten hasta los chupetes”85. Amnistía Internacional
quiere destacar con preocupación que los educadores que denunciaron los hechos
sufrieron represalias por parte del centro, como suspensión de sueldo y cambio
de turnos aleatorios. También fueron acusados de “desvelar información confidencial”.
Dos años después, la propia Administración se hizo eco de sus denuncias. A
día de hoy, algunos educadores del centro han continuado denunciando (también
a Amnistía Internacional) la saturación ya que, a pesar de contar con 66 plazas,
tuvieron ingresados a 93 niños y niñas durante junio de 2009. Este hecho fue
reconocido por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia
de la Generalitat86. LA IDONEIDAD DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN
DE MENORES Del mismo modo que lo hacían en cuanto a las condiciones físicas
de los centros, las Reglas

83 Entrevista realizada el 29 de julio de 2009.

84 Entrevista realizada el 21 de julio de 2009 con la madre de la menor en
Córdoba y con la menor posteriormente.

85 Entrevistas e información facilitadas el 2 de junio de 2009. Sobreocupación
del centro reconfirmada tras el informe del Sindic de julio de 2009. 86 El
Mundo, 25 de junio de 2009. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 33

de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad87 detallan de
manera muy minuciosa las características, formación, selección y pautas para
el desempeño de las funciones del personal de los centros. El personal debe
ser competente, suficiente y especializado (educadores, instructores profesionales,
asesores, asistentes sociales, psiquiatras y psicólogos). Su proceso de selección
debe ser riguroso y la retribución adecuada. Además, debe recibir formación
para el correcto desempeño de sus funciones, que se orientará hacia el respeto
y protección de la dignidad y los derechos humanos de los menores con los que
trabajen. Amnistía Internacional reconoce la labor que realizan muchos de los
profesionales que trabajan en estos centros y, a pesar de las dificultades
en las que ejercen, reconoce su compromiso y dedicación. La organización ha
analizado, a través de testimonios e incluso denuncias, algunas de las dificultades
a las que tienen que hacer frente en el desempeño de su trabajo y que tienen
consecuencias negativas en el acceso a la salud de los menores bajo su responsabilidad.
En los testimonios recopilados por la organización surgen dudas, quejas y denuncias
sobre la cualificación, experiencia, trayectoria profesional y formación relevante
de parte del personal de los centros que asegure un desempeño correcto de su
labor profesional. Además, en algunos casos relatados a Amnistía Internacional,
el hecho de sufrir actos de violencia o de presenciarlos ha sido determinante
para que algunos de los profesionales abandonen el trabajo en un centro en
particular e incluso cambien de profesión.

Acción de calle de educadores contra los abusos en los centros. La pancarta
lee: “Torturado y encerrado no se educa” © Asamblea contra los Centros de Menores
Cerrados Varios educadores han relatado a la organización cómo algunos de sus
compañeros no habían acabado la carrera o carecían de la formación necesaria
para llevar a cabo su actividad en estos centros. Así lo dijo también Alberto
Fernández, presidente del Consejo General del Colegio de Educadores Sociales,
quien aseguró en una entrevista concedida a un medio de comunicación que en
los centros: “trabajan personas sin titulación universitaria o con una titulación
inadecuada. En muchas ocasiones, solicitan perfiles más propios de personal
de 88 seguridad que de trabajadores del sector educativo” .

87 Reglas 81-87.

88 Entrevista publicada en Interviú el 29 de junio de 2009. Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

34 34 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Hay que destacar el caso de una periodista que se infiltró en el centro Font
Fregona en Cataluña sin que nadie se ocupara de comprobar su currículum vitae.
En su testimonio refleja que casi ninguno de los supuestos educadores había
estudiado nada relacionado con la infancia y conoció incluso a pacientes que
siendo adultos habían estado en el centro recuperándose de toxicomanías y que,
posteriormente, se habían quedado como 89 “cuidadores” . EL SÍNDROME DE BURNOUT
Y LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL Se ha definido el síndrome de burnout en el
contexto de trabajadores con menores como “sensación de fracaso y de agotamiento
o postración, debido a una demanda excesiva de 90 energías, fuerzas y recursos”
. Varios son los profesionales entrevistados por Amnistía Internacional que
han hablado de su incapacidad para continuar con el trabajo en los centros.
Entre las numerosas causas del burnout de estos profesionales, se encuentran
las malas condiciones laborales, las largas horas de trabajo, los cambios de
turnos y los salarios 91 bajos .Existe una alta rotación de personal en los
centros, y ello influye en la salud de los menores en tanto en cuanto sus referentes
y vínculos emocionales son continuamente cambiados. Según la organización Exil,
este síndrome, conocido como el “síndrome del 92 peloteo o maltrato institucional”,
no ayuda al desarrollo saludable del menor . Los testimonios compartidos con
Amnistía Internacional por dos educadoras de un mismo centro de Cataluña son
muy relevantes. Una de ellas decidió cambiar de profesión, la otra, 93 optó
por no volver a trabajar en un centro de protección . Ambas reconocían la sensación
de distanciamiento del trabajo, la baja satisfacción laboral y el agotamiento
emocional, mientras denunciaban los abusos y la despersonalización de la asistencia
a los menores. FALTA DE PERSONAL MÉDICO ESPECIALIZADO La disponibilidad de
personal médico capacitado en un centro es un elemento importante para hacer
realidad el derecho de acceso a la salud. La falta de una especialidad en psiquiatría
infantil en España hace que los menores en centros terapéuticos se vean a 94
menudo en manos de personal no familiarizado con sus trastornos específicos
.

89 Entrevista con la reportera del equipo de investigación de Cuarzo Producciones,
realizada el 23 julio de 2009.

90 Daley MR. Preventing worker burnout in child welfare. Child Welfare,1979.

91 La nómina de un educador oscila entre 600 y 900 euros y la de un psicólogo
en un centro llega a los 1.000 según información facilitada por varios educadores,
adjuntando comprobante de alguna de sus nominas.

92 Entrevista con Maryorie Dantagnan y María Vergara ambas psicólogas de Exil
en Barcelona el 8 y el 24 de julio de 2009 en Barcelona respectivamente. 93
Entrevistas realizadas el 9 y el 22 de junio en Cataluña respectivamente. 94
España y Rumania son los dos únicos países de la Unión Europea donde no existe
la psiquiatría infantil como especialidad. Datos del informe del Defensor del
Pueblo, febrero de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 35

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que, como
parte del deber de cumplir la obligación de prestar una atención adecuada al
derecho de acceso a la salud, los Estados tienen que velar para que los profesionales
de esta rama dispongan de una 95 . formación suficiente . La formación de los
profesionales se refleja en la asistencia que prestan. Si no se dedican los
fondos suficientes a su formación o si ésta no alcanza los niveles adecuados,
los profesionales (y los pacientes) se verán perjudicados. 2.5. DEFICIENCIAS
Y DIFICULTADES DE LOS MECANISMOS DE SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN
Teniendo en cuenta la ausencia de información fiable y actualizada sobre el
número de menores o de centros de protección, Amnistía Internacional considera
urgente y primordial que se ejerza una estricta supervisión sobre ellos, atendiendo
a los dos principios internacionales básicos de la protección: “el derecho
del menor a ser escuchado” y “el interés superior del menor”, ambos reconocidos
en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de forma expresa96. La
organización observa con preocupación, además, que las labores de inspección,
control y seguimiento de la protección de los menores son insuficientes. El
informe del Defensor del Pueblo destaca que ninguna de las Administraciones
hace un seguimiento frecuente de la situación de los menores bajo su supervisión,
y muy pocas mantienen un contacto regular o fluido con ellos. Todo ello a pesar
de que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece
que la Administración asegurará la protección de los derechos de estos menores
“a través de la inspección y la supervisión de todos los centros”. Igualmente,
los artículos 174 del Código Civil y 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
establecen de manera expresa el papel de vigilancia de estas situaciones a
cargo de los fiscales. Los menores entrevistados relataron a Amnistía Internacional
su falta de contacto, información sobre su situación y control por parte de
la Administración. Aránzazu Celdrán, que estuvo desde los 18 meses a los 18
años bajo la tutela de la Junta de Andalucía y, posteriormente, de la Generalitat,
señaló a la organización que, en todos los años pasados en los centros, sólo
había visto tres veces a su responsable técnico; la última cuando ya iba a
cumplir los 18 en el centro terapéutico de Font Fregona. “Nunca me he sentido
escuchada, 97 . consultada ni informada” .

VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE PROTECCIÓN, COMPETENCIAS Y CRITERIOS
En España la competencia para visitar y supervisar la actividad de los centros
recae en la entidad autonómica responsable, en el Defensor del Pueblo y del
Menor en las Comunidades Autónomas que cuentan con esta institución y en las
Fiscalías de Menores. Los estándares internacionales de derechos humanos establecen
que determinados representantes de la sociedad civil también deben tener acceso
a los centros de menores.

95 Observación General nº 14 (2000), párrafo. 36, del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. 96 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor. Artículos 2 y 9. 97 Entrevista personal realizada el 24
de julio de 2009 en Barcelona.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

36 36 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados
de Libertad establecen criterios para realizar las visitas: “Efectuar visitas
periódicas, y hacerlas sin previo aviso, por iniciativa propia, y para gozar
de plenas garantías de independencia en el ejercicio de esta función. Los inspectores
deberán tener acceso sin restricciones a todas las personas empleadas o que
trabajen en los establecimientos o instalaciones donde haya o pueda haber menores
privados de libertad, a todos los menores y a toda la documentación de los
establecimientos. Todos los menores tendrán derecho a hablar confidencialmente
con los 98 inspectores” . A Amnistía Internacional le preocupa que, incluso
en las escasas visitas que se realizan por parte de las autoridades responsables,
no existan criterios o indicadores de evaluación comunes, lo que lleva a contradicciones
en la valoración de los centros y de la protección 99 debida a los menores
. FACULTAD DE SUPERVISIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO El artículo 54 de la Constitución
española, designa al Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes
Generales para la defensa de los derechos fundamentales “a cuyo efecto podrá
supervisar la actividad de la Administración”. Pero a pesar de este mandato
constitucional no siempre se le ha permitido la entrada en los centros. Tal
y como relató a Amnistía Internacional el responsable del informe sobre menores
de la oficina del Defensor del Pueblo100, en diciembre de 2008, tras el suicidio
de un menor confinado en una celda de aislamiento en el centro de Picón del
Jarama, la dirección del centro alegó: “que la presencia del Defensor del Pueblo
podía ’inquietar a los menores’ y que prefería que se mantuvieran tranquilos
ante la proximidad de las fiestas navideñas”, negándole, por ello, la entrada,
con el beneplácito de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
Autónoma de Madrid. EL DEBER DEL MINISTERIO FISCAL DE EJERCER SU VIGILANCIA
SOBRE TODOS LOS CENTROS QUE ACOGEN MENORES El legislador ha ido encomendando
expresamente al Ministerio Fiscal importantes funciones en el sistema de protección
de menores durante los últimos años. El artículo 21.4 de la Ley Orgánica de
Protección Jurídica del Menor dice textualmente: “El Ministerio Fiscal deberá
ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen menores”. Las Fiscalías
de Menores territoriales tienen la función principal de supervisar la actuación
de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma en materia de protección
de menores. La instrucción 1/2009 de 27 de marzo de la Fiscalía General del
Estado “sobre la organización de los servicios de las secciones de protección
de menores” recoge y desarrolla todas las competencias, funciones y responsabilidades
en esta materia.

98 Reglas 72 y 73.

99 Ver, por ejemplo, el informe del Defensor del Pueblo.

100 Reunión celebrada en Madrid el 27 de julio de 2009, entre Amnistía Internacional
el representante del Defensor del Pueblo estatal y responsable del informe
sobre los menores.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 37

Artículo 174 del Código Civil 1. Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de
la tutela, acogimiento o guarda de los menores a que se refiere esta Sección.
2. A tal fin, la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos
de menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas y de los
escritos de formalización relativos a la constitución, variación y cesación
de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dará cuenta de cualquier
novedad de interés en las circunstancias del menor.El Fiscal habrá de comprobar,
al menos semestralmente, la situación del menor, y promoverá ante el Juez las
medidas de protección que estime necesarias. 3. La vigilancia del Ministerio
Fiscal no eximirá a la entidad pública de su responsabilidad para con el menor
y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías
que observe.

En la Memoria de la Fiscalía de Cataluña de 2008 se resalta la importancia
de realizar visitas a los centros, al señalarse que con ellas “se tiene mucho
más conocimiento de lo que realmente ocurre con los menores desamparados, hablando
con los educadores y directores de centros, con los menores internados, con
las familias, médicos..., que con la lectura larga y farragosa de los informes
de seguimiento, por lo que debe ser promovida la máxima 101 cercanía con todos
los intervinientes en los procedimientos de protección” . A raíz del informe
del Defensor del Pueblo de 2009, la Fiscalía General de Estado emitió una instrucción
en la que se establecen visitas obligatorias por parte del Fiscal cada seis
meses a los centros de protección. Pero, como alega el Fiscal de Menores de
Barcelona, existe una dificultad para realizar estas visitas con eficacia cuando
la Administración (la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia
en el caso de Cataluña) no es capaz de facilitar a la Fiscalía ni el número
de centros, ni el número de menores tutelados, ni las 102 localidades en las
que se encuentran con exactitud . A Amnistía Internacional le preocupa el hecho
de que la propia Fiscalía carezca de un registro propio o paralelo para poder
hacer efectiva la protección a unos menores por cuyos derechos debe velar,
y de los que, sin embargo, reconoce desconocer, incluso, su número y ubicación.
El Fiscal de Menores de Barcelona indicó a Amnistía Internacional que ninguno
de los

101 Extracto de la Memoria de la Fiscalía de Barcelona de 2008 facilitada en
la reunión con el Fiscal de Menores de Barcelona el 6 de junio de 2009 en Barcelona.

102 Reunión con el Fiscal de Menores de Barcelona, el 6 de julio de 2009 en
Barcelona, y comunicaciones posteriores. El resto de las fiscalías contactadas
no han aportado datos a este respecto y no se ha celebrado una reunión.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

38 38 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

directores de los centros recordaba haber recibido nunca una visita previa
por parte de fiscales. Esta falta de supervisión por parte de la Fiscalía de
Menores aumenta el riesgo de que los abusos graves sigan ocurriendo con impunidad.
Aunque existe una falta de supervisión efectiva, la Fiscalía emitió una serie
de recomendaciones a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia
que ponen de manifiesto la desprotección de los menores. “No todos los centros
tienen un reglamento de régimen interno. Es infrecuente que los centros comuniquen
la incoación de un expediente disciplinario a los menores y mucho menos que
conste el nombre del educador. Es infrecuente que los centros comuniquen a
los menores sus derechos y deberes por escrito, y no acostumbra a haber un
procedimiento para que los menores puedan presentar quejas y 103 reclamaciones
y mucho menos para que reciban respuesta” . Habida cuenta de la violación del
derecho de los menores a ser oídos, y a acceder a información que garantice
sus derechos, para Amnistía Internacional es prioritario que se ejerza con
independencia e imparcialidad la facultad de supervisión del propio Fiscal
sobre la actividad de la Administración en los centros de menores.

2.5.1. SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL En diciembre de 2008, el
Parlamento Europeo emitió una declaración, solicitando a la Comisión y al Consejo
de Europa que adopte las medidas legislativas necesarias “para ejercer un mejor
control de la situación de derechos humanos de las instituciones cerradas,
mediante la inspección no solo por parte de la Administración sino también
de las ONG”104. En esta misma línea, el Secretario General de la ONU recomienda
que “ombudsman, comisiones independientes y ciudadanos monitoreen e inspeccionen”
los centros105. Amnistía Internacional lamenta que las autoridades españolas,
en lugar de facilitar las visitas independientes a los centros de protección,
nieguen o dificulten el acceso a ellos, tal y como le ocurrió a la organización
cuando lo solicitó, y como les ha sucedido a los abogados de menores internados,
a tenor de los testimonios facilitados por ellos a la organización.

103 Escrito de 27 de abril de 2009 remitido por el Fiscal de Menores de Barcelona,
Juan José Márquez i Bonvehí, al Director General de la Dirección General de
Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), Xavier Soley. En agosto de
2009, el escrito continuaba sin respuesta por parte de la DGAIA.

104 Declaración del Parlamento Europeo el 3 de diciembre de 2008. Declaración
escrita sobre la protección de derechos humanos en instituciones cerradas.
0103/2008. 105 Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia
contra los niños a cargo de Paulo Sérgio Pinheiro. Noviembre de 2006. Capítulo
“Violencia en los sistemas de atención social y los sistemas judiciales”.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 39

El abogado gaditano Joaquín Olmedo relató a Amnistía Internacional cómo la
dirección del centro terapéutico de Cádiz le denegó reiteradamente la posibilidad
de entrevistarse con un menor, a cuyo padre asesoraba sobre la recuperación
de la tutela (y a quien tampoco se le autorizó a visitar a su hijo en el centro).
"Es un limbo jurídico. Los centros de reforma son muy duros, pero las normas
están claras y son homogéneas. En los centros de protección no se hacen públicos
los reglamentos (de visitas entre otros), que claro que debe haberlos. El problema
es el oscurantismo (…). Ni siquiera en fase judicial consigo que me den los
papeles que pido a la Administración. Menores y familiares están absolutamente
desprotegidos"106. En otras ocasiones, Jose Antonio Bosch, abogado que trabaja
en temas de protección de menores, indicó a Amnistía Internacional que incluso
se le recomienda a los familiares a que asistan a los procesos sin abogados
y destaca, por ejemplo, el escrito de 27 febrero de 2009 de la Consejería de
Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía, donde expresamente se impedía
que durante la comparecencia a la que fue citado el tío de una menor fuera
acompañado de un abogado, a pesar de haberlo solicitado, porque “la presencia,
no procede”107.

106 Entrevista con Joaquín Olmedo el 20 de julio de 2009 en Cádiz.

107 Entrevista con Antonio Bosch el 15 de julio de 2009 en Sevilla.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

40 40 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

3. LA TRAYECTORIA DE DESPROTECCIÓN: QUIÉNES SON Y CÓMO LLEGAN LOS MENORES A
LOS CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS 3.1. PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS MENORES
Los menores que son puestos bajo el sistema de protección proceden casi invariablemente
de sectores sociales desfavorecidos, entornos de exclusión social y marginación.
Esta situación contribuye a menudo a reforzar aquellos mecanismos que alejan
a los menores del disfrute de su derecho a la educación y del acceso a la salud
entre otros, reforzando las causas que motivan la violencia, las enfermedades
psicosociales y los trastornos de conducta. Como indica el Relator Especial
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental: “...la mala salud es al mismo tiempo causa y efecto
de la pobreza. Los enfermos tienen más probabilidades de hacerse pobres y los
pobres son más vulnerables a la enfermedad y la discapacidad. La buena salud
es fundamental para crear y mantener las aptitudes que necesitan los pobres
para salir de la pobreza. La buena salud, activo fundamental del pobre, contribuye
a que goce de mayor seguridad económica. La buena salud no es meramente un
resultado del desarrollo sino también una manera de alcanzar el desarrollo”
108..

Los menores suelen tener al menos un progenitor vivo, sin embargo, debido a
la pobreza, los problemas psiquiátricos, las enfermedades de los padres o por
encontrarse estos en prisión, los niños y niñas acaban ingresando en los centros.
El 70 por ciento desembarca en el sistema “por negligencia y desatención”,
como indica José Luis Calvo, de la asociación pro derechos del niño y la niña
(PRODENI)109.

Varios de los menores a cuyos testimonios ha tenido acceso Amnistía Internacional,
provenían de familias de origen romaní como, Juanga, que hoy tiene 19 años,
y llegó al centro terapéutico Casa Joven a los 11 años. “Desde el principio,
los educadores te dejan las

108 Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental E/CN.4/2003/58: párrafos
45 y 46.

109 Artículo “Cada vez más hijos del Estado”, 15 de noviembre de 2008, web
de PRODENI. Jose Luis Calvo, además, fue consultado por Amnistía Internacional
en junio y julio de 2009. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 41

cosas claras: ‘Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es
de noche’. Siempre era igual. Contenciones físicas en las que te tiraban al
suelo y te retorcían los brazos y las piernas hasta hacerte moratones. Los
educadores que decían que no te quejaras porque ellos tenían abogados para
defenderse y tú no. No me dejaban hablar por teléfono en caló con mi madre,
que es gitana. A veces me insultaban diciéndome que mi familia no me quería.
Todo eran abusos. Todo estaba prohibido y no podías quejarte de nada. Todos
teníamos brotes de ansiedad”110. 3.2. TRAYECTORIA INSTITUCIONAL DE LOS MENORES
En general existen dos vías para el ingreso de estos menores en los centros
terapéuticos: • Derivados de otros centros por sus problemas de conducta, pero
estando ya dentro del sistema de protección de menores. En estos casos la derivación
se lleva a cabo a partir de una decisión administrativa, pero esto no significa
habitualmente que se haya efectuado un diagnóstico para su internamiento. Estos
son los menores cuyo perfil socioeconómico se detalla en el apartado anterior.
Son menores que, ante la imposibilidad de regresar al núcleo familiar, cuando
llegan a la adolescencia y se muestran conflictivos son remitidos a estos centros
donde se les aplica un estricto régimen de medicación y también disciplinario,
que, en ocasiones, puede acarreales la pérdida de libertad, sin que tengan
trastorno mental alguno en la mayoría de los casos. • Cuando los padres que
conviven con hijos e hijas diagnosticados con “trastorno de conducta o dificultad
social” no pueden hacerse cargo de sus necesidades de salud, solicitan a la
Administración que les proporcione el recurso adecuado para la atención sanitaria
de sus hijos. Finalmente se les ofrece el ingreso en el sistema de protección
de menores. Esta solución de la Administración, es la única opción ofrecida
a estos padres, debido, en parte, a la falta de recursos adecuados en la sanidad
pública para tratar a estos menores. En ocasiones, para que la Administración
ingrese a los menores en un centro terapéutico requiere a los padres iniciar
un procedimiento de declaración de situación de desamparo o se arriesgan a
perder el recurso (centro) ofrecido por la Administración. Lo que resulta más
preocupante para Amnistía internacional es que no existe un procedimiento específico
regulado para ninguna de las dos vías de ingreso. En ambas hay una práctica
administrativa que no tiene en cuenta las recomendaciones internacionales de
garantizar el interés superior del menor. Por el contrario, supone el inicio
de una situación de internamiento y pérdida de libertad donde, además de ser
especialmente vulnerables a abusos y violaciones de sus derechos, una vez internados,
en la mayoría de los casos, no tienen posibilidad de denunciarlos. Con ello
se les niega, además, su derecho a estar informados, y a ser escuchados en
la toma de decisiones que les afecten. El desconocimiento se extiende a las
escasas posibilidades que tienen de denuncia y acceso a la justicia cuando
son víctimas de abusos o violaciones de sus derechos.

110 Artículo “Casas de horror y torturas” por Jaime Barrientos y Javier Faurié
publicado en la revista Tiempo el 24 de julio de 2009. Amnistía Internacional
entrevistó al periodista en julio de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

42 42 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Es más, varios de los menores entrevistados por Amnistía Internacional desconocen
los motivos de su ingreso y el tiempo que han de pasar en los centros. Entre
los casos recogidos por la organización, figura el de un menor que solicitó
por escrito que le dijesen por qué estaba allí, quién era responsable de esa
decisión y quién o quiénes habían dictaminado su diagnostico y medicación:
Testimonio 1111

Varios menores han expresado a Amnistía Internacional una gran frustración
e incomprensión ante su falta de libertad de movimientos dentro de los propios
centros. Por ejemplo, Aranzazu Celdrán, que actualmente tiene 19 años, y que
hasta los 18 estuvo internada en el centro terapéutico de Font Fregona, relató
a Amnistía Internacional lo siguiente: “Te tratan como a un loco, te enloquecen
con sus normas. No tienes nunca intimidad, no puedes pensar. Todo está prohibido
y sino se lo inventan y lo prohíben para ti. Te vigilan en la ducha, te dan
la cantidad de papel de wáter establecida para cada necesidad y te vigilan
mientras controlan el tiempo pactado que puedes estar en el baño sin puertas,
o el tiempo y toques de agua, tres para lavarte al cabeza, dos para ducharte.
No puedes ni ponerte un támpax sin que te estén vigilando”112. 3.2.1. EL ABUSO
DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE DESAMPARO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
En las normas internacionales que abordan la protección de los derechos del
menor, la familia ocupa un lugar central como núcleo social básico en el que
se encuentran las mejores condiciones para su desarrollo. También se reconoce
internacionalmente a la familia y la intimidad de la vida familiar. El Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, en particular, se ha pronunciado en repetidas
ocasiones sobre el contenido de este derecho, y de esta jurisprudencia se deriva
el limitado alcance y la excepcionalidad de las limitaciones al

111 Testimonio facilitado a Amnistía Internacional en la reunión del 17 junio
de 2009. Menor ingresado en Picón del Jarama. El menor fue asesorado para escribir
el texto de la denuncia por educadores y abogados.

112 Testimonio de Aránzazu Celdrán a Amnistía Internacional en una entrevista
realizada el 24 de julio de 2009 en Barcelona.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 43

contacto entre los menores dentro del sistema de protección y su familia biológica.
Las obligaciones que implica el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos
Humanos exigen la adopción de las medidas necesarias para la reintegración
de los hijos en su familia biológica113, y un especial cuidado en la supervisión
de la situación de estos menores, evitando que, una vez que las autoridades
han declarado la situación de desamparo y asumido la guardia y tutela de los
menores, no se interrumpa el contacto con los padres114. El reconocimiento
del derecho de visitas de los padres a los menores internados en centros de
protección se interpreta, por parte del Tribunal, como componente del derecho
a la intimidad familiar115. Y se reconoce que el interés superior del menor,
en principio, indica el mantenimiento de los lazos y el contacto con su familia
biológica, y que el objetivo final de la tutela administrativa debe ser siempre
la reintegración del menor a la vida familiar. La única limitación al mantenimiento
del contacto entre los menores y sus familias, es que el propio interés superior
del menor lo haga necesario. En base a lo anteriormente dicho, toda política
asistencial en este ámbito debe partir de la preferencia de la familia propia
del menor que debe presidir la actuación de los poderes públicos (art. 11.2
de la LO 1/1996); principio que, por otra parte, es sancionado igualmente en
las leyes autonómicas de protección de menores116. Por ello, Amnistía Internacional
observa con preocupación la situación que genera el fracaso de las políticas
públicas de intervención preventiva con menores en dificultad social o con
trastornos de conducta. En la legislación de las tres Comunidades Autónomas
estudiadas, el

113 Olsson II vs. Suecia, STEDH, 22 de noviembre de 1992. 114 K.A. vs. Finlandia,
STEDH, 14 de enero de 2003. 115 Covezzi y Morselli vs. Italia, STEDH, 9 de
mayo de 2003; Scorazzi y Giunta vs. Italia, STEDH, 13 de julio de 2000. 116
Helena Díez García “El acogimiento familiar simple como una de las formas de
ejercer la guarda de menores” Ed. Madrid: Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, 2004. Vid. así, arts. 3 y 5.1 de la Ley 37/1991,
de 30 de diciembre, de la CA de Cataluña, sobre Medidas de Protección de los
Menores Desamparados y de la Adopción; arts. 3 b) y 14 de la Ley 4/1994, de
10 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de Protección y Atención
de los Menores; arts. 6.2 a), f) y g) y 18, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley 1/1995,
de 27 de enero, de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de Protección
del Menor; arts. 4, 12 y 18 de la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, de la Infancia; art. 4 de la Ley 7/1995, de
21 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Baleares, de Guarda y Protección de
los Menores Desamparados; arts. 3 y 48 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de
la Comunidad Autónoma de Madrid, de Garantías de los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia; arts. 4.2 y 16.1 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de la Atención Integral de los Menores; arts.
3.3 y 4 de la Ley 3/1997, de 9 de junio, de la Comunidad Autónoma de Galicia,
de la Infancia y la Adolescencia; arts. 3.3, 20 y 27 de la Ley 1/1998, de 20
de abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los Derechos y la Atención
al Menor; arts. 4.1.e), 8 y 26 de la Ley 7/1999, de 28 de abril, de la Comunidad
Autónoma de Cantabria; art. 3.3 d) de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de la Infancia y la Adolescencia y arts. 43,
44 b), 45 h) y 76 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, de Promoción, Atención y Protección de la Infancia. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

44 44 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

ingreso de los menores en el sistema de protección y, dentro de él, el internamiento
en un centro terapéutico, es el último recurso. Sin embargo, cuando se aborda
la situación de dificultad social, la realidad evidencia dos factores que hacen
imposible que esta intervención sea efectiva. Por un lado, la falta de capacidad
de los organismos autonómicos responsables de los servicios de protección de
menores a la hora de detectar e intervenir en situaciones de dificultad social
cuando aún es posible resolverlas. Y, por otro lado, la falta de coordinación
entre las Administraciones con competencia en el ámbito de la protección de
menores, y las competentes en materia de salud pública para que los recursos
del sistema de protección les ofrezcan un tratamiento adecuado a sus necesidades,
así como la posibilidad de que sea accesible a todos los menores que presenten
trastornos de conducta aunque no se encuentren en situación de desamparo, riesgo
o exclusión. La preocupación de la organización radica en que, según el informe
del Defensor del Pueblo, y muy en particular el Informe del Defensor del Menor
de Andalucía, tanto la Junta de Andalucía como la Comunidad Autónoma de Madrid
condicionan, en algunos casos, el ingreso del menor en un centro terapéutico
para recibir un tratamiento adecuado a que sus padres acepten la asunción por
parte de la Administración de la tutela automática de los menores, lo que conlleva
la suspensión en su ejercicio de la patria potestad. Se trata de los menores
que, no estando dentro del sistema de protección, deben ingresar en él porque
el sistema público de salud no contempla la existencia de este tipo de tratamientos.
El caso de estos menores pone de manifiesto el incumplimiento por parte de
las autoridades de sus obligaciones en materia de protección del derecho de
acceso a la salud. La respuesta de las autoridades, en los casos que denuncian
los informes mencionados, pasa por el hecho de que los padres soliciten la
declaración de “desprotección” de sus hijos, para que así entren dentro del
sistema117. Hay que señalar que, en algunos de estos casos, sí hay diagnóstico
clínico y, a veces, dictamen judicial para su ingreso en este tipo de centros.
Lo que es más grave aún es que, según un testimonio al que ha tenido acceso
Amnistía Internacional, en algunos casos, las Administraciones competentes
instan a los padres a denunciar a sus propios hijos para que puedan solucionar
las dificultades de la convivencia derivadas de los trastornos de conducta
del menor. Este es el caso de Margarita, madre de Miguel Ruiz González de 17
años, que señaló a Amnistía Internacional que los servicios sociales de la
Comunidad Foral de Navarra le “pidieron” que denunciara la violenta situación
familiar, los malos tratos y amenazas que recibía de su hijo Miguel “exagerando
los hechos”, bajo la promesa de que así se decretaría su internamiento en un
centro, y que este internamiento permitiría educarlo. Margarita presentó la
denuncia con la que se puso en marcha un proceso para el internamiento de su
hijo. El informe técnico de la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra,
en el que se basa la privación de libertad de Miguel durante seis meses, está
firmado por un educador y describe textualmente la conducta del menor: “[Miguel
está] ejerciendo una tiranía pura y dura sobre la madre y hermana. Es un autentico
tirano, vago y parásito. Lleva una vida

117 Informe del Defensor del Menor de Andalucía “Menores con trastornos de
conducta en Andalucía”, página 79.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 45

licenciosa, con desórdenes en el campo de la sexualidad. Entra y sale de casa
a su libre albedrío, exigiendo la comida que le gusta”. Continúa describiendo
la situación en la que se encuentran la madre y la hermana: “Un estado de angustia,
temor, ansiedad y tristeza existencial” y concluye que el previsible rechazo
de Miguel a una medida de internamiento les lleva a estimar un internamiento
en un centro de reforma más que en uno de protección, “dado que el primero
garantiza mejor su efectiva ejecución”118. Ingresaron entonces a Miguel en
el centro de reforma de Ilundain, de la Fundación Ilundain Haritz-Berri, durante
seis meses. El 25 de marzo de 2009, dos meses después, Miguel se suicidaba.
El hecho sucedió cuando se encontraba cumpliendo una sanción en una celda de
aislamiento. “Me dijeron que lo iban a educar y me lo devolvieron en una bolsa
de plástico. Se han burlado de mí, me han engañado”119.

En el informe policial de la muerte del menor, una educadora relata: “Miguel
se ha negado a jugar, poniéndose cada vez más nervioso al pensar que mañana,
día 26, tenía que estar siete días en fase 0; esto es en una sala de contención
aislada del grupo”. La habitación en la que se encontró muerto a Miguel había
sido cerrada con llave por fuera por la educadora. En el mismo folio del informe
policial consta que: “Miguel estaba en tratamiento psiquiátrico y tomaba medicación,
aunque no tenía diagnóstico” 120. Miguel se suicidaba, según la dirección del
centro, colgándose de su cinturón que, negligentemente no le habían retirado
antes de encerrarlo, a pesar de que amenazó a gritos con suicidarse, según
testigos, mientras subían las escaleras para encerrarle. Amnistía Internacional
también ha tenido acceso a los testimonios de dos madres de menores internados
en centros de protección terapéuticos que se negaron a que la Generalitat asumiera
la tutela. Felisa, madre de cuatro hijos, se negó a la asunción por la Generalitat
de la tutela de su hija, entonces de 14 años, ingresada en el centro Font Fregona.
Felisa tuvo que costear parte de la estancia de su hija en el centro (731 euros
de la factura mensual de 2.735 euros; la Generalitat aportaba el resto) para
lo que tuvo que pedir un préstamo121. Felisa piensa que, si la Generalitat
hubiera asumido la tutela, no habría podido llevarse a su hija del centro cuando,
tras ocho meses de abusos, decidió sacarla. Felisa y su hija presentaron una
denuncia por los abusos sufridos en el centro ante los Mossos de Escuadra en
mayo de 2008 y una queja ante el Sindic de Greuges.

118 Informe enviado por Margarita a Amnistía Internacional. El informe lo expide
el equipo técnico de la Fiscalía Superior de la Comunidad Foral de Navarra
el 22 de enero de 2009. Expediente Reforma Nº 314/08 y lo firma un educador.

119 Entrevista con Margarita el 7 de julio de 2009 y varias entrevistas posteriores.

120 Folio nº4 del atestado policial de la Policía Foral de Navarra. Copia facilitada
por Margarita a Amnistía Internacional.

121 Entrevista con Felisa el 22 de julio de 2009. Amnistía Internacional tiene
copia de la factura abonada al centro con los importes desglosados.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

46 46 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Un caso similar es el que relató a Amnistía Internacional Lourdes, madre de
tres hijas, la menor pasó de los 12 a los 14 años internada en diversos centros
terapéuticos de Andalucía. Asesorada por una familiar abogada, se negó a consentir
que la Junta de Andalucía asumiera la tutela de su hija, llegando a un acuerdo
de guarda administrativa para poder hacer un seguimiento del tratamiento y
evolución de su hija. Según Lourdes, al conservar íntegra la patria potestad
“pudo solicitar el cambio de centro para su hija (de un centro denunciado por
abusos donde la castigaban sin comer estando embarazada) y gracias a ello está
hoy sana y lleva una vida normal fuera del centro y sin medicación”122.

El acuerdo de guarda entre Lourdes y la Junta de Andalucía © AI, julio 2009

Un caso diferente es el que relató a Amnistía Internacional Esteban, padre
de dos hijos. El menor de 15 años fue internado en un centro terapéutico de
Cádiz, y no le permitían visitar a su hijo, ya que sólo la madre estaba autorizada
por la Junta de Andalucía. Actualmente, Esteban, gracias a la intervención
de su abogado y tras un largo periplo burocrático que incluyó su oposición
a la declaración de desamparo del menor, tras someterse a un exámen de idoneidad
como padre, varios escritos ante el Fiscal y la Junta de Andalucía, ha recuperado
la guardia y custodia de su hijo que convive con él sano, escolarizado y sin
tomar medicación123. Esta práctica por parte de las autoridades de exigir la
asunción de tutela administrativa es especialmente incomprensible en aquellos
casos en los que no hay una situación de desamparo real, teniendo en cuenta
que podría evitarse como ilustran los casos de Felisa y Lourdes. En el ordenamiento
jurídico español existe la institución de la guarda administrativa para los
casos en que, por circunstancias graves, los padres no pueden hacerse cargo
temporalmente del cuidado de sus hijos. Jurisprudencia emanada por el Tribunal
de

122 Entrevista con Lourdes y a su hija el 17 de julio de 2009 en Córdoba.

123 Entrevista con Esteban y a su hijo el 21 de julio de 2009. Entrevista a
su abogado el 20 de julio de 2009 en Cádiz.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 47

Estrasburgo ha considerado que la intervención del poder público en el ejercicio
de la patria potestad, mediante la privación de la guarda de los hijos, supone
una injerencia en la vida familiar del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos124, por lo que la declaración de la situación de desamparo debería
tener un carácter subsidirario. El derecho del menor a ser mantenido en el
medio familiar de origen, siempre que sea conveniente a su interés, impone
a los poderes públicos la obligación de garantizarlo.125

El artículo 172.2 del Código Civil prevé que cuando los padres o tutores, por
circunstancias graves, no puedan cuidar al menor podrán solicitar de la entidad
pública competente que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario. La
entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que
los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen
manteniendo respecto del hijo. El artículo 172.3 establece que la guarda se
realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. En
este último caso es el director del centro quien ejercerá la guarda.

A diferencia de la tutela administrativa que conlleva ex lege la suspensión
de la patria potestad, la guarda administrativa no provoca tal consecuencia.
Los padres, salvo en lo referente a la guarda, mantienen íntegra su potestad
sobre el menor, por lo que deben ser consultados a la hora de adoptar cualquier
decisión que le afecte. Sin embargo, es importante señalar que, aunque la Administración
asuma la tutela automática prevista en el artículo 172.1 del Código Civil,
cuando se constate que el menor está en situación de desamparo, no conlleva
la pérdida de la patria potestad por parte de los padres (ya que la pérdida
sólo podrá producirse mediante resolución judicial), tal y como la práctica
de algunas Comunidades Autónomas parece dar a entender. En base siempre al
principio de interés superior del menor, como principio rector en cualquier
decisión, deberá proporcionarse a los padres tanto la información como la participación
en la toma de decisiones sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a la
vida del menor, considerando que, en las normas internacionales que abordan
la protección de los derechos del menor, la familia ocupa un lugar central
como núcleo social básico en el que se encuentran las mejores condiciones para
su desarrollo. La asunción de tutela administrativa está íntimamente relacionada
con la realidad del círculo de exclusión en que están inmersos la mayoría de
estos menores. Como indican representantes de asociaciones que trabajan en
la defensa del menor: “Es más fácil actuar

124 Vid. STEDH 10 de mayo de 2001. Asunto T.P y K.M contra Reino Unido. 125
Helena Díez García “El acogimiento familiar simple como una de las formas de
ejercer la guarda de menores” Ed. Madrid: Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, 2004 y también artículo 11.2 b) y c) de la
LO 1/1996. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

48 48 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

con las reclusas que con familias de ingresos altos. Esto lleva a algunos a
afirmar que se les quitan sólo los niños a los pobres”126. A Amnistía Internacional
le preocupa que esta situación de exclusión social esté facilitando el abuso
de poder por parte de la Administración a la hora de retirar la guarda y custodia
a los padres de menores para gestionar así, con más facilidad y sin su intervención,
su ingreso y atención en centros de protección, provocando una situación jurídica
de indefensión de los menores y sus familiares. Los dos casos reflejados en
este apartado (Felisa y Lourdes), representan a familias que han conservado
la patria potestad plena, y que son la excepción. Del resto de los casos denunciados
a Amnistía Internacional, iniciados por desamparo, ningún familiar ha podido
oponerse con éxito a dicha decisión. Además de la asunción de la tutela administrativa
del menor por parte de la Administración, Amnistía Internacional ha podido
constatar que el ingreso de los menores en los centros de protección terapéuticos
acaba, en algunas ocasiones, con el contacto entre el menor y su familia, llegándose
a prohibir las visitas como una medida sancionadora. La organización ha tenido
acceso al testimonio del familiar de un menor internado en un centro terapéutico
que recibía las visitas de sus familiares cada 21 días. A este familiar se
le comunicó telefónicamente la prohibición de una de esas visitas por el comportamiento
“agresivo” del menor durante la semana que, además, había motivado dos contenciones
y el estar atado en una silla127. Amnistía Internacional se opone a la aplicación
de castigos a los menores internados en centros terapéuticos que consistan
en prohibirles las visitas de sus familiares y las contenciones físicas como
medidas de sanción128. La restricción del régimen de visita impide el derecho
del menor a relacionarse con su familia de origen y la viabilidad de un futuro
reingreso familiar, por lo que estas decisiones podrían atentar contra el artículo
8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, además de la interrupción
del contacto de los menores con sus familias, en el momento en el que ingresan
en los centros de protección terapéuticos sin que los familiares conserven
su tutela, no se les informa sobre la situación del menor, especialmente en
lo referente a su salud, tal y como contó a Amnistía Internacional la tía biológica
de un menor, hoy un joven de 18 años que ingresó a los 12 años en el sistema
de protección, pasando por seis centros de acogida, de régimen abierto, terapéuticos
y, finalmente, de reforma de la Comunidad de Madrid129. La tía de este joven,
que ejerció como madre de acogida en algunos periodos de su infancia, relató
a la organización las reiteradas negativas que había recibido de las autoridades
de la Comunidad de Madrid de acceder a información sobre la salud de su sobrino,
su diagnóstico o los motivos de la derivación a los centros terapéuticos

126 Artículo “Cada vez más hijos del Estado”, de 15 de noviembre de 2008, web
de PRODENI. José Luis, representante de PRODENI, fue consultado por Amnistía
Internacional en junio y julio de 2009.

127 Entrevista con el familiar al que se le prohibió la visita, realizada en
Barcelona el 13 de agosto de 2009.

128 Informe Amnistía Internacional: “Un escándalo oculto, una vergüenza secreta:
tortura y malos tratos a menores”. 8 de diciembre de 2000. Índice AI ACT 4003800.

129 Entrevista con el joven de 18 años el 29 de octubre de 2009 en Madrid.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 49

en los que vivió130. En la entrevista mantenida con Amnistía Internacional,
la tía de este joven aportó la documentación de todas las quejas planteadas
ante el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y el Instituto Madrileño
del Menor y la Familia. Igualmente, manifestó a la organización que tras seis
años dentro del sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid,
en los que había pasado por varios centros, algunos de ellos terapéuticos,
su sobrino al llegar a los 18 años estaba en una situación de “inadaptación,
marginación, exclusión, problemas de salud e inhabilidad para hacer frente
a la vida”. En la actualidad, vive en la calle. 3.2.2. LA INDEFENSIÓN DE LOS
MENORES Y SUS FAMILIAS EN EL MOMENTO DE ENTRADA A LOS CENTROS Según denuncia
el informe del Defensor del Pueblo131, en la mitad de los centros de protección
terapéuticos no se produce la supervisión del juez o fiscal, ni resolución
judicial alguna para determinar el ingreso de un menor en estos centros donde
verán limitado su derecho a la libertad. A Amnistía Internacional le preocupa,
no sólo que no intervenga un juez en la privación de libertad, sino que en
todo el proceso previo, al considerarse un proceso administrativo, tampoco
intervengan abogados. Los motivos de esta indefensión están ligados a dos factores:
el primero, la falta de información sobre los derechos que asisten tanto a
los menores como a sus familias, y que les niega la oportunidad de recurrir
cualquier tipo de resolución administrativa sobre protección de menores ante
los tribunales por la vía simplificada prevista en el artículo 780 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Esta vía supone no tener que agotar los recursos en
vía administrativa, pudiendo acudir directamente a la judicial, así como obtener
toda la información necesaria de la Administración sobre el expediente del
menor sobre el que se aplica dicha resolución. Para ello basta con presentar
un escrito ante el tribunal con la resolución administrativa que se impugna
y la pretensión de quien lo presenta. El segundo factor de la indefensión es
que muchas de las decisiones adoptadas por la administración competente en
materia de protección de menores (como su derivación o traslado a los centros
terapéuticos), no responden a un procedimiento reglado que tenga en cuenta
los derechos y el interés superior del menor, ni responden a una solución adecuada
a la situación del menor, ni permiten comunicarles la decisión ni a él ni a
su familia para que puedan oponerse a ella y recurrir antes de que se lleve
a cabo. Por ello, Amnistía Internacional urge a las autoridades competentes
a que tomen las medidas necesarias para que se estandaricen y regulen los procedimientos
de derivación e ingreso en los centros de protección terapéuticos, teniendo
en cuenta los derechos del menor y su familia a participar, ser escuchados
y contar con la opinión de profesionales independientes.

130 Entrevista con la tía del joven de 18 años el 29 de octubre de 2009 en
Madrid.

131 Ver supra: La competencia de las Comunidades Autónomas en materia de protección
de menores. También informe del Defensor del Pueblo, página 300.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

50 50 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

J. Bosch, abogado con gran experiencia en menores mostrando a Amnistía Internacional
lo farragosos y extensos que son los expedientes de menores. En la foto, expediente
de una menor © AI, julio 2009

3.2.3. NO OBLIGATORIEDAD DE UNA EVALUACIÓN PARA LA DERIVACIÓN DE LOS MENORES
A UN CENTRO DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICO Tal y como muestran los testimonios detallados
en este capítulo y en el siguiente, los menores cuyos casos ha conocido Amnistía
Internacional se enfrentan frecuentemente a su ingreso en un centro terapéutico
sin un diagnóstico adecuado y sin que se les garantice el respeto por el consentimiento
informado que se les pueda prescribir, llegando a sufrir abusos de medicación
y contenciones físicas, mecánicas y farmacológicas. Estos abusos violan el
derecho a la salud y a la dignidad e integridad de la persona.

Manual de diagnóstico de trastornos mentales utilizado por los profesionales
en España, que indica que no existe un manual adaptado a los trastornos del
menor © AI, julio 2009 También preocupa a la organización la inexistencia de
elementos de diagnóstico y evaluación de la situación del menor, tales como
un informe psiquiátrico y la falta de seguimiento, que permitan determinar
si el tratamiento está conduciendo o no a la curación. Amnistía Internacional
no ha encontrado información que recoja cuántos menores han salido de los centros
“curados”, qué tratamientos han funcionado o cuáles son las patologías más
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 51

comunes de los menores que ingresan en estos centros. No se conocen o al menos
no se han publicado estos resultados, según indican los psiquiatras y psicólogos
contactados por la organización. Arturo Vellisco, que ha participado como psicólogo
en varias valoraciones psiquiátricas en juicios sobre menores, indica que muchas
veces las valoraciones son arbitrarias, inexactas e inconsistentes en cuanto
a la valoración a largo plazo de las intervenciones con menores en los centros.
”Los menores salen de los centros peor que entraron, más excluidos y desamparados.
Es un sistema maquiavélico”132. Ibone Olza, psiquiatra infanto-juvenil133 ha
diagnosticado varios casos de menores que han sido ingresados en centros de
protección terapéuticos de gestión privada, aun cuando ella, que trabaja en
el sistema público, había recomendado no ingresarlos por no ser necesario.
En su testimonio relata el caso de un centro que tras la discusión entre dos
menores, decidió el traslado de una a otro centro terapéutico ignorando el
diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la psiquiatra de la red de salud
pública. Su tratamiento fue cancelado y no pudo conocerse su evolución. La
psiquiatra también denuncia que hay casos de menores en los que, tras una crisis
puntual, y sin atender a sus necesidades de salud, son ingresados en un centro
de protección por falta de recursos en el sistema público para que sean asistidos
desde su casa. En boca de Ibone: “Los recursos de la Comunidad Autónoma de
Madrid en salud mental del menor son paupérrimos”. En algunos casos se ha visto
obligada a presentar quejas ante el Defensor del Pueblo ante la indefensión
de sus pacientes, menores y familiares. A Amnistía Internacional, además, le
preocupa que, en ocasiones, se estén ingresando y derivando a menores con diagnósticos
graves de salud mental a los centros terapéuticos, cuando deberían abordarse
desde la sanidad pública y el tratamiento ambulatorio, y no desde el sistema
de protección social. Incluso profesionales entrevistados por Amnistía Internacional
se cuestionan si un centro terapéutico, dada la falta de recursos de profesionales
y atención individualizada, es el lugar adecuado para seguir una terapia. “Esos
niños acaban allí porque no le interesan a nadie. Es un sistema perverso donde
el niño no es sujeto de derechos”134. En los casos conocidos por la organización
destacan también las quejas de los educadores sobre su falta de formación respecto
a la medicación que han de administrar, y de la que desconocen pautas y efectos.
María Herguedas, educadora del centro de Picón del Jarama relató cómo al decirle
a la dirección del centro que no estaba preparada para asumir la responsabilidad
de administrar medicación psiquiátrica sin entender las prescripciones ni los

132 Arturo Vellisco trabaja como psicólogo en el Hospital Clínico de Sevilla,
de la Junta de Andalucía, y colabora con organizaciones de defensa de la infancia
para las que ha valorado varios casos de menores en centros de protección.
Fue entrevistado por Amnistía Internacional el 13 de julio de 2009.

133 Ibone Olza es psiquiatra infanto-juvenil en Madrid. Fue entrevistada por
Amnistía Internacional el 23 de junio de 2009 y sucesivos contactos.

134 Entrevista con Fernando Alonso el 16 de julio de 2009 en Madrid. Fernando
es usuario del sistema de salud mental, antropólogo y miembro del colectivo
Psiquiatrizados en Acción.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

52 52 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

medicamentos, fue amenazada con un expediente disciplinario. María dimitió
a las pocas semanas y presentó una denuncia ante la Comunidad de Madrid el
13 de mayo de 2009. En la fecha en que se concluyó este informe, la denuncia
continuaba sin respuesta135. CONSECUENCIAS DE LA NO OBLIGATORIEDAD DE DIAGNÓSTICO
PARA EL INGRESO EN ESTOS CENTROS En ocasiones, los menores son derivados a
los centros terapéuticos donde van a recibir tratamientos y estar sometidos
a un régimen disciplinario diseñado, en el mejor de los casos, para atender
las necesidades de menores con trastornos de conducta, sin haber sido diagnosticados
como tales. En estos casos, las consecuencias sobre el derecho a la salud pueden
ser graves. Es preocupante la falta de rigor en los diagnósticos sobre los
trastornos de los menores ofrecida por los responsables de algunos de los centros
terapéuticos. Por ejemplo, en la reunión mantenida con representantes de la
Administración, el presidente de la fundación y la dirección que gestiona el
centro Santa María del Prado en Córdoba y, ante la insistencia de la organización
de conocer los diagnósticos de las menores en el centro, el médico de la fundación
gestora (que pasaba consulta quincenalmente en el centro), nos indicó que la
mayoría de las niñas “estaban allí por promiscuas”136. Ni la actividad sexual
en la infancia o adolescencia, ni la orientación sexual de los menores, ni
actuar al margen de los roles sexuales determinados por el género del menor
son conductas que puedan considerarse motivos de internamiento en centros terapéuticos.
Sin embargo, en la línea de las declaraciones del médico entrevistado en el
centro terapéutico de Córdoba, en el informe del Defensor del Menor de Andalucía
se señala que “con frecuencia, los menores ingresados en estos centros padecen
problemas por retrasos madurativos o con trastornos de la identidad sexual”137.
Según los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento
de la Atención de la Salud Mental, la falta de conformidad con los valores
morales, sociales, culturales o políticos o con las creencias religiosas dominantes
en la comunidad de una persona no constituirá un factor determinante del diagnóstico
de enfermedad mental138. En un centro de Cádiz fue ingresado un menor a finales
de 2008 con el siguiente diagnóstico: “rabietas ante frustraciones. En estas
ocasiones chilla, tira objetos y amenaza con matarse. Todo ello con gran intensidad
emocional”. Se le derivó a un taller ocupacional

135 María Herguedas, psicóloga que trabajó en Picón del Jarama. Entrevistada
el 22 de junio de 2009. 136 Entrevista con Fernando, médico de la fundación
Arco Iris, que regenta varios centros de protección, el 16 de julio de 2009
en Córdoba.

137 Informe del Defensor del Menor de Andalucía: “Menores con trastornos de
conducta en Andalucía”, 2007, página 150.

138 Asamblea General de Naciones Unidas. Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, 1991.
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 53

de seis sesiones, consistente en pintar una figura de escayola. Tras el taller,
el menor fue dado de alta. Estos son los datos que, según su abogado, sirvieron
para ingresar a este menor en un centro de trastornos de conducta y privarle
de libertad, de donde acabó huyendo por los abusos a los que fue sometido,
incluyendo incomunicación en una celda de aislamiento139. Un menor relata del
siguiente modo su percepción del diagnóstico y el sistema de referencias del
centro Picón del Jarama en una carta publicada el 4 de enero de 2009140: “Soy
un menor más dentro del infierno de Picón. Respecto a mi salud: no estoy diagnosticado
de ninguna enfermedad mental, aquí me llaman "Loco". La doctora del centro
ejerce pediatría, medicina general y psiquiatría. Aquejado de fuertes dolores
en mis dos rodillas su diagnostico fue: dolor de huesos debido al crecimiento.
Entré en Picón midiendo 1,90 centímetros, más tarde, tras meses de sufrimiento,
en abril 08 acudí a traumatología del hospital La Paz y me diagnosticaron fractura
con bordes esclerosos a causa de las contenciones sufridas por los vigilantes
y educadores”141. Acción organizada por familiares y educadores frente al centro
Picón del Jarama, exigiendo que acaben con los abusos a menores © Asamblea
contra los Centros de Menores Cerrados En ocasiones, los diagnósticos y tratamientos
o la ausencia de los mismos tienen consecuencias decisivas sobre la libertad
de los menores que dan lugar, en algunos casos, a que éstos cometan algún acto
de violencia como resultado de una enfermedad mental no diagnosticada médicamente.
Por ejemplo, Patricia relató a la organización como su hijo no fue diagnosticado
a tiempo con esquizofrenia, a pesar de que lo llevó al psicólogo con 13 años.
Tuvo que insistir para obtener un diagnóstico. El mismo psicólogo le diagnosticó
dos años más tarde esquizofrenia. El menor ha estado internado en un centro
de reforma durante varios años, del que ha salido el 22 de septiembre de 2009142.
En mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impuso a la
Junta de Andalucía el pago de una indemnización de 140.000 euros a la familia
de Carmen Espejo, nueve años después de que sus hijas (de entonces 4 y 5 años)
fueran declaradas en situación

139 Reunión con Joaquín Olmedo el 20 de julio de 2009 en Cádiz y entrevista
con el menor el 21 de julio de 2009.

140 www.contraloscentrosdemenores.com

141 Entrevista con su madre el 23 de julio de 2009 que confirma los datos.
142 Entrevista con Patricia el 16 de julio de 2009 en Sevilla.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

54 54 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

de desamparo, basándose en supuestos "malos tratos" por parte de la madre y
en las "condiciones marginales" en que vivían. A posteriori se demostró que
no existían malos tratos, sino que una de las menores tenía el síndrome de
Cornelia, una enfermedad genética que le causó las lesiones y que no le había
sido diagnosticada con anterioridad143.

3.3. ADMISIÓN, DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE INTERNAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DE
DERIVACIÓN DE LOS MENORES A LOS CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS Una de las
preocupaciones de Amnistía Internacional en relación a la situación de los
menores internados en centros de protección terapéuticos es la arbitrariedad
de criterios de ingreso y derivación. Según el informe del Defensor del Pueblo
“se deriva a los menores no en razón de las indicaciones diagnósticas sino
más bien de las plazas vacantes“144. Una vez efectuada la propuesta de ingreso
por la Administración, los responsables de los centros la suelen aceptar aunque,
como pone de manifiesto el informe del Defensor del Pueblo, los recursos del
centro no se ajusten al perfil del menor. En este contexto, preocupa a Amnistía
Internacional que la Administración reconozca no contar con los recursos apropiados
en materia de salud de menores que permitan un tratamiento individualizado
del menor. Varios padres han obtenido como respuesta de la Administración que
no disponen de dichos recursos o que han tenido que trasladar a los menores
a otros centros por considerar que los primeros no eran apropiados. En alguna
ocasión a los padres se les ha llegado a decir que los centros sí eran apropiados,
mientras que a la dirección del centro se les decía que no existía otro recurso
disponible. En el informe del Defensor del Menor de Andalucía de 2007 se describe
el caso de una menor de 15 años cuyos padres, tras dos años de proceso burocrático
solicitando un recurso adecuado a sus necesidades, obtuvieron de la Administración
la negativa de atenderla por no disponer del recurso: “(…) la Coordinación
del Área de Salud Mental indica la imposibilidad de atenderla por no disponer
de dicho recurso en la organización sanitaria”145. Similar es el caso recogido
en el informe de Defensor del Menor de Andalucía de 2009146. En él, los padres
de una menor de 14 años con trastorno del control de los impulsos describen
la descoordinación administrativa, la desinformación y la denegación de asistencia
sanitaria a la

143 El informe realizado por el psiquiatra de la Universidad de Sevilla, Pedro
Benjumea, determinó que las heridas que presentaba la menor y que habían motivado
la retirada de la custodia de su madre eran debidas a una enfermedad no diagnosticada
de la menor.

144 Informe del Defensor del Pueblo, página 255.

145 Respuesta de la Administración a los padres, incluida en el informe de
Defensor del Menor de Andalucía de 2007, queja 07/733. Página 74 del informe
del Defensor del Menor de Andalucía de 2007. Texto íntegro publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA núm 778) de 12 de diciembre
de 2007, páginas 39-42.

146 Informe del Defensor del Menor de Andalucía de 2009, páginas 33-37 queja
08/1185. Amnistía solicitó al Defensor más información sobre esta menor y sus
padres, pero se respondió que la queja ya estaba cerrada puesto que lo padres
no se habían comunicado más. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 55

menor tras peregrinar por varios centros, para acabar concluyendo que: “Reclamamos
para nuestra hija la atención sanitaria de salud mental a la que tiene derecho.
Los especialistas han prescrito para ella determinados cuidados terapéuticos
y, hasta el momento, no han dado respuesta a sus necesidades. Nuestra hija
se encuentra en casa sin ningún tratamiento, abandonada a su suerte y con riesgo
incluso para su vida (intentos de suicidio) o la de sus familiares (...)”.

Ante esta arbitrariedad e indefensión de muchos familiares, algunos se han
visto abocados a acudir, no sólo al respectivo defensor de su Comunidad Autónoma,
sino a los medios de comunicación para intentar obtener resultados inmediatos.
Por ejemplo, Patricia147 tuvo que acudir a varias emisoras de radio a denunciar
la situación de su hijo para lograr el traslado del centro en el que se encontraba
y en el que sufría constantes abusos y un deterioro de su salud, y Lourdes148
acudió a un programa de TVE para que, al día siguiente, la Junta de Andalucía
enviara a su hija al hospital para obtener un diagnóstico, tras años de tratamientos
psiquiátricos sin resultados. Amnistía Internacional ha indagado sobre el perfil
sanitario de los menores en los centros de protección y no ha sido posible
hallar estudios que los detallen, ni estatales ni de las tres Comunidades Autónomas
objeto de este informe (Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid). Sin embargo,
según los datos de un estudio reciente, realizado por la Consejería de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana, se ha detectado un aumento de la psicopatología
de los menores una vez ingresados en centros de protección, así como la presencia
de problemas emocionales, de conducta y de salud mental en general y un mayor
número de problemas de comportamiento. Los menores ingresados en centros de
protección “viven una situación de estrés que repercute en su estado emocional,
como así lo demuestran los síntomas depresivos y la prevalencia de la ansiedad
como estado, más que como rasgo” 149. El Estado tiene la obligación de garantizar
que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud sean aceptables
para mejorar el estado de salud de las personas. El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales ha definido la “aceptabilidad” de los centros médicos
como uno de los elementos esenciales del derecho al acceso a la salud150. Una
de las reacciones más frecuentes de los menores internados en estos centros
ante los abusos que sufren es huir de ellos. Amnistía Internacional ha podido
comprobar que no existe tampoco un registro centralizado de los menores que
huyen o se fugan de los centros de protección terapéuticos. A pesar de la inexistencia
de datos oficiales, la organización ha

147 Entrevistada el 16 de julio de 2009 en Sevilla.

148 Entrevistada el 17 de julio de 2009 en Córdoba.

149 Resultados de un programa piloto que evaluó a 354 menores en centros de
protección: ‘Atención Psiquiátrica a niños y adolescentes dentro del sistema
de protección’. Fue realizado en los centros de protección de menores de la
provincia de Alicante por la Fundación Mediterránea de Neurociencia y los resultados
publicados en julio de 2009.

150 Observación General nº 14, párrafo 12 c, del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

56 56 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

podido comprobar, a través de varios151 de los menores entrevistados, cómo
pasan frecuentes periodos “huyendo” de los centros. El informe del Defensor
del Pueblo152, en su análisis de datos propios recavados en los centros y a
través de entrevistas, hace referencia a que no se habían producido fugas o
“bajas voluntarias” en sólo en dos de los 58 centros terapéuticos. Entre los
datos aportados destaca el alto índice de fugas y de las denominadas “ausencias
voluntarias definitivas”, en particular, en Picón del Jarama (Madrid), y en
Els Castanyers (Barcelona), con 13 y 15 huidas respectivamente durante el año
2008 sin retorno al centro. Durante el periodo de las huidas, los menores pasan
a estar “técnicamente” desamparados y desprotegidos, con el consiguiente riesgo
para su salud. Las huidas a veces se prolongan durante meses. Preguntado el
Ministerio del Interior sobre el registro de fugas de menores de estos centros
respondió que no cuentan con ninguno, pese a que el centro debe dar parte a
la Polícia y ésta debe iniciar la búsqueda153. Sin esta información, no es
posible estimar la dimensión del problema. Cuando los menores huyen de los
centros, los padres no son muchas veces informados. Lourdes contó en una entrevista
cómo su hija de 12 años y embarazada huyó de un centro de Córdoba para regresar
a su casa, y lo hizo tras pasar tres días de castigo sin comer y durmiendo
en una celda con alarma, que era usada habitualmente para el aislamiento. Una
compañera la ayudó a escapar. Al parecer, ninguna de las madres de las dos
menores fueron avisada por el centro154. Finalmente, según los casos observados
por Amnistía internacional a través de los testimonios de menores ingresados
en dicho centros y que han abandonado el sistema, el trayecto o periplo por
los centros terapéuticos no culmina con un resultado positivo ni para los menores
ni para sus familias. Al cumplir los 18 años, mayoritariamente no han acabado
ni la enseñanza obligatoria, ni han sido preparados para vivir en sociedad,
carecen de entorno social y muchos de ellos pasarán a la marginación, la delincuencia
y la cárcel. Se dan casos de generaciones de una misma familia que han sido
criados en estos centros y que acaban en prisión. La historia se repite con
sus hijos y luego con sus nietos, que terminan también confinados en un centro,
perpetuándose el círculo de exclusión y marginalidad155.

151 El 90 por ciento de los menores entrevistados para este informe han pasado
un periodo “bajo protección de la Administración” huidos o huyendo de los centros
terapéuticos donde les internaban. Por ejemplo, en Andalucía; se entrevistaron
a las cinco menores que huyeron del centro de Córdoba tras denunciarlo por
malos tratos y, en Madrid, dos de las entrevistas se realizaron a los menores
mientras estaban “huidos” y tras presentar una denuncia contra el centro Picón
del Jarama. 152 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 336 y sucesivas. 153
Respuesta del Ministerio del Interior a la carta enviada por Amnistía Internacional
el 28 mayo 2009. 154 Entrevista con Lourdes en Palma del Río, Córdoba, el 17
de julio de 2009.

155 Casos y datos aportados por Teresa Canillas de la Coordinadora de Barrios
de Madrid, en reunión mantenida el 17 de junio, en Madrid. La Coordinadora
de Barrios trabaja con familias en dificultad social en Madrid desde hace décadas.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 57

4. VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES INTERNADOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN
TERAPÉUTICOS Sobre la base de las denuncias que Amnistía Internacional ha recibido
a través de distintas fuentes directas e indirectas y los datos aportados por
el Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009, es posible afirmar que
los casos detallados en este informe no son más que la constatación de la existencia
de violaciones del derecho de acceso a la salud, así como a la integridad física
y mental de muchos menores ingresados en centros de protección terapéuticos.
La organización ha podido constatar que las deficiencias del sistema de protección
de menores en España y los abusos son la prueba del incumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado en materia de protección de la infancia. Además,
ante esta situación de riesgo y violación de derechos humanos, los testimonios
a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional confirman que los menores
que se encuentran en esta situación, apenas conocen sus derechos y no disponen
de medios adecuados para hacerlos valer156. En general, desconocen cómo denunciar
o pedir una reparación y no saben que tienen posibilidades de acceder a un
abogado. Como dice un educador con amplia experiencia en centros de Cataluña:
“El hecho de estar en un centro es ya un abuso”157. Los testimonios recogidos
por Amnistía Internacional demuestran que las denuncias de los menores sobre
abusos, malos tratos o las condiciones en las que les suministran la medicación,
muchas veces son ignoradas. Además, según la legislación aplicable, los menores
deben dirigir sus quejas a entidades jurídicas que desconocen, y a las que
a menudo no se puede acceder sin el apoyo de una persona o profesional que
conozca el funcionamiento de los mecanismos de queja como, por ejemplo, el
Defensor del Pueblo, los Fiscales de Menores u otras instituciones autonómicas.
En algunos casos, las quejas deben dirigirse a sus propios cuidadores o el
personal del centro que suelen ser conocedores de estos abusos e incluso responsables.
Cuando los autores de los abusos son el personal de los centros terapéuticos,
se viola no sólo la obligación de éstos de proteger a los menores a su cargo,
sino también la confianza de estos menores y sus familiares en el sistema encargado
de su cuidado y bienestar, y, por

156 Contraviniendo particularmente la Convención Europea para el Ejercicio
de los Derechos del Niño de 1996, así como los propios principios reconocidos
en la legislación estatal: Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (artículo
5), así como las diferentes normativas autonómicas. 157 Entrevista con Carlos
Vives, educador en Cataluña, el 22 de julio de 2009. Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

58 58 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

extensión, en la sociedad y en el Estado. Adicionalmente, cuando los adultos
con los que los niños y niñas están más estrechamente relacionados utilizan
la violencia y la humillación, atentan contra la dignidad de los menores y
transmiten un mensaje poderoso y peligroso de que esos son medios legítimos
para resolver los conflictos o cambiar comportamientos inadecuados158. Sin
embargo, Amnistía Internacional ha constatado también que muchos de los profesionales
que trabajan en los centros terapéuticos contribuyen a la protección de los
menores y a evidenciar las carencias del sistema de protección cuando conocen
estos abusos y los denuncian o toman medidas al respecto. Son precisamente
estas denuncias, en particular las de algunos educadores que trabajan o han
trabajado en instancias del sistema de protección, las que han contribuido
a desvelar los abusos. Finalmente, los casos descritos en este informe confirman
la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen el acceso a la justicia
para los menores que denuncian los abusos. “Yo no sabía ni qué eran los derechos
humanos, no sabía que lo que allí pasaba no se podía hacer, atarte a un banco
y pincharte, hacerte cargar piedras con las manos atadas a una carretilla,
triturarte la medicación, prohibirte las visitas, leer tus cartas, humillarte,
tratarte a golpes, castigarte. Nunca supe qué medicación tomaba hasta que con
16 años me llevaron a urgencias al hospital. En esa época tomaba tres pastillas
por la mañana, dos por la tarde y tres por la noche. Cuando nos pegaban, nos
prohibían las visitas para que no vieran los ‘moraos’ y encima les decían que
era porque nos habíamos portado mal”159. En los casos en que se han formulado
quejas o denuncias formales, un factor común es la ausencia de una investigación
adecuada y la impunidad de los responsables160. Los casos de denuncias formales
que han llegado al poder judicial (algunos de los cuales se exponen en este
capítulo) son poco habituales y la mayoría de los abusos no salen a la luz.
En la medida de lo posible, los hechos se han narrado utilizando las propias
palabras de los niños y niñas y de las personas adultas que han pasado por
estos centros. Las denuncias de los menores, que se incluyen, son sólo la punta
del iceberg, puesto que es de por sí

158 Comité de los Derechos del Niño, 42º periodo de sesiones, Ginebra, del
15 de mayo al 2 de junio de 2006, Observación General nº 8 (2006), párrafo
41.

159 Testimonio de Esteban, actualmente mayor de edad. Durante su minoría de
edad pasó por varios centros de protección, incluido el de Font Fregona, debido
al desamparo familiar al que se vio expuesto desde los cuatro años. Ha estado
en centros de tres Comunidades Autónomas diferentes.

160 La inexistencia de documentos que respalden con solidez las denuncias de
tortura que formulan los menores permite que los Gobiernos nieguen la verdad
y eludan sus responsabilidades. El Manual para la Efectiva Investigación y
Documentación de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
conocido como el Protocolo de Estambul, fue adoptado en 1999 y proporciona
directrices para evaluar y documentar pruebas médicas de la tortura. El Protocolo
de Estambul también estipula las normas mínimas que deben cumplir los Estados
cuando investigan denuncias de tortura, orienta a las ONG en su trabajo contra
la tortura y establece pautas con las que evaluar las investigaciones oficiales.
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 59

excepcional que un menor presente una denuncia formal ante la Administración.
Algunas de las denuncias que aquí se reproducen fueron escritas con la ayuda
de adultos. Ni el lenguaje ni las descripciones son propias del vocabulario
empleado por los menores. 4.1. CASTIGOS Tanto la normativa internacional como
la legislación española advierten que algunas formas de castigo a los menores
pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo
19 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben
adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas
para proteger a las niñas y niños contra la violencia, incluido el maltrato
y el trato negligente. Asimismo, en las Reglas de las Naciones Unidas para
la Protección de los Menores Privados de Libertad, las limitaciones sobre el
tipo de infracciones disciplinarias que pueden imponerse a los menores internados
en centros cerrados son explícitas. En la legislación española, el artículo
154 del Código Civil fue reformado el 20 de diciembre de 2007 prohibiendo explícitamente
los castigos físicos infantiles en la legislación española161. “Estarán estrictamente
prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel,
inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda
oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier
otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del menor.
Estarán prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción de alimentos
y la restricción o denegación de contacto con familiares. El trabajo será considerado
siempre un instrumento de educación y un medio de promover el respeto del menor
por sí mismo, como preparación para su reinserción en la comunidad, y nunca
deberá imponerse a título de sanción disciplinaria. No deberá sancionarse a
ningún menor más de una vez por la misma infracción disciplinaria. Deberán
prohibirse las sanciones colectivas”162. Según la información recopilada en
este informe, algunos castigos expresamente prohibidos en la normativa internacional
siguen siendo una práctica aceptada e incluso defendida como parte de una férrea
disciplina en algunos centros de protección terapéuticos. De las entrevistas
con decenas de educadores se desprende que el abuso físico que sufren los menores
es considerado una facultad discrecional de la dirección del centro, un asunto
interno, y no una cuestión de derechos humanos cuya responsabilidad última
recae en el Estado. Amnistía Internacional también ha comprobado que los menores
entrevistados consideran “normales y merecidos” todos estos castigos, ya que
“se han portado mal”. Esto es debido, en parte, a que desconocen sus derechos.
Su baja autoestima, el estigma del abandono familiar y el ambiente de exclusión
y violencia del que a menudo provienen y que se perpetúa

161 Antigua redacción del artículo 154 del Código Civil: Los padres o tutores
“podrán también corregir a los menores razonable y moderadamente”. Actual redacción
del artículo 154 del Código Civil: “Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo
con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica”.

162 Regla 67 de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad,
Resolución 45/113, 14 de diciembre de 1990. Amnistía Internacional, diciembre
de 2009

60 60 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

en algunos centros, no contribuye a romper este círculo ni a empoderarlos como
sujetos titulares de derechos. 4.1.1. CONTENCIÓN FÍSICA Y MECÁNICA Amnistía
Internacional ha recogido testimonios e información que ratifican lo revelado
por el informe del Defensor del Pueblo sobre la existencia de castigos como
las contenciones físicas y mecánicas que tienen un grave impacto en la salud
de los menores. La forma de practicar las contenciones, tal y como lo han relatado
los menores entrevistados por la organización, no sólo es una violación de
los derechos humanos en sí misma, sino que, además, tiene un gran impacto negativo
en la salud física y mental de los menores. Las Reglas de la ONU para la Protección
de Menores Privados de Libertad prohíben el uso de la coerción y la fuerza,
salvo en los casos en que se hayan agotado o fracasado todos los demás medios
de control, y sólo de la forma expresamente autorizada o descrita en una ley
o reglamento163. La contención se define en el informe de Defensor del Pueblo
como la aplicación de medidas de control físico ante acciones violentas del
menor. Consiste en sujetarle físicamente, impidiéndole los movimientos. Si
además se le sujeta (ata) a un banco, silla o a una cama con herrajes se denomina
‘contención mecánica’. “La contención la realizarán cinco personas. Cada persona
sujetará un miembro inferior o superior y la quinta persona la cabeza. Se le
sujetará a la cama manteniendo cuatro personas la sujeción física de los miembros,
mientras la quinta persona pondrá sujeciones mecánicas a los cuatro miembros.
Ofrecer pauta de agitación vía oral”164.

Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional, las contenciones las
realizan indistintamente educadores, guardas de seguridad el centro, parte
del equipo directivo, incluido el director, y a veces otros menores presentes.
El informe del Defensor del Pueblo señala que “en algunos centros se advierte
cierto exceso de rigidez en la aplicación de las sanciones y la abundancia
de contenciones. En muchos centros se realizan varias veces al día y, en ocasiones,
con una agresividad innecesaria y desproporcionada que puede provocar lesiones
físicas a los menores… Un menor nos relató que un vigilante de seguridad le
rompió el brazo al hacerle una de esas contenciones”165.

Los casos de contenciones descritos por los menores a Amnistía Internacional
provienen de testimonios directos en entrevistas mantenidas con ellos y de
las denuncias hechas por algunos de ellos, por los educadores o sus familiares
contra el centro terapéutico de protección Picón del Jarama, en Madrid. Los
extractos de las denuncias que siguen, fueron redactados por los menores con
asesoría de educadores o abogados y fueron entregados a la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid entre el 17 de

163 Reglas 63 y 64.

164 Procedimiento para el uso de contención mecánica de la Fundación O´ Belén
para el centro terapéutico de la Comunidad de Madrid, La Jarosa, página 21,
tercer párrafo.

165 Comparecencia del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ante la Comisión
Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, 17 de febrero de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 61

noviembre de 2008 y mayo de 2009. Según los documentos recogidos por la organización,
éstas fueron debidamente registradas por el Instituto Madrileño del Menor y
la Familia (IMMF). Amnistía Internacional ha entrevistado a varios de los menores
que presentaron denuncias. Testimonio 2166:

Testimonio 3167:

Esta misma menor, días después de presentar esta denuncia, el 8 de diciembre
de 2008, fue atendida en las calles de Madrid por una crisis de ansiedad ante
la inminencia de tener que regresar al centro. El informe médico (No.116213)
corrobora el diagnóstico y la medicación prescrita por la unidad de soporte
vital básico de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la
Comunidad de Madrid.

166 Copias de estas denuncias, incluidos los partes del servicio de urgencias,
fueron entregadas personalmente a Amnistía Internacional en la reunión del
17 de junio de 2009 en Madrid. 167 Ibid. Amnistía Internacional, diciembre
de 2009

62 62 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Testimonio 4 (los nombres que aparecen son todos figurados):

En respuesta a la solicitud de información de Amnistía Internacional enviada
a la Comunidad Autónoma de Madrid sobre el seguimiento a éstas y otras denuncias,
y al informe del Defensor del Pueblo, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
respondió a Amnistía Internacional que el caso se había cerrado. “La Fiscalía
de Madrid ha archivado por decreto de 15 de abril 2009 las diligencias preprocesales
abiertas para la comprobación del funcionamiento de los Centros a los que hacía
referencia el citado informe”168. Amnistía Internacional se opone a la imposición
de castigos corporales, a las inmovilizaciones realizadas por medios peligrosos
o crueles, así como a otros castigos crueles, inhumanos o degradantes como
la retirada de alimentos, la prohibición de visitas de sus familiares o la
violación del secreto de las comunicaciones. Por ello, insta a las autoridades
competentes en materia de regulación y supervisión de estos centros, a que
lleven a cabo las medidas que sean necesarias para erradicar de la práctica
todo tipo de castigos crueles, inhumanos o degradantes en los centros terapéuticos
de menores. Además de recogerse explícitamente estas medidas en los reglamentos
internos de los centros, debería establecerse un marco jurídico general para
toda España que dote de mayor seguridad a los menores y a los educadores, y
que permita la disciplina cuando sea necesaria, pero con todas las garantías
para los menores y educadores. 4.1.2. CELDAS DE AISLAMIENTO E INCOMUNICACIÓN
Amnistía Internacional ha comprobado a partir de los testimonios de los menores
entrevistados que el confinamiento en las celdas es una de las medidas disciplinarias
de sanción e intimidación más recurrente (prácticamente todos los menores entrevistados

168 Respuesta de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales (julio 2009),
a la carta de Amnistía Internacional enviada el 28 de mayo de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 63

permanecieron sancionados en una de estas celdas durante su internamiento en
los centros), y la que tiene mayor impacto en la salud física y mental de los
menores. Según algunos de los educadores, se establecen límites sobre el tiempo
que los niños pueden estar encerrados y el procedimiento. Sin embargo en la
práctica y según los testimonios obtenidos, tampoco estos procedimientos reglados
se respetan169. El cómo, cuándo y cuántas veces se administra un castigo queda,
en muchos casos, a discreción del personal de los centros terapéuticos. Los
educadores denuncian que, aunque algunos menores hayan estado encerrados el
tiempo máximo establecido, se levanta el aislamiento e inmediatamente “se les
vuelve a meter en la celda”170. Amnistía Internacional ha podido constatar
que, bajo el nombre de “separación de grupo” o “medidas de tiempo fuera”, se
practica la incomunicación del menor durante días en su habitación o en la
celda de aislamiento. Según el informe del Defensor del Pueblo de febrero de
2009, el 68 por ciento de los 27 centros visitados por él, utilizan medidas
de aislamiento como medida sancionadora y de intimidación al menor. El informe
describe las celdas a las que tuvieron acceso los investigadores como “asfixiantes
y siniestras...Celdas de aislamiento verdaderamente atroces, denominadas a
veces -no sin buena dosis de eufemismo- salas de tiempo fuera o salas de baja
estimulación, con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho
o goma negra, que apenas alcanzan los tres metros sin ventilación ni comunicación
alguna… Antes de entrar en estas celdas reclaman, a veces, una medicación que
les ayude a soportar el emparedamiento”171. De acuerdo con la información del
Defensor del Pueblo, en Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid existen salas
de aislamiento para menores. Por ejemplo; de los tres centros terapéuticos
de Barcelona, Can Rubio cuenta con tres celdas, una con una cama con correas;
El Pedreñal y Els Castanyers, tienen dos cada uno. En Andalucía, el centro
Vado de los Bueyes de Córdoba tiene cuatro celdas de aislamiento. En Madrid,
el centro Picón del Jarama cuenta con una celda de castigo, aunque según testimonios
de los educadores de este centro, se usaban hasta tres celdas para el aislamiento
de los menores. El Real Decreto 1774/2004, que regula el reglamento de responsabilidad
penal del menor y que se aplica por tanto a los menores que han cometido un
delito y cumplen medidas judiciales, excluye taxativamente la utilización de
este tipo de celdas. Sin embargo, los menores que están bajo la protección
de la Administración, sin haber cometido falta o delito,

169 Por ejemplo, La Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
de la Comunidad de Madrid en el artículo 73 establece la posibilidad de sancionar
con la “separación del grupo con privación o limitación de estímulos” durante
un tiempo máximo que va desde un día, para las faltas leves, hasta tres, para
las muy graves.

170 Testimonio de una ex trabajadora del centro Picón del Jarama y un ex trabajador
de Casa Joven ambos gestionados por la Fundación O’Belén y entrevistados por
Amnistía Internacional el 22 de junio de 2009.

171 Informe del Defensor del Pueblo, páginas 22 y 23.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

64 64 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

en la práctica sufren un tratamiento discriminatorio y ven restringidos y vulnerados
sus derechos, al permitirse su aislamiento en celdas. Esta situación refleja,
además, la ausencia de control en la protección de los menores. Testimonio
5 (relato de un menor entrevistado por Amnistía Internacional172):

Este menor entró en el sistema de protección a los tres años de edad, permaneciendo
desde entonces bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Vivió en diferentes
centros hasta que fue remitido, sin diagnóstico, al centro terapéutico Picón
del Jarama. Actualmente tiene 17 años y ha huido del centro en el que permaneció
siete meses por no poder soportar las condiciones y abusos a los que le sometieron
a él y a sus compañeros durante ese tiempo.

El menor muestra a AI la denuncia sobre su situación presentada ante el Instituto
Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid © AI, julio
2009

172 Entrevista realizada en Madrid el 27 de julio de 2009. El texto es parte
de la denuncia presentada ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, con entrada de registro 4 de febrero de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 65

Otro menor de 15 años de edad relató a Amnistía cómo al llegar en septiembre
de 2008 al centro de Benalup, en Casa Viejas, Cádiz, fue ingresado de inmediato
en la denominada “Aula de Observación Independiente” durante 15 días, sin contacto
con otros menores. Incluso la comida era llevada al “aula” donde se encontraba
aislado. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Consejería de Bienestar
e Igualdad Social de la Junta de Andalucía mediante diversos escritos del abogado
del padre del menor173. En la única visita permitida a Amnistía Internacional
por la Administración andaluza174 el director de la fundación y el equipo técnico
(médico, psicóloga y directora) negaron la imposición de castigos y el uso
de celdas de aislamiento. Durante la visita, en la que los investigadores de
la organización fueron acompañados por funcionarios y distaron mucho de ser
independientes, se comprobó que algunas de las habitaciones estaban bajo llave
y no fueron mostradas, aduciendo que no tenían las llaves disponibles. Sin
embargo, los testimonios de dos menores tomados por Amnistía Internacional
ese mismo día en el centro, y durante las entrevistas realizadas a menores
y familiares que pasaron por el centro durante el año 2008, se corroboró la
existencia de celdas de castigo y aislamiento y la aplicación rutinaria de
esta técnica175. En la reunión mantenida entre Amnistía Internacional y el
Defensor del Pueblo de Andalucía176 se le indicó a la organización que, en
abril del año 2005, éste último visitó este centro como parte del seguimiento
a una queja presentada177 por una menor sobre los castigos y la utilización
de la celda de aislamiento. El Defensor formuló varias recomendaciones a la
Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía para la eliminación
de las celdas de aislamiento del centro. Las recomendaciones fueron aceptadas
por esa instancia en su integridad. Sin embargo, cuatro años después, según
los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, las recomendaciones realizadas
por el Defensor del Menor de Andalucía continúan sin cumplirse.

173 Entrevista con el menor y su padre el 21 de julio de 2009 y datos facilitados
por su abogado, Joaquín Olmedo Gómez, en una entrevista mantenida en Cádiz
el 20 de julio de 2009.

174 Visita llevada a cabo el día 16 de julio de 2009 al centro Santa María
del Prado de la Fundación Arco Iris en Córdoba.

175 La visita de la delegación de Amnistía Internacional a ese centro fue acompañada
por el director de la Fundación, la directora de los centros de protección
de la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía y personal
del centro (psicóloga y directora) y de la fundación (médico). Al entrevistar
a las menores, éstas contradijeron la información facilitada por la dirección
y la delegación de Amnistía fue invitada a irse. La información contradictoria
hacía referencia al uso de castigos, en particular, a la celda de aislamiento
en la que las menores confirmaron que se encerraban durante días a las niñas
(incluidas ellas) y a la falta de acceso a revisiones édicas y, en particular,
ginecológicas.

176 Reunión mantenida con la jefa de Área de Menores del Defensor del Pueblo
de Andalucía, Maite Salces, el 17 de julio de 2009 en Sevilla. 177 Queja 05/333,
informe del Defensor del Menor de Andalucía, 2005. En dicho informe se calificó
de hechos graves la existencia de esta celda de aislamiento, página 399. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

66 66 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

En el caso de la Comunidad de Madrid, resulta especialmente preocupante que
la propia Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
establezca en el artículo 73 (donde se dan las pautas para la redacción de
los estatutos disciplinarios de los centros cerrados o semiabiertos) la posibilidad
de sancionar con la “separación del grupo con privación o limitación de estímulos”
durante un tiempo máximo que va desde un día, para las faltas leves, hasta
tres, para las muy graves. A pesar de que en el artículo se establece que las
sanciones nunca podrán suponer vejación o maltrato, preocupa a la organización
que se puedan amparar situaciones prohibidas en las normas internacionales,
máxime cuando éste es el castigo aplicable a conductas que no constituyen infracción
penal. Amnistía Internacional se opone al uso de medidas correctivas que impliquen
el aislamiento forzado178 de los menores en los centros terapéuticos y considera
especialmente alarmante la frecuencia con que se utilizan. Por ello, insta
a las autoridades competentes a que se eliminen estas medidas de los regímenes
disciplinarios de los centros y que estas celdas desaparezcan de los centros
de protección terapéuticos, en cumplimiento con los estándares internacionales
de derechos humanos. La organización, además, observa con alarma que, en los
pocos casos en que los menores denuncian estas situaciones, no cuentan con
la protección y asistencia especializada a la que tienen derecho, sino que,
por el contrario, se exponen a represalias. 4.2. VIOLENCIA Y ABUSOS A LA INTEGRIDAD
FÍSICA Y PSÍQUICA DE LOS MENORES La organización ha podido comprobar que menores
bajo la protección y cuidado del Estado pueden ser víctimas de palizas y abusos
sexuales, ser sometidos a un tratamiento cruel y degradante, ser encerrados
en celdas de aislamiento, incomunicados, atados a sillas o camas con herrajes,
amordazados, medicados sin la debida diligencia y contra su voluntad con graves
consecuencias para su integridad física y psíquica y en contradicción con las
obligaciones legales de España en materia de protección de menores. Un caso
particularmente grave de abusos sexuales es el que refleja la sentencia del
juzgado de lo Penal nº 2 de Manresa, Barcelona, con fecha 19 de diciembre de
2008. En dicha sentencia se condenó a Eduardo Zameño por violación y abusos
sexuales a dos menores en el centro de protección llar de la Pau, gestionado
por la Fundación Cots, en Manresa. El educador, que durante el juicio se descubrió
que no tenía los estudios para ejercer como tal, abusó de varios menores en
el centro de manera repetida y durante largos periodos de tiempo. Este lugar,
considerado un llar (hogar en catalán) sólo acogía a ocho menores y, sin embargo,
los abusos y acoso sexual pasaron desapercibidos al resto del personal durante
años. Fue el más joven de los menores abusados el que acabó denunciando involuntariamente
los hechos. Sin embargo, una vez expulsado el educador del centro, los menores
abusados han continuado, hasta la fecha, en el mismo centro. Lo más grave es
que el centro acogió a tres

178 Informe Amnistía Internacional: “Un escándalo oculto, una vergüenza secreta:
tortura y malos tratos a menores”. 8 de diciembre de 2000. Índice AI ACT 4003800.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 67

hermanos, supuestamente abusados por su padre, y el menor de estos tres hermanos,
de seis años, fue víctima nuevamente de acoso y de abuso sexual por parte de
uno de los menores de 11 años, que, a su vez, había sido víctima de abusos
por parte del educador. La psicóloga, que desde el 2007 presta apoyo psicológico
a alguno de estos menores abusados, explicó a Amnistía Internacional179 el
llamado “síndrome de la vampirización,” por el que las posibilidades de que
un niño abusado repita el abuso, son hasta de un 90 por ciento. Los menores
abusados necesitan una atención y seguimiento especial que no ofrecía este
centro de protección, faltando a sus obligaciones y a la diligencia debida
en la protección de la integridad física, la seguridad y la atención a los
problemas de salud mental de estos niños. La psicóloga relató a Amnistía Internacional
cómo los meses próximos al juicio los menores sufrieron una regresión en su
estado de salud mental. 4.2.1. MALOS TRATOS Y ATENTADOS CONTRA LA INTEGRIDAD
FÍSICA Los casos presentados en este informe permiten conocer algunos de los
malos tratos sufridos por los menores dentro de los centros terapéuticos. Excepcionalmente,
ellos o sus familias han denunciado estos casos ante las autoridades y cuentan
con evidencia de los malos tratos sufridos a través de certificados médicos.
Destacamos dos de los casos a los que la organización ha tenido acceso. En
ambos, los menores sufrieron represalias por parte del centro debido a las
denuncias que presentaron.

Se reproduce, a continuación, el parte médico emitido por el tratamiento de
un traumatismo craneal producido a un menor en el centro terapéutico Picón
del Jarama. El parte establece, a partir del testimonio del menor, que el personal
de seguridad de ese centro le golpeó dos veces con un detector de metales en
la cabeza. Varios niños fueron testigos de estos hechos. El menor y un testigo
presentaron la denuncia, adjuntando el parte del servicio de urgencias ante
el juzgado de instrucción de Plaza Castilla de Madrid, el 2 septiembre de 2008.
Este caso aún se encuentra sin resolver. Al regresar al centro una vez presentada
la denuncia, ambos menores fueron castigados en una celda de aislamiento, por
lo que, posteriormente, decidieron huir.

179 Entrevista con María Vergara, psicóloga del Centro Exil, el 24 de julio
de 2009 en Barcelona.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

68 68 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Extracto del parte de lesiones del Hospital de la Paz en Madrid, donde se refleja
el traumatismo TCE y el motivo de la lesión: “golpean con el detector de metales
en zona paralelo derecha en número de dos veces, según testigos”.

En junio del año 2008, cinco menores de entre 12 y 17 años del centro para
trastornos de conducta Santa María del Prado, en Córdoba (gestionada por la
Fundación Arco Iris) presentaron denuncia por malos tratos contra el centro
ante la Guardia Civil de Palma de Rio, Córdoba, tras escaparse180. Según consta
en la denuncia y según testimonios de testigos que ha recogido Amnistía Internacional,
la Guardia Civil les recomendó acudir al servicio de urgencias para que las
asistieran y realizaran los correspondientes partes de las lesiones tras ver
las contusiones que tenían. En los cinco partes se incluyeron contusiones en
rodilla derecha, en ojo derecho, cadera y costado, contusión en boca (indicando
que se le movía un diente a consecuencia de un fuerte golpe), dolor lumbar,
dolor en el cuello y la pierna derecha, y contusión en el brazo derecho. En
el parte médico, a dos de ellas se les recomendó la realización de rayos X
para evaluar la gravedad de las lesiones181. Las menores, tras la denuncia,
huyeron del pueblo. Cuatro de ellas fueron localizadas días después y obligadas,
por la policía, a regresar al mismo centro al que habían denunciado por malos
tratos. El 6 de julio de 2008, el director de la fundación gestora del centro,
acompañó a las cuatro niñas a la misma Guardia Civil donde habían presentado
su denuncia una semana antes, y allí, ante su presencia, manifestaron que “voluntariamente”
la retiraban. Sin embargo, la quinta niña, que no había sido localizada y que,
por lo tanto, no volvió al centro,

180 Denuncia de las cinco menores presentada: atestado Nº 2008-001668-00000898
ante la Guardia Civil de Palma del Río, Córdoba. Amnistía Internacional tiene
copia de la denuncia registrada y firmada por el instructor de la Guardia Civil.

181 Parte al Juzgado de Guardia el día 30 de junio de 2008 del Centro de Salud
de Palma del Río. Amnistía Internacional tiene copia de los cinco partes firmados
por el médico.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 69

se ratificó en la denuncia mediante una carta a su representante legal182 sobre
los abusos y los malos tratos, negándose a volver al centro. El caso contra
el centro continúa abierto ante la Fiscalía. Amnistía Internacional ha solicitado
información actualizada sobre el estado de este caso a la Dirección General
de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía. Como respuesta, la jefa de
Centros de Protección de esta Dirección General indicó que toda la información
sobre los expedientes de menores era confidencial “por el interés superior
del menor”183. En una reunión mantenida posteriormente entre Amnistía Internacional
y el director de la Fundación Arco Iris (el mismo que acompañó a las menores
a retirar la denuncia), éste manifestó que no estaba autorizado a hablar de
este caso por la Dirección General de Infancia y Familia. La representante
de la Dirección General, por su parte, presente en esta reunión, consideró
el caso cerrado y no facilitó más información al respecto184. Finalmente, la
Dirección General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía reconoció
que este centro no era adecuado para estas menores y pidió su traslado a otro
centro, argumentando que se adecuaba más a las necesidades psicopedagógicas
de las niñas y en atención al interés superior de las menores. 4.2.2. MALTRATO
VERBAL, REGISTROS CORPORALES Y AMBIENTE HOSTIL Tanto el acoso verbal, las humillaciones
y los registros corporales íntimos a menores, sin relación con el cuidado de
su salud, constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Además, los abusos
verbales y conducentes a un ambiente hostil, constituyen también tratos “inhumanos
o degradantes”, tal y como señala el Comité de Derechos del Niño en la Observación
General nº8 (2006), en cuyo punto número 11 se indica que hay formas de castigo
que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y, por lo
tanto, incompatibles con la Convención. “Entre éstas se cuentan, por ejemplo,
los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en
chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”185. María
Herguedas, educadora en el año 2008 en el centro Picón del Jarama, relata cómo
se sometía a los menores a registros, desnudos integrales y humillaciones en
una denuncia

182 Juan Pedro Oliver, presidente de la asociación Pro Derechos la Niña y el
Niño, (PRODENI), se encargó del caso. En junio de 2009 se requirió a PRODENI
la entrega de la carta en que la menor ratificó su denuncia. 183 Conversación
mantenida con Isabel Grajera, jefa de centros de protección de la Dirección
General de Infancia y Familia de la Junta de Andalucía como respuesta a la
pregunta por escrito de Amnistía Internacional, julio de 2009.

184 Isabel Grajera, jefa de centros de protección de la Dirección General de
Infancia y Familia de la Junta de Andalucía en reunión con Amnistía Internacional,
16 de julio de 2009 en Córdoba.

185 Comité de los Derechos del Niño, 42º periodo de sesiones, Ginebra, del
15 de mayo a 2 de junio de 2006, Observación General nº 8 (2006), párrafo 11.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

70 70 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

formal presentada ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia186.

Varios menores han contado a Amnistía Internacional las humillaciones físicas
y, en particular, los registros corporales íntimos que sufrieron. Un menor,
de 15 años de edad, relató a Amnistía Internacional lo siguiente: “Al ingresar
en el centro de protección de Cádiz fui sometido a un registro que incluía
la introducción del dedo del educador en el ano. Nunca antes me habían hecho
eso187.

Algunos menores han explicado a Amnistía Internacional que tanto los vigilantes
de seguridad como educadores del sexo opuesto tienen la facultad para exigirles
desnudos integrales, lo que les resulta humillante e intimidatorio188. Un menor
relató:“Me han hecho dos cacheos en los que me desnudaron delante de dos vigilantes
de seguridad, sin educadores. Cuando me ducho hay un educador mirando. Dos
educadoras han entrado también en la ducha estando yo completamente desnudo.
Me han hecho registros en el cuarto sin estar presente”189.

Para Amnistía Internacional el ambiente hostil que se genera por el grado de
agresividad en el trato hacia los menores, los gritos y los insultos hacia
ellos, es muy preocupante. Lo es, no sólo porque vulnera la obligación legal
del Estado de proporcionarles servicios de protección adecuados y ajustados
a sus necesidades, sino, además, porque debido a su situación de “dificultad
social” marginalidad o exclusión no cuentan, a menudo, con un entorno familiar
o cercano en el que se les ofrezca protección, cuidado y afecto.

186 Entrevista con María Herguedas el 22 de junio de 2009 y el 20 de octubre
de 2009 en Madrid. 187 Entrevista con el menor el 21 julio de 2009.

188 El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que las personas
«sometidas a registro corporal por funcionarios del Estado o por personal médico que actúe a instancias del Estad
o serán examinadas sólo por personas de su mismo sexo».
Observación General nº16 del Comité de Derechos Humanos, párrafo 8. En el artículo
17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que refiere la
Observación General nº16 se menciona el derecho a la intimidad y a la protección
de la honra y la reputación.

189 Entrevista el 27 de julio de 2009 en Madrid.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 71

Algunos educadores también han denunciado el abuso de poder y maltrato verbal
contra los menores, cuando el personal del centro utiliza información confidencial
del expediente del menor para humillarle en público con frases como: “Tú estás
aquí porque ni tu madre te quiere” 190. Un grupo de educadores que trabajaron
en el centro Casa Joven (Guadalajara), dirigido por la misma fundación que
administra el centro Picón del Jarama, en Madrid, describieron a Amnistía Internacional
este tipo de abusos: “El conocimiento de la realidad vital, pasada y presente
de los menores que el equipo educativo tiene, es utilizado como arma para estas
agresiones verbales. Podríamos citar muchos ejemplos que hacen referencias
a defunciones de familiares directos, minusvalías de los menores, SIDA de los
padres, prostitución de las menores. No suponen casos puntuales en los que
el educador pierde los papeles sino que sucede de forma cotidiana y ante cualquier
contratiempo de forma absolutamente consciente. Del mismo modo, la agresividad
verbal se traduce de forma cotidiana en chantajes y amenazas –con traslados
a otros centros gestionados por la fundación, con anular visitas de los familiares
o con no entregarles su correspondencia”191. El ambiente de hostilidad y acoso
se refleja claramente en el testimonio de una menor de 15 años de edad que,
según la denuncia presentada el 15 de mayo de 2008 ante la sede de la Comisaría
de Banyoles contra el centro Font Fregona, describe textualmente cómo el director
del centro se dirigía frecuentemente a los menores en estos términos: “Quien
quiera postre que me chupe la polla. Quien quiera repetir que se ponga de rodillas”192.
Según el testimonio de una periodista que se infiltró en este mismo centro
encubierta (haciéndose pasar por educadora), este tipo de acoso sexual y abusos
verbales fueron frecuentes en sus dos semanas de estancia en el centro193.
Amnistía Internacional entrevistó el pasado 24 de julio en Barcelona a Aránzazu
Celdrán, que pasó un año interna en este centro y del que salió el mismo día
en que cumplió los 18 años. A partir de su experiencia, confirma estos hechos.

190 Denuncias trasmitidas por escrito a Amnistía Internacional el 23 de junio
de 2009 por Daniel Reyes Molón, educador del centro y firmadas por tres educadores
que trabajaron en el centro de protección Casa Joven, gestionado por la Fundación
O´ Belén. Este centro se cerró en octubre de 2009.

191 Ibid. 192 Diligencia Nº 321883/2008 AT USCBANYOL, de la que se envió copia
al Sindic de Greuges y se facilitó una copia a Amnistía Internacional el 30
de julio de 2009.

193 Entrevista con la reportera del equipo de investigación de Cuarzo Producciones,
el 23 de julio de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

72 72 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

5. VIOLACIONES DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN
TERAPÉUTICOS El Estado español tiene la obligación de garantizar a todos los
niños y niñas el derecho a recibir tratamiento médico adecuado, sin discriminación
alguna, y a asegurar que los servicios de asistencia sanitaria, incluidos los
de salud mental proporcionados por los centros de protección terapéuticos,
sean equitativos y del mejor nivel posible. Además de las obligaciones del
Estado emanadas del derecho a la salud reconocido en el artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Reglas de
la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad fijan194 los estándares
mínimos de la atención médica a menores internados. Entre otros, el reconocimiento
del derecho del menor a ser examinado por un médico a su ingreso que pueda
constatar evidencias de malos tratos sufridos con anterioridad, y tener a su
disposición unos servicios médicos que detecten y traten toda enfermedad física
o mental de manera rápida y eficaz. Una previsión específica para estos casos
es la que se realiza en la Regla 52, que admite que un internamiento prolongado
del menor puede afectar a su salud física o mental, y que, por ello, el profesional
que advierta esta situación deberá comunicarlo a la dirección del centro, así
como a la autoridad independiente responsable del menor. Lejos de cumplir con
estos estándares internacionales, los casos que ha conocido Amnistía Internacional
ponen en evidencia serias dificultades en el acceso de los menores al derecho
a la salud y a la protección de su integridad física y mental como resultado
de los castigos, el abuso en la medicación, la falta de información y la ausencia
de consentimiento informado en las decisiones sobre su salud, así como, en
ocasiones, la falta de acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Más
aún, muchos de los menores que se encuentran en los centros terapéuticos bajo
el cuidado de las autoridades de Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid,
no reciben un tratamiento adecuado adaptado a sus necesidades específicas,
lo cual constituye, de por sí, una violación del derecho a la salud.

5.1. PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Los menores internados
en centros terapéuticos por dificultad social o de conducta están capacitados
para tomar decisiones sobre su salud y, como tal, han de ser considerados y
tratados. La ONU establece que la dificultad en adaptarse a valores morales,
sociales, políticos u otros, no deben considerarse trastornos mentales y que
la medicación responderá

194 Reglas 49 a 55. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 73

a las necesidades de salud del paciente, y sólo se administrará con fines terapéuticos
o de diagnóstico y nunca como castigo o para conveniencia de terceros195. Sin
embargo, según testimonios de menores y educadores a Amnistía Internacional,
la medicación con fines psiquiátricos en los centros terapéuticos es utilizada
con frecuencia como medida de contención y sancionadora hacia los menores,
e incluso como amenaza. El Defensor del Pueblo ha recibido quejas sobre la
profusa utilización de fármacos y ha señalado “el grave riesgo que puede conllevar
para su salud la ingesta continuada y en altas dosis de medicaciones psiquiátricas
[...]. Atiborrar de pastillas a adolescentes en los centros refleja dejadez
y rutina profesional, en lugar de implicación en el tratamiento”196. 5.1.1.
CONTENCIÓN QUÍMICA O FARMACOLÓGICA Todos los menores y personas adultas entrevistadas
por Amnistía Internacional, que pasaron por los centros terapéuticos, denuncian
haber sido medicados contra su voluntad en algún momento, sin información ni
consentimiento, lo que demuestra la gravedad y práctica sistemática. La mayoría
de los menores han confirmado no haber consumido este tipo de fármacos hasta
el ingreso en los centros de protección terapéuticos. Por esta razón, algún
educador y profesional sanitario se han planteado que quizá sea el ingreso
en los centros y las condiciones de vida en ellos lo que origina “la necesidad”
de ingerir medicamentos. ¿Cómo se explica que los menores en este tipo de centros
sean medicados con psicofármacos y que ya no necesiten seguir con ellos cuando
cumplen 18 años y abandonan el centro?197

A este respecto, el informe del Defensor del Pueblo advierte que “Cuando la
contención física o farmacológica es abusiva y se convierte en el discurso
habitual del tratamiento del 198 . centro, puede dificultar el crecimiento
evolutivo favorable del menor” . Por otro lado, y entendiendo por psicofármacos
los neurolépticos, ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos, la administración
simultánea de varias de estas drogas en centros donde los menores viven privados
de libertad y, a veces en un entorno hostil, pueden producir efectos aún más
adversos. Varios menores, familiares y educadores han confirmado a Amnistía
Internacional que la combinación de varias de estas drogas administradas a
un sólo menor es una práctica común en el tratamiento diario y de larga duración
en varios centros terapéuticos. Según información recibida por la organización,
los medicamentos más peligrosos para la salud usados habitualmente para la
contención farmacológica de los menores en los centros

195 Principios incluidos en la Resolución 46/119 de 17 de diciembre de la ONU,
para la Protección de los Enfermos Mentales.

196 Comparecencia del Defensor del Pueblo ante la Comisión Mixta de Relaciones
con el Defensor del Pueblo de 17 de febrero de 2009.

197 En esta reflexión coinciden educadores con más de 20 años de trayectoria
laboral en el sistema de protección, como Viçent Galea i Montero y Josep Arnau;
así como psicólogos jóvenes que han trabajado como educadores en centros de
protección, como Santiago Agustín. Así lo expresaron cuando fueron entrevistados
por Amnistía Internacional en junio y julio de 2009.

198 Informe del Defensor del Pueblo, página 24. Amnistía Internacional, diciembre
de 2009

74 74 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

serían los neurolépticos. El psiquiatra Guillermo Rendueles199 describe los
neurolépticos como: “Fármacos que habitualmente toman de por vida los diagnosticados
de esquizofrenia, y de forma intermitente, quienes tienen etiquetas de psicosis
maníaco depresiva mientras padecen síntomas de hiperactividad o euforia, lo
que en general no suele sobrepasar el mes de duración”. También describe una
larga lista de sus efectos secundarios en menores, destacando: embotamiento,
confusión generalizada, afectividad aplanada, problemas psicomotrices, alucinaciones,
descontrol de esfínteres, depresión, problemas visuales como el glaucoma, convulsiones
o espasmos musculares. En un informe sobre los efectos de los psicofármacos
en menores en España, un educador describió así dichos efectos: “Generalmente
les da sueño y paranoias, pues se notan cortos de reflejos con gran pesadez
en el cuerpo. Dopados con poca lucidez, más cansados y fácilmente irritables
y pasivos”200. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de
las Naciones Unidas, ha llamado la atención a los Gobiernos para que establezcan
sistemas adecuados de expedición de recetas que permitan controlar el abuso
en la utilización de drogas psicotrópicas, acusando a la industria farmacéutica
de promover estrategias agresivas para incrementar el consumo injustificado
de esas sustancias201. En España, se gastaron 1.204,65 millones de euros del
presupuesto de salud mental en el 2006 para costear recetas de psicofármacos202.
5.1.2. MEDICACIÓN FORZOSA Y ADMINISTRACIÓN INDISCRIMINADA DE PSICOFÁRMACOS
De conformidad con el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
los Estados Partes deben efectuar un examen periódico del tratamiento que se
da a los adolescentes en los hospitales o establecimientos psiquiátricos. Por
otro lado, la Regla 55 de la ONU para la Protección de los Menores Privados
de Libertad específica que este tipo de medicación ha de ser siempre autorizada
y efectuada por personal médico203. Igualmente, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales destaca que la obligación de respetar el derecho a la
salud comprende que los Estados se abstengan de

199 Guillermo Rendueles: “Qué son, es decir, cómo se usan los psicofármacos.
Manual de supervivencia” en El rayo que no cesa. Boletín de contrapsicología
y antipsiquiatría, nº2, marzo de 2000. Barcelona. Accesible en http://estrecho.indymedia.org/newswire/display/149
73.
Consultado el 10 de noviembre de 2009. Ver también entrevista en www.kaosenlared.net/noticia/entrevista-guillermo
-rendueles-psiquiatra-
ensayista 200 Informe: “Con psicofármacos no se juega”, Colectivo Txinorris
(2009), sobre el uso de psicofármacos con menores privados de libertad, página
22.

201 Artículo “Alarma internacional por las dramáticas consecuencias del uso
de psicofármacos en niños”, publicado en el boletín digital de Filium y de
la escuela española de psicoterapia y psicoanálisis, 1 de julio de 2004. 202
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud 2007 recogida en el segundo
numero del boletín Esfuerzo, editado por Psiquiatrizados en lucha, 2009. Entrevista
realizada con este colectivo el 16 de julio de 2009 en Madrid.

203 Regla 55 de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad,
Resolución 45/113, 14 de diciembre de 1990. Amnistía Internacional, diciembre
de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 75

aplicar tratamientos médicos coercitivos, salvo en casos excepcionales para
el tratamiento de enfermedades mentales204. Josep Arnau, un experimentado educador
de Cataluña, señaló a Amnistía Internacional, así como en diferentes artículos
especializados, que el hecho de que sean educadores sociales sin ninguna formación
sanitaria los encargados en ocasiones de administrar la toma de medicamentos
de los menores en los centros terapéuticos, representa una conducta temeraria
por parte de los propios educadores. Indica que él mismo ha sido testigo de
errores en la administración de medicación. “Desde confundir Risperdal con
Valeriana y hacer tomar lo primero a una joven que tenía prescrito lo segundo,
hasta sobredosis de gotas de Haloperidol”205. En esta línea, el informe del
Defensor del Pueblo recomienda que los educadores no administren la medicación
a los menores por la confusión que podría provocar en los niños y niñas la
concurrencia de dos roles tan distintos, como el de tutor y enfermero, en la
misma persona. En algunas ocasiones, según los testimonios de algunos menores
y educadores, los psicofármacos son introducidos en las comidas o bebidas.
Un menor, de 15 años de edad, relató a Amnistía Internacional cómo en el centro
de protección de Benalup, Cádiz, los botes de medicamentos se apilaban en la
cocina y, algunas veces, se echaban directamente a la comida. Este menor cuenta
que después de beber un vaso de leche con chocolate a veces no podía ni levantarse
de la silla206. La madre de un menor internado en el centro terapéutico Picón
del Jarama hasta 2009 comunicó a la organización que su hijo no sabía qué medicación
tomaba pero “eran muchas pastillas diarias”, y, sin embargo, cuando iba a casa
algún fin de semana, le interrumpían la medicación sin explicación207. A Amnistía
Internacional le preocupan los testimonios que denuncian el uso de una maquina
(“una especie de sacapuntas grande que se guarda en la sala de los educadores”)208
en los centros de Font Fregona y Mas Pons en Cataluña, que tritura todo tipo
de medicamentos que son disueltos en agua y entregados a los menores para su
ingesta. “Si preguntas qué medicamentos son, no te informan ‘tú no tienes por
qué saberlo’. Y si te niegas a tomarlos te amenazan o fuerzan mediante contención.
Si te resistes puedes acabar

204 Observación General nº14, párrafo 34, del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

205 Artículo de Josep Alfons Arnau. Educador social con más de 20 años de experiencia
en Cataluña. “La utilización de psicofármacos en los centros cerrados de justicia
juvenil”, página 3 y nota 8 de la misma página. Recogido en varias comunicaciones
con Amnistía Internacional entre junio y agosto de 2009.

206 Entrevista con el menor el 21 de julio de 2009.

207 Entrevista con la madre del menor el 29 de junio de 2009 en Madrid.

208 Testimonio de un menor entrevistado por Amnistía Internacional el 31 de
julio de 2009. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

76 76 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

atado en una silla o en el banco al sol todo el día donde, si aún te resistes
te amordazan (con papel de embalar adhesivo) y te pueden llegar a inyectar
algo que te deja KO”. En esta descripción han coincidido Aránzazu y Esteban,
dos jóvenes que cuentan ahora con 19 y 18 años, y una menor de 15 años. Los
tres han pasado entre el 2007 y 2009 por Font Fregona y Mas Pons, centros gestionados
por la misma entidad privada y en la misma localidad, en Barcelona209. Familiares
de menores internados en este último centro han relatado a Amnistía Internacional
haber visto a menores atados en una silla “con la cabeza ladeada y babeando”,
mirando a la pared, tanto en la recepción como a pleno sol, en días que ellas
visitaron el centro210. Los siguientes casos recogidos por Amnistía Internacional
muestran la gravedad y dimensión del problema de la medicación forzada y la
administración indiscriminada de medicamentos a menores. Aránzazu Celdrán Osorio211
contó a la organización que fue entregada por su abuela a un centro de acogida
en Granada cuando tenía 18 meses de edad porque sus padres, toxicómanos, no
podían hacerse cargo de ella. A los seis años, su abuela la “sacó” del centro
y se la llevó a Cataluña, donde continuó el periplo de centros. A los 16 años,
y tras la huida del centro terapéutico Can Rubió de Barcelona, los Mossos de
Escuadra aparecieron en su casa, tiraron la puerta abajo y la llevaron a la
Fiscalía, donde, sin informarle o preguntarle por los motivos de su huida,
la metieron en una furgoneta y se la llevaron al centro terapéutico de Font
Fregona. “Éste es tu nuevo centro, de aquí no podrás salir tan fácilmente”.

A los 10 minutos de su llegada a Font Fregona, a Aránzazu Celdrán ya le estaban
dando medicación “chafada en un vaso”. Ese mismo día vio a un niño “atado con
cinta de embalar a una silla de plástico en el patio”. Así que, por temor,
cuando le dieron el vaso con medicación no se atrevió a preguntar. En la entrevista
que mantuvo con Amnistía Internacional, dijo que no recordaba más de su primer
día en el centro, puesto que perdió el conocimiento durante horas tras la administración
de la medicación. Ella misma relató a la organización que había sido atada
y amordazada en una silla como castigo. Al principio, gritaba y protestaba
pero “entonces, te pinchaban algo que te dejaba boba. Pasabas allí horas, te
hacías todo encima. No sabes quién eres, pierdes la cabeza... A veces es mejor
no resistirse porque te pueden atar entre ocho personas y te hacen mas daño”.
En una ocasión, contó a Amnistía Internacional que le retorcieron tanto el
brazo que le dolió semanas. También le hicieron daño en las muñecas por haberla
tenido atada. “Esos días no te dejan tener visitas ni salir fuera hasta que
no desaparecen los moratones y las marcas en las muñecas”.

209 Entrevistas realizadas por Amnistía Internacional el 24 y el 31 de julio
de 2009 a ambos respectivamente.

210 Entrevista con dos familiares celebradas en Barcelona los días 13 de agosto
y 22 de julio de 2009 respectivamente.

211 Entrevista realizada en Barcelona el 24 de julio de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 77

Aránzazu Celdrán Osorio durante su entrevista en Barcelona © AI, julio 2009
Un menor internado en el centro Picón del Jarama de Madrid presentó una denuncia
ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y ha hecho llegar a Amnistía
Internacional una copia de la misma. En ella relataba que estaba siendo sometido
a medicación forzada sin haber sido informado y sin su consentimiento.

Testimonio 6:

El medicamento al que alude este menor, Risperdal, está indicado, en general,
para personas con diagnósticos de esquizofrenia. Es el primero que citan muchos
menores y educadores entrevistados como de uso diario. Esta práctica de suministro
de medicación ha sido denunciada por algunos educadores de los centros. Amnistía
Internacional ha recogido el testimonio de la educadora María Herguedas, quien
trabajó en el centro Picón del Jarama212. Esta educadora presentó una denuncia
ante

212 Entrevista con María Herguedas el 22 de julio de 2009. Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

78 78 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

el Instituto Madrileño del Menor y la Familia el 13 de mayo de 2009 en el que
deja constancia de la arbitrariedad en la administración de psicofármacos y
el peligro para la salud de los menores. Testimonio 7 (texto de la denuncia
de la educadora María Herguedas):

Las obligaciones de los Estados en materia de salud incluyen como elemento
esencial que ésta sea una atención de calidad. El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales determina que ello requiere personal médico capacitado,
entre otros aspectos213. Por otra parte, la obligación de proteger el derecho
a la salud incluye que el Estado debe asegurar que los facultativos y otros
profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia
y deontología214.

213 Observación General nº14, párrafo 12.c), del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. 214 Observación General nº14, párrafo 35, del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 79

5.2. VIOLACIONES AL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN
EN MATERIA DE SALUD El artículo 3 de la Ley española de Autonomía del Paciente
y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica
define el consentimiento informado como:“La conformidad libre, voluntaria y
consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después
de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecte
a su salud”. En el Principio 11 para la Protección de los Enfermos Mentales
y el Mejoramiento de la Atención a la Salud Mental de la ONU se dan las pautas
sobre la información que se considera necesaria y que debe ser facilitada al
paciente para considerarle informado: (1) El diagnóstico y su evaluación; (2)
El propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se esperan
obtener del tratamiento; (3) Las demás modalidades posibles de tratamiento,
incluidas las menos alteradoras posibles; (4) Los dolores o incomodidades posibles
y los riesgos y secuelas del tratamiento propuesto. Según el propio principio,
y poniéndolo en relación con el contenido del derecho del menor a ser escuchado,
esta información debe ser proporcionada de manera “adecuada, comprensible y
en una forma y lenguaje que [el menor] entienda”. El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales subraya que el acceso a la información, que comprende
el derecho a solicitar, recibir y difundir información acerca de las cuestiones
relacionadas con la salud, constituye uno de los elementos esenciales del derecho
a la salud215. Igualmente, el Comité establece que los Estados deben abstenerse
de censurar, ocultar o desvirtuar intencionadamente la información relacionada
con la salud216. 5.2.1. VULNERACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO En el artículo
9 de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y
Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica señala dos claves
fundamentales para la situación de los menores al abordar los límites de este
derecho y su prestación por representación: (1) Cuando el menor no sea capaz
de comprender el alcance de su intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años; (2) En el caso
de menores no incapaces con 16 años cumplidos no cabe prestar el consentimiento
por representación.

215 Observación General nº14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 11
de agosto de 2000.

216 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 34. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

80 80 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

La práctica en los centros terapéuticos, sin embargo, demuestra cómo se viola
este derecho al consentimiento informado de los menores. La Regla 55 de la
ONU para la Protección de los Menores Privados de Libertad aborda, tanto el
consentimiento informado, como la administración forzosa de medicación, y la
contención farmacológica en los siguientes términos: “Sólo se administrarán
medicamentos para un tratamiento necesario o por razones médicas y, cuando
se pueda, después de obtener el consentimiento del menor debidamente informado.
En particular, no se deben administrar para obtener información o confesión,
ni como sanción o medio de reprimir al menor. Los menores nunca servirán como
objeto para experimentar el empleo de fármacos o tratamientos. La administración
de cualquier fármaco deberá ser siempre autorizada y efectuada por personal
médico cualificado”. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales destaca que los Estados deben “proporcionar a los adolescentes
un entorno seguro y propicio que les permita participar en la adopción de decisiones
que afectan a su salud, adquirir experiencia, tener acceso a la información
adecuada, recibir consejos y negociar sobre las cuestiones que afectan a su
salud”217. Y, al igual que los Estados, deben velar para que terceros no limiten
a las personas el acceso a la información y a los servicios relacionados con
la salud218. Amnistía Internacional ha encontrado que el derecho a la información
y al consentimiento informado de los menores se vulneran sistemáticamente en
los centros terapéuticos del sistema de protección. Todos los menores entrevistados
por Amnistía Internacional han negado haber sido informados, consultados u
oídos antes de que les medicaran, pero también denuncian la falta de información
facilitada a sus familiares. En la mayoría de los casos no es sólo una falta
de diligencia de las autoridades por omisión de información, sino de una negación
directa, a pesar de que el acceso a dicha información sea solicitado por los
propios menores o sus familiares. Ana ha solicitado repetidamente a la Dirección
General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (DGAIA) conocer
el diagnóstico y el tratamiento administrado a su hermano, que lleva más de
10 años bajo la tutela de dicha institución. Dicha información se le ha denegado
reiteradamente, a pesar de que ella es el familiar de referencia reconocido
por la Administración. Su hermano desconoce su diagnóstico y tratamiento y
recurre a ella para que, en calidad de familiar, lo solicite. Con fecha 15
de abril de 2009, la DGAIA le respondió que no podía tener acceso al expediente
de su hermano “para preservar al máximo la intimidad personal y familiar del
menor y su propia imagen“219.

217 Observación General nº14, párrafo 23, del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

218 Observación General nº14, párrafo 35, del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

219 Entrevista con Ana el 8 de julio de 2009 y escritos entregados a Amnistía
Internacional el 11 de agosto de 2009 en Barcelona.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 81

Ana muestra a Amnistía Internacional el escrito de la DGAIA de 15 de abril
de 2009, donde se niegan a facilitarle información sobre la evolución de la
salud de su hermano. Una copia del escrito fue entregada a Amnistía Internacional
durante la entrevista © AI, agosto 2009 Esta ausencia de transparencia se extiende
también a la falta de información cuando los menores son trasladados de un
centro a otro, aplicándoles medicación sin consentimiento informado. “Un día
me despertaron en un centro diferente al que me habían acostado y con unos
compañeros diferentes”, según relató a Amnistía Internacional Sara Casas. Una
situación similar vivió Aránzazu Celdrán con sus traslados a centros en Málaga
y Barcelona, respectivamente220.

5.3. VIOLACIONES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y AL CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La Convención sobre los Derechos del Niño especifica que los Estados Partes
deben garantizar “que todos los adolescentes puedan disponer de instalaciones,
bienes y servicios sanitarios con inclusión de servicios sustantivos y de asesoramiento
en materia de salud mental, sexual y reproductiva de calidad apropiada y adaptados
a los problemas de los adolescentes”221.

220 Entrevistadas por Amnistia Internacional el 15 y el 24 de julio de 2009
en Sevilla y en Barcelona, respectivamente. 221 Convención sobre los Derechos
del Niño, Observación General nº4, párrafo 39 (c). Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

82 82 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres (CEDAW)222 y otros instrumentos de derechos humanos, establecen
la obligación de los Estados de proteger los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres y las niñas. En virtud del artículo 12 de la CEDAW, los Estados
tienen la obligación de “[adoptar] todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin
de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso
a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación
de la familia”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece
que los Estados deben abstenerse de limitar el acceso a los anticonceptivos
u otros medios de mantener la salud sexual y genésica223. El derecho a los
servicios de salud sexual y reproductiva incluye el derecho a la información
tanto en materia de prevención como de cuidado de la salud sexual y reproductiva.
La ausencia o denegación de estos servicios y de la información adecuada constituye
un incumplimiento grave de los compromisos internacionales de cualquier Gobierno,
y una situación de discriminación por razón de género y edad en contra de estos
menores, al no asegurarles los mismos servicios que el Estado presta al resto
de la población.

• Derecho a la libre información y decisión de la interrupción del embarazo
En la CEDAW se especifica también que las mujeres tienen el derecho a decidir
libre y responsablemente el número de hijos, el intervalo entre los nacimientos
y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan
ejercer este derecho224. En España, como hemos visto, el artículo 9.3 de la
Ley de Autonomía del Paciente exige el consentimiento y el derecho de las menores
mayores de 12 años a ser informadas y oídas. En algunas ocasiones los centros
terapéuticos niegan a las menores la información necesaria para tomar una decisión
sobre si continuar o interrumpir su embarazo, o se busca adecuar las decisiones
médicas al criterio de la Administración en perjuicio del interés de la menor.
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento del caso de una menor de 16 años,
de etnia gitana, que tuvo que llegar a juicio contra la Comunidad de Madrid
para poder ejercer su derecho a interrumpir su embarazo. El auto del juzgado
de primera instancia nº80 de Madrid de fecha 1 de abril de 2008, reconoció
el derecho de la menor a interrumpir su embarazo, ya que cumplía con el supuesto
legal de interrupción y contaba con un dictamen favorable emitido por la psiquiatra
infantil del sistema público de salud. Sin embargo, la Comisión de

222 La CEDAW detalla que los Estados Partes deben garantizar, sin prejuicio
ni discriminación, el derecho a la información, educación y servicios sobre
salud sexual para todas las mujeres y niñas, por personal debidamente capacitado
en programas especialmente concebidos que respeten sus derechos a la intimidad
y a la confidencialidad.

223 Observación General, párrafo 34, del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. 224 Artículo 16 de la CEDAW.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 83

Tutela, dependiente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, se opuso
a la interrupción y, a pesar de que no se había ocupado de la menor en años,
repentinamente la citó para denegarle este derecho y, según el auto de su abogada
al juzgado de familia, aportando supuestos datos sobre el seguimiento realizado
a la menor desde esta institución. Sin embargo, a pesar de haber sido declarada
bajo tutela de la Comunidad de Madrid, la menor vivía con su familia. Este
auto tiene gran importancia porque subraya la necesidad de oír a la menor y
primar su interés superior por encima de otros intereses, condenando la discriminación
que supone haberla obligado a someterse a una segunda opinión médica que pudiera
contradecir la primera, sólo para obtener una respuesta satisfactoria para
la Comunidad Autónoma de Madrid225. Algunas de las menores entrevistadas por
la organización han tenido embarazos y abortos tempranos y, una vez internadas
en estos centros, no han sido programadas visitas para acudir a las revisiones
ginecológicas periódicas. Dos menores entrevistadas por Amnistía Internacional
en el centro Santa María del Prado en Córdoba, y que llevaban entre cinco y
ocho meses allí relataron a la organización que no habían acudido al ginecólogo
desde su ingreso en el centro. Este hecho es especialmente grave, puesto que
una de las menores había llegado al centro meses después de haber tenido un
aborto. La dirección del centro y el médico de la fundación, habían asegurado
a la delegación de Amnistía Internacional en una entrevista previa, que las
niñas asistían a revisiones médicas periódicas y regulares en el centro, en
particular al ginecólogo226, ya que, según este médico “las niñas están aquí
por promiscuas”. La falta de cuidados y seguimiento apropiados en estos casos
puede afectar la salud sexual y reproductiva de estas menores a lo largo de
su vida adulta. El Defensor del Pueblo recoge en su informe de 2009 la entrevista
con una niña de 12 años, de nacionalidad rumana, quien, tras haber sufrido
una interrupción involuntaria de su embarazo fue ingresada en un centro de
protección en régimen cerrado en virtud de una resolución de la Administración
que justificaba la oportunidad del internamiento ante la posibilidad de que
“el autor del embarazo pudiera hallarse en el entorno familiar”. La menor declaró
que había mantenido relaciones “con un chico al que quiero”227.

225 Auto en Madrid a 1 de abril de 2008 emitida por la magistrada María Dolores
Planes, facilitada a Amnistía Internacional por la abogada de la menor, Patuca
Fernández el 4 de agosto de 2009. Amnistía Internacional también entrevistó
a la psiquiatra que informó favorablemente de la decisión de la menor el 23
de junio del 2009, y alertó sobre la irregularidad de esta situación médica
y el impacto de estas acciones en la salud mental de las menores.

226 Visita realizada por una delegación de Amnistía Internacional al centro
Prado de Santa María en Córdoba, 16 de julio de 2009. Entrevista con el médico
de la fundación que lo gestiona y entrevista posterior con dos menores de 15
y 14 años en el mismo centro.

227 Informe del Defensor del Pueblo, página 25.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

84 84 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Amnistía Internacional observa con preocupación la especial vulnerabilidad
de las niñas internadas en centros de protección terapéuticos a sufrir abusos
en sus derechos sobre salud sexual y reproductiva. La organización ha tenido
acceso a una serie de testimonios que alertan sobre la falta de información
en materia de salud sexual y reproductiva que se da en los centros de protección
terapéuticos a las niñas. Algo especialmente grave teniendo en cuenta que,
al encontrarse embarazadas a una edad tan temprana, éste ha sido el detonante
del ingreso de algunas de estas menores en los centros. Lejos de proporcionarles
información, protección y una asistencia adecuada a sus necesidades, las menores
no reciben la asistencia sanitaria necesaria en muchos casos, y se ignora deliberadamente
su derecho a ser escuchadas y a oponerse a las decisiones relativas a su embarazo
que tome la entidad responsable de su tutela administrativa. Estos abusos,
en concreto, son indicativos de la situación de discriminación que sufren algunas
niñas dentro de algunos centros de protección terapéuticos, en cuanto a su
derecho de acceso a la salud. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 85

6. EL FINAL DE ALGUNAS HISTORIAS DE MENORES EN CENTROS DE “¿PROTECCIÓN?” TERAPÉUTICOS
6.1. SUICIDIOS DE MENORES EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN En los últimos años
varias instancias internacionales de protección de derechos humanos han abordado
con preocupación el tema de los suicidios de adolescentes. El propio Comité
de Derechos del Niño, en su Observación sobre el derecho a la salud, reconoce
que la tasa de suicidios es elevada y que, por ello, los Estados “deberían
proporcionar a estos adolescentes todos los servicios necesarios” para mitigar
el efecto de algunos factores que conducen a este tipo de actos. Del mismo
modo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1608
(2008) considera que el suicidio de los adolescentes en Europa es un problema
subestimado, que se ha convertido en un asunto grave de salud pública. Las
autoridades deben, por tanto, comprometerse en la protección de los menores
frente a todos los factores que pueden conducirles a acabar con su vida. La
situación de muchos menores internos en centros de protección terapéuticos
no hace sino evidenciar estas preocupaciones, confirmando el incumplimiento
de las obligaciones internacionales que garantizan su protección. Los medios
de comunicación han hecho públicos un gran número de suicidios228 y autolesiones
con graves consecuencias para la salud de los menores en los centros de protección
y reforma. Pese a que estos hechos se producen en circunstancias diversas,
y en distintos centros del sistema de protección, Amnistía Internacional alerta
que las circunstancias que rodean la muerte de menores bajo protección y custodia
del Estado español cuestionan la eficacia del sistema y el déficit en el rol
de vigilancia y diligencia debida por parte de los responsables del centro.
Asimismo, pone en entredicho lo adecuado de las medidas de Estado y su idoneidad
para enfrentar las circunstancias de salud mental de los menores que pudieran
haberles conducido al suicidio. La información recogida por Amnistía Internacional
sobre las circunstancias de las muertes de estos menores, las versiones oficiales
y las investigaciones judiciales llevadas a cabo al respecto evidencian las
dificultades y abusos por los que algunos de estos menores atravesaban.

Algunos de ellos se encontraban encerrados en celdas de aislamiento o cumpliendo
lo que se denomina una medida de “tiempo fuera” motivado por algún castigo.
Resulta preocupante, que, de acuerdo con la información proporcionada a Amnistía
Internacional, se recomiende a los educadores de un centro gestionado por la
Fundación O’ Belén a echar vinagre en las

228 La prensa española se ha hecho eco de al menos diez suicidios de menores
en centros tanto de protección como de reforma desde el 2004 al 2009. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

86 86 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

heridas de los menores que se autolesionan o intenten suicidarse “para que
les escueza y aprendan la lección y dejen de llamar la atención con tonterías”229.
Amnistía Internacional advierte de la gravedad de la falta de diligencia en
el cuidado de menores, especialmente cuando están encerrados en celdas cumpliendo
medidas de aislamiento. También le preocupa a la organización la medicación
indiscriminada y abusiva proporcionada incluso sin diagnóstico médico, por
si pudiera haber influido en el estado mental de confusión y desesperación
que les indujo al suicidio. Según el testimonio de los familiares, la falta
de diligencia por parte de las autoridades responsables de la protección han
agravado la situación de algunos de los menores hasta tal punto que, según
las familias, algunos han preferido suicidarse que aguantar las duras condiciones.
Un menor de quince años, entrevistado por Amnistía Internacional230, escribió
esta carta a su madre el 27 de diciembre de 2008, amenazando con suicidarse
si volvían a ingresarle en el centro de donde había huido días antes y donde
había sido sometido a aislamiento y constates humillaciones, abusos y vejaciones
según relató a Amnistía Internacional; “Si vuelvo, me mato”, “cómo me libro
de las humillaciones”, incluyendo también dibujos y frases suicidas.

229 Cita textual de la entrevista mantenida con el educador Dany Reyes el 22
de junio de 2009. Se entregan por escrito a Amnistía Internacional denuncias
firmadas por tres educadores del centro de protección Casa Joven, gestionado
por la Fundación O’Belen, en el que se encontraba internada Silvia G.M. cuando
se suicidó en 2009. 230 Entrevistas con el menor y su padre el 21 de julio
de 2009. Cartas facilitadas y reproducidas con su consentimiento. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 87

Dibujos del menor que reflejan ideas y frases suicidas © Carta del menor reproducida
con autorización de él y de su padre, diciembre 2008. Una menor que ingresó
con 16 años en Picón del Jarama en el 2008 (por desamparo paterno y malos tratos
maternos denunciados por ella misma ante la Guardia Civil), también relató
a Amnistía Internacional verbalmente y por carta, las ideas de suicidarse ante
los abusos: “…o me boy (sic) o boy (sic) a acabar matándome porque estar aquí
es una tortura física y psíquica que no recomiendo a nadie… Aquí en Picón del
Jarama los menores sufrimos. He sido muy medicada, sufría de temblores, dificultades
respiratorias y ‘dormidera’ y asustada por estos efectos preguntaba, pero nunca
me explicaron el motivo”. No tiene diagnóstico que conozca, pero sufre ataques
de ansiedad recurrentemente que se agudizan durante su estancia en los centros
según su testimonio. “Me ponían falte grave por tener crisis de ansiedad, castigándome
sin salidas y en aislamiento”. La menor denunció estos hechos ante el Instituto
Madrileño del Menor y la Familia en noviembre de 2008 cuando decidió “huir”
del centro. Actualmente se encuentra en la calle sin trabajo ni escolarizada
y sin respuesta a su denuncia231. Hassan, de 12 años, se ahorcó el 2 de diciembre
de 2008 en su celda de aislamiento tan sólo 15 días despues de ser ingresado
en el centro Picón del Jarama. Al parecer, en la celda cerrada con llave desde
fuera, cumplía un castigo impuesto por un educador. Contra este mismo educador
se habían presentado ya denuncias de otros menores por agresiones; la última
de ellas el 17 de noviembre de 2008. La Comunidad de Madrid se negó a correr
con los gastos de repatriación del cadáver. La abogada, Sonia Riello, acompañó
al primo del menor al centro Picón del Jarama donde solicitaron más información
sobre las circunstancias de su muerte, el diagnóstico y la medicación que se
le administraba y, en general, detalles de sus últimos días en el centro. Toda
esta información les fue denegada232. Una vez conocida la noticia del suicidio,
personal de la oficina del Defensor del Pueblo se personó en el centro, pero
les fue impedida la entrada en las instalaciones siguiendo instrucciones de
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de

231 Entrevista con la menor el 30 de octubre de 2009.

232 Información facilitada por la abogada Sonia Riello, que inicialmente se
ocupó del caso, a Amnistía Internacional el 7 de julio de 2009 y complementada
por Santiago Agustín, de la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

88 88 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Madrid233. Esta actitud entorpecedora fue de inmediato puesta en conocimiento
de la Fiscal de la Sala Coordinadora de Menores. El caso de la menor, Silvia,
estuvo muy presente en los medios de comunicación durante el mes de abril de
2009. Silvia fue declarada en desamparo al tener a sus dos padres en la cárcel,
y comenzó un periplo por centros de protección de toda España. El 12 de abril
de 2009, Silvia, que contaba entonces con 14 años, se tomó unas 10 ó 12 pastillas
que llevaba (el centro se las había facilitado para su salida y, paradójicamente,
eran inhibidores de conductas violentas). Murió al lanzarse de la furgoneta
que la conducía de vuelta al centro Casa Joven de Guadalajara. Inicialmente,
el juzgado de instrucción nº 1 de Coslada (Madrid) archivó el caso, pero los
familiares han logrado reabrirlo reclamando responsabilidad del centro en la
muerte de la menor. El centro, al igual que en el caso anterior, es gestionado
por la Fundación O’ Belén. Según un periódico, en opinión del Defensor del
Pueblo la niña se arrojó del vehículo que la trasladaba “por la desesperación
de tener que volver” a un centro señalado en su informe como uno de los más
descuidados y abandonados, y en el que ha sido habitual el maltrato psicológico,
la contención física y el abuso de poder por parte del personal contratado234.

6.2. EL CICLO DE LA DESPROTECCIÓN. UN CASO QUE ILUSTRA EL FRACASO DE LOS CENTROS
TERAPÉUTICOS PARA ATENDER LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA DE LOS MENORES EN DIFICULTAD
SOCIAL Uno de los casos conocidos por Amnistía Internacional es el de Sara
Casas Hernández235, de 25 años. Este caso refleja, de manera evidente, cómo
varios centros de protección terapéuticos, al fracasar en muchas ocasiones
en su rol de educar, proteger y mejorar la salud física y mental de los niños
y niñas a su cargo; y al no proveerles de instrumentos para realizar una vida
digna, una vez cumplida la mayoría de edad, prolonga el ciclo de exclusión
y marginación del que ya eran objeto antes de entrar en los centros. La marginación
social y económica de estos menores cuando alcanzan la condición de adultos,
genera de nuevo desprotección para la generación siguiente. Los hijos de estos
menores vuelven a sufrir y repetir el ciclo de desprotección recorrido por
los padres.

233 Informe del Defensor del Pueblo, página12 y entrevista mantenida con Juan
Ignacio Ruiz-Huerta, quien ha estado al frente del equipo que llevó a cabo
la investigación, y al que se le negó la entrada al centro.

234 Artículo del periódico Diagonal, 30 de abril de 2009.

235 Nombre y datos reales con consentimiento de Sara. Entrevista y fotos realizadas
en Sevilla el 16 de julio de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 89

Sara Casa entrevistada en Sevilla © AI, julio 2009 Los padres de Sara emigraron
de Sevilla para trabajar en Cataluña. Allí les fue retirada la guardia y custodia
de sus tres hijos por la Generalitat de Cataluña que asumió la tutela. La madre
fue declarada toxicómana y el padre alcohólico. Sara tenía seis años de edad
y sus hermanos, cinco y 10, respectivamente, cuando fueron ingresados por desamparo
en un centro de protección en Cataluña. A este centro siguieron varios. Cuando
Sara tuvo nueve años, su madre se trasladó a Sevilla y se llevó a sus tres
hijos de los centros. La Generalitat de Cataluña, que tenía la tutela, no lo
impidió. Transcurridos varios meses en Sevilla, la policía los retiró de la
casa de la madre y los internó de nuevo en un centro de protección. Sara recuerda
haber pasado por, al menos, otros cuatro centros en Andalucía antes de que,
tras el enfrentamiento con un educador, la ingresaron en el centro de protección
terapéutico Dulce Nombre de María, en Málaga. Sara, que entonces contaba con
15 años de edad, relató a Amnistía Internacional lo siguiente: “Yo lo que tenía
era que quería ir a ver a mi madre por su cumpleaños. Me peleé con el educador,
que no me abría la puerta, y me llevaron al hospital. Me desperté en una ambulancia,
y luego llegué a un centro terapéutico en Málaga, sin explicación”. TRATAMIENTO
EN EL CENTRO TERAPÉUTICO DULCE NOMBRE DE MARÍA Sara detalla haber sido sometida,
sin consentimiento, a medicación constante y también forzosa intravenosa, así
como a haber sido obligada a pasar días atada y amordazada a una silla en espacios
comunes, y otras veces a una cama en la celda de aislamiento. “En el centro
pasé días atada a una silla, con mordaza. Sin ella se me caía la baba. Tenía
el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento
atada a la cama, donde, además, me pinchaban y me pasaba al menos tres días
con los ojos vueltos” Sara detalla haber pasado esos años medicada “con tranquilizantes
a punta pala”. Recuerda tomar unas siete pastillas diarias, varias gotas e
incluso inyecciones. Nunca le explicaron ni consultaron sobre esta medicación.
Desconoce si tenía un diagnóstico. “Estaba hinchada, gorda de tanta pastilla.
A veces, tan grogui, que me tenían que dar la comida a la boca. No tenía fuerza.
Acabé en una silla de ruedas. Los educadores te dan las medicinas, también
te pinchan y hasta que no te ven con los ojos vueltos no te dejan”. Amnistía
Internacional, diciembre de 2009

90 90 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

SALIDA DEL CENTRO Y PÉRDIDA DE SUS HIJOS Al alcanzar la mayoría de edad, y
tras pasar 12 años tutelada por la Generalitat y la Junta de Andalucía, el
personal del centro en que se encontraba llamó a su madre para que se la llevara,
pues no se valía por sí misma ni para abandonar el centro. Sara relató a Amnistía
Internacional que al salir estaba “hinchada, drogada, adormilada y sin estudios
ni preparación alguna. No sabía cómo se ponía una sartén, no pude estudiar
porque no podía ni andar al centro de estudios, ya que los últimos años estuve
siempre con la baba y la cabeza caída”. Actualmente, Sara revive su propia
historia con sus hijos internos en un centro de protección residencial. Puede
verlos dos horas cada 15 días (necesita coger seis autobuses para cada visita).
Sara se queja de la poca información que tiene sobre el desarrollo de ellos,
sobre su evolución o estado de salud. El pequeño estuvo en urgencias por una
bronquitis y no le permitieron acompañarlo, ni tan siquiera visitarlo, según
la educadora del centro “por razones de seguridad”. A fecha de cierre de este
informe, los tres hijos de Sara continúan en un centro de protección. Asunción
García Acosta, presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de
los Menores, que apoya a Sara en este caso, indicó a Amnistía Internacional
que no es un caso aislado, que conoce al menos a otras cuatro madres que estuvieron
tuteladas por la Junta y ahora han perdido la custodia. “Entran en los servicios
sociales y salen igual o peor porque salen sin futuro, maltratadas y sin formación”236.
José Antonio Bosch, abogado de Sara, informó a Amnistía Internacional que ésta
ha venido enfrentándose sin recursos ni conocimiento a la Administración, que
reclama que ella demuestre a la Junta de Andalucía que es una madre apta, paradójicamente
tras haber sido educada 12 años por la misma Junta. Según Bosch, esto ha contribuido
a que algunas madres en situación de pobreza y marginalidad no quieran parir
en hospitales por temor a que les quiten a su hijo, con las consecuencias y
peligros que ello entraña.

236 Varias entrevistas con Asunción García Acosta, julio de 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 91

7. CONCLUSIONES Veinte años después de la aprobación de la Convención sobre
los Derechos del Niño y su ratificación casi universal, existe aún un abismo
entre los derechos reconocidos internacionalmente y la situación real de muchos
menores. Aún hoy, la plena integración de los principios y derechos consagrados
en la Convención, en los ordenamientos jurídicos y las políticas públicas de
los Estados Partes está lejos de conseguirse. Lamentablemente, España no es
una excepción. Amnistía Internacional trabaja para lograr el respeto, protección
y realización de los derechos humanos en todo el mundo, prestando especial
atención a la situación de las personas que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad. La investigación llevada a cabo por la organización en torno
a los llamados centros de protección terapéuticos en las comunidades autónomas
de Andalucía, Cataluña y Madrid, se inscribe en este propósito. Este informe
reúne información y evidencias que apoyan las preocupaciones y denuncias de
organizaciones, activistas y profesionales, incluido el informe de febrero
de 2009 del Defensor del Pueblo, en torno a la desprotección y abusos contra
los derechos de niños y niñas a su paso por los centros de protección terapéuticos.
Las alegaciones de vulneraciones de derechos humanos contenidas en el informe
constatan que España debe mejorar radicalmente la protección de los menores
que se encuentran en estos centros terapéuticos y cumplir así sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional ha observado
que el sistema de protección de menores dispuesto en España no respeta, en
muchas ocasiones, las obligaciones y principios de la Convención sobre los
Derechos del Niño, en particular el interés superior del menor, ni su derecho
a ser escuchado, y a no ser discriminado. Esto sucede a pesar de que la propia
legislación española consagra estos y todos los demás principios de la Convención
en torno a la protección de los derechos de los niños y niñas. Resulta además
sorprendente que, según se recoge en el informe del Defensor del Pueblo237,
en la mayoría de los casos se eluda en la práctica a la necesaria intervención
judicial para el internamiento no voluntario de los menores exigida tanto en
el Código Civil como por la Ley de Enjuiciamiento Civil238. Amnistía Internacional
ha podido constatar que el internamiento en estos centros de protección terapéuticos
puede conducir, en algunos casos, a una serie de abusos y violaciones de los
derechos de los menores absolutamente incompatibles con los tratados internacionales
de protección de los derechos humanos. Lo más preocupante es que en muchos
casos estos abusos quedan invisibilizados e impunes. Esta situación no hace
más que reforzar el ciclo de exclusión, discriminación y violencia en que se
encuentran estos menores.

237 Informe del Defensor del Pueblo páginas 300 y 301. 238 Artículos 271.1
y 763 respectivamente. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

92 92 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

En primer lugar, la situación de estos niños y niñas resulta invisible a la
sociedad porque se desconoce el número de centros terapéuticos abiertos en
España, así como el número de menores internados en ellos. Esta deficiencia
fundamental impide analizar las políticas públicas que se llevan a cabo en
materia de protección de menores. En segundo lugar, los poderes públicos competentes
de las tres comunidades autónomas objeto de la investigación no llevan a cabo
con regularidad sus funciones de supervisión, inspección y exigencia de rendición
de cuentas de las entidades públicas o privadas que gestionan los centros de
protección terapéuticos por su actividad, e incluso obstaculizan e impiden
que esta supervisión sea llevada a cabo por organismos y organizaciones independientes
de defensa de los derechos humanos, así como, en algunas, ocasiones por parte
de los propios agentes del Estado. Finalmente, cuando estos abusos se producen,
no se establecen los medios para que los menores que los sufren, sus familiares
o los propios educadores puedan denunciarlos y exigir las responsabilidades
pertinentes de manera efectiva. A Amnistía Internacional le preocupa que, a
pesar de que cada vez son más frecuentes los casos de menores con trastornos
de conducta o en dificultad social, ni la legislación ni las políticas públicas
han abordado la especial situación de estos menores. En España no existe un
mecanismo coordinado entre las autoridades competentes en materia de protección
de menores, que haga posible la detección temprana de las situaciones de riesgo
o dificultad social de los menores con trastornos de conducta, y, con ello,
la intervención preventiva en el contexto social y familiar del menor. La organización
considera preocupante el uso de la figura de la declaración de desamparo, aun
cuando dicha situación no sea real, como medio para la asunción de la tutela
administrativa y el consiguiente alejamiento de los menores de sus padres,
madres y otros familiares. Como resultado, el internamiento en los centros
terapéuticos del sistema de protección constituye, a menudo, la única opción
posible que ofrece la Administración a los padres y menores, cuando, en realidad,
debería de constituir el último recurso para el tratamiento de estos menores,
tal y como establece la Convención sobre los Derechos del Niño.. Además, la
inexistencia de un procedimiento reglado que determine los criterios, el diagnóstico
y las necesidades específicas de tratamiento sobre los que determinar el ingreso
o la derivación a estos centros terapéuticos de los menores con trastornos
de conducta, coloca a los menores y a sus familiares, en muchas ocasiones,
en una situación de indefensión contraria a todas las normas internacionales
de derechos humanos. En los testimonios a los que ha tenido acceso la organización
se describen dos vías de ingreso a los centros que resultan muy preocupantes.
En la primera vía, los menores con trastornos de conducta diagnosticados no
han encontrado en el sistema de salud público las alternativas terapéuticas
para su tratamiento. En este caso, los padres y familiares de estos menores
se encuentran ante la tesitura, por no poder atender a sus hijos, de solicitar
auxilio a la Administración, lo que paradójicamente se traduce en tener que
solicitar la declaración de “desprotección” e, incluso, denunciarles por malos
tratos para que los menores ingresen en el sistema de protección y la Administración
asuma la guarda y, en el peor de los casos, la tutela. La entrada en estos
centros se suele llevar a cabo mediante un proceso judicial, y apoyarse en
un diagnóstico de los propios servicios de salud públicos. El problema es que
la declaración de desprotección supone al suspensión de la patria potestad
por parte de los padres y las dificultades para tener acceso a la información
sobre la salud del menor, y a tomar parte en las decisiones sobre su tratamiento.
La segunda vía de acceso a estos centros Amnistía Internacional, diciembre
de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 93

se da cuando los menores ingresan a los centros terapéuticos derivados de otros
centros del sistema de protección donde ingresaron por desamparo, riesgo o
exclusión familiar. La derivación a este tipo de centros se realiza por decisión
de la Administración, y, en muchos casos, sin que parezca que haya un diagnóstico
sobre los problemas de conducta del menor. En estos casos dicha resolución
también debe ser motivada y notificada tanto a los padres como al Ministerio
Fiscal y con audiencia del menor. En ocasiones, la mera conflictividad del
carácter del menor es la causa de internamiento en estos centros y muy raras
veces, las familias o el propio menor llegan a saber las razones por las que
se produce el ingreso en estos centros terapéuticos. En muchos casos, por falta
de información sobre sus derechos y falta de claridad en los procesos legales,
ni siquiera se dan las condiciones para que el menor o sus familiares puedan
acceder a la justicia para impugnar decisiones que afectan a sus vidas. Amnistía
Internacional expresa su profunda preocupación ante las denuncias que ha recibido
sobre las condiciones en que se encuentran los menores en algunos de estos
centros. Además de la sobreocupación y la falta de capacitación del personal,
la organización, a través de los testimonios recogidos para este informe, ha
tenido conocimiento de la existencia de prácticas de contención y castigo,
así como de regímenes disciplinarios que, son incompatibles con los estándares
internacionales para la protección de los menores privados de libertad, recogidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Contra la Tortura
y otras formas de Castigo y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Estas prácticas
incluyen casos de menores sometidos a castigos corporales, aislamiento forzado,
contenciones físicas abusivas e, incluso, contenciones farmacológicas. A este
respecto, cabe destacar que durante el 2009 el Comité contra la Tortura239
se dirigió al Estado español en dos ocasiones preguntando sobre las medidas
adoptadas a raíz de las denuncias recogidas en el informe del Defensor y reiterando
la preocupación sobre las alegaciones de aislamiento y administración de fármacos
de forma contraria a los artículos 11 y 12 de la Convención. En este sentido,
en noviembre de 2009 el Comité contra la Tortura hizo dos recomendaciones concretas
a España: la adopción de medidas para asegurar condiciones humanas y dignas
en los centros, y la investigación exhaustiva de todas las alegaciones de abusos
o malos tratos cometidos contra los menores. Amnistía Internacional ha tenido
acceso a testimonios que hablan, casi sin excepción, de la sobremedicación
como práctica habitual en estos centros. Y lo que es más grave, que esta práctica
responda a la necesidad de contención o castigo, no de tratamiento médico y
que, en muchas ocasiones, no lo administran facultativos médicos sino los propios
educadores. Estas prácticas, unidas a la, en ocasiones, deficiente atención
a las necesidades de estos menores en su derecho de acceso a la salud, así
como a la nula información que reciben los menores y sus familias sobre el
diagnóstico, tratamiento o medicación, constituyen abusos en

239 Quinto Informe Periódico de España (CAT/C/ESP/5), ante el Comité contra
la Tortura, pregunta 19 sobre el informe del Defensor del Pueblo; respuesta
del estado español en septiembre 2009, y Observación Nº 20 del Comité contra
la Tortura con recomendación al Estado español en noviembre 2009.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

94 94 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

el derecho a la salud de estos menores que no son compatibles con normas internacionales
de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño, con el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con los
Principios Básicos de la ONU para la Protección de las Personas con Discapacidad
y el Mejoramiento de la Atención a la Salud Mental, o el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto
a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina. La organización quiere llamar
la atención, en particular, sobre la situación concreta de las niñas internadas
en estos centros y la deficiente atención e información que se presta sobre
su salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta, además, el significativo
número de casos en que las menores que llegan embarazadas a estos centros.
En definitiva, Amnistía Internacional considera que el Gobierno español debe
abordar de manera inmediata la protección de los menores en los centros terapéuticos
y lo debe hacer desde un enfoque basado en derechos humanos. En concreto, debe
hacer todo lo posible por eliminar los obstáculos prácticos que impiden el
ejercicio, goce y disfrute del derecho a la salud de los menores en los centros
terapéuticos, así como de sus otros derechos y libertades cuya deficiente protección
queda evidenciada en este informe. Amnistía Internacional advierte con preocupación
la poca atención brindada a la posibilidad de que los menores tengan acceso
a un recurso judicial efectivo y a reparaciones justas y oportunas en caso
de que sean vulnerados. El Estado español y sus instituciones deben observar
sus deberes en materia de derechos humanos, desarrollar y cumplir aquello que
está obligado a hacer (obligaciones de hacer o intervenir), así como garantizar
que ni sus agentes y funcionarios ni agentes no estatales o particulares incurren
en abusos y prácticas prohibidas por el derecho internacional. En atención
a ello, Amnistía Internacional desea realizar una serie de recomendaciones.
Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 95

8. RECOMENDACIONES 1. VISIBILIZAR A LOS MENORES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
El Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias
deben: • Producir y publicar estadísticas que permitan cuantificar el número
de menores y conocer el número de plazas y centros terapéuticos en el sistema
de protección en toda España. • Garantizar efectivamente el control y la inspección
de los organismos y entidades privadas que se encarguen de la gestión de estos
centros, exigiéndoles absoluta transparencia en la rendición de cuentas. •
Permitir el acceso a aquellas instituciones que pretendan realizar investigaciones,
así como las visitas de supervisión que solicitan las organizaciones independientes
de protección de los derechos humanos o del Estado. • Colaborar con el Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura para garantizar un sistema de inspecciones
regulares de todos los centros. Al Ministerio Fiscal: • Dar instrucción inmediata
a las fiscalías de menores territorialmente competentes para que ejerzan su
función de supervisión de los centros del sistema de protección, no exclusivamente
en los de reforma. • Ejercitar las acciones judiciales pertinentes en defensa
del interés superior del menor. A las empresas, fundaciones o entidades que
gestionan o son propietarias de centros terapéuticos: • Perfeccionar el mecanismo
de recopilación de datos relativos al número de menores que se encuentran en
los centros, así como las bajas voluntarias, los ingresos o reingresos actualizados
y enviar estos datos a las autoridades competentes de los Gobiernos autonómicos.
2. PARA LA ADECUADA ATENCIÓN A LOS MENORES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA Al Gobierno
español y grupos parlamentarios: • Modificar la Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor 1/1996 para que establezca unos estándares claros sobre
la situación jurídica de los menores internados en centros de protección terapéuticos
y asegure el acceso a medidas de Amnistía Internacional, diciembre de 2009

96 96 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

reparación para las víctimas. La ley debería garantizar que, en ningún caso,
ni los menores ni sus familias estén desprotegidos, así como garantizar una
tutela judicial efectiva, respetando los estándares internacionales recogidos
en las reglas de la ONU sobre la Protección de los Menores Privados de Libertad
o la Convención Europea sobre el ejercicio de los derechos del Niño. • Definir
en esta ley los requisitos generales para el internamiento o derivación de
los menores a los centros de protección terapéuticos, exigiendo la necesidad
de una resolución judicial motivada tal y como establece el artículo 763 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil , evaluación psico-social del caso particular
y diagnóstico psiquiátrico. Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos
en el marco de sus competencias: • Incluir en el diseño del Plan Estratégico
Nacional de Infancia y Adolescencia 2010- 2013 la situación de los menores
con trastornos de conducta y en dificultad social. • Proporcionar información
a los padres y familiares sobre las consecuencias jurídicas que provoca el
que la Administración asuma la tutela o guarda del menor, así como los recursos
disponibles para su impugnación, garantizando que, en base al principio del
interés superior del menor, se establezca aquella solución que mejor responda
a las necesidades concretas del menor y que tienda a su reinserción en su entorno
familiar. • Abordar el tratamiento previsto para estos menores en el Plan desde
la acción multidisciplinar en los ámbitos educativo, sanitario y social, de
manera que se pueda dar una detección temprana de estas situaciones, y abordar
su tratamiento en el propio entorno social y familiar del menor. • Regular
los protocolos y directrices de intervención que determinen el proceso administrativo
por el que se regirá el ingreso o derivación de los menores en los centros
que tengan en cuenta exclusivamente el diagnóstico del menor, y la mayor conveniencia
de las medidas de los centros terapéuticos para su tratamiento. Al Gobierno
español y a los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias en materia
de justicia: • Garantizar la existencia de un turno de oficio de abogados especializados
y con experiencia en el ámbito de la protección de menores que presten asistencia
jurídica gratuita en los procesos administrativos y en los judiciales, tanto
al menor como a sus familiares. • Garantizar que todos los internamientos de
menores se lleven a cabo previa autorización judicial o se ratifiquen judicialmente
en los plazos previstos en la ley, en establecimientos adecuados a su edad
y previo informe de los servicios de asistencia del menor.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 97

Al Ministerio Fiscal: • Exigir que todos los internamientos de menores se lleven
a cabo previa autorización judicial o se ratifiquen judicialmente en los plazos
previstos en la legislación. • Concurrir a todos los procesos administrativos
o judiciales donde se tomen decisiones sobre la derivación o ingreso de los
menores en los centros de protección terapéuticos. • Crear un equipo técnico
independiente, compuesto por un psicólogo y un psiquiatra con conocimientos
específicos de psiquiatría infanto juvenil, y al menos, un trabajador social
para conocer el entorno familiar, que se encargue de evaluar la conveniencia
del ingreso o derivación del menor en un centro terapéutico en cada caso concreto.
A las empresas, fundaciones o entidades que gestionan o son propietarias de
centros terapéuticos: • Comunicar al juzgado el internamiento de un menor en
el plazo de 24 horas, a efectos de su ratificación judicial, cuando éste no
haya sido previamente autorizado por el juez. • Garantizar que la reglamentación
interna de contratación del personal de los centros, y en particular la selección
y supervisión, de educadores, sanitarios y seguridad privada, cumple con los
requisitos de cualificación y experiencia necesarios para una efectiva protección
de los menores. • Asegurar que los criterios de selección de personal contemplan
conocimientos sobre conceptos fundamentales de derechos humanos, contenidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño. 3. PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS CENTROS TERAPÉUTICOS Al Gobierno español y los grupos parlamentarios:
• Definir en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996 una tipología
de los centros residenciales, terapéuticos y de asistencia especializada, claramente
diferenciada de los centros de reforma. • Fijar los estándares de selección
y formación del personal en dicha ley, regímenes de funcionamiento interno
de cada tipo de centros y las condiciones de las instalaciones, atendiendo
a la normativa internacional, y que constituyan un mínimo aplicable en todo
el territorio nacional. La formación del personal deberá incluir programas
de soporte y refuerzo para afrontar las situaciones de tensión emocional derivadas
de su labor profesional en el centro.

Amnistía Internacional, diciembre de 2009

98 98 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias:
• Elaborar directrices y protocolos que regulen las condiciones mínimas exigibles
de los centros terapéuticos del sistema de protección en todo el ámbito territorial,
que garantice la protección, respeto y realización de los derechos de los menores.
• Asegurar que en materia de instalaciones, personal y normas de funcionamiento
interno, estas condiciones mínimas cumplan con los estándares que la Ley Orgánica
de Protección Jurídica del Menor establezca para todo el ámbito nacional. A
las empresas, fundaciones o entidades que gestionan o son propietarias de centros
terapéuticos: • Adecuar los protocolos de actuación de los centros para garantizar
que aseguran la protección, respeto y realización de los derechos de los menores.
• Informar de todos los protocolos de actuación de los centros tanto a los
trabajadores, desde el momento de contratación, como a los menores, desde su
ingreso en el centro. • Asegurar que todo el personal de los centros será sometido
a evaluaciones y comprobaciones que garanticen su idoneidad para trabajar con
menores.

4. INVESTIGAR LOS ABUSOS CONTRA LOS MENORES INTERNADOS EN LOS CENTROS TERAPÉUTICOS
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos
en el marco de sus competencias • Supervisar de forma efectiva las prácticas
de funcionamiento y las medidas sancionadoras hacia los menores en cualquier
establecimiento de protección, público o privado, para evitar los tratos crueles,
inhumanos o degradantes. • Prohibir aquellas prácticas dentro del tratamiento
disciplinario de los menores que puedan suponer castigos corporales en los
centros y que se prohíban e investiguen los casos de castigos corporales, contención
física, mecánica y farmacológica, y aislamiento forzado, contrarios a las normas
internacionales de derechos humanos. • Regular los procedimientos y directrices
sobre autorización y práctica de las contenciones físicas, que sólo deberán
ejecutarse como último recurso. Al Ministerio Fiscal: • Establecer un mecanismo
accesible y claro a través del cual los menores, familiares y educadores puedan
hacer llegar sus denuncias y quejas sobre los abusos y castigos crueles, inhumanos
o degradantes de que sean víctimas. La dirección de notificación de la denuncia
deberá ser diferente a la del centro en el que se hallen y al centro objeto
de la propia denuncia. Amnistía Internacional, diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 99

• Garantizar que los menores y educadores que han denunciado abusos no son
expuestos a represalias de ningún tipo. Los menores denunciantes, en el caso
de haber huido de un centro, no serán obligados a regresar al mismo centro
objeto de la denuncia sin una debida investigación de los hechos. • Realizar
una investigación individualizada de cada denuncia presentada. A las empresas,
fundaciones o entidades que gestionan o son propietarias de centros terapéuticos:
• Garantizar la prohibición expresa en los protocolos internos del centro de
aquellas prácticas dentro del tratamiento disciplinario de los menores que
puedan consistir en castigos corporales, aislamiento forzado, denegación de
visitas y vulneración de la correspondencia privada, contrarios a los estándares
internacionales de derechos humanos. • Establecer de manera precisa en los
protocolos internos del centro el procedimiento para autorizar y realizar las
contenciones físicas o farmacologías de acuerdo a la normativa internacional.
Las contenciones únicamente se llevarán a cabo cuando se hayan agotado y hayan
fracasado todos los demás métodos de control. • Asegurar que los protocolos
internos de los centros incluyen el acceso de los menores y educadores a un
mecanismo de denuncia y la incorporación de medidas que aseguren su protección
después de haber denunciado abusos. 5. GARANTIZAR EL DERECHO DEL ACCESO Y DISFRUTE
A LA SALUD DE LOS MENORES INTERNADOS EN LOS CENTROS TERAPÉUTICOS DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN Al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos en el marco
de sus competencias: • Garantizar que la medicación que se le suministre a
los menores en los centros terapéuticos responde siempre a una prescripción
facultativa de un médico y, en ningún caso, se administre como medida sancionadora.
• Establecer directrices y protocolos para todo el Estado que garanticen la
información y consentimiento previo e informado del menor, y cuando proceda
de sus familiares, sobre el diagnóstico y tratamiento que se le administrará
en los centros terapéuticos. • Exigir que conste en el expediente de cada menor
en todos los centros una actualización del mismo y un seguimiento de todos
los tratamientos que se le administren. • Asegurar, en particular, que en los
centros de protección terapéuticos las menores reciben información sobre su
derecho a la salud sexual y reproductiva, así como toda la asistencia sanitaria
y jurídica que requieran en caso de estar embarazadas. Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

100100 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

• Establecer en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud
de 11 de diciembre de 2006 un plan marco específico de los servicios de salud
accesibles y adecuados para los menores con trastornos de conducta en centros
de protección terapéuticos. A las empresas, fundaciones o entidades que gestionan
o son propietarias de centros terapéuticos: • Aplicar directrices y protocolos
que garanticen la información y consentimiento previo e informado del menor
(y cuando proceda, de sus familiares) sobre el diagnóstico que se le administrará
en los centros terapéuticos, pautas de tratamiento y su evolución. • Realizar
un seguimiento riguroso y una evaluación periódica de todos los tratamientos
que se administren a los menores. • Asegurar que todas las menores reciben
información sobre su derecho a la salud sexual y reproductiva, así como toda
la asistencia sanitaria y jurídica que requieran en caso de estar embarazadas,
respetando el derecho a la información de las menores. Amnistía Internacional,
diciembre de 2009

Menores en Centros de Protección Terapéuticos 101

9. INDICADORES 1. El Gobierno central, en coordinación con los grupos parlamentarios
y los gobiernos de las Comunidades Autónomas, ha establecido a través de la
reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y la legislación
autonómica correspondiente en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas,
una definición jurídica y un régimen de derechos para los menores que se encuentren
en situación de dificultad social y con trastornos de conducta. Los mínimos
establecidos en estas leyes sobre condiciones y funcionamiento de los centros,
garantizarán la protección, respeto y realización de los derechos de estos
menores establecida en los estándares internacionales. 2. El Ministerio de
Sanidad y Política Social ha elaborado un Plan Estratégico Nacional de Infancia
y Adolescencia para el 2010-2013, en el que ha dispuesto la implantación y
funcionamiento de una red de recursos sanitarios de alcance estatal para los
menores en centros de protección terapéuticos que garantiza su acceso a la
salud y cumple con los estándares mínimos previstos por la legislación internacional.

3. El Ministerio de Sanidad y Política Social ha desarrollado la Estrategia
en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud de 11 de diciembre de 2006, estableciendo
un plan marco específico de los servicios de salud accesibles y adecuados para
los menores con trastornos de conducta, tanto en centros de protección terapéuticos,
como fuera del sistema de protección en todo el territorio nacional, sin discriminación
alguna.

4. Se ha producido y publicado con regularidad información referente al número
de menores, los centros de protección terapéuticos existentes y las medidas
de protección adoptadas en cada Comunidad Autónoma. 5. La Fiscalía General
del Estado ha dictado una Instrucción que, en base a las recomendaciones internacionales,
dispone directrices precisas para todos los fiscales en relación con las tareas
de la investigación y supervisión de la situación de los menores en los centros
de protección en general, y los terapéuticos en particular. 6. El Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura ha garantizado un sistema de inspecciones
regulares de todos los centros terapéuticos de menores. 7. Se ha permitido
el acceso regular de las organizaciones independientes de protección de los
derechos humanos a los centros, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo
de Europa y la ONU. 8. Se ha prohibido expresamente en los reglamentos de régimen
interno de los centros, tanto de gestión pública como privada, toda norma sancionadora
contraria a los estándares internacionales; y garantizado la persecución efectiva
de los Amnistía Internacional, diciembre de 2009

102102 Menores en Centros de Protección Terapéuticos

responsables de castigos, abusos y malos tratos, ya sean éstos agentes públicos
o instituciones privadas. 9. Se ha garantizado que los menores conocen y entienden
sus derechos, así como el reglamento interno del centro de protección terapéutico
para poder presentar una queja si fuera necesario. El procedimiento de queja
es comprensible y confidencial y supervisado por los Fiscales de Menores. 10.
Se ha promovido la adopción de medidas legislativas y administrativas que garanticen
la efectiva protección de los menores, familiares y personal del centro como
víctimas o testigos en todas las diligencias procesales; y la asistencia jurídica
y especializada a todos los menores y sus familiares a través de un turno de
oficio de abogados especializados. 11. Se ha garantizado por medio de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor unos estándares mínimos para una
correcta formación del personal de los centros, tanto aquéllos de gestión pública
como privada. Amnistía Internacional, diciembre de 2009